Michael Kenneth Smith, CounterPunch.org, 18 agosto 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Michael K. Smith es escritor y periodista, entre sus libros más destacados figuran  The Madness of King George y Portraits of Empire.

Si los primeros cuatro días de Abelardo de la Espriella son un indicio de cómo será todo su mandato, nos esperan cuatro años de humor negro. Aquí presentamos ocho momentos destacados de su desafortunado comienzo.

(1) El día de la investidura, un video donde se le ve haciendo el ridículo marcando el paso y saludando durante los honores militares se viralizó, después de que se viera a sus propios oficiales militares mirándolo con desconcierto, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE. UU. reveló que Colombia recibirá un paquete de ayuda de mil millones de dólares por su participación en el proyecto Escudo de las Américas de Trump, que utiliza la guerra contra el narcotráfico como pretexto para atacar a enemigos políticos. La explosión de un coche bomba ese mismo día pareció evidenciar el renovado caos en el que estas políticas están sumiendo al país.

(2) El presidente de la Espriella llegó con horas de retraso para anunciar el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia el 10 de agosto, sonriendo y lanzando besos a sus seguidores mientras los saludaba con un «¡Mírenme! ¡Mírenme! ¿Cómo están?», aparentemente ajeno a las carreteras destrozadas, los vehículos accidentados y los edificios colapsados ​​que devastaban la mitad del país. Un mini-Trump latinoamericano, ha captado a la perfección el espíritu de bufonería requerido.

(3) Su primera conferencia de prensa fue un video de sí mismo hablando sobre la libertad de expresión.

(4) Con el país conmocionado por el terremoto, se dedicó a restablecer las relaciones con Israel, rotas debido al exterminio masivo de Tel Aviv en Palestina, y reconocer la soberanía del Estado Santo sobre los Altos del Golán sirios. ¡Haciendo grande a Colombia de nuevo!

(5) También reconoció el reclamo colonial de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

(6) Retiró a Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, a la que el país había intentado unirse durante más de una década. El anuncio lo hizo el embajador designado de Estados Unidos en Colombia, no De la Espriella.

(7) Promocionó el Plan Patriot 2, que busca reactivar el programa militarizado de erradicación de la coca en el país, a pesar de que tuvo consecuencias sociales y ambientales devastadoras la primera vez y ahora enfrenta la oposición de partidos antigubernamentales y organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas. Como una forma de guerra química y biológica, su objetivo es expulsar a las poblaciones no deseadas de las tierras rurales codiciadas por las corporaciones transnacionales —el electorado de De la Espriella— para favorecer la ganadería, la extracción de petróleo y las vastas plantaciones.

(8) Con vidas en peligro tras el terremoto, rechazó la ayuda internacional. ¡No necesitamos ninguna apestosa ayuda social!

Incluso antes de jurar el cargo, De la Espriella se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, una prioridad mayor que ayudar a los colombianos de a pie. También se reunió con Javier Milei, a quien le comentó que las políticas que estaba implementando le habían servido de inspiración para su propia propuesta de política económica. Esta confesión resulta extraña, dado que las políticas de Milei han hundido la moneda argentina a su valor más bajo de la historia y han provocado protestas masivas, con frecuentes enfrentamientos callejeros frente al Congreso, que son reprimidos con cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos.

O quizás no sea tan extraño. Al fin y al cabo, De la Espriella solo tiene una relación tangencial con Colombia. Ciudadano estadounidense que hasta hace poco vivía en Italia, sus electores son los dueños de enormes fortunas privadas, sus empleados y fanáticos de Israel. Para él, los colombianos que luchan por sobrevivir no son más que una molestia menor que se ignora rápidamente, como hormigas en un picnic.

Su trayectoria profesional se ha centrado en la defensa de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un conglomerado paramilitar que sembró el terror y la violencia en Colombia durante décadas. Esta guerra contra los pobres evolucionó con dificultad hacia un proceso de paz y reconciliación en 2016, proceso que De la Espriella ahora busca desentrañar con ahínco. Las negociaciones pusieron fin a cuarenta años de guerra civil en Colombia, desarmaron a más de 11.000 combatientes, transformaron al grupo rebelde en el partido político Comunes y establecieron la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de impartir justicia transicional y dictar sentencias reparadoras históricas para las víctimas, a la vez que reintegraban a miles de excombatientes a la vida civil mediante proyectos comunitarios y cooperativos. Sin embargo, para muchos de quienes depusieron las armas, la recompensa ha sido ser asesinados o hechos desaparecer por escuadrones de la muerte.

En las recientes elecciones, el presidente saliente Gustavo Petro y su sucesor, Iván Cepeda, representaron la vía para continuar el proceso de paz con el fin de completar una transformación social que eliminara la pobreza extrema y la injusticia que impulsan la violencia política, que la derecha busca reprimir pero no resolver. En resumen, la disyuntiva que enfrentaron los votantes colombianos en las urnas fue entre luchar por la paz social de forma no violenta o dar un paso de gigante hacia una guerra de Estado sin restricciones contra el pueblo, una política que no puede traer la paz social sin la exterminación total. La inmensa mayoría de los colombianos no respaldó la agenda de mano dura de De la Espriella, ya fuera quedándose en casa o votando por otros candidatos.

Por muy impopular que pueda resultar, De la Espriella perfeccionó esa agenda durante años como abogado, ayudando a figuras como Jorge Caballero, Rocío Arias y Eleonora Pineda —portavoces de las AUC en el Congreso que fueron condenados por parapolítica—, así como a Juan Carlos, «El Tuso Sierra», un antiguo narcotraficante y también miembro de las AUC. Pero su cliente más destacado fue el expresidente Álvaro Uribe, a quien ha asesorado en relación con el proceso judicial iniciado por el exdiputado por Bogotá, Iván Cepeda. Hoy, Cepeda afirma: «El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una inmensa montaña de cadáveres sobre la que se alcanzó la cúspide del poder en Colombia». Su reciente candidatura presidencial buscaba justicia contra el narco-paramilitar Uribe y su más ferviente defensor —De la Espriella—, quien, como ciudadano estadounidense, tuvo que jurar lealtad absoluta a Washington, lo que en la práctica supuso un juramento de lealtad patriótica al Imperio que patrocina toda la violencia política.

La elección de Uribe en 2002 marcó el inicio de una de las campañas de terror de Estado más sangrientas de la historia de Colombia, en la que las fuerzas estatales y paramilitares colombianas cometieron alrededor del 80% de los crímenes contra los derechos humanos del país, frente al 16% atribuido a la guerrilla. Los escuadrones de la muerte no eran independientes del Estado colombiano, como solía afirmar Washington, sino una extensión del mismo: la policía incluso patrullaba junto a los paramilitares.

No es de extrañar que el nombre de Uribe apareciera en los archivos de la DEA y la CIA de EE. UU. como narcotraficante, de hecho, uno de los narcotraficantes internacionales más buscados. Un informe desclasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) con fecha del 23 de septiembre de 1991 lo describía como colaborador del cártel de Medellín y amigo personal del infame Pablo Escobar, a quien la excandidata presidencial colombiana e antigua rehén de las FARC, Ingrid Betancourt, describió como un «monstruo que había enseñado a su hijo de catorce años a arrancarle el globo ocular a una víctima con una cuchara al rojo vivo». Así son las realidades de la política de mano dura en Colombia. El informe de la DEA afirma que Uribe era uno de los «narcoterroristas colombianos más importantes contratados por los cárteles de la droga colombianos para la seguridad, el transporte, la distribución, el cobro y la ejecución de operaciones de narcotráfico tanto en Estados Unidos como en Colombia. Estos individuos también eran contratados como ‘sicarios’ para asesinar a personas… y para llevar a cabo atentados terroristas contra funcionarios colombianos, otros representantes del Gobierno, fuerzas del orden y grupos de otras tendencias políticas».

Una característica clave de la despiadada lucha de clases de aquellos años fue la financiación de un escuadrón de la muerte de 31.000 miembros que sembró el terror por todo el país, asesinando a miles de campesinos allí donde la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenía influencia. Cientos de activistas sindicales fueron asesinados por sicarios a plena luz del día en pueblos y ciudades ocupados por el ejército. Defensores de los derechos humanos, así como periodistas y profesores que se atrevieron a informar sobre las masacres militares fueron secuestrados, torturados y asesinados; algunos, decapitados o destripados.

Millones de campesinos fueron expulsados de sus tierras y hacinados en miserables barrios marginales urbanos, mientras que las tierras pasaban a manos de destacados jefes paramilitares o grandes terratenientes. Esta purga de indeseables políticos se llevó a cabo siguiendo estrictamente el entrenamiento de contrainsurgencia del Pentágono, que aconsejaba al ejército colombiano destruir la «infraestructura social» de las FARC, incluidos sus antiguos y extensos lazos familiares, comunitarios y sociales con el campesinado. El objetivo era aniquilar el apoyo social del que dependían las guerrillas para sobrevivir, no negociar una forma de que sobrevivieran de otra manera. No en vano se denominó a Colombia «la democracia genocida» (*). Prácticamente, todas sus violaciones de los derechos humanos quedaron impunes.

En lugar de abordar la pobreza extrema que era la raíz de la guerra, Uribe la perpetuó mientras atacaba con saña la inevitable respuesta guerrillera. En un país de 45 millones de habitantes, unos 11 millones no podían permitirse ni siquiera una comida nutritiva al día y cerca de dos tercios de la población no podían cubrir sus necesidades de subsistencia más básicas. En las zonas rurales, prácticamente no había carreteras, escuelas ni hospitales en condiciones, y la tasa de pobreza alcanzaba el 85%. Tal statu quo solo podía mantenerse mediante un uso masivo de la violencia de Estado, es decir, mediante escuadrones de la muerte.

La redacción de un auto de acusación completo contra Uribe llevaría bastante tiempo. Colaboró abiertamente en los crímenes de los escuadrones de la muerte; provocó un desplazamiento forzoso masivo —más de cuatro millones de colombianos fueron desarraigados de sus tierras—; ignoró los problemas estructurales de la economía, lo que perpetuó el desempleo y el subempleo masivos; permitió que los fondos destinados a los sectores pobres y sociales se desviaran sistemáticamente hacia los narcotraficantes, los paramilitares, los industriales ricos y sus amigos personales; desnacionalizó empresas de los sectores de las telecomunicaciones, el petróleo y la minería; cerró algunos de los hospitales más grandes de Colombia, eliminando más de cuatro mil puestos de trabajo en el sector sanitario; asesinó sistemáticamente a organizadores sindicales; invadió ilegalmente Ecuador; utilizó el sistema judicial para atacar a civiles y opositores políticos; adjudicó ilegalmente contratos a familiares cercanos; violó la soberanía colombiana al permitir la instalación de siete bases militares estadounidenses en Colombia (la Constitución colombiana no permite el estacionamiento de tropas extranjeras en territorio colombiano). En resumen, trabajó durante mucho tiempo y con ahínco para convertir el Estado colombiano en una gran organización criminal.

De la Espriella se diferencia de Uribe en que depende más de su carisma personal que de las estructuras partidistas tradicionales, pero se apoya claramente en el legado de mano dura en materia de seguridad de Uribe, al tiempo que solo rompe superficialmente con el establishment colombiano.  Según el periodista mexicano Sasi Alejandre, De la Espriella, que se presentó a las elecciones presidenciales como un «outsider» político, es posiblemente el «outsider» con más contactos que haya tenido Colombia jamás. Proviene de una familia adinerada cercana a Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba. En su juventud, fundó una «fundación por la paz», la FIPAZ, que en realidad estaba financiada por los propios paramilitares, concretamente por Salvatore Mancuso, el histórico y sanguinario comandante de las AUC, quien promovió a candidatos cercanos a los paramilitares, incluido Uribe, y dedicó la organización a dar discursos públicos en campus universitarios para promover a los paramilitares.

Espriella se centra en el «mercado libre» y el «mérito», y ha prometido reducir el tamaño del Estado colombiano hasta en un 40% con el fin de proporcionar lo que el difunto Edward Herman denominó un «clima favorable para la inversión». Se trata de un clima en el que los impuestos son bajos, las desgravaciones por repatriación de beneficios son generosas, los pobres están demasiado aterrorizados como para levantar la cabeza, los periodistas independientes están muertos o en la cárcel y las normativas laborales y medioambientales son débiles o inexistentes. Esto es prácticamente una descripción de la utopía desde el punto de vista de De la Espriella (libertarismo de derechas), y él persigue con entusiasmo la tierra prometida del capitalismo. Aboga por una mano de obra «flexible» (subordinada al capital) y una normativa medioambiental «productiva» (favorable al crecimiento), y desde que asumió el cargo el 7 de agosto, ha anunciado la derogación del impuesto sobre el patrimonio, un gravamen que se aplicaría únicamente a quienes posean activos líquidos por valor superior a 20 millones de pesos, lo que supone una minúscula minoría de colombianos. Mientras tanto, su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, tiene previsto un recorte presupuestario de al menos 20 billones de pesos colombianos, aproximadamente seis mil millones de dólares estadounidenses, cuya aplicación requeriría detener casi todo el gasto público.

En resumen, el plan de DOGE (siglas en inglés del Departamento de Eficiencia Gubernamental). ¿Qué podría salir mal?

Nota:

*Geraldo Javier, S. J.: Colombia, una democracia genocida (Cristianisme i justicia), 1996

Fuentes:

Kurt Hackbarth, Soberanía, The Mexican Politics Podcast, You Tube, August 12, 2026. (Segmento dos de este capítulo con De la Espriella)

La Jornada: Cuba: romper con la isla evidencia clara subordinación de Abelardo de la Espriella con EU, 28 julio 2026.

Sasi Alejandre: De La Espriella: The Candidate of the Establishment (The Other Voice), June 19, 2026

Sandra Rátiva Gaona: A Razor-Thin Victory for the Colombian Right, ZNET, June 27, 2026

James Petras: Colombia: State Terror in the Name of Peace, www.petras.lahaine.org, May 4, 2010

Hans Bennett: Neo-liberalism Needs Death Squads in Colombia, http://upsidedownworld.org , September 3, 2009

Manuel Rozental: The Circle Opens Out: New Evidence of Criminality in Colombian Regime,  http://upsidedownworld.org, May 25, 2010

Laura Violeta Davia Lopez: A Government Opposed to Peace is a Government Opposed to Life, ZNET, July 20, 2026.

La description of Pablo Escobar es de Ingrid Betancourt: Until Death Do Us Part – My Struggle Tp Reclaim Colombia (Harper Collins, 2002)

Foto de portada: Abelardo de la Espriella (CC0)

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