Xavier Abu Eid, +972.com Magazine, 15 septiembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Xavier Abu Eid es politólogo y autor de «Rooted in Palestine: Palestinian Christians and the Struggle for National Liberation 1917 – 2004» (Arraigados en Palestina: los cristianos palestinos y la lucha por la liberación nacional, 1917-2004). Antiguo asesor de la Organización para la Liberación de Palestina, es doctor en Religión, Teología y Estudios para la Paz por el Trinity College de Dublín.
El 10 de agosto, apenas tres días después de tomar posesión, el nuevo Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, reconoció formalmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán ocupados. El anuncio resultó aún más llamativo al producirse el mismo día en que Colombia se enfrentaba a uno de los mayores terremotos de su historia reciente, que se cobró la vida de más de 300 personas y causó daños generalizados en todo el país.
Incluso antes de tomar posesión, la administración entrante de De la Espriella había acordado con Israel restablecer plenamente las relaciones diplomáticas, trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén, reanudar las exportaciones de carbón y retirarse de la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que se acusa a Israel de genocidio, así como del Grupo de La Haya. De la Espriella ha anunciado también que Colombia renunciaría a sus planes de abrir una embajada en Palestina y se ha comprometido a «no dejar nunca de defender a Israel porque es el pueblo de Dios».
Estas medidas han supuesto un notable giro diplomático. Hasta hace poco, Colombia había sido uno de los ejemplos más claros de una tendencia muy diferente en América Latina.
Durante el genocidio israelí en Gaza, varios gobiernos de izquierda y socialdemócratas criticaron duramente las políticas israelíes, retiraron a sus embajadores de Tel Aviv, se sumaron a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y presionaron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que acelerara las investigaciones sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Palestina. Algunos también participaron en reuniones del Grupo de La Haya, que abogaba por medidas coordinadas de rendición de cuentas en respuesta a las violaciones sistemáticas del derecho internacional por parte de Israel.
Sin embargo, las recientes elecciones han llevado al poder a líderes de derecha, de extrema derecha y populistas en un número cada vez mayor de países, entre ellos Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Honduras. Una tradición diplomática latinoamericana que durante mucho tiempo se ha basado, al menos formalmente, en el derecho internacional está cambiando hacia una política más transaccional: una alineación más estrecha con Israel y el respaldo a sus narrativas políticas a cambio de una cooperación militar y de seguridad más profunda, así como la posibilidad de establecer relaciones más sólidas con Washington.
Líderes como el argentino Javier Milei, el colombiano De la Espriella y el paraguayo Santiago Peña han abrazado abiertamente una estrecha alineación política con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Paraguay, Honduras y Guatemala han trasladado sus embajadas a Jerusalén, mientras que Argentina y Colombia han anunciado planes para hacer lo mismo, desafiando el consenso internacional reflejado en la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, asiste a una sesión del «Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Israel» en Quito (Ecuador), el 5 de agosto de 2026. (Foto: Fernando Sandoval/CC BY-SA 4.0)
Y en las Naciones Unidas, Argentina, Honduras, Guatemala y Ecuador se han alineado cada vez más con Israel, Estados Unidos y un pequeño grupo de aliados diplomáticos tradicionales de Israel, como Tuvalu y las Islas Marshall.
Para Israel, el momento en que se produce este cambio es crucial. Si bien los responsables políticos israelíes han tratado durante mucho tiempo la cuestión palestina principalmente como una batalla por la percepción internacional, esa batalla se ha vuelto considerablemente más difícil de ganar, a medida que el apoyo público a Israel disminuye en gran parte de Europa y Estados Unidos.
Sin embargo, aunque la destrucción de Gaza y su acelerada anexión de la Cisjordania ocupada han provocado una creciente condena internacional y han tensado las relaciones con los aliados tradicionales, todavía hay algunos sectores políticos que se han mantenido comprometidos con proteger a Israel de tener que rendir cuentas: los movimientos de extrema derecha, incluidos los sionistas cristianos y las figuras populistas.
Junto con el arraigado apoyo político a Israel en Washington y los gobiernos afines de Europa, están contribuyendo a evitar que esa condena se convierta en un aislamiento diplomático total. América Latina es ahora uno de los escenarios más evidentes en los que observar cómo se desarrolla ese esfuerzo.
Socios «orgullosamente sionistas»
El interés de Israel por forjar alianzas con la extrema derecha latinoamericana se basa en un objetivo estratégico fundamental: la impunidad.
Sin prestar apenas atención al derecho internacional ni a los derechos humanos, Israel lleva mucho tiempo oponiéndose a que se limite su territorio a las fronteras de 1967 y ha desafiado las medidas políticas europeas que niegan el trato preferencial a los productos fabricados en los asentamientos israelíes. También ha favorecido acuerdos bilaterales que hacen hincapié en la cooperación económica y política, sin abordar la situación jurídica de los territorios palestinos ocupados.
Vista de la expansión del asentamiento israelí de Efrat, desde Khirbet an-Nalha, cerca de la aldea palestina de Artas, en la Cisjordania ocupada, 22 de abril de 2019. (Foto: Anne Paq/Activestills)
Las relaciones de Israel con los países latinoamericanos han reflejado a menudo este enfoque. Su acuerdo de libre comercio de 2007 con MERCOSUR, el bloque comercial sudamericano creado en 1991, no contenía ninguna referencia explícita a las fronteras de 1967. La ola de reconocimientos latinoamericanos de la condición de Estado palestino entre 2010 y 2012 cambió esta realidad, ya que varios países dejaron claro que sus relaciones con Israel se limitaban a esas fronteras.
Ese principio cobró un nuevo significado durante el genocidio de Gaza y en medio de la acelerada campaña de Israel hacia la anexión de la Cisjordania ocupada. El Grupo de La Haya se creó a principios de 2025 para convertir las declaraciones de apoyo al derecho internacional en medidas exigibles, principalmente en relación con Palestina. Colombia se erigió como uno de sus principales participantes latinoamericanos, mientras que los debates en otros lugares de la región, incluido Chile, se orientaron hacia propuestas para prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes.
Junto con los debates paralelos en Europa, Estados Unidos y Canadá, estos acontecimientos sugerían que la estrategia diplomática tradicional de Israel se estaba viendo sometida a una gran presión. Sus tácticas habituales —la cooperación en materia de seguridad, la culpa histórica por la persecución antisemita y las apelaciones a los «derechos bíblicos»— resultaban cada vez menos eficaces ante las crecientes pruebas de graves crímenes de guerra en Gaza.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Netanyahu defendía abiertamente posiciones que la diplomacia israelí llevaba mucho tiempo tratando de ocultar, como la limpieza étnica de Gaza y la negación permanente de la condición de Estado palestino.
Pero si bien estos argumentos siguen siendo en gran medida inaceptables en Europa, hoy en día están encontrando una audiencia más receptiva entre una nueva generación de líderes latinoamericanos de derechas y populistas, que parecen dispuestos a estrechar las relaciones con Israel independientemente de su historial en materia de derechos humanos o de sus violaciones sistemáticas del derecho internacional.
Este cambio es especialmente visible en Chile, donde reside una de las diásporas palestinas más grandes del mundo, y cuyo nuevo Gobierno nombró a Gabriel Zaliasnik embajador en Israel a principios de este año. Zaliasnik, un destacado abogado, expresidente de la comunidad judía de Chile y defensor acérrimo de los intereses israelíes, se ha identificado públicamente como un «orgulloso sionista» y ha hablado de fortalecer los lazos entre «el pueblo chileno y el pueblo judío», lo que refuerza la idea de que Israel es un Estado que pertenece exclusivamente al pueblo judío y no, por igual, a todos sus ciudadanos.
Gabriel Zaliasnik (izquierda) junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en la primera reunión de la Comisión para la Reforma del Código de Procedimiento Penal, en Santiago de Chile, el 18 de junio de 2018. (CC BY-NC 2.0)
Los diplomáticos extranjeros en Tel Aviv representan a sus Estados ante un país compuesto tanto por ciudadanos judíos como palestinos; no son emisarios interreligiosos ante «el pueblo judío». Tampoco el mantenimiento de relaciones diplomáticas con Israel exige respaldar el sionismo ni las leyes y prácticas que discriminan a los palestinos. Por el contrario, estos países siguen estando sujetos a convenios internacionales que prohíben la discriminación racial.
El nombramiento de Zaliasnik contó con el firme respaldo del presidente chileno José Antonio Kast, cuyo ascenso político ha supuesto en sí mismo una ruptura con gran parte de la tradición diplomática reciente de Chile. Kast ha defendido al difunto dictador Augusto Pinochet, y su padre fue miembro del partido nazi alemán. Su círculo de política exterior también incluye a figuras con vínculos institucionales de larga data con organizaciones proisraelíes, como el asesor de política exterior de Kast, Eitan Bloch, antiguo asesor político del embajador israelí en Chile y miembro del Comité Judío Estadounidense.
Tratar a Israel como una excepción corre el riesgo de socavar los mismos principios de ciudadanía, igualdad y no discriminación que dicen defender en otros ámbitos. Además, normalizar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la anexión también debilita un sistema internacional en el que los Estados latinoamericanos han confiado históricamente para defender su propia soberanía e integridad territorial.
De los Acuerdos de Abraham a los «Acuerdos de Isaac»
En abril de 2026, Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei lanzaron los «Acuerdos de Isaac», un nuevo marco de cooperación entre Argentina, Israel y lo que su declaración conjunta denominó «naciones afines» del hemisferio occidental. La iniciativa invoca explícitamente a los descendientes de Isaac y a una «tradición judeocristiana» compartida.
Los acuerdos podrían proporcionar a Israel algo de lo que hasta ahora carecía en América Latina: un marco político para profundizar la cooperación con Israel más allá de las relaciones bilaterales existentes. La iniciativa sigue el modelo de los Acuerdos de Abraham entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Baréin. Esos acuerdos demostraron que Israel podía ampliar sus vínculos regionales y la integración económica sin resolver la cuestión palestina.
Los Acuerdos de Isaac y de Abraham comparten, por tanto, una importante característica estructural: ofrecen a Israel una forma de normalización diplomática en gran medida al margen del cumplimiento del derecho internacional. A pesar de no haber logrado que Israel rinda cuentas, los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Australia y Canadá siguen insistiendo en que el derecho internacional proporciona el marco para abordar la ocupación israelí. Más recientemente, el Reino Unido, Canadá, Francia y otros países anunciaron sanciones contra los asentamientos israelíes, medidas que España, Irlanda, Bélgica y los Países Bajos ya habían adoptado.
El presidente argentino Javier Milei recibe la Medalla Presidencial de manos del presidente israelí Isaac Herzog en la Residencia Presidencial de Jerusalén, el 20 de abril de 2026. (Foto: Oren Ben Hakoon/Flash90)
Además, al presentar a Israel como parte de una civilización «judeocristiana» compartida, los Acuerdos de Isaac van más allá de los Acuerdos de Abraham al abrazar explícitamente la ideología religiosa. Este enfoque puede encontrar eco entre líderes como Milei y Kast y entre los sectores sionistas cristianos, pero dista mucho de ser una postura consensuada en toda América Latina. Tampoco encaja bien con la creciente preocupación entre las comunidades cristianas por el trato que Israel dispensa a los cristianos palestinos.
Sin embargo, la ideología solo explica en parte este cambio. Algunos líderes populistas latinoamericanos también parecen calcular que unas relaciones más estrechas con Israel pueden abrirles una vía hacia una mayor influencia en Washington.
Pero sigue sin estar claro si ese cálculo beneficia realmente a los intereses de sus países. El exembajador chileno Jorge Heine describió el peligro de forma sucinta en una entrevista con Responsible Statecraft: «En el momento en que te alineas con una de las grandes potencias en competencia, te conviertes en un subordinado. Y entonces te tratan como tal».
La experiencia reciente ofrece pocas pruebas de que la alineación política garantice un trato favorable por parte de Washington. Argentina, Panamá y Chile se han enfrentado a presiones de EE. UU. por sus relaciones económicas con China, a pesar de los esfuerzos por ganarse el favor de la administración Trump. Chile, por ejemplo, se vio afectado en julio por un arancel adicional estadounidense del 12,5% sobre muchas de sus exportaciones.
El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel —tal y como han hecho Honduras, Guatemala y Paraguay al trasladar allí sus embajadas— supone asimismo una desviación significativa de la tradición diplomática de la posguerra en América Latina. La región ha defendido, en general, el principio de que no se puede adquirir territorio legítimamente por la fuerza. Incluso las disputas territoriales más encarnizadas, desde la crisis del Canal de Beagle entre Argentina y Chile hasta el conflicto entre Perú y Ecuador, se resolvieron en última instancia mediante la mediación, los mecanismos de los tratados y el recurso al derecho internacional, en lugar de mediante la anexión unilateral.
Para algunos gobiernos populistas, sin embargo, la adhesión a dichos principios parece cada vez más secundaria frente a otras preocupaciones inmediatas: el acceso, a través de Israel, a tecnología de ciberseguridad y militar para impulsar sus propias medidas represivas internas.
Asistentes a la Defense Tech Expo en Tel Aviv, el 17 de febrero de 2026. (Oren Ziv)
En los últimos años, sin embargo, los países árabes, entre ellos Catar y Arabia Saudí, también han ampliado tanto el comercio como la inversión en toda América Latina, especialmente en logística, transporte e infraestructuras. El comercio bilateral entre América Latina y el Consejo de Cooperación del Golfo superó los 32.000 millones de dólares en 2022, de los cuales más de 21.000 millones correspondieron a exportaciones latinoamericanas al Golfo. En comparación, el comercio total entre Israel y América Latina se situó en aproximadamente 6.000 millones de dólares ese año.
Los vínculos de América Latina con otras potencias de Oriente Medio también se han ampliado rápidamente. Solo el comercio de Turquía con América Latina y el Caribe alcanzó los 16.400 millones de dólares en 2025, acompañado de una notable expansión diplomática: Ankara aumentó sus misiones en la región de seis en 2022 a las 20 actuales, mientras que las conexiones aéreas directas y la representación comercial se ampliaron paralelamente.
Por lo tanto, no existe ningún argumento económico evidente para subordinar la política de un país hacia Oriente Medio a las preferencias israelíes. Los Estados árabes poseen un peso económico considerable, mientras que las numerosas comunidades árabes y palestinas de América Latina tienen una importancia política, comercial y cultural propia.
¿Una estrategia a largo plazo?
Mientras Israel afianza su presencia en América Latina, la Autoridad Palestina parece carecer de una estrategia regional comparable. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades palestinas pueden movilizarse contra los intentos de normalizar los crímenes de guerra israelíes, pero no pueden sustituir a un enfoque diplomático palestino más amplio hacia América Latina.
Dicha estrategia requeriría una coordinación mucho más estrecha con los Estados árabes y musulmanes, en particular con aquellos que ya están ampliando el comercio y la inversión en toda la región. Como mínimo, los dirigentes palestinos podrían nombrar a un enviado especial para América Latina y colaborar con los gobiernos árabes para establecer un grupo de trabajo diplomático permanente centrado en la región.
También implicaría plantar cara a los gobiernos que están contribuyendo a normalizar la anexión por parte de Israel de los territorios árabes ocupados, incluidos Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios. Los gobiernos árabes y musulmanes tienen derecho a preguntarse por qué Estados como Paraguay, Colombia, Guatemala y Honduras pueden mantener representaciones diplomáticas en las capitales árabes y musulmanas sin sufrir consecuencias políticas tras haber reconocido o legitimado las reivindicaciones unilaterales de Israel sobre los territorios ocupados.
Foto de portada: El presidente argentino Javier Milei ríe junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, durante una sesión especial de la Knesset en honor de Milei, celebrada en Jerusalén el 11 de junio de 2025. (Yonatan Sindel/Flash90)
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