Henry Giroux, CounterPunch.org, 23 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of Books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.
Por toda Francia, España, la India, Bélgica y otras partes del mundo, los jóvenes están saliendo a la calle para dar voz a una creciente revuelta internacional contra la destrucción de la educación pública, el colapso de las protecciones sociales, la erosión de los derechos democráticos y las crueles políticas de austeridad. A pesar de sus diferentes historias nacionales, estas luchas comparten una ira creciente contra la maquinaria salvaje del capitalismo neoliberal, su abandono de los jóvenes, su concentración de la riqueza y poder en manos de las élites gobernantes, su apego al militarismo y su destrucción sistemática de las instituciones públicas y las protecciones sociales de las que depende la vida democrática. En Francia, lo que comenzó como protestas contra las aulas masificadas, el deterioro de los centros escolares y la escasez de profesorado se ha convertido en un movimiento de ámbito nacional que cuenta con el apoyo de padres, estudiantes universitarios, trabajadores y sindicatos.
Como sostiene Martin Barnay en New Left Review, la revuelta evoca una importante historia de la resistencia estudiantil en Francia, desde mayo de 1968 hasta el levantamiento de los institutos de 1990, cuando los jóvenes cuestionaron los fracasos de la autoridad política y contribuyeron a convertir las reivindicaciones educativas en luchas sociales más amplias. Hoy en día, los estudiantes se enfrentan a una clase política que sirve a los intereses de las élites financieras, del complejo militar-industrial y del poder corporativo, al tiempo que se desmantelan las instituciones públicas y las protecciones sociales de las que dependen las comunidades obreras y pobres. Como señala Jon Henley, la crisis a la que se enfrentan los estudiantes franceses va mucho más allá de las dificultades materiales inmediatas. Refleja un temor creciente a que el neoliberalismo les haya privado de seguridad económica, capacidad de acción política y posibilidad de un futuro con sentido. Escribe: «Esta generación teme que su futuro se caracterice por perspectivas cada vez más reducidas, empleos mal remunerados e inestables, un coste de vida inasequible y unas infraestructuras públicas en constante deterioro; en resumen, el fin de la seguridad socioeconómica básica de la que disfrutaron, en su mayoría, sus padres».
Estos temores surgen de las brutales realidades de un sistema capitalista que ha convertido el abandono social, el sufrimiento humano y la desechabilidad de generaciones enteras en elementos centrales de su ejercicio del poder económico y político. El neoliberalismo es un sistema económico, político y cultural cruel e implacable que ha generado desigualdades abrumadoras, un sufrimiento humano generalizado y un ataque implacable a la vida democrática. Funciona como una maquinaria de guerra contra el Estado social, desmantelando las instituciones públicas, concentrando la riqueza y el poder en manos de las élites gobernantes y creando las condiciones en las que florecen el autoritarismo y las políticas fascistas.
Bajo su dominio, los valores democráticos y las obligaciones sociales quedan subordinados a los imperativos de la privatización, la militarización, el patriarcado, el interés propio sin límites y la acumulación de riqueza y poder. Prabhat Patnaik sostiene que, a medida que el neoliberalismo incumple sus promesas de prosperidad y pierde legitimidad política, las élites gobernantes adoptan cada vez más políticas neofascistas, movilizando el racismo, el ultranacionalismo y la represión para desviar la ira popular del capitalismo y proteger su riqueza y su poder. Entre las víctimas de este sistema salvaje se encuentran los pobres, la clase trabajadora, las mujeres, las personas de color, los inmigrantes y, especialmente, los jóvenes, cuyas vidas y futuros se sacrifican en aras de las exigencias del capital. Sin embargo, tal brutalidad también genera resistencia. Como observa William Robinson, el sufrimiento infligido por el neoliberalismo, desde América Latina hasta las calles de Europa, pone de manifiesto una crisis cada vez más profunda de la legitimidad capitalista, al tiempo que da lugar «al auge de las luchas radicales populares desde abajo». A medida que se desmorona la legitimidad del neoliberalismo, los levantamientos en Francia y en otros lugares ponen de manifiesto una lucha que va más allá de la guerra contra la juventud y se extiende al futuro de la propia democracia.
El neoliberalismo ensalza al «individuo libre y posesivo», reduciendo la ciudadanía al consumismo y la libertad a la búsqueda implacable del beneficio privado. Como dejan claro David Harvey y Thomas Piketty, el neoliberalismo patologiza lo social, destruyendo los lazos cívicos y las responsabilidades colectivas de las que depende la vida democrática. Este ataque a los cimientos mismos de la solidaridad se ve reforzado por una ideología que, como advirtió Stuart Hall, presenta al Estado del bienestar como «el archienemigo de la libertad». Dentro de esta lógica despiadada, la redistribución de la riqueza, la protección de los trabajadores, la provisión de servicios públicos y la lucha contra la injusticia social son condenadas como ataques a la libertad individual. El poder corporativo se libera de la rendición de cuentas democrática, mientras que la gente común es despojada de las protecciones e instituciones que dotan de sentido a la libertad. La crueldad última de esta ideología reside en su intento de convencer a las personas de que la solidaridad es una forma de tiranía, que la responsabilidad social constituye un ataque a la libertad y que la búsqueda de riqueza privada es la máxima expresión de la libertad humana.
Milton Friedman formuló esta ideología de la manera más directa al declarar que la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus beneficios. En esta cosmovisión, la codicia corporativa se convierte en una virtud, mientras que el sufrimiento humano que esta genera se descarta como un coste aceptable de la actividad empresarial.
Wendy Brown advierte que el neoliberalismo está vaciando la democracia, transformando sus instituciones y principios en «envoltorios ideológicos que ocultan su opuesto» (capítulo 3, pág. 52). Este ataque trasciende el ámbito de las elecciones, las libertades civiles y la independencia judicial; también tiene como objetivo la educación pública, la memoria histórica y las capacidades críticas que las personas necesitan para reconocer la injusticia y resistir frente al poder autoritario. Cuando la educación pierde su propósito democrático, la sociedad pierde una de sus defensas más importantes contra el retorno de políticas fascistas. La destrucción de la conciencia histórica facilita la normalización de las pesadillas del pasado y dificulta imaginar la posibilidad de una resistencia colectiva.
La guerra del neoliberalismo contra la juventud revela la crueldad de un sistema que destruye las instituciones que los jóvenes necesitan para construir vidas con sentido, al tiempo que los castiga por resistirse a su propio abandono. Como señalan Jean y John Comaroff, los jóvenes ocupan una posición contradictoria bajo el capitalismo global: son celebrados como símbolos del futuro, pero, al mismo tiempo, cargan cada vez más con los temores y fracasos del presente. A medida que el Estado social da paso a un Estado punitivo, las inversiones en educación, salud, vivienda y seguridad económica se sacrifican en favor de la riqueza corporativa y el poder militar. A los jóvenes —especialmente a aquellos provenientes de comunidades pobres o de la clase trabajadora— se les niegan los recursos necesarios para ejercer un control significativo sobre sus propias vidas. Cuando exigen justicia, su resistencia se topa, cada vez con mayor frecuencia, con la vigilancia, la criminalización y la violencia policial. Esta es la lógica brutal del capitalismo de gánsteres: un sistema que despoja a los jóvenes de su futuro y que, a continuación, trata su negativa a aceptar tal destino como una amenaza que debe ser aplastada. La revuelta estudiantil francesa dota de expresión política a esta lucha, en la que los jóvenes desafían a las fuerzas capitalistas que les han arrebatado la seguridad económica, la capacidad de acción democrática y el derecho a forjar su propio futuro.
Los estudiantes franceses y la política del abandono
La indignación que recorre las escuelas francesas se ha visto alimentada por años de austeridad, aulas masificadas, escasez de docentes, infraestructuras en deterioro y recursos educativos insuficientes. Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a los estudiantes de la clase trabajadora, especialmente a aquellos que residen en los suburbios empobrecidos de París, donde las oportunidades educativas han quedado devastadas tras años de abandono y una creciente desigualdad de clase. Para estos jóvenes, el desmantelamiento de la educación pública es inseparable de un ataque más amplio contra su dignidad, su seguridad económica y su derecho a un futuro.
Tal como informa Melissa Bell, las protestas comenzaron el 21 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry, situado en un suburbio de París; allí, los estudiantes se unieron a los profesores en huelga para exigir más personal y mayores recursos educativos. Aunque las autoridades terminaron respondiendo a las demandas inmediatas, la protesta ya había desencadenado un movimiento mucho más amplio. En cuestión de semanas, las manifestaciones y los bloqueos de centros educativos se extendieron por toda Francia, sacando a las calles a cientos de miles de estudiantes, docentes y miembros de sindicatos. Solo el 6 de octubre, el Ministerio del Interior estimó que cerca de 256.000 personas se manifestaron en todo el país, mientras que los organizadores estudiantiles elevaron la cifra a 450.000. Ellen Francis y Victoria Bisset, en un artículo para The Washington Post, señalaron que el 18 de octubre «cerca de 800.000 personas —entre estudiantes, trabajadores del sector público y otros ciudadanos—» participaron en las movilizaciones. Lo que comenzó como una lucha local en torno a la enseñanza se transformó en uno de los mayores levantamientos estudiantiles en Francia de las últimas décadas. La rápida expansión del movimiento sacó a la luz años de malestar acumulado frente a un sistema educativo cada vez más incapaz de satisfacer incluso las necesidades más básicas de su alumnado.
La gravedad de la crisis queda patente en la descripción que hace Bell de la situación a la que se enfrentan los estudiantes franceses. A pesar de que el número de alumnos de secundaria ha aumentado en unos 250.000 desde 2008, Francia cuenta hoy con menos profesores de secundaria que entonces. Más del 70 por ciento de las aulas en el sector público superan los treinta alumnos, mientras que las ausencias de los docentes dejan, con frecuencia, a los estudiantes sin recibir clase. Silvana Solano aporta más pruebas sobre el abandono sistemático de la educación pública. Según cifras que ella cita del Ministerio de Educación Nacional, «el 9,8 por ciento de las horas lectivas en la enseñanza secundaria no se impartieron durante el curso académico anterior debido a ausencias de docentes que no fueron cubiertas». Los estudiantes describen techos con goteras, aseos averiados, calefacción insuficiente y aulas donde, durante las olas de calor, la temperatura alcanza entre 35 y 40 grados Celsius, «lo que convierte los entornos de aprendizaje en espacios intolerables y peligrosos para la salud». Asimismo, muchos centros educativos carecen de un número suficiente de personal de enfermería, trabajadores sociales y personal administrativo. Estas condiciones hacen que una educación significativa sea prácticamente imposible, reduciendo la escuela pública a una institución de carencia gestionada, en lugar de un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar los conocimientos, las capacidades críticas y la capacidad de acción política —la «agencia política»— esenciales para la vida democrática.
El carácter de clase de esta crisis educativa resulta especialmente evidente en Seine-Saint-Denis, donde, según señala Barnay, los estudiantes pueden llegar a perder el equivalente a casi un curso escolar completo debido a que los docentes ausentes no son sustituidos. Esta carencia refuerza las desigualdades que condicionan sus vidas mucho antes de que pisen el aula. La educación se convierte, así, en un instrumento más para reproducir los privilegios de clase, en lugar de servir para cuestionarlos.
Las quejas van más allá del deterioro de los edificios o la falta de profesorado. Solano (2026) indica que los estudiantes también han denunciado la existencia de horarios agotadores y mal organizados, las presiones psicológicas vinculadas al sistema de admisión universitaria «Parcoursup» y la creciente incertidumbre en torno a su futuro educativo y profesional. Sus reivindicaciones son, a la vez, concretas y de gran alcance: exigen la reorientación inmediata de los recursos públicos hacia la educación, la contratación de docentes fijos y personal de sustitución, la incorporación de más profesionales de enfermería y trabajo social, la renovación de los centros escolares deteriorados, el fin de la congelación presupuestaria, unos horarios más razonables y cambios estructurales en el sistema de acceso a la universidad. Estas demandas ponen de manifiesto la privación sistemática de los recursos que los jóvenes necesitan para aprender, ejercer su capacidad de acción política y participar en la configuración de la sociedad que heredarán. Como señala Bell, a diferencia de los estudiantes de mayo del 68 —quienes, como es bien sabido, exigían lo imposible—, los manifestantes actuales insisten en que solo piden lo mínimo indispensable: una educación que les permita aprender.
Las prioridades de gasto en Francia ponen de manifiesto la brutalidad de estas decisiones políticas. Según Savage Minds (2026), el presupuesto propuesto para 2027 aumentaría el gasto militar en aproximadamente 7.200 millones de dólares, mientras que solo destinaría 1.200 millones adicionales a la educación y eliminaría 1.588 puestos docentes permanentes. Los estudiantes han respondido con pancartas que exigen «dinero para las escuelas, no para la guerra». Su mensaje va directo al núcleo del «capitalismo de gánsteres»: el Estado encuentra enormes recursos para el militarismo, al tiempo que afirma no poder permitirse financiar a los docentes, las aulas y las instituciones públicas necesarias para garantizar el futuro de toda una generación. Estas prioridades revelan un Estado dispuesto a financiar la maquinaria de guerra, mientras priva de recursos a las instituciones que sostienen la vida y el futuro de sus jóvenes.
De las reivindicaciones educativas a una revuelta generacional
La revuelta contra el deterioro de las escuelas se ha convertido en una lucha más amplia contra las políticas de austeridad de Macron y la destrucción del Estado social. Los estudiantes, que exigen docentes y aulas dignas, han encontrado una causa común con trabajadores, padres y sindicatos que se enfrentan al mismo sistema de explotación económica y abandono político. Estas alianzas emergentes ofrecen la posibilidad de transformar reivindicaciones dispersas en una lucha política organizada contra el «capitalismo de gánsteres».
Como señalan Catherine Porter y Ségolène Le Stradic, las protestas se han extendido a más de cuarenta ciudades francesas, congregando a estudiantes tanto de suburbios de clase trabajadora como de barrios acomodados, así como de escuelas prestigiosas y universidades. Padres, docentes y sindicalistas se han sumado a las manifestaciones, convirtiendo una revuelta centrada en el deterioro de las escuelas en un movimiento de alcance nacional. Su solidaridad desafía las divisiones de clase que, durante mucho tiempo, han condicionado las oportunidades educativas en Francia, e integra la defensa de la educación pública en una lucha más amplia contra la austeridad capitalista.
Lo que confiere una importancia particular a este movimiento en desarrollo es la creciente participación del movimiento obrero organizado. Vračar informa que miembros de los principales sindicatos, incluida la Confederación General del Trabajo (CGT), se han unido a las manifestaciones estudiantiles; en algunos casos, han formado cordones de protección entre los jóvenes manifestantes y la policía. La CGT ha subrayado que los estudiantes de hoy son los trabajadores del mañana y que no deberían verse obligados a cargar con las consecuencias de la austeridad. Este reconocimiento abre la puerta a una alianza más amplia entre los jóvenes que luchan por oportunidades educativas y los trabajadores que se enfrentan al deterioro de los salarios, al debilitamiento de la protección social y a una creciente inseguridad económica. La participación de los sindicatos aporta al movimiento estudiantil experiencia organizativa, memoria histórica y vínculos con luchas que trascienden, con creces, el ámbito de las aulas. Como señala Vračar, la convergencia de organizaciones estudiantiles, sindicatos y sectores de la izquierda parlamentaria ha abierto la posibilidad de un movimiento colectivo más amplio, capaz de cuestionar las prioridades políticas y económicas del gobierno. A medida que la revuelta se extiende para hacer frente al aumento del coste de vida y de los combustibles, a los ataques contra las prestaciones de jubilación y al «deterioro de los servicios públicos», la posibilidad de un movimiento más vasto contra el poder capitalista se vuelve cada vez más concreta.
Francia posee una larga historia de resistencia estudiantil, en la que las protestas relacionadas con la educación se han convertido, en repetidas ocasiones, en catalizadores de una agitación política de mayor alcance. Como señala Barnay, la revuelta estudiantil de mayo de 1968 contribuyó a desencadenar una huelga a escala nacional, mientras que las protestas de los estudiantes de secundaria en 1990 demostraron la capacidad de los jóvenes para desafiar a la autoridad política. El gobierno de Macron se enfrenta ahora a la posibilidad de una «convergence des luttes»: una unión de reivindicaciones contra la austeridad, la caída de los salarios, el aumento del coste de la vida y la erosión de las protecciones sociales. El recuerdo del movimiento de los «chalecos amarillos» sigue acechando al establishment político. La perspectiva de que los estudiantes unan sus fuerzas a las del movimiento obrero organizado amenaza con transformar una revuelta centrada en la educación en un enfrentamiento mucho más amplio contra el poder capitalista.
Los intereses de clase que subyacen a las políticas de austeridad de Macron son imposibles de ocultar. Barnay señala que, según estimaciones del Tribunal de Cuentas francés (Cour des Comptes), los recortes en el impuesto de sociedades y en las cotizaciones a la seguridad social —aplicados desde 2018— suponían para las finanzas públicas un coste aproximado de 62.000 millones de euros anuales en 2023. Mientras las grandes empresas y los más ricos se benefician de estas medidas, se endurecen las condiciones de protección frente al desempleo, se retrasa la edad de jubilación y se priva a los servicios públicos de recursos. El gobierno invoca entonces la «necesidad fiscal» para exigir nuevos sacrificios a los trabajadores, a los estudiantes y a los sectores más pobres. Se trata de lo que podría denominarse «capitalismo de gánsteres»: el Estado protege la riqueza acumulada, al tiempo que obliga a quienes tienen menos poder a cargar con los costes de la austeridad. La revuelta estudiantil pone de manifiesto que la austeridad no es una respuesta inevitable ante las necesidades económicas, sino un arma política empleada en favor de los intereses del capital.
Las protestas están adquiriendo, además, un carácter internacional. Barnay observa que los manifestantes franceses han portado pancartas que hacen referencia a movimientos de la «Generación Z» en Nepal, Marruecos y Madagascar. Estas alusiones sugieren que, entre los jóvenes, crece la conciencia de que sus luchas contra la austeridad, la corrupción y la exclusión política están interconectadas más allá de las fronteras nacionales. A través de estas diversas luchas en distintos países, los jóvenes desafían la concentración de riqueza y poder que condena a su generación a la precariedad económica, al despojo político y a un futuro cada vez más invivible.
Las protestas en Francia forman parte, asimismo, de una revuelta internacional más amplia contra el capitalismo neoliberal. Barnay señala que los manifestantes franceses han portado pancartas que hacen referencia a movimientos de la «Generación Z» en Nepal, Marruecos y Madagascar. Estas referencias sugieren un creciente reconocimiento entre los jóvenes de que sus luchas contra la austeridad, la corrupción y la exclusión política están conectadas más allá de las fronteras nacionales.
Los levantamientos en Italia y Albania otorgan una mayor fuerza política a esta revuelta, cada vez más extendida, contra el «capitalismo de gánsteres». Ana Vračar informa que, en Italia, manifestaciones masivas han sacado a las calles a estudiantes, docentes, trabajadores y sindicatos para desafiar las políticas de austeridad, la destrucción de la educación pública, la militarización y la agenda de extrema derecha del gobierno de Giorgia Meloni. En Albania, según informa Democracy Now!, los estudiantes se han sumado a un movimiento más amplio contra la corrupción, la precariedad económica, el deterioro de las universidades y el saqueo de los recursos públicos; esto incluye su oposición a un proyecto de complejo turístico de lujo respaldado por Jared Kushner e Ivanka Trump. En ambos países, al igual que en Francia, estos movimientos se han enfrentado a la violencia policial. Estas revueltas ponen de manifiesto las consecuencias acumuladas de más de cuatro décadas de políticas neoliberales que han transferido una enorme riqueza y poder a las élites gobernantes, al tiempo que desmantelaban el Estado social y condenaban a millones de personas —especialmente a los jóvenes— a una vida marcada por la inseguridad y la desposesión. La fuerza política de estas luchas reside en la creciente solidaridad entre estudiantes, trabajadores y educadores, quienes están transformando su indignación colectiva en una resistencia organizada contra un sistema capitalista que les ha arrebatado su dignidad, sus derechos democráticos y su futuro.
La violencia ejercida contra estos movimientos revela otro rasgo inquietante del orden neoliberal: la creciente dependencia de un «Estado punitivo» para aplastar la disidencia y proteger el poder establecido. En la India, el gobierno autoritario del primer ministro Narendra Modi ha desatado una represión policial masiva contra jóvenes manifestantes que denuncian una presunta manipulación electoral y la erosión de las libertades democráticas. Según informa Amnistía Internacional, la policía ha golpeado a los manifestantes, los ha arrastrado por las calles, ha detenido arbitrariamente a miles de personas y ha impuesto restricciones a la libre circulación y al acceso a internet. Lo que está ocurriendo en Francia, Italia, Albania y la India revela un preocupante patrón a escala internacional: los gobiernos tratan cada vez más a los jóvenes que exigen justicia, dignidad y rendición de cuentas democrática como «enemigos del Estado». El uso de la violencia policial contra la juventud constituye, además, una forma de «educación política» destinada a infundir miedo, imponer la obediencia y convencer a toda una generación de que desafiar al poder establecido conlleva un precio muy alto. A pesar de esta represión, los jóvenes siguen saliendo a las calles, negándose a renunciar a su capacidad de acción política o a abandonar la lucha por derrocar un sistema capitalista cimentado en la explotación, la desigualdad y la concentración de la riqueza y el poder. En lugar de atender sus reivindicaciones, el gobierno francés se ha sumado a Marine Le Pen y a la extrema derecha a la hora de dirigir la culpa hacia los estudiantes y la izquierda política.
El valor para resistir la violencia estatal no surge en un vacío histórico. Se forja a través de luchas políticas, memorias colectivas y tradiciones educativas que enseñan a los jóvenes que es posible desafiar la injusticia y exigir rendición de cuentas al poder. Como señala Will Bunch, los estudiantes franceses heredan una cultura política moldeada por sólidas tradiciones de resistencia colectiva y defensa de los derechos democráticos. Basándose en la socióloga Dana R. Fisher, Bunch subraya la importancia de los vínculos entre estudiantes, familias y sindicatos para sostener la protesta política. Las escuelas francesas también desempeñan un papel fundamental a la hora de mantener vivas estas tradiciones. Tal como observa Kitty Sayers, los estudiantes aprenden desde una edad temprana sobre la historia revolucionaria de su país, las luchas que conquistaron los derechos democráticos y las obligaciones del Estado para con sus ciudadanos.
La Revolución francesa y las revueltas estudiantiles de 1968 forman parte de su educación, mientras que los debates en el aula alientan a los jóvenes a desarrollar sus propias opiniones políticas y a defenderlas. Sayers escribe que «el lenguaje de los derechos, la ciudadanía y el poder colectivo está entretejido en la educación francesa». Estas lecciones proporcionan a los jóvenes un lenguaje con el que comprender la injusticia, cuestionar a la autoridad y reconocer la protesta como un derecho democrático fundamental. Asimismo, ayudan a cultivar un sentido de solidaridad y responsabilidad colectiva que desafía la exaltación neoliberal del individualismo posesivo, la competencia y la creencia de que cada individuo es el único responsable de su propio destino.
En esta tradición, la democracia es inseparable de la lucha por los derechos sociales, la rendición de cuentas de las instituciones públicas y el poder colectivo para hacer frente a la injusticia. Sayers añade que los jóvenes franceses, educados para participar como ciudadanos, están más que dispuestos a salir a la calle para exigir responsabilidades al poder. A través de manifestaciones, organización política y alianzas con trabajadores, docentes y sindicatos, los estudiantes franceses ponen en práctica estas lecciones. Su resistencia demuestra cómo el conocimiento histórico y la educación política pueden convertirse en herramientas en la lucha contra la austeridad, la represión estatal y la dominación capitalista.
El Estado punitivo y la criminalización de la resistencia juvenil
La respuesta del gobierno francés ante el levantamiento estudiantil pone de manifiesto la creciente brutalidad con la que el neoliberalismo adopta un modelo de Estado punitivo. Los jóvenes que exigen profesores, escuelas dignas y un futuro habitable se han topado con la policía antidisturbios, detenciones masivas, gases lacrimógenos y armas capaces de causar lesiones permanentes. A medida que se desmantela el Estado social, se expande el aparato represivo. Los estudiantes que reclaman derechos democráticos son tratados cada vez más como enemigos del orden público; su resistencia es criminalizada por un gobierno más dispuesto a castigarlos que a abordar las condiciones que los llevaron a salir a las calles.
Tal como informan June Loper y Harrison Stetler en The Nation, las autoridades francesas han respondido al movimiento estudiantil con un despliegue extraordinario de fuerza policial. A principios de octubre, el número de detenciones se acercaba a las 7.000; se estima que aproximadamente el 87 por ciento de los detenidos eran menores de 18 años. La magnitud de estas detenciones superó los niveles iniciales de prisión preventiva registrados durante el movimiento de los «chalecos amarillos», que a su vez se hizo notorio por los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dejó clara la postura del gobierno al declarar: «No hay órdenes de contención». Las consecuencias han sido devastadoras: jóvenes manifestantes han sufrido fracturas de mandíbula, graves lesiones en la cabeza, pérdida permanente de visión y mutilaciones en las manos. Un joven de quince años en Lens perdió una mano tras la explosión de una granada policial, mientras que otro adolescente en Tours quedó ciego de un ojo. Estas lesiones revelan la barbarie de un Estado dispuesto a mutilar a niños y adolescentes en defensa de su autoridad política. La represión policial intensificó la indignación pública, mientras que los actos de saqueo, incendios provocados y vandalismo —cometidos por grupos minoritarios— brindaron a gran parte de los medios de comunicación convencionales la oportunidad de desviar la atención de las reivindicaciones estudiantiles hacia el espectáculo del desorden.
La severidad de la represión ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de las libertades civiles. Loper y Stetler señalan que Amnistía Internacional Francia advirtió sobre el uso desproporcionado de la fuerza, citando pruebas de técnicas de estrangulamiento, el disparo de botes de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes y el uso generalizado de balas de goma. Para el 8 de octubre, los organismos franceses de control policial habían abierto dieciocho investigaciones sobre denuncias de mala conducta durante las manifestaciones. Tales abusos ponen de manifiesto un Estado que, cada vez más, trata los derechos democráticos de los jóvenes como algo supeditado a la preservación de la autoridad política. La criminalización de la protesta se convierte en un mecanismo para disciplinar a toda una generación cuyas demandas amenazan los intereses de quienes detentan el poder.
La represión también pone de manifiesto el odio racial y de clase que subyace en el ejercicio del poder policial. Como señaló el sociólogo Arthur Vuattoux a Loper y Stetler, el levantamiento estudiantil ha sido tratado como un disturbio urbano, en parte porque surgió en barrios desfavorecidos. Él describe un proceso de «adultificación», mediante el cual los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías son despojados de las protecciones que normalmente se otorgan a los menores, siendo presentados, en cambio, como delincuentes peligrosos que deben ser disciplinados y controlados. El contraste entre el modo en que la policía trata a los estudiantes en distritos de clase trabajadora, como Seine-Saint-Denis, y a los de instituciones de élite, como Sciences Po, exige un análisis más detenido. Las desigualdades de clase y raza que privan a los estudiantes pobres y pertenecientes a minorías de una educación digna también los exponen a un mayor riesgo de ser criminalizados y de sufrir violencia estatal cuando deciden resistir. Para los jóvenes pobres y de minorías, la negación de oportunidades educativas se ve reforzada por un Estado que, cada vez más, los considera poblaciones peligrosas que deben ser controladas, en lugar de jóvenes que ejercen sus derechos democráticos.
El intento del gobierno de criminalizar el levantamiento ha intensificado el conflicto. El primer ministro Sébastien Lecornu advirtió que la «ultraviolencia» había llegado a las puertas de los institutos franceses, mientras que funcionarios gubernamentales acusaron a organizaciones de izquierda de aprovecharse de las reivindicaciones estudiantiles y avivar los disturbios.
Una vez más, la criminalización de la disidencia encuentra un eco inquietante en ciertos sectores de la prensa convencional. En un artículo del 19 de octubre en el New York Times, Amelia Nierenberg, Lynsey Chutel y Catherine Porter comenzaron su relato de las protestas con imágenes de disturbios, saqueos, cristales rotos y coches incendiados, relegando a un segundo plano las demandas de los estudiantes por una educación digna y justicia económica. Este tipo de cobertura transforma un movimiento masivo en favor de la justicia educativa en un espectáculo de desorden, ocultando las reivindicaciones políticas de cientos de miles de estudiantes tras imágenes de ventanas rotas y vehículos en llamas. Incluso The Guardian reconoció que las manifestaciones estuvieron «caracterizadas, en su mayor parte, por protestas pacíficas» en las que participaron cientos de miles de personas, incluidos estudiantes y sus familias.
Los actos de vandalismo, incendios provocados y saqueos fueron perpetrados por grupos mucho más reducidos. El espectáculo de la destrucción se convierte en un arma política, lo que permite al gobierno de Macron presentar una lucha contra la austeridad y el abandono educativo como una crisis de orden público. Cuando la quema de vehículos recibe más atención que la destrucción de la educación pública, y cuando los daños materiales se vuelven más visibles que las vidas arruinadas y los futuros arrebatados de los jóvenes, el periodismo se vuelve cómplice de una política de distracción que ayuda a legitimar la represión estatal. La violencia estructural de la austeridad capitalista, la explotación de clase y el abandono de la juventud quedan fuera del debate público, mientras que la represión estatal contra la disidencia se presenta como una defensa del orden público. Como sostiene Elijah Dale, poner fin a un bloqueo no resuelve la escasez de docentes, y restablecer el orden en el entorno de un centro educativo no contribuye en nada a reparar las condiciones que dieron lugar a la protesta. El énfasis del gobierno en la seguridad —reforzado por una cultura mediática atraída por los espectáculos de destrucción— amenaza con sepultar precisamente aquellas reivindicaciones que llevaron a cientos de miles de jóvenes a salir a las calles.
La criminalización de la disidencia también adopta formas económicas. Loper y Stetler describen una propuesta de ley de «quien rompe, paga», que podría exponer a los manifestantes a sanciones económicas por daños que no causaron personalmente, e incluso castigar a sus familias mediante deducciones de ciertas prestaciones sociales. De aprobarse, tales medidas impondrían una carga adicional a las familias de la clase trabajadora, que ya sufren las consecuencias de la austeridad. La crueldad de esta propuesta reside en su intento de extender el castigo estatal más allá de los propios manifestantes, dejando a las familias de la clase trabajadora financieramente vulnerables ante la criminalización de la disidencia. Bajo este «Estado punitivo», la pobreza se convierte en un factor de vulnerabilidad frente a nuevos castigos, mientras que el ejercicio de los derechos democráticos conlleva la amenaza de represalias económicas.
La violencia estatal constituye, además, una forma de pedagogía pública. La brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y los castigos económicos enseñan a los jóvenes qué intereses protege el Estado, qué vidas considera prescindibles y qué sucede cuando se desafía al poder capitalista. El espectáculo de la represión inculca miedo, obediencia y conciencia sobre los peligros de desafiar a la autoridad. Sin embargo, también puede generar indignación, solidaridad y la creciente convicción de que la injusticia debe enfrentarse mediante la lucha colectiva. Las calles se transforman en espacios de educación política donde los jóvenes descubren su poder colectivo y comienzan a cuestionar a las instituciones responsables de su sufrimiento.
La represión contra los estudiantes franceses pone de manifiesto que el Estado punitivo funciona como un instrumento de dominación capitalista. No obstante, la violencia ejercida contra estos jóvenes también ha contribuido a visibilizar a las fuerzas políticas responsables de su padecimiento. Su lucha trasciende ahora la defensa de la educación pública, orientándose hacia una confrontación más amplia contra un sistema que percibe los derechos democráticos como obstáculos para la acumulación de riqueza y poder.
Conclusión: Reivindicar el futuro más allá del capitalismo
La revuelta estudiantil francesa conlleva una advertencia que trasciende, con creces, el ámbito de las aulas. Una generación a la que se le niegan la seguridad económica, unas escuelas dignas, los derechos democráticos y la posibilidad de un futuro habitable, se niega a aceptar su propia condición de «desechable». Estos jóvenes se enfrentan a un sistema de «capitalismo de gánsteres» que concentra la riqueza y el poder en manos de una élite dirigente, mientras trata las necesidades de la mayoría como algo prescindible. Su revuelta pone al descubierto la bancarrota moral y política de un sistema dispuesto a sacrificar el futuro de sus propios hijos para proteger las fortunas de los más ricos. La lucha que se desarrolla en Francia apunta a la necesidad de derrocar un orden capitalista cuya supervivencia depende de la explotación, la desigualdad y la destrucción del bien común.
Los escritos de Jean y John Comaroff sobre la juventud en el marco del capitalismo global arrojan luz sobre una de las contradicciones centrales de la sociedad neoliberal. Los autores sostienen que los jóvenes encarnan las contradicciones cada vez más profundas de una sociedad que los celebra como símbolos del futuro, al tiempo que les niega los medios para construirlo. Se recibe a los jóvenes en el mercado en calidad de consumidores, pero, al mismo tiempo, se les excluye cada vez más de la seguridad económica, de una ciudadanía plena y del poder político. Heredan un mundo en el que las promesas de progreso han dado paso a vidas precarias, al abandono social y a la destrucción de la responsabilidad colectiva. Su indignación se vuelve políticamente explosiva cuando comprenden que el sistema que exige su lealtad es, en realidad, el responsable de la destrucción de su futuro.
La forma en que una sociedad representa a sus jóvenes revela mucho sobre su carácter político y moral. Bajo el capitalismo neoliberal, los jóvenes son celebrados como consumidores y símbolos de innovación, siempre y cuando se sometan a las exigencias del mercado. Cuando se resisten, se convierten en objeto de temor, vigilancia y castigo. Tal como se expone en Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability? («Juventud en una sociedad bajo sospecha: ¿democracia o condición de desechable?»), el neoliberalismo ha generado una cultura política en la que los jóvenes —especialmente aquellos que viven en la pobreza o sufren marginación racial— son representados, cada vez más, como poblaciones peligrosas que deben ser vigiladas, disciplinadas y controladas. La respuesta del Gobierno francés ante la revuelta estudiantil pone de manifiesto la brutalidad de este mecanismo que convierte a las personas en algo «desechable». Los jóvenes que exigen escuelas dignas y un futuro habitable se topan con la violencia policial y la criminalización. Su negativa a renunciar a su futuro se convierte en motivo de represión, lo que revela hasta qué punto el «Estado punitivo» se ha transformado en un instrumento al servicio de la protección del poder capitalista.
La relevancia política de la revuelta estudiantil francesa reside en la creciente capacidad de los jóvenes para reconocer que sus dificultades personales tienen su raíz en estructuras de explotación capitalista y dominación política, para organizarse colectivamente y para imaginar un futuro más allá del orden existente. A través de la lucha colectiva, están rompiendo con la cultura neoliberal del individualismo posesivo y con la creencia de que el capitalismo marca los límites de lo políticamente posible. Sus alianzas con docentes, trabajadores y sindicatos apuntan hacia la formación de una conciencia política colectiva, capaz de transformar la indignación en una resistencia organizada. Mediante estas luchas, los jóvenes se afirman como actores históricos con el poder de cuestionar y transformar las condiciones de su propia existencia.
Pedagogía de la resistencia: contra la ignorancia fabricada sostiene que la educación es fundamental en la lucha por la conciencia, la capacidad de acción política y la facultad de imaginar y luchar por un mundo más allá del capitalismo. En una época en la que el «capitalismo de gánsteres» ha convertido la ignorancia en un arma política y la educación en un instrumento de conformismo y represión, la pedagogía crítica se vuelve indispensable para la resistencia colectiva. Los jóvenes necesitan el conocimiento histórico, la imaginación política y el valor necesarios para comprender cómo sus problemas personales están vinculados a estructuras más amplias de explotación y dominación. Requieren una educación que les permita cuestionar la autoridad, denunciar la violencia del poder capitalista y reconocer su propia capacidad para intervenir en la historia. Esta educación debe integrarse en una lucha más amplia, orientada a derrocar el poder capitalista y a construir una sociedad organizada en torno a las necesidades humanas, en lugar de al beneficio privado.
La revuelta estudiantil francesa ha comenzado a transformar una lucha contra las carencias en el ámbito educativo en una confrontación más amplia contra la dominación capitalista. Su importancia política reside en el reconocimiento de que, si bien reparar las escuelas, revertir las políticas de austeridad y restaurar las protecciones sociales son medidas esenciales, por sí solas no bastan para desmantelar las estructuras de poder responsables de la crisis.
Lo que se requiere es una ruptura radical con un sistema capitalista que antepone el beneficio privado a la vida humana, legitima desigualdades obscenas y condena a generaciones enteras a una existencia marcada por la precariedad y la desvalorización. La lucha que se desarrolla en Francia encierra la posibilidad de transformar la indignación juvenil en un movimiento de masas capaz de desafiar la dominación capitalista y de forjar nuevas formas de vida democrática. Esta lucha exige una educación crítica, una organización política a gran escala y lazos de solidaridad que trasciendan las fronteras nacionales y las brechas generacionales. Requiere, además, una imaginación política que se niegue a aceptar la ficción ideológica de que el capitalismo representa el «fin de la historia».
Los jóvenes que ocupan las calles de Francia nos recuerdan que la historia sigue abierta y que el orden vigente no es ni natural ni eterno. Una sociedad que declara la guerra a su juventud está declarando la guerra a su propio futuro. El rechazo de los estudiantes a aceptar ese destino conlleva una exigencia que trasciende las fronteras de Francia: el desmantelamiento de un sistema capitalista que ha convertido la desvalorización de los jóvenes en una condición para su propia supervivencia, y la creación de una sociedad radicalmente democrática en la que la dignidad humana, la justicia económica y el derecho a un futuro prevalezcan sobre las exigencias salvajes y crueles del capital.
Foto de portada de FreCha – CC BY-SA 4.0
