Oren Ziv, +972.com Magazine, 24 junio 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Oren Ziv es reportero y fotógrafo de Local Call y +972 Magazine. También es cofundador del colectivo de fotografía Activestills. Ziv lleva documentando cuestiones sociales y políticas en Israel-Palestina desde 2005. Sus trabajos se publican en el New York Times, Vice, Al Jazeera, Der Spiegel y otros medios de comunicación.

En colaboración con Local Call

Farhan Al-Nabari estaba sentado junto a unos colchones y muebles abandonados, contemplando lo que sólo unos días antes había sido su hogar. «Es un desastre», declaró este hombre de 75 años a +972 Magazine el 14 de junio, mientras contemplaba lo que ya no era más que un montón de escombros. «Ya vivimos una Nakba [catástrofe] en 1952, cuando nos expulsaron de nuestras tierras en Lakiya, y esto es ahora una segunda Nakba».

En el transcurso de una semana, Farhan se convirtió en uno de los cerca de 200 miembros de la familia Al-Nabari de la aldea no reconocida de Tel Arad, en el desierto del Naqab (Negev), que tuvieron que demoler sus propias casas, tras una sentencia judicial israelí de 2025 que les ordenaba desalojar el terreno. Lo hicieron para evitar las elevadas multas y las redadas policiales que suelen acompañar a las demoliciones estatales en las aldeas no reconocidas dentro de Israel.

Este desplazamiento es el último capítulo de un ciclo de desarraigo que se prolonga desde hace décadas. En 1952, cuatro años después de que el Negev pasara a estar bajo control israelí, el gobierno militar israelí expulsó a la familia Al-Nabari de la aldea de Lakiya y la trasladó a la cercana Tel Arad. Desde entonces, han vivido allí sin reconocimiento oficial ni infraestructuras básicas, construyendo cientos de casas. La zona, que ahora alberga a unos 3.500 residentes, había sido anteriormente el hogar de miembros de la tribu Yahalin, que a su vez fueron expulsados en 1948; muchos de ellos viven ahora en el corredor «E1» de Cisjordania, entre Jerusalén y Jericó, donde el Estado está intentando una vez más desalojarlos.

«Contratamos a abogados que intentaron detener las demoliciones y pasamos por un largo proceso legal hasta llegar a este día», declaró a +972 Rashid Al-Nabari, hijo de Farhan y último residente del barrio en comenzar a demoler su casa. «Estas viviendas llevan aquí 70 años. La mano que firmó esa resolución debería haber temblado».

En un principio, se ordenó a los residentes que completaran las demoliciones y desalojaran el lugar antes del 10 de junio. Tras la visita de inspectores de la Autoridad de Tierras de Israel (ILA, por sus siglas en inglés) al lugar, las autoridades concedieron una breve prórroga hasta el 14 de junio. Aunque Al-Nabari es el primer barrio de la localidad en llevar a cabo las demoliciones, los residentes esperan que otras partes de Tel Arad reciban órdenes de desalojo similares en un futuro próximo.

Desde que el actual gobierno asumió el poder, se ha producido un fuerte aumento de las demoliciones en todo el Negev. Según cifras del Ministerio de Seguridad Nacional de Israel, las autoridades demolieron 5.742 «estructuras ilegales» en la región en 2025, frente a las 2.850 de 2022. Más de 1.000 de esas construcciones eran viviendas. Mientras tanto, sólo 40 familias recibieron parcelas para su reubicación a través de la Autoridad de Asentamientos Beduinos de Israel.

Farhan Al-Nabari sentado junto a los restos de sus muebles que logró salvar, en el lugar donde antes se encontraba su casa, en Tel Arad, Israel, el 7 de junio de 2026. (Oren Ziv)

«Un hogar es todo un mundo»

Desde el punto de vista del Estado, el aumento de las autodemoliciones supone un éxito. Cuando los residentes destruyen sus propias viviendas, las autoridades evitan tanto los costes de la demolición como el desgarrador espectáculo público que supone un desalojo forzoso.

Una operación de demolición llevada a cabo el pasado mes de septiembre en la aldea no reconocida de A-Sir contó con la participación de cientos de agentes de policía, caballos, vehículos todoterreno, balas de goma y residentes que prendieron fuego a sus propias viviendas en señal de protesta. El enfrentamiento tuvo una amplia cobertura tanto en los medios locales como en los internacionales. Esta semana, cuando los residentes de A-Sir y Tel Arad volvieron a demoler sus propias viviendas, sólo acudieron un puñado de periodistas.

Estas campañas de demolición suelen arrasar comunidades enteras. Según la Autoridad de Asentamientos Beduinos, en los últimos dos años se han evacuado alrededor de 90 núcleos residenciales. Um Al-Hiran, Wadi Al-Jalil, dos barrios de Um Matanan y un tercio de A-Sir han quedado completamente destruidos.

«Es una sensación increíblemente difícil», afirmó Rashid Al-Nabari. «Un hogar es todo un mundo; es un techo sobre tu cabeza, es seguridad, y ahora no hay hogar ni solución».

Las demoliciones han trastocado casi todos los aspectos de la vida en Tel Arad, incluida la educación. La escuela del pueblo, formada por varias caravanas que normalmente acogen a 450 alumnos, además de varios centros de educación infantil, lleva cerrada indefinidamente desde que comenzaron las demoliciones. Unos 80 alumnos y cuatro miembros del personal han perdido sus hogares. «No hay tiempo para la educación ahora», se lamentaba Rashid al-Nabari.

Parte del motivo del cierre es que la escuela se ha convertido en un refugio temporal. Las aulas se han transformado en dormitorios con colchones para mujeres y niños, entre los que se encuentra un bebé de un mes. Durante el día, los colchones se apartan para dejar espacio a cocinas improvisadas. Los hombres han estado durmiendo al aire libre, bajo los árboles.

«Pienso en los niños antes que en nadie», dijo Farhan Al-Nabari. «Durante la demolición, cuando un niño ve a su padre o a su hermano destruyendo su propia casa, eso les hace mucho daño».

La ILA también ha ordenado a los residentes que dejen la zona limpia, lo que significa que deben retirar los escombros y arrancar de raíz árboles de décadas de antigüedad o se enfrentarán a multas. Se negaron a destruir los árboles, pero con la ayuda de cientos de voluntarios beduinos de todo el Negev, pasaron días recuperando materiales de construcción, limpiando escombros y sacando pertenencias de las casas demolidas. En algunos casos, los residentes prendieron fuego a las ruinas restantes.

Un bebé duerme en la escuela del pueblo, que se ha convertido en un refugio para mujeres y niños desplazados, en Tel Arad, Israel, el 7 de junio de 2026. (Oren Ziv)

Una comunidad dividida

La solución propuesta por el Estado consistiría en reubicar a los residentes de Tel Arad afectados por las demoliciones en comunidades beduinas de nueva creación. Sin embargo, muchos temen que esto fracture una comunidad que ha existido durante generaciones.

Se prevé que algunas familias se trasladen a Marva, una nueva aldea beduina que, según los planes, contará con 1.000 viviendas. Marva es una de las cinco nuevas comunidades rurales previstas en el marco del plan de desarrollo «Mevo’ot Arad» para 2024. Las otras cuatro están destinadas a residentes judíos. El 11 de junio, el gobierno aprobó 180 millones de NIS (más de 60 millones de dólares) para impulsar el proyecto.

Sin embargo, Marva sólo tiene capacidad para acoger a una parte de la población de Tel Arad. Se prevé que el resto de los residentes se trasladen a Mara’it, otra comunidad planificada situada a dos kilómetros de distancia, lo que dividirá de hecho en dos a una comunidad que siempre estuvo muy unida.

«El Estado me desarraigó de mi tierra [en Lakiya] en 1952, pero luego nos dio tierras alternativas», afirmó Farhan Al-Nabari. «Sin embargo, ahora no hay alternativa: no hay ningún sitio adónde ir. Nos ofrecen soluciones inaceptables, como vivir en una cantera [junto a la localidad planificada de Mara’it]».

El plan ha suscitado objeciones por parte de organizaciones ecologistas, defensores de la planificación urbanística y, en un principio, incluso del ayuntamiento de Arad, una ciudad de mayoría judía. Se produce tras la aprobación por parte del Gobierno en 2022 de Kasif, una nueva ciudad ultraortodoxa cerca del cruce de Tel Arad, y forma parte de un esfuerzo más amplio por judaizar el norte del Negev.

Según un documento de planificación elaborado por la ONG israelí de derechos urbanísticos Bimkom, los planes maestros regionales existentes podrían, técnicamente, dar cabida al reconocimiento de Tel Arad o a la ampliación de Marva, lo que permitiría a la comunidad permanecer unida en lugar de dispersar a sus familias por múltiples localidades.

«Miles de residentes de Tel Arad funcionan como una comunidad en todos los sentidos», afirmó Dafna Sporta, directora de la división del Negev de Bimkom. «En lugar de actuar de forma justa y equitativa y regular la comunidad que quiere permanecer unida en el pueblo, el Estado opta por desmantelarla y establecer cuatro pueblos judíos para personas que no han vivido en esta tierra ni un solo día».

«Se trata de una decisión política para crear un bloque de asentamientos judíos, como si los ciudadanos beduinos no formaran parte del Estado de Israel», añadió.

Para los residentes, la urgencia de las demoliciones resulta especialmente difícil de comprender, ya que las alternativas siguen siendo en gran medida teóricas. Aún no ha comenzado la construcción en Mara’it, ni en las aldeas judías previstas para la zona. Al igual que en A-Sir y otros casos recientes en todo el Negev, se está exigiendo a los residentes que derriben sus hogares y se marchen antes de que se les haya proporcionado ninguna vivienda nueva.

Un residente observa los escombros tras demoler él mismo su casa, en Tel Arad, Israel, el 7 de junio de 2026. (Oren Ziv)

Las viviendas judías previstas dependerán del Consejo Regional de Tamar. Marva, por el contrario, pertenecerá al Consejo Regional de Al-Qasum, cuya jurisdicción consiste, en la práctica, en «islas» aisladas dispersas por todo el Negev.

Sporta hizo hincapié en que los residentes de Tel Arad están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Estado, lo que incluye aceptar trasladarse a una Marva ampliada. «Ampliar Marva es lo correcto y lo justo», afirmó. En cambio, señaló, el Estado pretende «judaizar la zona ignorando por completo a las personas que ya viven allí».

«El octavo frente»

El martes 16 de junio por la tarde, los residentes de A-Sir también demolieron unas 20 de sus propias viviendas. Al igual que las familias de Tel Arad, muchos residentes de A-Sir llevan décadas viviendo en ese lugar. Tras ser reubicados allí por las autoridades israelíes en la década de 1950, pasaron casi 80 años construyendo una comunidad. Esta semana, dos excavadoras alquiladas, pagadas por los propios residentes, redujeron parte de la misma a escombros en cuestión de horas.

«La estamos demoliendo para que no nos pongan una multa», dijo Naser Al-Afshak, un residente de unos cuarenta años. «Es una sensación terrible. Tengo hijos que están en la universidad y, en lugar de seguir estudiando, tienen que enfrentarse al hecho de que nos están desalojando. Vamos a tener que vivir en una tienda de campaña, igual que hicieron aquí mis abuelos».

Situada junto a la carretera 40, entre Be’er Sheva y Tel Arad, A-Sir se convirtió el año pasado en un símbolo de la lucha contra las demoliciones. La autodemolición de decenas de viviendas —entre ellas la del difunto diputado de la Knesset Sa’id Al-Harumi— provocó protestas masivas frente a las oficinas gubernamentales, los tribunales y la sede de la Autoridad de Asentamientos Beduinos en Be’er Sheva. Esas manifestaciones se calmaron en gran medida tras la guerra contra Irán en junio del año pasado, pero la política de demoliciones continuó.

«Ben Gvir quiere destruir vidas, no sólo casas», afirmó Al-Afshak mientras él y sus siete hijos vaciaban tres viviendas familiares, incluida una que se había terminado de construir hacía apenas seis meses. «A las autoridades no les importa adónde vayamos. Les dije que no teníamos ningún sitio donde alquilar y me respondieron: “Eso no es problema nuestro”», recordó. «Sólo pido un lugar donde poder vivir».

Algunas familias cuyas casas fueron demolidas hace meses siguen viviendo en tiendas de campaña entre las ruinas. Sólo un complejo residencial del barrio de Al-Afshak ha recibido permiso oficial del Estado para permanecer en pie. Se supone que la zona va a ser urbanizada y se convertirá en un nuevo barrio de la localidad beduina de Segev Shalom (Shaqib A-Salam), donde se espera que se proporcione vivienda a los residentes desplazados. Sin embargo, según los residentes, el proceso de desarrollo avanza a paso de tortuga. Afirman que el Estado se ha movido con mucha más rapidez para presionar a las familias a que derriben sus propias casas que para ofrecerles alternativas viables.

Los residentes desmontan el tejado de su casa, en A-Sir, Israel, el 16 de junio de 2026. (Oren Ziv)

Los procedimientos judiciales relacionados con la familia Al-Afshak el año pasado ilustran la brecha existente entre las órdenes de demolición y la vivienda disponible. En una vista celebrada en noviembre, el abogado Nawaf Abu Qweider, que representaba a la familia, preguntó a Yigal Buskila, subdirector general de regulación de la Autoridad de Asentamientos Beduinos de Israel, cuándo estarían realmente listas las parcelas del barrio previsto para que los residentes pudieran mudarse a ellas.

«En este orden de cosas», respondió Buskila, «podría ser entre un mes y medio y dos meses», aunque señaló que el plazo seguía dependiendo de las autorizaciones, la asignación de parcelas y la firma de los acuerdos.

Tras esas garantías, el Estado se comprometió a no llevar a cabo las demoliciones antes de principios de abril, y la familia retiró su solicitud de anulación de las órdenes de demolición. Sin embargo, siete meses después, la familia Al-Afshak se vio obligada a demoler sus viviendas a pesar de que aún no se le había ofrecido una solución clara de realojamiento.

Foto de portada: Los vecinos tratan de rescatar sus muebles antes de que se derriben sus casas, en A-Sir, Israel, 16 de junio de 2026. (Oren Ziv)

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