Jonathan Cook, Middle East Eye, 11 septiembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) y Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (2008). Ha ganado el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Vivió en Nazaret durante veinte años, de donde regresó en 2021 al Reino Unido. Sitio web y blog: www.jonathan-cook.net
Ed Miliband, ministro de Asuntos Exteriores británico, anunció esta semana planes para prohibir el comercio y los servicios con los asentamientos judíos ilegales de Israel, en una medida que el Gobierno ha promocionado como un «reinicio integral» de las relaciones con dicho país.
Al Reino Unido se sumaron otros 11 Estados occidentales que dieron a conocer o propusieron sanciones similares: Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia.
Se supone que esperan dar la impresión de que están uniendo fuerzas gracias a su número, aumentando la presión sobre Israel para que ponga fin a la ocupación y allane el camino hacia la creación de un Estado palestino.
De forma más realista, cada uno de ellos espera que resulte más difícil para la Administración Trump e Israel señalarlos como objetivo en la inevitable reacción contra estas medidas, que son demasiado modestas. En una rápida represalia, Israel tomó la medida sin precedentes de cerrar el consulado británico en Jerusalén Este, es decir, en territorio que ocupa en violación del derecho internacional.
Pero la idea de que estas sanciones supondrán un «reinicio» de las relaciones entre el Reino Unido e Israel parece más bien una ilusión. Poco antes del anuncio de Miliband, Bloomberg informó de que diplomáticos británicos habían asegurado en privado a Washington que la prohibición comercial sobre los asentamientos era «en gran medida simbólica».
Según Alex Wickham, editor político para el Reino Unido de la agencia de noticias, las medidas del Gobierno «no tendrían ningún impacto significativo en la relación general del Reino Unido con Israel en materia de comercio o seguridad».
El comercio del Reino Unido con los asentamientos judíos de Israel representa una minúscula fracción de su comercio total con Israel, que asciende a 6.000 millones de libras (6.993 millones de euros). Y tras dos décadas de «amenazas» en gran medida ineficaces por parte de Europa para empezar a etiquetar los productos de los asentamientos, Israel ideó hace tiempo formas de ocultar la procedencia de dicho comercio. Simplemente reetiqueta los artículos procedentes de los asentamientos como «fabricados en Israel».
Por eso el Ministerio de Asuntos Exteriores lleva tiempo argumentando que sería imposible aplicar una prohibición del comercio con los asentamientos. El «impacto significativo», tal y como, según se informa, están diciendo los diplomáticos británicos a Washington, será prácticamente inexistente.
Razonamiento deshonesto
Del mismo modo, los asesores del primer ministro británico, Andy Burnham, han estado restando importancia al asunto ante los diputados laboristas.
La noche anterior al discurso de Miliband, el programa Newsnight informó de que se había comunicado a los diputados de a pie que el Gobierno evitaría cuidadosamente cualquier eco de la demanda palestina, que viene de lejos, de boicot, desinversión y sanciones (BDS) tanto contra Israel como contra los asentamientos.
Hace una década, Burnham describió el movimiento BDS —respaldado por miembros destacados de la sociedad civil palestina— como «rencoroso». Durante su discurso, Miliband también se esforzó por destacar su oposición «incondicional» al BDS.
Pero hay algo fundamentalmente, y de forma evidente, deshonesto en este enfoque.
Se está diciendo a la opinión pública británica que el Reino Unido debe tomar «medidas decisivas» en forma de sanciones contra los asentamientos de Cisjordania, mientras que a Israel no se le toca en absoluto. Y el Gobierno justifica sus medidas, muy limitadas, alegando que los asentamientos son la principal amenaza para una solución de dos Estados.
Pero ninguno de estos argumentos tiene el más mínimo sentido.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno británico es la reciente decisión de Israel de impulsar un gran proyecto de asentamiento denominado E1, en territorio palestino cercano a Jerusalén. Se considera el último clavo en el ataúd de la creación de un Estado palestino.
La verdad, sin embargo, es que Israel lleva décadas ampliando sus asentamientos ilegales en Cisjordania, utilizando milicias armadas para expulsar a los palestinos de sus tierras. Esto no es nada nuevo.
Si el Reino Unido se tomara realmente en serio castigar a Israel por sus violaciones de la ley, habría «reiniciado» las relaciones por el asunto aún más grave de que Israel haya arrasado Gaza y haya asesinado y mutilado a decenas de miles de niños en los últimos tres años.
Resulta bastante absurdo que el Gobierno de Burnham se dedique a lamentarse públicamente por el daño que supone para las posibilidades de una solución de dos Estados la construcción por parte de Israel de 1.200 viviendas en el corazón de un futuro Estado palestino. Al fin y al cabo, Gran Bretaña acaba de pasar tres años ayudando a Israel a borrar la mitad de ese Estado potencial: la mitad que comprende Gaza.
La destrucción generalizada por parte de Israel de ese diminuto enclave debería ocupar un lugar central en cualquier justificación para un cambio de política, si Burnham realmente tuviera la intención de castigar a Israel y poner fin a la complicidad británica. En cambio, el genocidio de Israel ha quedado relegado a un segundo plano, mientras que el foco de atención se centra en la violencia de los colonos, algo que viene de muy lejos.
Esto no es una «acción decisiva». Se trata más bien de más cortinas de humo.
No hay un Israel «respetuoso con la ley»
Aún más preocupante es que el Reino Unido pueda, de hecho, ayudar a Israel al reforzar una distinción ridícula entre los asentamientos «ilegales», por un lado, y un Israel supuestamente «respetuoso con la ley», por otro.
El efecto será sugerir, de forma totalmente falsa, que los asentamientos son, de algún modo, independientes del propio Israel. Pero es Israel quien establece los asentamientos en las tierras palestinas robadas. Es Israel quien les proporciona infraestructuras, desde carreteras y electricidad hasta colegios y transporte público.
Es Israel quien anima a los judíos a trasladarse a los asentamientos ilegales mediante ayudas para la vivienda y otras subvenciones. Es Israel quien envía soldados para proteger los asentamientos y aplastar cualquier oposición por parte de los palestinos.
Y es Israel quien arma a las milicias de colonos para aterrorizar a los palestinos y expulsarlos de las tierras que Israel desea para seguir con su colonización.
Es el Estado israelí —que se esconde tras su autoproclamada condición de «judío»— el responsable de este proceso de limpieza étnica que se prolonga desde hace décadas, diseñado para erradicar cualquier posibilidad de que surja un Estado palestino.
A pesar de las referencias de Miliband a la «conducta del Gobierno israelí» —en alusión al Gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu—, existe un apoyo multipartidista en Israel a la expansión de los asentamientos y al bloqueo a la creación de un Estado palestino.
Yair Lapid, líder de la oposición israelí, considerado de centroizquierda en Israel, arremetió contra las sanciones del Reino Unido contra los asentamientos, calificándolas de «impulso para Hamás y las organizaciones terroristas».
Si Gran Bretaña quiere poner fin a los criminales asentamientos, debe aplicar sus medidas no solo contra estos síntomas visibles de la ocupación, sino contra la causa fundamental: el Estado israelí.
Aliado del apartheid
Sin lugar a duda, el discurso de Miliband ante la Cámara de los Comunes tuvo aspectos positivos, entre los que destaca la decisión del Gobierno de aceptar por fin un fallo de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) según el cual la ocupación israelí del Estado de Palestina es en sí misma ilegal, y no solo los asentamientos.
Su uso del término «limpieza étnica» en referencia a Cisjordania —aunque, al parecer, no a Gaza— sienta un precedente que ya está animando a algunos periodistas destacados a alzar la voz contra la ocupación, aunque sea muy tarde.
El hecho de que el Gobierno haya incluido en sus medidas la ampliación de la financiación de los servicios financieros le proporciona una herramienta potencial para sancionar a las empresas extranjeras y a los bancos israelíes que operan en el Reino Unido, en caso de que desee utilizarla.
Hubo franqueza en la descripción que hizo Miliband de los colonos que actualmente llevan a cabo pogromos en las comunidades palestinas de toda la Cisjordania ocupada, a los que calificó de «terroristas». Ese lenguaje suena audaz solo porque todos los gobiernos británicos anteriores han evitado nombrar una realidad de larga data.
Sin embargo, Miliband restó importancia al hecho de que todos los gobiernos israelíes hayan respaldado a estos colonos terroristas. Para Miliband resultó una ficción conveniente sugerir, en cambio, que la violencia se debía en gran medida a que el gobierno de extrema derecha de Netanyahu hacía «la vista gorda» ante esta criminalidad.
Otros aspectos del discurso de Miliband resultaron aún más preocupantes. Declaró que su «apoyo al Estado de Israel era inquebrantable».
Pero la CIJ, el tribunal más alto del mundo, también concluyó en 2024 que Israel había impuesto un sistema de apartheid sobre el pueblo palestino durante más de medio siglo. ¿Cómo puede el Reino Unido pretender situarse en una posición moral superior y llevar a cabo un «reinicio» de las relaciones, cuando expresa un «apoyo inquebrantable» a un Estado israelí que practica el apartheid?
Miliband también afirmó: «Nuestra discrepancia no es con el pueblo de Israel, con el que el Reino Unido mantiene lazos inquebrantables. Nuestra discrepancia es con la conducta de su Gobierno».
Pero, si seguimos manteniendo «lazos inquebrantables» con el pueblo de Israel, ¿cómo podemos presionar a esa sociedad —inmersa en la ideología supremacista judía del sionismo— para que deje de elegir, año tras año, década tras década, gobiernos que persiguen la limpieza étnica de los palestinos de su patria histórica?
Encuesta tras encuesta se pone de manifiesto que la población judía de Israel se opone de forma abrumadora a la creación de un Estado palestino —el objetivo explícito de la nueva política de sanciones británica— y está a favor de la expulsión de los palestinos de todas las partes de su patria. En pleno genocidio de Gaza, casi la mitad de los israelíes se mostró a favor de exterminar a toda la población del enclave, incluidos los niños.
¿Cómo se habría puesto fin al apartheid en Sudáfrica si el Reino Unido y otros Estados occidentales hubieran preferido mantener «lazos inquebrantables» con la población blanca, en lugar de imponer boicots y sanciones a toda la sociedad?
El objetivo de Miliband es tratar a Israel como algo independiente de sus milicias de colonos y de los miembros más fanáticos del actual Gobierno —figuras como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich—.
Pero se trata de una distinción sin una diferencia significativa. Considera erróneamente que la violencia burda, abierta y a escala relativamente pequeña de los terroristas colonos es categóricamente más importante que la violencia controlada, encubierta, gradual y a una escala mucho mayor ejercida contra los palestinos por todos los gobiernos a lo largo de la historia de Israel.
La culpa no recae en unos pocos elementos rebeldes de los asentamientos, sino en el conjunto de una sociedad que ha optado por el apartheid, la limpieza étnica y, finalmente, el genocidio como «soluciones» para acallar la reivindicación del pueblo palestino nativo de soberanía sobre parte de su patria histórica.
El elefante en la habitación
El elefante que arrasa la habitación, aquel que se supone que debemos ignorar, son los tres años de complicidad del Reino Unido en la destrucción de Gaza.
El Partido Laborista ha quemado su credibilidad en la cuestión moral más importante de la política exterior de nuestro tiempo al permitir que Gran Bretaña colabore activamente en las atrocidades israelíes. El nuevo primer ministro entiende este problema de sobra.
Poco antes de tomar el relevo de Keir Starmer, Burnham publicó una disculpa pública a través de las redes sociales en un intento por distanciarse de su predecesor.
En un monólogo de tres minutos ante la cámara, expresó un vago arrepentimiento por el hecho de que el Partido Laborista «se hubiera equivocado» con respecto a Gaza, sin especificar en qué. Señaló débilmente que «parece que se han cometido» crímenes de guerra y lamentó el sufrimiento «humanitario» de los palestinos en el enclave.
Burnham también comprometió al Reino Unido a defender la visión de una solución de dos Estados, con un Estado palestino junto a un Estado judío autoproclamado. Pero Starmer le robó a Burnham el protagonismo al reconocer la condición de Estado de Palestina hace casi un año —aunque, como era de esperar, la declaración tuvo un efecto insignificante—.
Ese reconocimiento —aclamado también como trascendental— ha resultado ser totalmente irrelevante. Tanto es así que, como señaló en un correo electrónico John Whitbeck, asesor jurídico desde hace mucho tiempo de los negociadores palestinos, Miliband se refirió repetidamente a la violencia de los colonos en los «territorios ocupados» en lugar de —como debería dictar la política oficial del Reino Unido— al «Estado ocupado de Palestina».
Con el congreso del Partido Laborista a la vuelta de la esquina, Burnham necesitaba sacar su propio conejo de la chistera para demostrar su seriedad. Lo encontró en las sanciones comerciales contra los asentamientos de la Cisjordania ocupada. Aparentemente castigan a Israel, aunque tienen un impacto práctico mínimo.
Burnham considera que la ruidosa reacción de Israel, de la Administración Trump y de los numerosos defensores de Israel en el país le ayudará a recuperar a los votantes de izquierda que Starmer ha ahuyentado del Partido Laborista y que se han refugiado en el Partido Verde de Zack Polanski. Esos votantes son necesarios para que Burnham y el Partido Laborista tengan alguna posibilidad de ganar las próximas elecciones generales.
Pero, al mismo tiempo, la falta de verdadero rigor en las sanciones de su Gobierno contra los asentamientos está pensada para evitar represalias significativas por parte de Washington. Eso podría explicar la respuesta inesperadamente tibia del secretario de Estado Marco Rubio inmediatamente después del discurso de Miliband.
Papel activo en el genocidio
Burnham sabe que tiene que dar la impresión de que está haciendo algo. Y hay indicios de que la opinión pública británica podría dejarse llevar por todo el revuelo que han suscitado sus sanciones a los asentamientos y llegar a creer que se han tomado medidas significativas.
Una encuesta de opinión publicada esta semana muestra que casi la mitad de los británicos está a favor de una prohibición comercial de los productos de los asentamientos, mientras que solo el 18% se opone. Pero, lamentablemente, el discurso de Miliband dio toda la impresión de que prefería cambiar la retórica —y la imagen— en lugar de la esencia de la política exterior británica hacia Israel.
Miliband se refirió al «trauma y sufrimiento más inimaginables» de los palestinos de Gaza, como si hubieran sufrido una catástrofe natural en lugar de una campaña de genocidio por parte de Israel. Reconoció un «profundo sentimiento de vergüenza» por el hecho de que la comunidad internacional no hubiera actuado antes, al tiempo que ignoraba el papel activo que Gran Bretaña desempeñó —y sigue desempeñando— en el genocidio de Gaza.
Es posible que el Reino Unido prohíba pronto a las tiendas británicas vender vino «israelí» procedente de viñedos cultivados en tierras palestinas robadas. Pero Gran Bretaña sigue proporcionando el comercio y los servicios que necesita Israel para seguir borrando del mapa el diminuto enclave de Gaza, donde unos dos millones de palestinos supervivientes se ven ahora confinados en menos de un tercio de sus ruinas.
El Reino Unido sigue vendiendo armas a Israel, incluidos componentes para sus aviones de combate F-35 y sus drones de ataque. Gran Bretaña sigue transfiriendo armas estadounidenses y alemanas a través de una base de la Fuerza Aérea Real en Chipre, además de realizar vuelos de vigilancia sobre Gaza y proporcionar información de inteligencia a Israel.
El Reino Unido sigue guardando silencio mientras Washington libra una guerra contra la Corte Penal Internacional por intentar que Israel rinda cuentas por los crímenes de una ocupación a la que el Gobierno de Burnham dice querer poner fin.
Gran Bretaña guarda igualmente silencio ante los continuos abusos que comete Estados Unidos contra la experta de las Naciones Unidas en los territorios ocupados, Francesca Albanese.
En el ámbito nacional, el Gobierno sigue considerando ilegal, como organización terrorista, a Palestine Action, y detiene y encarcela a quienes protestan con demasiada vehemencia contra la complicidad británica en el genocidio.
Por el contrario, ese mismo Gobierno se niega a investigar las acciones de ciudadanos británicos —al menos 2.000 de ellos— que, según se informa, participaron o colaboraron en el genocidio de Gaza. Estos siguen entrando y saliendo libremente del Reino Unido.
Los grupos de presión proisraelíes en Gran Bretaña, vergonzosamente siempre dispuestos a excusar los crímenes de Israel e incitar contra los palestinos, siguen atrayendo como miembros a políticos británicos, incluidos ministros del Gobierno laborista.
Si Burnham se tomara realmente en serio el cambio de las relaciones de Gran Bretaña con Israel, todo esto tendría que abordarse, en lugar de barrerse bajo la alfombra. Su «acción decisiva» respecto al comercio con los asentamientos es, en realidad, una tapadera para la continua «inacción decisiva» del Gobierno ante los crímenes genocidas de Israel y la complicidad británica en los mismos.
Un subtexto espeluznante
Pero hay un último y espeluznante subtexto en el discurso de Miliband que no debe pasar desapercibido.
Al intentar desesperadamente mantener viva la solución de dos Estados de Occidente, el Gobierno de Burnham no solo está ignorando la realidad: el hecho de que no hay ningún interlocutor en Israel —elegible o no— para llevar a cabo tal visión.
Burnham y Miliband también insisten, en el caso totalmente improbable de que se pueda arrancar un Estado palestino a Israel, en que se exija al pueblo palestino que haga las paces con un Estado racista, fuertemente militarizado y sin remordimientos, que recientemente ha cometido un genocidio en Gaza.
Al parecer, ninguno de los once Estados que se han sumado esta semana al Reino Unido para sancionar los asentamientos puede imaginar que los palestinos lleguen a vivir alguna vez en algo más que un pequeño pseudo-Estado desmilitarizado y económicamente dependiente, sin una elección real de sus líderes ni control sobre sus fronteras y su economía.
Del mismo modo, no se sugiere en absoluto que un Estado israelí vecino, con un territorio reducido, tenga que reformarse ideológicamente, ni que se le obligue a participar en ningún tipo de proceso de verdad y reconciliación, ni que se le impongan sanciones hasta que reconozca sus errores.
La ideología supremacista judía del sionismo, la lógica deshumanizadora de la mentalidad colonialista de los colonos israelíes y el fundamentalismo religioso de amplios sectores de la población israelí —todos ellos elementos fundamentales para la justificación del genocidio de Gaza— seguirían sin cuestionarse.
Según este punto de vista, parece que los impulsos arraigados hacia el apartheid y el genocidio simplemente se evaporarían, mientras Occidente sigue complaciendo todos los caprichos de Israel.
Esta no es una receta para la paz, ni siquiera de las más imperfectas. Es una exigencia de que el cordero palestino siga conviviendo con el lobo israelí.
La verdad que el Gobierno de Burnham se niega a afrontar, al igual que todos los gobiernos anteriores, es que la paz no llegará por arte de magia con la creación de un Estado palestino. Un Estado palestino —o, más probablemente, un único Estado que acoja tanto a palestinos como a judíos israelíes— solo podrá surgir cuando Israel haya sido desmantelado como Estado colonialista de asentamientos fuertemente armado, tal y como ocurrió con el apartheid en Sudáfrica.
La sociedad israelí tendrá que ser reeducada mediante un doloroso proceso de verdad y reconciliación, tal y como ocurrió también en la Sudáfrica del apartheid. Habrá que obligar a los israelíes a afrontar los hechos sobre un siglo de atrocidades cometidas contra el pueblo palestino autóctono.
Gran Bretaña no se plantea hacer nada de esto, porque las pistas que revelan los crímenes de Israel y del movimiento sionista conducirían directamente a la puerta del número 10 de Downing Street y a otras potencias occidentales.
Israel no es ningún monstruo de Frankenstein. Está haciendo exactamente aquello para lo que fue creado: servir como un implante colonial occidental —un Estado fortaleza militarizado— que proyecta su poder en el Oriente Medio, rico en petróleo.
Israel no quiere ser nada menos que eso y, retórica aparte, la clase dirigente británica no está dispuesta a tomar ninguna medida concreta para ponerlo en su sitio.
Foto de portada: Un hombre pasa junto a unas pancartas colocadas por un pequeño grupo de personas que realizan una manifestación contra Israel frente al Parlamento, en el centro de Londres, el 9 de septiembre de 2026. (AFP)
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