Hanaa Hakiki y Delphine Rodrik, The New Arab, 14 agosto 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Hanaa Hakiki dirige el equipo de Justicia Fronteriza del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés). Delphine Rodrik es asesora jurídica sénior del equipo de Justicia Fronteriza del ECCHR, donde apoyan litigios que denuncian violaciones de derechos humanos en las fronteras europeas.
Se ha informado de al menos 141 muertos y muchos más desaparecidos, tras haber estimado que unas 60.000 personas intentaron entrar en territorio español desde Marruecos nadando alrededor de la barrera marítima que separa ambos países a partir del 29 de julio. Las condiciones en las que la mayoría de las personas que el Gobierno español declaró posteriormente abandonaron Ceuta «voluntariamente» aún no están claras, y la sociedad civil documenta testimonios de violencia y coacción.
Quienes permanecieron en Ceuta se enfrentaron, y aún se enfrentan, a condiciones humanitarias extremas, con escasez de alimentos, agua y atención médica, mientras que la sociedad civil ha denunciado la incapacidad de proporcionarles lo mínimo indispensable para sobrevivir. Sin embargo, el debate político sobre el coste humano de la migración ha estado prácticamente ausente.
En cambio, los políticos elogian los retornos ilegales, mientras los titulares proclaman una «invasión» de Europa a través de Ceuta, ignorando que fueron las autoridades españolas quienes desplegaron personal y equipo militar contra personas que necesitaban acogida urgente.
Además de ocultar lo sucedido a quienes entraron o intentaron entrar en Europa a partir del 29 de julio, el discurso de la «crisis migratoria» pasa por alto cómo la larga historia de fortificación de las fronteras europeas, externalización y expulsiones en Ceuta y otros lugares ha dado lugar a este tipo de sucesos. De hecho, los recientes cambios en el marco migratorio de la UE parecen más propensos a afianzar, en lugar de abordar, las condiciones mortales en las fronteras europeas.
Historia sangrienta en la frontera hispano-marroquí
Aunque situada en la costa noroccidental de África, Ceuta (Sebta), junto con Melilla (Mlilia), ha estado mayoritariamente bajo control español desde las expansiones coloniales portuguesas y españolas del siglo XV. Con un estatus disputado, sus fronteras actuales son producto de las victorias militares coloniales de Francia y España a mediados del siglo XIX, países que gobernaron Marruecos simultáneamente hasta mediados del siglo XX.
Desde entonces, los enclaves siguen siendo puestos militares, donde, hasta hace poco, aún se erguían monumentos al franquismo. Tras la inclusión de España en el espacio Schengen de la UE en 1991, se erigieron vallas fronterizas alrededor de los enclaves, denominadas las «únicas fronteras terrestres de la UE con África», lo que ilustra cómo la libre circulación de los ciudadanos de la UE se conseguía a costa de la inmovilidad de otros.
Debido a su historia y posición geográfica, Ceuta y Melilla son parte integral del norte de África. Hasta hace poco, los residentes podían entrar sin visado y las mercancías circulaban sin aranceles aduaneros, lo que convertía a los enclaves en un centro económico dependiente del movimiento entre España y Marruecos.
Si bien los viajes posteriores a la «España peninsular» están sujetos a controles fronterizos y requisitos de visado para los ciudadanos extracomunitarios, los enclaves también han permanecido como un símbolo de la «Fortaleza Europa». Debido a que el paso fronterizo formal entre Marruecos y España es prácticamente inaccesible para la gran mayoría de las personas migrantes en Marruecos, sobre todo por la discriminación racial contra las personas de piel negra, los intentos de cruzar masivamente a Ceuta y Melilla han sido durante mucho tiempo una de las pocas vías para que las personas accedan a estos enclaves y soliciten asilo y otras protecciones en España.
Sin embargo, desde 2005, España ha implementado lo que denomina «devoluciones en caliente» —la expulsión inmediata y colectiva de personas ni siquiera identificadas— en sus fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de que incumplen el derecho nacional, europeo e internacional, las «devoluciones en caliente» se codificaron en la legislación nacional en 2015, aunque solo para las personas que llegan por tierra, como lo confirman varias sentencias nacionales, incluida, más recientemente, la del Tribunal Supremo español.
Para disuadir a quienes buscan entrar y llevar a cabo sus expulsiones, la violencia española y marroquí se ha convertido en una realidad constante en estas fronteras durante décadas, ejemplificada por la violenta represión en Ceuta en 1995, la masacre de Tarajal en Ceuta en 2014 y la masacre del 24 de junio de 2022 en Melilla. A pesar de la incansable labor de defensa, las familias y la sociedad civil a ambos lados de la frontera no han visto rendición de cuentas ni justicia para los numerosos desaparecidos y asesinados durante estas violentas operaciones de expulsión, lo que afianza la impunidad en la frontera.
Reflexiones sobre Ceuta en Europa y más allá
Los acontecimientos en la frontera española han reflejado la evolución de las prácticas y políticas migratorias europeas en general. Tras el aumento de llegadas a Europa durante el «verano de la migración» de 2015, que desató el pánico político y provocó el cierre de fronteras, su aplicación en todo el continente se ha basado, en gran medida, no en el tratamiento digno e individualizado de quienes siguen huyendo hacia la UE, como exigen el derecho europeo e internacional, sino en expulsiones inmediatas y a menudo violentas —conocidas comúnmente como «devoluciones en caliente»— que operan al margen de cualquier protección legal.
En efecto, las «devoluciones en caliente» se extendieron desde Ceuta y Melilla al resto de Europa.
La reacción adversa ante la migración también impulsó reformas de la política común de asilo de la UE, en vigor desde junio de este año. Si bien la nueva legislación ha sido elogiada por los líderes de la UE, ha recibido duras críticas por parte de la sociedad civil por reducir la protección de los derechos de los inmigrantes al intentar trasladar gran parte del procesamiento de solicitudes de asilo de Europa a sus fronteras exteriores —e incluso a terceros países— y acelerar las devoluciones desde su territorio. Esto incluye evaluaciones de seguridad a nivel nacional que están alejadas de la realidad: dentro de estos esfuerzos, Marruecos ha sido designado como país de origen seguro para los nacionales que llegan a la UE, una medida que ignora las detenciones y la represión violenta que allí se producen.
Aunque los líderes políticos abordaron los sucesos de Ceuta desde la perspectiva de la «instrumentalización», ni el nuevo y regresivo Reglamento sobre Crisis y Fuerza Mayor al que se refiere, ni ninguna de las reformas migratorias de la UE, parecen haberse aplicado en la respuesta de España, lo que confirma las críticas recurrentes sobre su ineficacia.
De hecho, uno de los pilares de las reformas es este Reglamento sobre Crisis, que permite a los Estados miembros suspender los procedimientos de asilo habituales en situaciones de la denominada «instrumentalización de migrantes por parte de un tercer país o un actor no estatal hostil con el objetivo de desestabilizar» la UE o sus Estados miembros. El énfasis en la «instrumentalización» se remonta a la apertura de la frontera de Turquía con Grecia en 2020; en 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de «ataque híbrido» contra la UE el fomento por parte de Bielorrusia de los solicitantes de asilo que viajaran a sus fronteras con Polonia, Letonia y Lituania.
Al igual que en Ceuta la semana pasada, ambos incidentes resultaron en una fuerte militarización, muertes y maltrato a quienes llegaron a las fronteras europeas, con escasa evidencia de cómo Europa se ha visto perjudicada, más allá de la histeria colectiva.
El repetido y mortal espectáculo de violencia fronteriza, presentado y respondido como un ataque contra Europa, oculta una tensión tácita en la lógica de gestión migratoria de la UE: mientras defiende que la UE puede verse amenazada por los Estados vecinos que «instrumentalizan» la migración, simultáneamente ha profundizado su cooperación migratoria con los países vecinos. Esto se observa particularmente en los países de África, donde se proporciona financiación para aumentar los controles fronterizos y las devoluciones, en consonancia con sus propias políticas de disuasión y expulsión.
Marruecos no es una excepción, como lo confirmó von der Leyen el 3 de agosto al declarar que sigue siendo un «socio estratégico importante» tras los sucesos de Ceuta. Mediante estos esfuerzos de externalización, la UE ha instrumentalizado el control migratorio, haciendo caso omiso de las vidas humanas, a cambio de ayuda al desarrollo u otra asistencia a terceros países, sentando así las bases para su mayor politización y abuso.
Los sucesos de la semana pasada en Ceuta pusieron de manifiesto el fracaso de las políticas de la UE a la hora de considerar tanto la continua necesidad humana de movilidad para la supervivencia como las realidades locales de las comunidades en sus fronteras y sus alrededores. La historia de sus fronteras exteriores con Marruecos ya lo dejaba claro. Sin embargo, estos sucesos han evidenciado aún más que las reformas migratorias más recientes de la UE siguen siendo irracionales, al no ofrecer soluciones y alimentar crisis creadas por el hombre que son insostenibles, carentes de la humanidad más básica.
Foto de portada: «Los políticos elogian los retornos ilegales mientras los titulares proclaman una ‘invasión’ de Europa a través de Ceuta, ignorando que fueron las autoridades españolas quienes desplegaron personal y equipo militar contra personas que necesitaban acogida urgente». [GETTY]
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