Yara Asi, Rania Muhareb, Osama Tanous, Weeam Hammoudeh, David Mills y Bram Wispelwey, Al Shabaka, 9 septiembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
La Dra. Yara M. Asi es profesora adjunta en la Facultad de Gestión de la Salud Global e Informática de la Universidad Central de Florida. Su línea de investigación se centra en la salud global, los derechos humanos y el desarrollo de las poblaciones vulnerables.
Rania Muhareb es investigadora posdoctoral en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Maynooth, e investigadora posdoctoral visitante en el Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Galway, donde completó su doctorado en diciembre de 2024.
Osama Tanous, miembro de Al-Shabaka, es un pediatra especializado afincado en Haifa. Actualmente cursa un máster en Salud Pública y es investigador de la Sociedad de Galilea: la Sociedad Nacional Árabe para la Salud, la Investigación y los Servicios.
Weeam Hammoudeh es profesora asociada en el departamento de Sociología y en el programa de Biología Humana del Hunter College de la City University of New York, y profesora afiliada al Instituto de Salud Comunitaria y Pública de la Universidad de Birzeit.
David Mills es médico especialista en urgencias pediátricas y profesional de la salud pública. Es codirector del Programa Palestino para los Derechos Humanos del Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y profesor adjunto de Pediatría en la División de Medicina de Urgencias del Boston Children’s Hospital.
Bram Wispelwey es cofundador de «Health for Palestine», una iniciativa de organización comunitaria en los campos de refugiados palestinos que tiene como objetivo maximizar el bienestar y abordar las barreras sanitarias mediante el acompañamiento social. Es codirector del Programa Palestino para la Salud y los Derechos Humanos, médico adscrito a la División de Equidad Sanitaria Global del Brigham and Women’s Hospital y de la Facultad de Medicina de Harvard, y miembro sénior de Atlantic Fellows for Health Equity.
Introducción
El genocidio es un proceso de eliminación mediante el cual los autores persiguen la destrucción de un grupo, con consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar de la población. El artículo II, letra c), de la Convención sobre el Genocidio de 1948 define claramente «infligir deliberadamente a un grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física» como un acto de genocidio «cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». En Gaza, la salud de la población ha sido un objetivo directo de las políticas genocidas israelíes, desde el uso de la guerra de asedio y la inanición hasta la destrucción del sistema sanitario. A pesar de la clara relación entre el genocidio y sus consecuencias para la salud, las ciencias de la salud siguen aportando contribuciones limitadas a los estudios sobre el genocidio.
Muchas asociaciones y revistas de salud pública y medicina han guardado silencio, han promovido narrativas falsas que minimizan las realidades humanitarias y políticas del genocidio de Gaza o, en algunos casos, lo han encubierto al describir los actos del régimen israelí como legítima defensa. En lugar de considerar el bombardeo de hospitales como un crimen que debe condenarse incondicionalmente, algunas revistas médicas han publicado artículos y comentarios que lo plantean como un tema de debate, justificando la violencia contra la población civil con la acusación del «escudo hospitalario». En general, la producción de investigación en ciencias de la salud ha reflejado un panorama disciplinario reacio a reconocer la magnitud de un genocidio en curso, y mucho menos a abogar por su interrupción o prevención.
Este informe de política sostiene que las ciencias de la salud, que abarcan el estudio de los comportamientos, las políticas, los sistemas y los resultados en materia de salud, tienen un papel claro que desempeñar en la recopilación e interpretación de pruebas relevantes para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo del genocidio. En primer lugar, examina la relación entre la salud y el genocidio, especialmente en el contexto del colonialismo de asentamiento. A continuación, contextualiza el ataque a la salud como una «técnica de genocidio», destacando patrones comunes en contextos aparentemente dispares. Por último, identifica tres formas en que las ciencias de la salud pueden contribuir a los estudios sobre el genocidio mediante la generación de pruebas y conocimientos que sirvan de base para los procesos de responsabilidad jurídica, el discurso público y la movilización, así como para la prevención, al predecir el riesgo de genocidio y otros crímenes atroces.
La salud y el genocidio colonial de asentamiento
El genocidio se lleva a cabo no solo mediante el asesinato en masa, sino también mediante la destrucción de las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva, aquellas que son esenciales para mantener la salud y la vida. El abogado judío polaco Raphaël Lemkin acuñó el término «genocidio» en 1944. Consideraba que el genocidio implicaba «la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar a los propios grupos». Para Lemkin, la destrucción de la salud no era un aspecto secundario del genocidio, sino una de las «técnicas» de destrucción colectiva. El objetivo del genocidio, argumentaba, es la «desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de los grupos nacionales, así como la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida de las personas que pertenecen a dichos grupos».
La destrucción y la sustitución —las dos fases del genocidio identificadas por Lemkin— se corresponden con la definición de Patrick Wolfe de la lógica colonialista de los colonos para la eliminación de los nativos. De hecho, el genocidio ha sido una táctica recurrente de eliminación colonialista durante los últimos cinco siglos. La capacidad de supervivencia del grupo objetivo suele verse debilitada a través de un proceso conceptualizado por la investigadora sobre genocidio Helen Fein como «genocidio por desgaste»: «la privación de las condiciones esenciales para mantener la salud, lo que provoca una muerte masiva». Su formulación deja aún más claro que los ataques contra la salud no son meras consecuencias del genocidio, sino que constituyen una de sus técnicas.
Las teorías en torno a la eliminación de los pueblos indígenas en el contexto de las sociedades colonizadoras se desarrollaron ya en el siglo XIX. El geógrafo y zoólogo alemán Friedrich Ratzel acuñó el término lebensraum (espacio vital) para describir lo que él percibía como un instinto de la especie humana dominante de expandirse en busca de territorio y sustento a costa de los demás. Tras observar la expansión colonial de la frontera en América del Norte, Ratzel llegó a la conclusión de que la lucha por el lebensraum era una lucha de aniquilación, y que uno de sus métodos más eficaces consistía en desplazar a las poblaciones, confinarlas en espacios reducidos y restringir su acceso a los alimentos y al agua. De este modo, las poblaciones afectadas morían en gran número, y no solo a causa de los asesinatos directos.
Entender el genocidio de esta manera revela por qué la salud y la asistencia sanitaria son fundamentales tanto para la perpetración del genocidio como para los esfuerzos por resistirlo, documentarlo y, en última instancia, prevenirlo. La actual destrucción del sistema sanitario palestino en Gaza por parte de Israel es un claro ejemplo de ello. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, determinó que la destrucción de los hospitales de Gaza formaba parte de la lógica genocida de Israel al «ignorar su función como centros indispensables para la supervivencia social de los miles de heridos y de los muchos más que buscaban refugio». Además, reconoció el genocidio de Gaza como parte de una «fase de escalada de un proceso colonialista de borrado de larga data… que ha asfixiado al pueblo palestino como grupo —demográficamente, culturalmente, económicamente y políticamente— con el objetivo de desplazarlo y expropiar y controlar sus tierras y recursos». Tal y como sostiene, el genocidio se entiende mejor como un proceso y, en el caso de Palestina, como la culminación de más de un siglo de colonización sionista, incluido el arraigado sistema de apartheid médico que Israel ejerce contra el pueblo palestino.
Antes de que el régimen israelí intensificara su ilegal bloqueo de Gaza en 2007, Wolfe sostenía que el colonialismo de asentamiento podía servir como indicador del riesgo de genocidio y, por lo tanto, ayudar a predecirlo y prevenirlo. Observó que las condiciones en Cisjordania y Gaza ya eran comparables a las del sistema de reservas de EE. UU. y al gueto de Varsovia. Haciendo hincapié en este valor predictivo, Wolfe escribió que deberíamos «vigilar las situaciones en las que se intensifica el colonialismo de asentamiento» para adoptar medidas urgentes que prevengan el genocidio. Al describir la situación de los palestinos como «un ejemplo ominoso» hace casi dos décadas, anticipó las condiciones del momento actual, subrayando el valor predictivo y preventivo del análisis del colonialismo de asentamiento. Como determinante de la salud, el colonialismo de asentamiento representa un importante factor de riesgo de genocidio. Utilizar el colonialismo de asentamiento como marco de salud pública nos ayuda a reconocer y analizar las herramientas y tecnologías en constante evolución que se emplean para eliminar, desplazar y aislar a los pueblos indígenas a lo largo del tiempo.
La salud como objetivo del genocidio
En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación concluyó que «la destrucción sistemática y total del sistema sanitario en Gaza por parte del régimen israelí, la privación de suministros médicos esenciales a los palestinos provocada por el asedio y la denegación de visados médicos de salida a los palestinos que más los necesitaban formaba parte de la intención de destruir a los palestinos de Gaza, impidiéndoles la capacidad y la posibilidad de curarse, recuperarse y vivir». Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han emitido cientos de declaraciones que deshumanizan a los palestinos, lo que constituye una incitación a la violencia y al genocidio. De hecho, existe una amplia evidencia documentada de la destrucción de la salud palestina por parte del régimen israelí mediante patrones de violencia explotados por otros regímenes genocidas.
El uso del agua como arma se empleó durante el genocidio perpetrado por Alemania contra los pueblos herero y nama en África del Sudoeste (la actual Namibia) entre 1904 y 1908. En lo que se considera ampliamente el primer genocidio del siglo XX vinculado a un proyecto colonialista, los soldados alemanes ocuparon los pozos de agua «como parte de la estrategia de aniquilación».
A lo largo del genocidio turco del pueblo armenio (1915-1923), los armenios fueron sometidos a deportaciones masivas y asesinados mediante «fusilamientos, asesinatos médicos, experimentos médicos y otros medios». Los médicos turcos envenenaron a niños en centros hospitalarios y escuelas, y llevaron a cabo «experimentos con suero de tifus» en pacientes armenios, al tiempo que atacaban sistemáticamente a médicos y enfermeras. El Holocausto supuso una complicidad médica sistemática en el genocidio, que más tarde quedó al descubierto en el Juicio de los Médicos de Núremberg. Lemkin identificó tres «técnicas físicas» mediante las cuales el régimen nazi genocida llevó a cabo la destrucción física de grupos en la Europa ocupada: el asesinato en masa, la discriminación racial en el acceso a los alimentos y la puesta en peligro de la salud. La tercera consistía en privar a las personas de las «necesidades elementales para preservar la salud y la vida», incluido el acceso a medicamentos y combustible, y en crear condiciones perjudiciales para la salud, entre ellas aquellas que facilitaban la propagación de enfermedades.
Tras la Segunda Guerra Mundial se adoptaron el Código de Núremberg de 1947, la Declaración de Ginebra de 1948 —que consagró los principios de la ética médica—, la Convención sobre el Genocidio de 1948 —destinada a prevenir y castigar el genocidio— y los Convenios de Ginebra de 1949, que establecieron disposiciones para la protección de la asistencia sanitaria durante los conflictos armados, incluida la ocupación militar. A pesar de la codificación de estas normas y compromisos, los procesos genocidas han persistido a lo largo de los siglos XX y XXI.
Los ataques contra hospitales y personal sanitario siguieron siendo una constante, incluso durante el genocidio de Ruanda de 1994, en el que la mayoría de los hospitales y clínicas sufrieron daños, y más del 80% del personal sanitario fue asesinado u obligado a huir. La organización «Physicians for Human Rights» (Reino Unido) constató que los centros médicos eran atacados deliberadamente debido a «la percepción atractiva, pero normalmente errónea [por parte de la población civil], de que los centros médicos eran zonas seguras». El grupo constató además que una de las técnicas de genocidio consistía en «localizar y asesinar a los supervivientes heridos de masacres anteriores una vez que se encontraban convenientemente reunidos en los hospitales [como] una forma eficaz de rematar la faena». Los médicos que se resistieron y «se negaron a ejecutar o entregar a los pacientes» fueron, en su mayoría, asesinados.
Entre 1992 y 1995, las fuerzas serbobosnias atacaron la salud de la población y las condiciones de supervivencia colectiva durante el genocidio. Atacaron deliberadamente hospitales, cometieron violaciones sistemáticas y sitiaron ciudades. El asedio de Sarajevo consistió en «bloquear el acceso a los alimentos e interrumpir el suministro público de agua… para obligar a la población a marcharse».
En Darfur, ya en 2004, los profesionales médicos advirtieron de un genocidio debido a la privación de alimentos y agua, junto con «ataques selectivos sistemáticos, la perturbación masiva de los medios de subsistencia… la obstrucción organizada de la ayuda y la exposición deliberada a condiciones que propiciaban la muerte por exposición a las inclemencias del tiempo y por enfermedad». La situación en Darfur se remitió a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2005, que imputó al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, tres cargos de genocidio, entre otros delitos.
A pesar de las particularidades de cada contexto histórico y actual de genocidio, las acciones de los perpetradores en múltiples entornos muestran una línea conductora constante: el acceso restringido a la asistencia sanitaria o su destrucción total no es meramente una consecuencia involuntaria del genocidio, sino un acto deliberado de violencia estructural y destructiva para la población. Sian Persad y Cheng Xu sostienen que «el acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al saneamiento y a otros servicios sanitarios esenciales, ya sea limitado o denegado por completo a los grupos objetivo, puede observarse en el transcurso de casi todos los casos registrados de genocidio, en los que a las víctimas no solo se las obliga a entrar en cámaras de gas o a acudir a campos de exterminio, sino que se las deja morir en masa a lo largo del tiempo en condiciones totalmente evitables que se crearon deliberadamente».
Ante estas atrocidades, los profesionales e investigadores de la salud pública han documentado las secuelas físicas y mentales del genocidio, ya sea inmediatamente después o años y décadas más tarde. Las investigaciones en materia de salud pública sobre Ruanda han demostrado cómo las secuelas mentales del genocidio persisten entre los supervivientes y sus hijos, mientras que estudios realizados en contextos más amplios han revelado un mayor riesgo de demencia entre los supervivientes de genocidios. En la antigua Yugoslavia, el análisis clínico de los supervivientes identificó una mayor prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas y cardíacas. Múltiples estudios han evaluado el estado de salud física y mental de los supervivientes del Holocausto, incluso décadas después. Sin embargo, la contribución de las ciencias de la salud a los estudios sobre el genocidio puede ir mucho más allá de la documentación retrospectiva de estas consecuencias, para examinar activamente los patrones de daño a nivel poblacional y las condiciones estructurales que los generan.
El papel de las ciencias de la salud en los estudios sobre el genocidio
Existe una necesidad urgente de aplicar un marco de salud pública al genocidio, reconociendo que «la retórica de la salud y la epidemiología sigue siendo parte integrante de los planes de destrucción de los perpetradores». Dicha perspectiva permitiría incluir las consecuencias prolongadas para la salud que persisten a lo largo de toda la vida de los grupos afectados y de generación en generación. Un enfoque de salud pública que tenga en cuenta los determinantes estructurales de la salud reconoce el genocidio como un proceso, más que como un hecho aislado, que abarca actos tan variados como el desplazamiento forzoso, el despojo de tierras, la violencia individual y masiva, y la privación. También reconoce que el desmantelamiento de las estructuras opresivas —y no meros intentos de volver al statu quo anterior al genocidio— es una dimensión vital de la justicia para los supervivientes.
Previsibilidad: daño real e intención genocida
Las consecuencias más directas del genocidio para la salud son la muerte y los daños físicos y mentales graves. En Gaza, algunas estimaciones indican que hasta el 10% de la población ha sido asesinada, ha resultado herida o figura como desaparecida desde el inicio del genocidio. Se cree que la esperanza de vida ha descendido de unos 77,4 años a 47,5 años entre las mujeres y de 73,7 años a 35,6 años entre los hombres. Además, el régimen israelí ha utilizado la discapacidad física y el deterioro como táctica genocida. Si bien las estimaciones de lesiones proporcionan una visión epidemiológica aproximada del daño directo, no tienen en cuenta la complejidad y el alcance de las lesiones ni las futuras muertes, la morbilidad y la discapacidad que se derivarán de ellas.
En consecuencia, la previsibilidad inherente al método de las ciencias de la salud es crucial para comprender el alcance real del daño genocida y determinar la intención. Por ejemplo, las fracturas complejas secundarias a lesiones por aplastamiento o a traumatismos penetrantes causados por proyectiles balísticos requieren la intervención de una amplia gama de profesionales médicos de subespecialidades para lograr resultados óptimos a largo plazo. Estas heridas presentan un alto riesgo de infección y otras complicaciones, dolor crónico y trauma psicosocial y emocional. En Gaza, los profesionales sanitarios han documentado y testificado sobre el alcance y la magnitud de las lesiones que sustentan el genocidio en curso perpetrado por Israel, incluidas pruebas radiográficas de que los francotiradores apuntaban a niños e información clave sobre las tácticas o las armas utilizadas para cometer actos genocidas. Las lesiones, la discapacidad y las futuras necesidades de atención sanitaria intensiva suelen ser predecibles, basándose no solo en las tácticas militares y las armas utilizadas, sino también en los datos ya recopilados en los ámbitos de la medicina y la salud pública. Al proporcionar información sobre las consecuencias previsibles o incluso inevitables de la violencia para la salud, las ciencias de la salud se encuentran en una posición única para contribuir a la determinación de la intención genocida.
La salud tanto de las personas como de las comunidades requiere no solo acceso a la atención médica, sino también determinantes sociales y estructurales favorables para la salud. A lo largo del genocidio que se está produciendo en Gaza, la mayor parte de las infraestructuras que prestan servicios esenciales a la población palestina —como los puntos de acceso al agua potable, las instituciones sanitarias y educativas, las instalaciones de saneamiento e higiene y los refugios— ha sido destruida parcial o totalmente, lo que ha tenido graves consecuencias para la salud como manifestación del genocidio.
La propagación de enfermedades transmisibles es un claro ejemplo de ello. El brote de poliomielitis en Gaza —en una población con una tasa de vacunación infantil del 99% antes de octubre de 2023— demuestra cómo la destrucción de los servicios de salud pública ha creado las condiciones para la propagación de la enfermedad de formas que son totalmente previsibles según los conocimientos establecidos sobre la prevención de enfermedades. El brote de meningitis entre los niños es otro resultado previsible de la destrucción de la infraestructura de salud pública, los desplazamientos masivos y la desnutrición relacionada con la inanición.
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) —una enfermedad paralítica poco frecuente y potencialmente mortal— también se ha asociado a brotes de enfermedades infecciosas en zonas de conflicto. En estos contextos, en los que los sistemas de vigilancia exhaustivos se han visto interrumpidos, los grupos de casos de SGB pueden indicar un aumento de la transmisión de enfermedades infecciosas, tal y como se ha observado en Gaza.
Los efectos previsibles de las municiones tóxicas sobre la salud de la población, junto con el impacto de la destrucción de las tierras agrícolas, los ecosistemas y el medio ambiente, aportan pruebas adicionales relevantes para evaluar la intención genocida de infligir «condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial». La investigación en salud pública es fundamental para prever las consecuencias sanitarias de la violencia genocida, documentarla y analizarla en múltiples ámbitos, así como para desmontar las campañas de desinformación y desprestigio que pretenden ocultarla.
El régimen israelí y sus aliados no tardaron en cuestionar la exactitud de las cifras de muertos y heridos comunicadas por el Ministerio de Sanidad (MdS) de Gaza, que revelaban no solo que había fallecido un número muy elevado de palestinos, sino también que se había asesinado a un número significativo de mujeres y niños, lo que sería coherente con una violencia indiscriminada. En diciembre de 2023, un artículo de opinión publicado en The Lancet destacó la fiabilidad histórica de los datos de mortalidad del MdS, a lo que siguió otro estudio que confirmaba esta conclusión en enero de 2024. En febrero de 2025, La revista The Lancet utilizó datos hospitalarios del Ministerio de Sanidad, encuestas y obituarios publicados en redes sociales para obtener una estimación más precisa del número real de víctimas mortales en Gaza. Los investigadores descubrieron que solo el número de fallecidos por traumatismos podría ser un 40% superior a las cifras comunicadas por el Ministerio de Sanidad, lo que aporta una perspectiva adicional sobre la magnitud de la violencia genocida que Israel sigue ejerciendo.
Utilización de metodologías interdisciplinarias adaptativas
Aunque Gaza se ha descrito a menudo como el primer genocidio retransmitido en directo del mundo, documentar íntegramente los acontecimientos sobre el terreno ha supuesto todo un reto. El régimen israelí ha asesinado o mutilado a más de 270 periodistas palestinos y a más de 1.500 profesionales sanitarios, al tiempo que ha impedido la entrada de los medios de comunicación internacionales en Gaza. Sin embargo, más allá de los relatos y experiencias personales de médicos y profesionales de la salud pública, los investigadores en salud pública han utilizado métodos adaptativos para documentar el genocidio que se está produciendo.
El campo de la salud pública utiliza diversos datos y métodos analíticos para examinar las condiciones que afectan a la salud de la población. Cuando el régimen israelí restringió el acceso a Gaza, intensificando su ilegal asedio, los investigadores adaptaron métodos utilizados en otros contextos de conflicto para evaluar los efectos sobre la salud de la destrucción militar. Estas adaptaciones incluyen métodos geoespaciales que utilizan fuentes de datos como imágenes de satélite, mapas y GPS para documentar y analizar los acontecimientos con consecuencias para la salud pública.
Varios grupos han utilizado estos métodos geoespaciales para documentar la destrucción de infraestructuras esenciales para el abastecimiento de agua, el saneamiento, la educación y la asistencia sanitaria. Un estudio que combinaba datos satelitales con estadística inferencial reveló que los daños se concentraban en torno a las infraestructuras de agua, salud y educación, en lugar de distribuirse de forma aleatoria —un patrón incompatible con lo que cabría esperar de los daños colaterales derivados de operaciones militares diseñadas para evitar las infraestructuras protegidas por el Derecho internacional humanitario. Más allá de los ataques directos a hospitales, que están bien documentados, los investigadores también han utilizado imágenes de satélite para analizar la proximidad de los cráteres de las bombas a los hospitales, con el fin de evaluar si se encuentran dentro del radio de «muerte y destrucción» de esas explosiones.
El análisis de los patrones de miles de ataques individuales contra infraestructuras, asesinatos y masacres ayuda a distinguir la destrucción sistemática del daño aislado o incidental, aportando pruebas relevantes para establecer patrones de violencia genocida. A tal efecto, Forensic Architecture ha utilizado métodos como el modelado 3D, la teledetección, la recopilación de noticias y el análisis espacial para generar una comprensión más profunda de la naturaleza sistemática de los ataques contra el personal sanitario, la infraestructura médica y la salud y el bienestar de los palestinos en Gaza.
Predicción y prevención del riesgo de genocidio
La salud pública es experta en evaluar los factores de riesgo de una gran variedad de amenazas para la vida, entre las que el genocidio es una de las más extremas. Sin embargo, la contribución más infrautilizada de las ciencias de la salud al estudio del genocidio es su papel en la predicción y la prevención. Tal y como concluyó un estudio que revisó la literatura académica, la prensa, los testimonios y las actas judiciales de genocidios históricos, entre los factores de riesgo sociales del genocidio se incluyen «los gobiernos totalitarios, las ideologías excluyentes, los conflictos armados, las dificultades económicas y la inacción de las naciones espectadoras». La identificación de estos factores de riesgo puede ayudar a garantizar que se reconozcan a tiempo los entornos con tales características, antes de que se permita que la violencia genocida se intensifique, y con vistas a su prevención. Si bien estos factores de riesgo tienden a manifestarse en los procesos políticos, los investigadores y profesionales de la salud suelen observar las primeras consecuencias de la guerra, la pobreza, el autoritarismo y la exclusión social en sus pacientes y comunidades, y pueden contribuir a identificar tendencias alarmantes que puedan presagiar atrocidades de mayor alcance.
La racialización y la deshumanización sistemática se teorizan y se comprenden cada vez más como factores que determinan los malos resultados de salud de los palestinos en sus fragmentados territorios. Este es el caso de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, de Gaza y de los ciudadanos palestinos de Israel, que tienen una esperanza de vida más baja, tasas más elevadas de mortalidad infantil y peores resultados de salud que sus homólogos judíos israelíes. Estas disparidades vienen determinadas estructuralmente por las políticas y prácticas institucionales dentro de un sistema de apartheid. Comprender estos determinantes estructurales —incluido el modo en que la fragmentación funciona como herramienta principal del régimen de apartheid colonialista de Israel— proporciona una base teórica para identificar las causas fundamentales de los problemas de salud de la población palestina y desarrollar intervenciones eficaces a nivel poblacional con el fin de lograr la justicia sanitaria.
Los marcos de salud pública proporcionan las estructuras organizativas y explicativas necesarias para comprender las implicaciones sanitarias a corto y largo plazo del genocidio. Desde la documentación de estos efectos y las pruebas que los respaldan hasta la predicción del riesgo de genocidio, las ciencias de la salud pueden contribuir de forma sistemática a los estudios sobre el genocidio y servir de base para los argumentos jurídicos, el discurso público y la acción política. Estas contribuciones pueden, a su vez, reforzar los esfuerzos para prevenir, documentar, enjuiciar y castigar el genocidio.
Recomendaciones
Se recomiendan las siguientes medidas para los profesionales de la salud pública, los académicos y terceros, así como para las instituciones y organismos encargados de prevenir, investigar y poner fin al genocidio.
Profesionales de la salud pública, académicos y organizaciones humanitarias
- Mejorar la recopilación y la generación de datos de salud pública sobre el genocidio y el riesgo de genocidio. Reforzar la recopilación, verificación y análisis sistemáticos de datos sobre mortalidad, morbilidad, desplazamientos, inseguridad alimentaria e infraestructuras sanitarias.
- Utilizar los determinantes estructurales de la salud —entre ellos la privación, el desplazamiento, la destrucción de los sistemas sanitarios y las restricciones a los recursos esenciales— para identificar y documentar patrones compatibles con el genocidio y el riesgo de genocidio. Examinar cómo las estructuras políticas, históricas, sociales, jurídicas y económicas determinan los daños a nivel poblacional y contribuyen a los procesos genocidas.
- Desarrollar metodologías adaptativas para captar la magnitud total del genocidio en las distintas poblaciones y a lo largo del tiempo. Tener en cuenta los daños directos e indirectos, incluyendo la mortalidad excesiva, las consecuencias a largo plazo para la salud física y mental, la discapacidad, el desplazamiento forzoso y los efectos intergeneracionales. Dar prioridad a las metodologías que generen pruebas relevantes para las cuestiones relativas a la intención genocida mediante el análisis de políticas, patrones de conducta, declaraciones oficiales e impactos acumulativos sobre los grupos objetivo.
Gobiernos, organizaciones de salud pública, sociedad civil, instituciones académicas y revistas especializadas
- Reconocer el genocidio como una crisis de salud pública que requiere una acción institucional coordinada. Reconocer las profundas consecuencias para la salud y las obligaciones legales asociadas al genocidio y a las atrocidades masivas, y garantizar que dicho reconocimiento sirva de base para las iniciativas de defensa, documentación y prevención, así como para el apoyo a la rendición de cuentas jurídica internacional.
- Alinear las prácticas institucionales con el derecho internacional y las obligaciones éticas. Evaluar las relaciones, políticas, prácticas e inversiones institucionales de acuerdo con las obligaciones legales de prevenir y castigar el genocidio, y considerar medidas adecuadas —incluidas sanciones estatales, iniciativas de desinversión, boicots y otras formas de rendición de cuentas institucional— que sean coherentes con los mandatos institucionales y las responsabilidades legales.
Órganos encargados de prevenir, investigar y poner fin al genocidio
- Incorporar los datos de salud pública en las evaluaciones del riesgo y la intención genocidas. Aprovechar los factores de riesgo estructurales, los patrones de privación y los daños a nivel poblacional, las consecuencias previsibles para la salud, las políticas, los patrones de conducta, las declaraciones oficiales y los impactos acumulativos sobre los grupos afectados para apoyar la identificación temprana, la investigación y la prevención de la violencia genocida.
- Incorporar datos de salud pública en los procesos jurídicos, de investigación y de rendición de cuentas. Recurrir a datos sobre mortalidad, morbilidad, discapacidad, desplazamiento, inseguridad alimentaria, infraestructuras sanitarias y otros determinantes de la salud en los expedientes probatorios, y respaldar la determinación de la responsabilidad penal individual y la responsabilidad del Estado, incluso ante la CPI, en los tribunales de terceros Estados y ante la Corte Internacional de Justicia.
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