Andrei Popoviciu, Middle East Eye, 11 septiembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Andrei Popoviciu es un periodista que cubre temáticas sobre migración, derechos humanos, conflictos y asuntos exteriores para Middle East Eye, The Guardian, Al Jazeera, Vice y otros.
Ammar al-Baluchi recuerda sobre todo el frío.
Retenido casi desnudo en una celda iluminada las veinticuatro horas del día por luces fluorescentes, se refirió a su detención diciendo que «era como si viviera en un frigorífico».
Baluchi, sobrino del autoproclamado cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohammed, fue uno de los entre seis y doce hombres que, según se cree, fueron retenidos y torturados en una prisión secreta de la CIA en Bucarest entre 2003 y 2005.
El trato que recibieron los detenidos en las instalaciones, conocidas oficialmente como «agujeros negros», se describe con detalle en los expedientes judiciales de Guantánamo.
El aislamiento bajo luces que nunca se apagaban, la privación del sueño —que en ocasiones significaba verse obligado a permanecer de pie y esposado durante días—, los repetidos rociados con agua helada, así como el afeitado forzoso y las manipulaciones físicas que los interrogadores registraban eufemísticamente como «sujeciones de atención» y «sujeciones faciales» eran prácticas habituales.
Una foto facilitada a la prensa por los abogados de Baluchi en 2024 lo muestra desnudo y fotografiado. Se cree que es la primera imagen publicada —de entre decenas de miles— de un detenido de la «guerra contra el terrorismo» en un centro secreto de la CIA.
«Sabemos que fueron torturados de forma atroz», declaró a Middle East Eye Ben Keith, un abogado británico que representa a Baluchi fuera de Estados Unidos.
«No siempre es posible precisar qué tipo de tortura se llevó a cabo, ya que fueron torturados durante días y semanas, pero no se detiene a alguien en un centro secreto con el único propósito de hablar con él».
Un cuarto de siglo después de los atentados del 11-S, que desencadenaron la denominada «guerra contra el terrorismo» y las devastadoras invasiones estadounidenses de Afganistán e Iraq —que causaron la muerte directa de al menos 940.000 personas—, un juez militar estadounidense ha fijado por fin la fecha del juicio de Baluchi: el 5 de junio de 2028.
El teniente coronel Michael Schrama dictaminó este mes que el juicio contra Mohammed, Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi comenzará en esa fecha.
Schrama es el quinto juez militar que preside un caso que lleva más de una década estancado en disputas sobre las pruebas, el secreto de Estado y, sobre todo, sobre si las confesiones obtenidas bajo tortura antes de que los acusados llegaran a Guantánamo pueden utilizarse en el juicio.
Esa cuestión está directamente relacionada con un sótano de Bucarest, donde se cree que los acusados fueron detenidos y torturados.
En abril de 2025, un juez militar de Guantánamo dictaminó que las declaraciones que Baluchi había prestado ante el FBI en 2007 eran involuntarias e inadmisibles, viciadas por lo que el tribunal calificó de tortura y trato cruel, inhumano y degradante que se le infligió mientras se encontraba bajo custodia de la CIA, incluso en Rumanía.
El juez consideró que las «circunstancias de reclusión ligeramente modificadas» de Guantánamo no habían sido suficientes para eliminar la «mancha persistente» de lo ocurrido antes de su llegada allí.
Un gesto de cortesía
El centro rumano formaba parte de una red de prisiones secretas que la CIA gestionó en tres continentes en los años posteriores al 11-S —en Tailandia, Polonia, Lituania y Rumanía— como parte de un programa de entregas extraordinarias, detención e interrogatorios que se cerró oficialmente en 2009.
El centro rumano abrió sus puertas en otoño de 2003, según documentos judiciales e informes de ONG revisados por MEE.
Según un informe de 2019 del Rendition Project, la CIA llegó a un acuerdo con las autoridades rumanas para albergar un centro clandestino a mediados de octubre de 2002.
En enero de 2003, la oficina de la CIA en Bucarest ya estaba debatiendo cómo demostrar a Rumanía que «apreciamos profundamente la cooperación y el apoyo».
Ese agradecimiento tenía un precio: 8 millones de dólares, seguidos de «otros millones más», según el mismo informe del Rendition Project. En otoño ya había llegado el primer grupo de cinco prisioneros.
El difunto presidente rumano Ion Iliescu confirmó las líneas generales del acuerdo en una entrevista concedida en 2015 a Der Spiegel, en la que describió una solicitud que llegó «a finales de 2002 o principios de 2003» por parte de «nuestros aliados estadounidenses», que solicitaron a Rumanía «una ubicación».
Afirmó que lo aprobó en principio como «un gesto de cortesía de cara a nuestra adhesión a la OTAN», y que deliberadamente no pidió detalles.
«No interferimos en las actividades de EE. UU. en esa ubicación», afirmó. «Esta solicitud me pareció un asunto de poca importancia como jefe de Estado».
Según Iliescu, los detalles los gestionó Ioan Talpes, su asesor de seguridad nacional en aquel momento.
No fue posible contactar con Talpes para recabar sus comentarios, pero este ofreció un relato sincero a Der Spiegel en una entrevista de 2014, en la que afirmó que había discutido «una cooperación más intensa» con la CIA a partir de 2003 y que entendió que ello implicaba la detención de personas en «uno o dos lugares de Rumanía».
Admitió haber aprobado personalmente el alquiler de un edificio gubernamental a la agencia de inteligencia estadounidense.
Talpes se expresó de forma más directa en los medios rumanos, afirmando que su país «no tenía interés en saber qué hacían los estadounidenses» en el lugar que les había cedido, con el fin de demostrar a Washington que se podía confiar en Rumanía.
Crofton Black, un antiguo investigador del Rendition Project que pasó casi una década rastreando la red de entregas extraordinarias de la CIA a través de registros de vuelo y documentos desclasificados, declaró a MEE que creía que Rumanía «tomó la decisión de albergar el centro secreto porque le convenía, y pensó que EE. UU. les cubriría las espaldas».
«Las más altas autoridades del Estado estaban al corriente»
El senador suizo Dick Marty, cuyo informe de 2007 al Consejo de Europa constituyó una de las primeras y más detalladas reconstrucciones independientes de la red de centros clandestinos de la CIA, concluyó que, si bien es probable que «muy pocas personas» en los países implicados supieran de la existencia de dichos centros, «las más altas autoridades estatales estaban al corriente de las actividades ilegales de la CIA en sus territorios».
En su informe se mencionaba específicamente a Rumanía y Polonia como países que habían albergado centros de detención secretos de la CIA.
La lista del Consejo de Europa de rumanos que estaban al corriente, según Marty y investigaciones posteriores del Rendition Project, va más allá de Iliescu y Talpeş y abarca a otros funcionarios, entre ellos Traian Basescu, que sucedió a Iliescu como presidente en 2004.
MEE se puso en contacto con Basescu para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
El informe de 2019 añade un detalle que Marty no había explicado con todo detalle.
Después de septiembre de 2004, el embajador de EE. UU. y el jefe de la oficina de la CIA en Bucarest informaron oficialmente a los funcionarios rumanos sobre el programa, en una presentación que «describía claramente» el uso de la tortura.
«Es indudable —las denuncias de tortura, el dinero, las personas que estuvieron recluidas allí—; es indudable que se trata de Rumanía en los expedientes judiciales», afirmó Black, coautor del informe del Rendition Project.
A diferencia de los centros secretos de Lituania y Polonia, que se cree que se encontraban en lugares más apartados, se considera que el centro de Rumanía estaba situado en el centro de Bucarest.
Una investigación realizada en 2011 por AP y ARD Panorama redujo la ubicación del lugar en Bucarest al edificio gubernamental de la Oficina Nacional de Registro de Información Clasificada del país, también conocida como Orniss, situado en una calle tranquila y arbolada del norte de Bucarest, cerca de unas vías de tren.
Orniss «negó categóricamente» las especulaciones de que hubiera habido una prisión de la CIA en sus instalaciones y declaró a MEE que rechazaba cualquier asociación entre la institución y «los denominados centros de detención de la CIA».
Aunque la ubicación del centro es objeto de controversia, los testimonios coincidentes que figuran en los expedientes judiciales revelan detalles sobre las condiciones en su interior.
El centro constaba de seis celdas prefabricadas pintadas de blanco y revestidas con cristal resistente a los impactos, mientras que las propias celdas estaban montadas sobre muelles, diseñadas para mantener a los detenidos ligeramente desequilibrados y desorientados.
A veces se hace referencia al centro como «Bright Light» (Luz Brillante) debido a la luz fluorescente y continua que había en su interior.
Otro detenido allí fue Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de ser el cerebro del atentado con bomba perpetrado el 12 de octubre de 2000 contra el USS Cole. Se cree que estuvo recluido en Rumanía entre abril de 2004 y noviembre de 2005.
Su caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que posteriormente dictaminó, en una sentencia histórica de 2018, que su detención en Rumanía supuso un régimen «extremadamente duro», que incluía vendarle los ojos, aislamiento total, exposición a ruidos fuertes y luz incesante, y grilletes en las piernas durante cada movimiento. Los expedientes judiciales y otros documentos relacionados también recogen casos de privación del sueño, posturas dolorosas, bofetadas y, en una ocasión, alimentación rectal forzada.
Un informe de 2014 de la Comisión de Inteligencia del Senado de EE. UU. concluyó que el programa de «interrogatorios mejorados» de la CIA en los centros secretos no proporcionó información exclusiva que salvara vidas y que no se hubiera podido obtener por otros medios.
Un informe del Senado de EE. UU. sobre las torturas de la CIA reveló que la agencia mantuvo recluidos al menos a 119 detenidos en su programa de detención secreta, de los cuales al menos 39 fueron sometidos a las «técnicas de interrogatorio mejoradas» de la agencia, a menudo sin la debida autorización.
La CIA también engañó a los organismos de control y a la opinión pública sobre la brutalidad del programa, mientras que apenas hubo rendición de cuentas por los abusos.
Negación continuada
Durante dos décadas, la postura oficial de Rumanía ha sido de negación.
El servicio de inteligencia exterior del país respondió a una consulta de MEE afirmando que «los asuntos ya habían sido examinados a fondo por las autoridades judiciales competentes, tanto a nivel nacional como en el seno de organismos internacionales» y que no podía hacer más comentarios al respecto.
A pesar de ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2018 que Rumanía había violado los derechos de Nashiri, entre otras cosas al permitir que fuera torturado, tanto por lo que le ocurrió como por la falta de una investigación adecuada por parte del Estado.
El Tribunal determinó que en Rumanía había funcionado un centro de detención secreto y que las autoridades rumanas habían «cooperado en la preparación y ejecución» del programa de entregas extraordinarias y detenciones de la CIA, plenamente conscientes de su naturaleza y finalidad, aunque no estuvieran al corriente de todo lo que ocurría en su interior.
Rumanía respondió cerrando la investigación penal nacional.
Un caso abierto en 2012 tras una denuncia de los abogados de Nashiri, representados por la Open Society Justice Initiative, había sido clasificado formalmente en 2014 como una investigación por privación ilegal de libertad y tortura.
Los abogados que representaron a Nashiri en Estrasburgo y en Rumanía no aceptaron las solicitudes de entrevista antes de la publicación.
Sin embargo, según una pregunta parlamentaria rumana respondida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2018, la denuncia presentada inicialmente por Open Society iba mucho más allá de los cargos de tortura y detención ilegal. En ella se pedía a la fiscalía que investigara la complicidad en asesinato, detención ilegal, abuso de poder y omisión del deber de denunciar un delito, entre otras acusaciones.
La fiscalía redujo los cargos en 2014 a dos: privación ilegal de libertad y tortura.
La investigación no llegó a ninguna parte. En cualquier caso, en 2016 ya había prescrito el plazo de prescripción de los presuntos delitos, ya que no se habían tomado medidas de investigación que hubieran suspendido el plazo, y nunca se había identificado formalmente a ningún sospechoso.
La Fiscalía de Rumanía comunicó a MEE en una respuesta oficial que el expediente se archivó en marzo de 2021, y que el autor quedó clasificado como «desconocido», a pesar de lo que describió como el uso de mecanismos de cooperación internacional para recabar pruebas.
Ese mismo año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa expresó su «profundo pesar» por el hecho de que Rumanía no pudiera demostrar que hubiera utilizado todos los medios posibles para esclarecer los hechos, tres años después de que la sentencia de Estrasburgo se lo exigiera.
Keith, el abogado de Baluchi, afirmó que altos cargos rumanos actuaron con intención directa en 2003 y 2004 para permitir que la CIA detuviera, torturara y, posteriormente, trasladara a Baluchi a Lituania.
«Sabemos, por la sentencia del caso al-Nashiri, que los rumanos estaban al corriente; puede que no supieran exactamente lo que estaba ocurriendo, pero facilitaron a la CIA la creación de un centro clandestino para torturar a estos hombres», afirmó Keith.
«Nuestra tesis es que Rumanía no solo facilitó el centro clandestino de la CIA, sino que sabía que se estaba utilizando para torturar a personas».
MEE se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia de Rumanía para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
El servicio de inteligencia nacional de Rumanía, el SRI, también se negó a hacer comentarios y comunicó a MEE que carecía de competencia legal para abordar las acusaciones «que circulan en el ámbito público».
Ahora que la fecha del juicio se ha fijado para junio de 2028, las confesiones obtenidas bajo tortura en los «centros secretos» de la CIA —incluida la instalación de Bucarest— han pasado a ser un elemento central del caso del 11-S.
Lo mismo ocurre con el papel de los gobiernos que permitieron a la CIA operar estos centros secretos de detención e interrogatorio en su territorio.
Rumanía, por su parte, sigue negándose a hablar de lo que ocurrió en su sótano, a pesar de la gran cantidad de pruebas que han salido a la luz.
«Llevamos años disponiendo de pruebas contundentes de que Rumanía albergó un centro clandestino, y cuanto más se ha ido revelando, más ha seguido negando el Gobierno su implicación», afirmó Black.
«Es ridículo, no tiene sentido».
Foto de portada: La agencia rumana Orniss, que aparece en la imagen tomada el 8 de diciembre de 2011, se encuentra en una calle arbolada del norte de Bucarest, cerca de unas vías de tren. La agencia ha negado haber albergado una prisión de la CIA. (Stringer/AFP)
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