Las próximas elecciones podrían ser las últimas

Chris Hedges, The Chris Hedges Report, 31 agosto 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández


Chris Hedges es un escritor y periodista independiente que trabajó durante casi dos décadas como corresponsal extranjero para The New York Times, la National Public Radio y otros medios en Latinoamérica, Oriente Medio y los Balcanes. Formó parte del equipo de reporteros de The New York Times que ganó un Premio Pulitzer por su cobertura del terrorismo global. Hedges es miembro del Nation Institute y autor de numerosos libros, entre ellos War is a Force That Gives Us Meaning.

La Casa Blanca de Trump ha puesto en marcha una serie de mecanismos para manipular o invalidar las elecciones de mitad de legislatura. El Congreso no nos salvará. Los tribunales no nos salvarán. Nuestra única esperanza —en caso de que las elecciones sean amañadas o robadas— son las huelgas a nivel nacional. Nuestra única esperanza es paralizar la maquinaria del comercio y del Gobierno, aunque esta militancia tendrá que enfrentarse a una represión estatal salvaje.

De lo contrario, estamos condenados. No habrá salida.

Si se aplican las medidas defendidas por la administración Trump, se invocarán poderes de emergencia para ejercer un control federal sin precedentes sobre la votación. Los agentes federales confiscarán el material electoral. Ya han confiscado papeletas de elecciones anteriores.

El Servicio Postal de EE. UU. solo enviará papeletas a quienes figuren en las listas de elegibilidad aprobadas a nivel federal, elaboradas a partir de los censos electorales estatales. Estos censos, sujetos a comprobaciones de ciudadanía, denegarán por completo los servicios de correo electoral en los estados que no estén dispuestos a cumplir las exigencias de la administración en cuanto a los datos de los votantes.

La manipulación de los distritos electorales a mediados de la década, respaldada por Trump, ya ha desmantelado los distritos controlados por los demócratas y ha creado otros nuevos para los republicanos.

Los requisitos federales de identificación y de presentación de documentos de ciudadanía privarán del derecho al voto a millones de votantes con tal derecho, entre ellos estadounidenses con bajos ingresos que carecen de acceso a los documentos exigidos y mujeres casadas cuyos apellidos actuales no coinciden con los que figuran en sus registros de ciudadanía.

Las tropas federales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —con una financiación adicional de 113.500 millones de dólares asignada por el Congreso hasta septiembre de 2029— se desplegarán en los colegios electorales —o en sus inmediaciones— que tradicionalmente cuentan con una mayoría del Partido Demócrata. Aquellos tildados de «anticapitalistas» y «anticristianos», o acusados de pertenecer a Antifa, serán intimidados o se les impedirá votar.

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes —independientemente del resultado de la votación— utilizará su autoridad para certificar los resultados electorales con el fin de retener el poder, manipulando el Colegio Electoral y negándose a admitir a los miembros de la oposición recién elegidos.

La supervisión de este fraude electoral masivo correrá a cargo de personas leales a la administración Trump, colocadas en las oficinas electorales estatales y federales.

Trump —quien intentó anular los resultados de las elecciones de 2020 y afirmó que se negaría a aceptar el resultado de las elecciones de 2024 si perdía— baraja la posibilidad de desafiar la Constitución para poder ejercer un tercer mandato. También ha planteado la idea de cancelar las próximas elecciones, declarando a Reuters: «Si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos celebrar elecciones».

Cuando Volodymyr Zelensky —cuyo mandato presidencial finalizó en mayo de 2024— informó a Trump de que no se celebrarían elecciones en Ucrania debido a la guerra, Trump respondió: «Así que estás diciendo que durante la guerra no se pueden celebrar elecciones… Bueno, déjame decirte algo: dentro de tres años y medio, ¿quieres decir que, si por casualidad estamos en guerra con alguien, no habrá más elecciones? Oh, eso está bien».

Trump declaró a The New York Times en enero que lamentaba no haber ordenado a la Guardia Nacional que confiscara las máquinas de votación tras las elecciones de 2020. Trump no solo quiere abolir el voto por correo —los demócratas votan por correo en mayor número que los republicanos—, sino también las máquinas de votación y los tabuladores que permiten a las juntas electorales publicar los resultados la misma noche de las elecciones.

Trump sentó las bases para la injerencia federal en su discurso a la nación de julio sobre el fraude electoral, en el que denunció que las elecciones están peligrosamente expuestas al «hackeo, la manipulación y la injerencia extranjera».

Este ataque lleva décadas gestándose. No comenzó con Trump.

Ya advertí sobre el movimiento nacionalista cristiano y su fascismo latente en mi libro «American Fascists: The Christian Right and the War on America» (Fascistas estadounidenses: la derecha cristiana y la guerra contra Estados Unidos). Estos fascistas cristianos son enemigos de la sociedad abierta. Pretenden privar del derecho al voto a amplios sectores de la población, exigen la desregulación de la industria y la eliminación de todos los servicios sociales, incluida la educación pública, los programas de salud pública y la protección del consumidor. Creen que las únicas funciones que le corresponden al Gobierno federal son la recaudación de impuestos, la guerra y la seguridad interior.

Estos objetivos se exponen con un detalle técnico abrumador en el Proyecto 2025.

El poder —como en todas las dictaduras— debe ser permanente. Se configurará para enriquecer al círculo más cercano de Trump y su familia, que han ganado al menos 2.300 millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas durante el primer año de Trump desde su regreso a la presidencia. La clase multimillonaria y las grandes empresas seguirán pagando pocos o ningún impuesto sobre la renta. No tendrán restricciones ni supervisión externas mientras explotan a la ciudadanía y contaminan y envenenan la Tierra.

El resto de nosotros, bajo vigilancia estatal constante y privados de cualquier recurso legal, quedaremos reducidos a la condición de siervos.

La disidencia se criminalizará. Los medios de comunicación serán una caja de resonancia de la dictadura. La educación —desde la guardería hasta los estudios de posgrado— se convertirá en adoctrinamiento. La cultura se reducirá a su mínimo común denominador: el kitsch sentimental. Se emplearán tropos, iconografía y símbolos cristianos para sacralizar la supremacía blanca, el capitalismo, la guerra sin fin y el imperio, al tiempo que se demoniza a quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad.

A Trump ya se le ha otorgado el poder absoluto. En 2024, el Tribunal Supremo concedió a Trump inmunidad frente a cualquier acción judicial por actos realizados en el marco de su autoridad constitucional «concluyente y excluyente». En su opinión disidente, la jueza Sonia Sotomayor denunció que, como consecuencia de la decisión del tribunal, «en cada ejercicio del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley».

Trump y sus partidarios de Silicon Valley son plenamente conscientes de que el nivel de su corrupción y su desprecio por la democracia —sin precedentes en la historia de Estados Unidos— los hace vulnerables si pierden el poder. No tienen intención alguna de permitir que esto suceda, por muy atroces que sean las violaciones constitucionales. Pretenden acabar con los últimos vestigios de democracia. Creen, tal y como escribió en 2009 Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que «la libertad y la democracia» no son «compatibles».

Thiel está recopilando toda nuestra información obtenida de los registros fiscales, médicos y policiales del Gobierno. Esta información se está enviando a bases de datos que pueden ser explotadas con fines de control estatal y lucro. Thiel y su círculo de multimillonarios tecnócratas están llevando a cabo la agenda que él concibió hace 16 años: convertir la tecnología en una «alternativa a la política».

«Los populistas se hacen con el himnario anti-woke de MAGA», escriben Mark Medish y Joel McCleary en su serie «Dancing in the Dark» de The Spectator sobre las próximas elecciones:

Los señores de la nube se llevan los contratos y la desregulación; el presidente se lleva la adulación, el dinero, las herramientas para destruir a sus enemigos y el dominio de todos los medios de comunicación. Cada uno de los socios cree que está utilizando hábilmente a los demás. Todos ellos necesitan esta alianza para sobrevivir este noviembre y consolidar aún más su poder.

Agentes del FBI incautaron papeletas originales de 2020, imágenes de papeletas y censos electorales en Georgia. El Departamento de Justicia incautó papeletas de 2024 en Míchigan. Y Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside (California), tal y como señalan Medish y McCleary, en marzo «incautó unas 650.000 papeletas a raíz de una denuncia presentada por un grupo local de ‘integridad electoral’ que se está organizando para repetir la maniobra en media docena de condados más en esta legislatura».

Supongo que esto es un anticipo de las incautaciones generalizadas de papeletas electorales que se producirán en noviembre.

Los Documentos de Acción Presidencial de Emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés), que son «órdenes de emergencia redactadas previamente en caso de un ataque al territorio nacional», esperan «solo una decisión y una firma para convertirse en ley operativa por necesidad», señalan Medish y McCleary, lo que otorga a Trump poder unilateral para suspender las libertades civiles en caso de crisis interna.

Creadas por primera vez bajo el mandato del presidente Dwight Eisenhower, estas directivas secretas se han revisado y ampliado periódicamente desde entonces bajo sucesivas administraciones.

«Existen al menos cincuenta y seis de estos PEAD, según el último recuento fiable», continúan Medish y McCleary. «Ninguno ha sido jamás publicado, filtrado, invocado, revisado por el Congreso ni sometido a prueba en ningún tribunal. Entre los temas de los que se ha informado se incluyen la suspensión del hábeas corpus, la ley marcial, la censura, la detención de ciudadanos ‘considerados peligrosos’ y la incautación de bienes».

La debilidad de los poderes legislativo y judicial, unida a la transformación de las agencias federales en apéndices de la Casa Blanca de Trump —incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional—, hace que estas instituciones no sean fiables.

Solo podemos salvarnos a nosotros mismos.

Esto significa paralizar el país.

Millones de nosotros debemos estar preparados para salir a la calle o las puertas de hierro del fascismo se cerrarán de golpe.

Ilustración de portada: Sin palabras (por Mr. Fish).

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