Greg Grandin, The Intercept, 2 julio 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Greg Grandin es un historiador ganador del Premio Pulitzer y autor del nuevo libro «America, América: A New History of the New World». Catedrático de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la Universidad de Yale, su obra «The End of the Myth» ganó el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020.
El otro lobby
Cambio de régimen en Venezuela; asedio punitivo a Cuba; injerencia electoral en Honduras, Argentina y Colombia; sabotaje económico y designaciones como organización terrorista en Brasil; militarismo con tropas sobre el terreno, escuadrones de la muerte que amenazan con el cuchillo en la garganta y tortura en Ecuador; guerra jurídica, operaciones psicológicas y equipos de asesinato de la CIA en México; deportaciones masivas y apoyo a un Estado gulag en El Salvador; una represión mortal contra los manifestantes en Bolivia; y asesinatos descarados en el Caribe y el Pacífico: tras un año y medio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha desplegado, con notable éxito, toda la gama del poder duro de Estados Unidos sobre América Latina.
Aunque la Casa Blanca ha demostrado ser imprudente y contraproducente en lo que respecta a Irán, ha mantenido una atención amenazante y disciplinada sobre América Latina. El asedio a Cuba y la anexión informal de Venezuela son los ejes centrales de este programa, pero no hay ni un solo país, salvo quizá Uruguay, en el que Washington no esté profundamente implicado. El Departamento de Estado llegó incluso a intervenir minuciosamente en las recientes elecciones colombianas, y el secretario de Estado, Marco Rubio, aprobó personalmente la deportación de Beto Coral, un ciudadano colombiano residente en Texas, por haber criticado al candidato preferido de Trump.
El alcance de esta proyección de poder es impresionante, aunque las asimetrías de poder faciliten las operaciones en América Latina en comparación con Oriente Medio. Se puede presionar a Ecuador con la designación de una banda como organización criminal y 20 millones de dólares en ayuda a la seguridad, y obtener resultados. Eso no se puede hacer con Irán.
Pero la asimetría por sí sola no explica el abrumador enfoque de la administración Trump en América Latina. Florida, en gran medida, sí lo explica. Una diáspora latinoamericana reducida y adinerada, concentrada geográficamente en el área metropolitana de Miami, se ha apoderado de la política hemisférica de EE. UU., no mediante la persuasión ni un amplio apoyo público, sino a través de la matemática electoral del estado y su alianza con el Partido Republicano. Este grupo de presión informal representa a una clase propietaria latinoamericana que se considera desposeída y que imagina que sus intereses se ven amenazados por las reformas democráticas más moderadas. Los miembros de esta clase ven a Trump y a Rubio como sus repo men.
El desmesurado papel de Florida en la política estadounidense se remonta a la reacción contra la revolución cubana de 1959. Quienes huyeron del gobierno socialista de Fidel Castro en sus primeros días procedían, en su gran mayoría, de las clases media y alta. Convirtieron la península en un estado santuario. Tras el fracaso de la invasión de bahía de Cochinos —el intento de la CIA en 1961 de utilizar a los exiliados como fuerza expedicionaria para invadir Cuba y derrocar a Castro—, los exiliados más ideologizados y entrenados por la agencia continuaron alimentando el mito contrainsurgente. Estos emigrantes cubanos se aliaron con elementos rebeldes de la CIA y el FBI, narcotraficantes colombianos y mafiosos para impulsar «La Causa», como el novelista James Ellroy denomina los esfuerzos por liberar Cuba mediante el derrocamiento violento del gobierno de Castro.
Los exiliados cubanos, arrastrados a operaciones encubiertas y a las filas de la entonces marginal Nueva Derecha estadounidense, llegarían a participar en muchas de las famosas operaciones clandestinas que definieron la etapa media y final de la Guerra Fría: las conspiraciones en torno al asesinato de JFK (tal y como lo expuso en 1979 la Comisión Especial de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos: «los grupos cubanos anticastristas, como tales, no participaron en el asesinato, pero las pruebas disponibles no descartan la posibilidad de que algunos de sus miembros a título individual pudieran haber estado implicados en el mismo») y la ejecución del revolucionario Che Guevara en Bolivia, dirigida por Félix Rodríguez, veterano de la bahía de Cochinos y agente de la CIA, quien posteriormente se trasladó a Vietnam para entrenar a los escuadrones de la muerte del Programa Fénix. Otros veteranos de la Bahía de los Cerdos volaron en misiones de combate de la CIA sobre el Congo ametrallando a los rebeldes de Simba y llevaron a cabo el allanamiento del Watergate de la Casa Blanca de Nixon y el asunto Irán-Contras, en el que funcionarios de la administración Reagan vendieron en secreto armas al Irán sometido a embargo y desviaron los beneficios ilegales a los rebeldes de derecha de la Contra en Nicaragua, violando directamente una prohibición del Congreso.
La Guerra Fría terminó, pero la Causa continuó. En 2000, el tristemente célebre agente republicano Roger Stone reclutó a manifestantes cubanoamericanos para los infames disturbios de Brooks Brothers —la acción colectiva que paralizó el recuento de votos presidenciales en Miami-Dade y le entregó la Casa Blanca a George W. Bush— instrumentalizando el resentimiento de los exiliados a través de emisiones de radio cubanas. «La idea que estábamos difundiendo», dijo Stone más tarde, «era que se trataba de un golpe de poder de la izquierda por parte de Gore, igual que lo hizo Fidel Castro en Cuba».
Los beneficios del narcotráfico financiaron muchas de estas operaciones. «Cada zona de operaciones importante en la que ha trabajado la CIA ha dejado tras de sí un gran cártel de la droga en pleno funcionamiento», como señaló John Stockwell, agente de la CIA convertido en denunciante. Lo mismo ocurrió en el hemisferio occidental con los cubanos. El inicio del comercio moderno de cocaína «se había desarrollado en gran medida bajo el control de organizaciones criminales de exiliados cubanos con sede en Miami», observó Bruce Bagley, experto en tráfico de drogas en América Latina, en la revista Foreign Affairs.
A finales de la década de 1970, Miami prosperaba, incluso mientras el resto del país sufría una prolongada recesión económica, un elevado desempleo y el deterioro urbano. El dinero blanqueado procedente de la cocaína proporcionó, en la práctica, a Miami un estímulo keynesiano encubierto, una inyección masiva de efectivo en los sectores de la construcción, el comercio minorista, la banca y los servicios, justo en el momento en que el Gobierno de EE. UU. abandonaba esas políticas por considerarlas inflacionistas. Mientras que casi todos los demás distritos de la Reserva Federal registraban déficit, la cámara acorazada de la Fed de Miami rebosaba con un superávit de 5.000 millones de dólares compuesto por fajos perfectamente ordenados de billetes de 50 y 100 dólares, prueba de las grandes transacciones en efectivo realizadas al margen de los canales financieros habituales. El sector inmobiliario experimentó un auge. El empleo experimentó un auge. Los concesionarios de coches, a los que se pagaba en efectivo, prosperaron. Se levantaron edificios, y el tradicional estuco en tonos pastel y las tejas rojas de la ciudad dieron paso al cristal, el brillo y el resplandor.
Los cubanoestadounidenses llegaron a dominar el sector bancario independiente de Miami. El Continental National Bank, el primer banco de propiedad cubanoestadounidense en Estados Unidos, fue fundado en 1974 por el exiliado Carlos Dascal en el barrio de la Pequeña Habana de Miami. Como era habitual en los pequeños bancos de propiedad latinoamericana que proliferaron en este periodo, el Continental pasó de tener 12 millones de dólares en depósitos anuales a mediados de la década de 1970 a más de 600 millones de dólares en 1980 —una ilustración dramática de los narco-dólares que inundaban el sistema bancario de Miami—.
Fue una época convulsa en la comunidad de exiliados de Miami. La cocaína y las operaciones encubiertas constituían una mezcla peligrosa. Nadie encarnaba mejor esa época que Luis Posada Carriles y Orlando Bosch: ambos veteranos de la Bahía de Cochinos entrenados por la CIA, ambos vinculados a la mafia de Nueva Orleans y al tráfico de drogas. Juntos fundaron la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), que el FBI describió como «una organización paraguas terrorista anticastrista» que actuaba como subcontratista de la Operación Cóndor, el programa de asesinatos a escala hemisférica del dictador militar chileno Augusto Pinochet. En 1976, agentes cubanos de la CORU colocaron el coche bomba que acabó con la vida del exembajador chileno Orlando Letelier y de su colega estadounidense Ronni Moffitt en Sheridan Circle, en Washington —el primer caso de terrorismo internacional patrocinado por un Estado en la capital del país—. Poco después, Posada y Bosch también llevaron a cabo el atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados, en el que murieron las 73 personas a bordo, incluido el equipo nacional cubano de esgrima.
Promoción de la democracia en Hialeah
La victoria de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de 1980 cambió las reglas del juego. Sus asesores eran de línea dura: la Nueva Derecha había pasado de ser una corriente marginal a ocupar los pasillos del poder. La cocaína seguía financiando a Miami, pero los exiliados que operaban al margen de la ley se habían convertido en un lastre. El historiador Alan McPherson escribe que, a mediados de la década de 1970, los militantes del exilio cubano habían llevado a cabo, además de los atentados descritos anteriormente, más de 100 atentados con bomba en territorio estadounidense y en 1974 representaban el 45% de todos los atentados terroristas con bomba en el mundo. La Casa Blanca de Reagan no quería frenar el fervor de los exiliados, pero tampoco quería que derribaran aviones sobre el Caribe ni que explotaran bombas en Sheridan Circle. Así pues, se descartó a los mercenarios y se recurrió a los grupos de presión.
El asesor de seguridad nacional de Reagan, Richard Allen, colaboró con Jorge Mas Canosa, que había abandonado Cuba en 1960, para crear la Fundación Nacional Cubano-Estadounidense (CANF, por sus siglas en inglés). Allen tomó explícitamente como modelo para la CANF al Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos, más conocido como AIPAC, y aconsejó a sus compatriotas cubanos que estudiaran el lobby israelí y replicaran sus métodos, tal y como documentaron los politólogos Patrick Haney y Walt Vanderbush. El objetivo no era sólo dejar de lado a terroristas como Posada y Bosch, sino también marginar a las perspectivas más moderadas dentro de la comunidad cubano-estadounidense que deseaban algún tipo de acercamiento con el Gobierno cubano. Reagan necesitaba un vehículo político respetable para una política de línea dura hacia Cuba que pudiera operar abiertamente. Ese fue el CANF.
Los mercenarios quedaron fuera y los grupos de presión entraron en escena.
Cabe destacar el círculo vicioso: la Casa Blanca de Reagan organizó la creación de un grupo de presión para presionarse a sí misma a favor de las políticas que ya quería aplicar, generando la apariencia de una presión democrática popular para lo que, en realidad, era una hostilidad gubernamental de larga data hacia la Revolución Cubana.
Mas Canosa imprimió su propio sello personal al modelo del AIPAC. Combinó, como lo describió Saul Landau, el estilo de un «jefe de distrito político a la antigua usanza» —consiguiendo que él y sus aliados fueran nombrados para comisiones locales de servicios públicos, carreteras y electorales; adjudicando contratos; haciendo favores a los inmigrantes recién llegados; buscándoles trabajo y vivienda— «con las técnicas pragmáticas de presión» del AIPAC, cultivando aliados en el Congreso para hacer cumplir y reforzar las sanciones contra Cuba. Su ideología anticastrista era a la vez genuina y lucrativa: una Cuba abierta al capital estadounidense supondría un premio enorme, y él y su círculo más cercano estarían en la mejor posición para hacerse con él.
En 1989, el CANF consiguió su primer escaño en el Congreso, cuando Ileana Ros-Lehtinen, de origen cubano, derrotó a su oponente demócrata para suceder a Claude Pepper, el león del New Deal que había defendido los derechos laborales, Medicare y la Seguridad Social desde el mismo distrito de Miami durante más de dos décadas. El simbolismo era evidente: la tradición liberal de izquierdas de «Red» Pepper eclipsada por la política del exilio cubano.
Ros-Lehtinen ocuparía su escaño durante 30 años, llegando a ser la influyente presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y lo que el periodista del sur de Florida Juan David Rojas denominó una figura fundadora de los «neoconservadores de Miami». Fue, al mismo tiempo, la defensora más agresiva de la línea dura contra Cuba dentro de la comunidad de exiliados, una defensora acérrima de Israel en sus guerras del Líbano y Gaza, la autora de la legislación sobre sanciones a Irán y una firme defensora de Orlando Bosch, acusado del atentado contra el vuelo 455. Uno de sus antiguos becarios fue Marco Rubio, ahora asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Trump.
En el condado de Broward, el 25º distrito congresional de Florida, con su numerosa población judía, colombiana y venezolana, Debbie Wasserman Schultz es otra neoconservadora de Miami —en este caso, demócrata— que aboga por políticas de línea dura tanto en Israel como en Latinoamérica. Wasserman Schultz, una de las favoritas del AIPAC, colaboró estrechamente, poco después de ser elegida por primera vez en 2004, con el actual virrey de Trump para Venezuela, Mauricio Claver-Carone, para frustrar cinco iniciativas que habrían suavizado las sanciones a Cuba.
En aquel momento, Claver-Carone, nacido en Miami, dirigía tanto el U.S.–Cuba Democracy PAC como la organización Cuba Democracy Advocates. Desde 1996, la Fundación Nacional para la Democracia, una organización no gubernamental, y el Gobierno de EE. UU. han destinado más de 100 millones de dólares a programas similares de «democracia», muchos de ellos con sede en Hialeah y Coral Gables. La democratización de Cuba era el objetivo declarado, pero la labor de las ONG y sus subcontratistas suele estar protegida de la divulgación como «secretos comerciales» en virtud de las excepciones de la FOIA.
Mas Canosa falleció en 1997, y la opinión generalizada en aquel momento era que el lobby cubano-estadounidense había alcanzado su punto álgido. La vieja guardia se estaba extinguiendo, y encuesta tras encuesta se ponía de manifiesto que los cubano-estadounidenses más jóvenes —nacidos en Estados Unidos, con un dominio del inglés y menos vinculados a la isla— se mostraban abiertos a la normalización y al fin del embargo. El anuncio sorpresa del presidente Barack Obama en diciembre de 2014 de que Estados Unidos y Cuba restablecerían las relaciones diplomáticas —el cambio más significativo en la política hacia Cuba en más de medio siglo, negociado en secreto con la ayuda del papa Francisco— parecía confirmar el declive del lobby.
Y, sin embargo, el Gobierno de EE. UU., en los dos últimos años de la presidencia de Obama, siguió inundando Miami con subvenciones para la «promoción de la democracia», un estímulo federal directo a los activistas que se convertirían en algunos de los partidarios más acérrimos de Donald Trump. Con la elección de Trump, lo que parecía el último suspiro del lobby resultó ser su renacimiento.
Trump puso fin a la normalización de las relaciones con La Habana y, siguiendo el consejo del entonces senador por Florida Marco Rubio, impuso duras sanciones a la isla. Después de que la victoria de Ron DeSantis en las elecciones a gobernador de 2018 hiciera girar al estado hacia la extrema derecha, Florida (hogar de un buen número de multimillonarios del país, entre ellos Jeff Bezos y el cofundador de Google, Larry Page) se convirtió en el centro de mando del poder de MAGA.
Un complejo febril
Más allá de Trump, algo estaba transformando Miami que cambiaría por completo la naturaleza del lobby. A lo largo de la década de los 2000 y hasta la de los 2020, la ciudad estaba absorbiendo una nueva oleada de fuga de capitales latinoamericanos a una escala que eclipsaba con creces cualquier fenómeno provocado por el éxodo cubano original.
En toda América Latina, la liberalización económica —una política impulsada por Washington desde la década de los 80— no logró generar prosperidad ni estabilidad, lo que llevó a muchos países a elegir gobiernos de izquierdas. Los venezolanos llevaban llegando a Florida desde la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Ahora se les unían brasileños, bolivianos, argentinos, nicaragüenses y mexicanos adinerados. Los colombianos llevaban décadas llegando, huyendo de la violencia de la guerra civil de su país.
Incluso el izquierdista más moderado podía desencadenar una fuga de capitales hacia el norte. Cuando parecía que Gabriel Boric iba a ganar las elecciones presidenciales de Chile de 2021, dos bufetes de abogados chilenos abrieron oficinas en Miami para ayudar a los chilenos adinerados a trasladar sus activos al sur de Florida. Boric ganó, y los inversores retiraron dinero de Chile a un ritmo récord, dejando tras de sí lo que Bloomberg estimó en un agujero de 50.000 millones de dólares. Los chilenos ocuparon el octavo puesto entre los compradores extranjeros de inmuebles en el sur de Florida en 2021.
«Cuando los gobiernos de América Latina se inclinan hacia la izquierda», como señaló un destacado agente inmobiliario de Miami, «los compradores se van al norte». Los latinoamericanos compraron casi la mitad de todas las viviendas de lujo nuevas en el sur de Florida hasta mediados de 2025, la mayoría de ellas al contado.
La ciudad de Doral, justo al oeste de Miami, se llenó tanto de venezolanos que se la conoce informalmente como «Doralzuela». El barrio de Brickell, en Miami, está repleto de oficinas de banca privada colombianas y brasileñas. El corredor de Biscayne atrajo capital mexicano, argentino y peruano. No se trataba de los pobres apiñados que llegaron en la «crisis del Mariel» de 1980 —un éxodo de cubanos— ni de los haitianos desesperados que llegaron tras el golpe de Estado de 1991. Se trataba de las clases empresariales con propiedades, que buscaban aliados ideológicos en Washington para hacer frente a los socialdemócratas en sus países de origen.
La red de exiliados cubanos absorbió y alimentó los agravios de estos recién llegados. Tras el golpe militar de 2009 en Honduras —que derrocó al presidente electo de centroizquierda Manuel Zelaya y lo sustituyó por un gobierno de derechas—, una delegación de cubanos de Miami, en colaboración con el senador John McCain, el neoconservador más destacado del Partido Republicano, sirvió de puente entre el AIPAC y el lobby latinoamericano en general, y acogió en Washington a los líderes golpistas de Honduras para validar su toma del poder. Durante un breve momento, el presidente Obama se opuso al gobierno golpista, pero cuando los cubanoamericanos y otros conservadores comenzaron a asociarlo con Castro y Chávez, dio marcha atrás y reconoció al régimen como legítimo.
Los recién llegados de América Latina encontraron un lenguaje común en una sola palabra: «castro-chavismo». El término lo había popularizado Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y líder de la extrema derecha del país. El propio Uribe introdujo el término en Estados Unidos como parte de una campaña para hacer fracasar el acuerdo de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, negociado con la mediación de Cuba. Flanqueado por el entonces senador Marco Rubio y el diputado Mario Díaz-Balart, Uribe pronunció un discurso mobilizador en un restaurante de Doral, Mondongo’s, en octubre de 2016. Advirtió a la multitud de expatriados colombianos y venezolanos de que el castrochavismo llegaría a Colombia si se ratificaba el acuerdo de paz. Uribe aprovechó este viaje para estrechar sus lazos con el entorno de Trump: el analista político Adam Isacson y la historiadora Christy Thornton, por separado, señalan la influencia de Uribe en la primera campaña de reelección de Trump, cuando este publicó anuncios en Florida que vinculaban al presidente Joe Biden con la izquierda latinoamericana. «Joe Biden es un TÍTERE de los CASTRO-CHAVISTAS», tuiteó en 2020.
El lobby cubano se había visto motivado durante mucho tiempo por las heridas específicas de la revolución castrista: las confiscaciones, las ejecuciones, las familias destrozadas, lo que Joan Didion denominó en su libro de 1987 «Miami» el «complejo febril de resentimientos, venganzas, idealizaciones y tabúes» que unía a los exiliados. Los recién llegados de toda América Latina estaban igualmente febriles, pero su causa no era sólo una Cuba libre, sino un continente liberado de presidentes de izquierdas como la mexicana Claudia Sheinbaum o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro de Colombia.
A diferencia del lobby cubano, que había actuado bajo la estricta disciplina de Mas Canosa y el CANF, la comunidad de exiliados latinoamericanos más reciente carecía de un único referente institucional. El equipo de transición de Trump, tras las elecciones de 2024, se movió rápidamente para captar a estos nuevos grupos de apoyo, tendiendo la mano a figuras como Félix Maradiaga, un líder de la oposición nicaragüense afincado en Miami al que el expresidente Daniel Ortega —antiguo guerrillero y hombre fuerte del país— había despojado de su ciudadanía. Maradiaga afirma que los enviados de Trump instaban a los opositores de Nicaragua, Cuba y Venezuela a «unir nuestros puntos de vista para que las acciones que provengan de Estados Unidos tengan un impacto conjunto en la lucha por la democracia».
Mar-a-Lago se convirtió en el club de la diáspora, un palacio en el exilio para las élites desplazadas de América Latina —donde la familia Bolsonaro de Brasil influye en Trump, figuras de la oposición venezolana se reúnen con funcionarios de la Casa Blanca y magnates colombianos asisten a eventos de recaudación de fondos junto a políticos y empresarios cubanoamericanos para debatir oportunidades de negocio y coordinar la restauración del hemisferio—.
La magnitud de lo que se estaba tramando allí se ha revelado parcialmente: se filtró un conjunto de notas de voz, autenticadas forénsicamente, del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Condenado por tráfico de drogas, Hernández cumplía una pena de 45 años en una prisión federal de Virginia Occidental hasta que Trump le indultó en diciembre de 2025. Las notas filtradas revelan que Hernández recibía financiación tanto de Israel como de Argentina (pasó su primera noche en libertad en el hotel de cinco estrellas Waldorf Astoria) y que su representante político, el actual presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunía con inversores en Mar-a-Lago para discutir acuerdos turbios con funcionarios estadounidenses y planificar un programa de desestabilización más amplio dirigido contra México, Colombia y Brasil.
Las reglas de Miami
El nuevo y más amplio lobby latinoamericano funciona de manera diferente al antiguo modelo del CANF, sustituyendo un lobby étnico centrado en un único tema y en un solo país por una operación hemisférica basada en clases sociales y unida por un enemigo común: el reformismo, incluso en su forma más moderada. El propio CANF sigue existiendo, pero ha perdido toda relevancia. Su comité de acción política (PAC) quedó inactivo y su función de presión política fue absorbida por un lobby latinoamericano más amplio y descentralizado. El Partido Republicano de Florida ha absorbido en gran medida la maquinaria electoral del CANF.
Las divisiones de clase existían desde hacía tiempo en la diáspora cubana, especialmente tras la crisis del Mariel. Pero el enfoque exclusivo en la liberación de Cuba había atenuado esas divisiones. Ahora, sin embargo, a medida que la diáspora ha adquirido un alcance hemisférico, la brecha entre los que tienen y los que no tienen se ha hecho más visible. Las urbanizaciones cerradas de Doral lucen nombres encantadores —Doral Isles Riviera, Doral Isles Venetia— y los venezolanos adinerados juegan al golf en el Trump National. Decenas de miles de venezolanos más pobres —muchos de los cuales arriesgaron sus vidas atravesando el istmo de Darién para llegar a EE. UU., muchos de los cuales trabajan en ese mismo complejo de golf— viven con un miedo constante: Trump ha revocado su Estatus de Protección Temporal, lo que ha dado lugar a más de 15.000 deportaciones. Algunos han sido devueltos a Venezuela, otros a la infame prisión de máxima seguridad CECOT de El Salvador.
La crueldad no se limita a los venezolanos. La Administración Trump ha puesto en el punto de mira a otros inmigrantes pobres, entre ellos hondureños, nicaragüenses y haitianos. Incluso los cubanos pobres —que en el pasado podían contar con la residencia automática— están siendo ahora enviados a México, donde muchos, ancianos y enfermos, se ven obligados a dormir en las calles de ciudades al azar, como Villahermosa, la húmeda capital del estado sureño mexicano de Tabasco. «Nos están dejando de lado para que muramos», afirmó Harold A., un ciudadano cubano de 58 años que fue deportado a México a principios de este año. «No nos dan nada, absolutamente nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer?».
Los miembros adinerados de la diáspora tienden a considerar estas deportaciones como duras, pero necesarias para proteger su reputación como «inmigrantes excepcionales». Algunos de sus compatriotas más acomodados se refieren a los venezolanos pobres como «orcos» —orcos, subhumanos—, un desprecio de clase que el investigador de Oxford Erick Moreno Superlano ha documentado con detalle. El grupo de presión que se presenta como el defensor de la libertad latinoamericana es, de hecho, un firme defensor del estatus y la jerarquía de clases del hemisferio.
Estos nuevos grupos de exiliados acomodados votan en sus elecciones nacionales como un bloque y, a menudo, de forma decisiva a favor del candidato de su país más parecido a Trump. El mes pasado, en Perú, la hija del expresidente Alberto Fujimori —que pasó 16 años en prisión por violaciones de los derechos humanos cometidas durante su presidencia, incluidos asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte— habría perdido las elecciones presidenciales si sólo se hubieran contabilizado los votos emitidos en Perú, pero finalmente venció a su rival de centroizquierda gracias a los votos de la diáspora peruana. Los aproximadamente 9.000 votos de Miami-Dade le ayudaron a ganar por menos del 1%.
Más recientemente, los colombianos residentes en Miami acudieron en masa, en un número sin precedentes, a votar por Abelardo De la Espriella, un imitador de Trump de extrema derecha, lo que le ayudó a ganar unas elecciones presidenciales tan reñidas como las de Perú. De la Espriella es ciudadano estadounidense y residió durante mucho tiempo en una mansión multimillonaria en Miami, donde trabajó como abogado defensor de clientes colombianos, entre ellos paramilitares, políticos de derecha y blanqueadores de dinero.
Ya sea a tiros o en las urnas, Miami manda.
El perro que alcanzó al coche…
Tanto el AIPAC como el lobby latinoamericano en general han logrado, durante el segundo mandato de Trump, casi todas sus ambiciones al mismo tiempo: una guerra contra Irán y una presión sin cuartel sobre los izquierdistas latinoamericanos de todo tipo, con el despliegue de fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU., equipos de asesinato de la CIA, bloqueos navales y sanciones. Las resoluciones sobre poderes bélicos para detener las acciones de Trump —en Irán, Cuba y Venezuela— son bloqueadas sistemáticamente por un grupo parlamentario republicano que depende del dinero del AIPAC y de los votos electorales de Florida, a menudo con la ayuda de un puñado de demócratas afines al AIPAC.
Sin embargo, ambos grupos de presión se encuentran ahora en una situación similar a la del perro que atrapó al coche que luego le atropelló.
La guerra de Trump en Irán fue un desastre táctico y estratégico, lo que llevó a la Casa Blanca a arremeter contra Israel de formas que, hace apenas un mes, habrían sido inimaginables. El vicepresidente JD Vance acaba de reprender a Israel diciéndole que «no puede limitarse a matar para resolver todos y cada uno de los problemas de seguridad nacional». Y Trump advirtió a Benjamin Netanyahu: «Muy pronto te quedarás solo». El proyecto maximalista del AIPAC —guerra permanente, influencia permanente, entrelazamiento permanente con el poder estadounidense— está hecho trizas.
Queda por ver si se producirá el mismo giro en el caso del lobby latinoamericano. Trump sigue presionando con fuerza a Cuba, exigiendo un «acuerdo». Pero el acuerdo que impulsa Trump se parece menos a un cambio de régimen que a un folleto de inversiones. Se trata menos de la Doctrina Monroe que de la Doctrina Capone: las sanciones destruyen a los competidores extranjeros, las demandas en virtud de la Ley Helms-Burton castigan a quien se quede y los inversores estadounidenses vinculados a Trump entran en escena para hacerse con activos a precios de ganga. Recientemente, una empresa vinculada a Ray Washburne, un antiguo funcionario de Trump, desplazó a una corporación canadiense dedicada a la minería y al cobalto.
Las sanciones de Trump han funcionado demasiado bien. Han destrozado la economía cubana de tal manera que La Habana se ha visto obligada, recientemente, a promulgar una amplia liberalización económica; reformas que benefician a los inversores, no a los exiliados.
En Florida, cubanoestadounidenses que nunca han puesto un pie en Cuba, como Nicolás J. Gutiérrez —un abogado nacido en Miami cuyo padre, un «joven millonario», perdió sus campos de caña de azúcar a manos de Castro—, han fundado organizaciones como la «Asociación Nacional de Propietarios de Ingenios Azucareros de Cuba», con la esperanza de que Trump les devuelva un país que nunca han visto.
Para muchos, esa esperanza se está desvaneciendo rápidamente al enfrentarse a su peor pesadilla: una repetición de lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde Trump se alió con el Gobierno en el poder, dejando en un segundo plano las demandas de un cambio radical de régimen en favor de acuerdos con la industria petrolera. ExxonMobil, que desempeña un importante papel en la definición de la política de Trump hacia Venezuela, acaba de ganar un caso ante el Tribunal Supremo que le permite demandar a empresas estatales cubanas en los tribunales federales de EE. UU. para obtener una indemnización por los bienes confiscados hace más de 65 años. Esta sentencia otorgará a la empresa una enorme influencia en lo que depara el futuro de Cuba. Al mismo tiempo, Trump, en su segundo mandato, ha deportado a casi 8.000 ciudadanos cubanos, muchos de ellos solicitantes de asilo con bajos ingresos, pero también un número considerable de empresarios y propietarios de clase media.
Al parecer, los campos de caña de azúcar no serán devueltos a los hijos de sus antiguos propietarios en un futuro próximo, aunque podrían sacarse a subasta. Pero, quienes confíen en una restitución, siempre tendrán Mar-a-Lago.
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