Daniel Falcone y Stephen Zunes, CounterPunch.org, 26 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Daniel Falcone es historiador, profesor y periodista.
Stephen Zunes es profesor de Política y Estudios Internacionales en la Universidad de San Francisco, especializado en política exterior estadounidense, política de Oriente Medio y acción estratégica no violenta.
En esta entrevista exclusiva para CounterPunch, Stephen Zunes, profesor de Política y Estudios Internacionales, analiza los acontecimientos recientes en torno a la votación en la ONU sobre el futuro del Sáhara Occidental. Zunes examina los desafíos políticos que plantean las reivindicaciones de Marruecos sobre el territorio. También aborda las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y el papel de la política exterior de Estados Unidos. Además, explica cómo la solidaridad internacional puede contribuir a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Daniel Falcone:
Recientemente, el IV Comité de la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución sobre el Sáhara Occidental con 152 votos a favor. La resolución hace referencia a la Resolución 2.797 del Consejo de Seguridad. ¿Podría cambiar algo respecto al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación?
Stephen Zunes:
Aunque resulta decepcionante que la resolución hiciera referencia a la Res. 2.797 del Consejo de Seguridad de la ONU —la cual brindaba un apoyo condicionado a la propuesta de autonomía de Marruecos como base para la negociación—, la resolución de la Asamblea General sigue reconociendo al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y, por tanto, como una cuestión de descolonización. Asimismo, reafirma el derecho a la autodeterminación. El hecho de que Israel y Estados Unidos fueran los dos únicos países que votaron en contra de esta reciente resolución de la Asamblea General indica que ambos, como principales defensores del «derecho de conquista», se sintieron inquietos ante esa redacción.
Irónicamente, Marruecos y sus aliados árabes apoyaron la resolución, dado que es la primera vez que el IV Comité hace referencia a la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad. Por consiguiente, están difundiendo la idea de que esto constituye una gran victoria en favor de la anexión ilegal, por parte de Marruecos, del territorio conquistado.
No obstante, la resolución reafirmó específicamente «el derecho inalienable de todos los pueblos a la autodeterminación» y señaló que «todas las opciones disponibles para la autodeterminación de los territorios son válidas, siempre que estén en consonancia con los deseos expresados libremente por el pueblo en cuestión». Parece, pues, que el IV Comité mantiene su firme compromiso con la primacía del derecho internacional.
Además, aunque la resolución de la Asamblea General menciona la Resolución 2.797 del Consejo de Seguridad, también hace referencia a otras 33 resoluciones anteriores del mismo órgano, incluidas aquellas que abogan por la celebración de un referéndum libre y justo, supervisado a nivel internacional, para el pueblo del Sáhara Occidental.
También cabe señalar que la Resolución 2.797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el año pasado, no exigió al Polisario aceptar la propuesta de autonomía, al subrayar la necesidad de una «solución mutuamente aceptable». Asimismo, abogó por una solución que fuera «conforme a la Carta de las Naciones Unidas», la cual prohíbe la expansión territorial mediante el uso de la fuerza. Además, mantiene la referencia a una «autonomía genuina», algo que la propuesta marroquí no contempla.
Daniel Falcone:
La idea de una autonomía marroquí ha ganado terreno con el apoyo de Estados Unidos (y de otros miembros influyentes del Consejo de Seguridad). ¿Puede la soberanía marroquí satisfacer los principios del derecho internacional?
Stephen Zunes:
El plan de autonomía marroquí dista mucho de la definición jurídica internacional de autonomía y de lo que se requiere para lograr una resolución pacífica del conflicto. Además, pretende sentar un precedente peligroso que amenaza los cimientos mismos del sistema jurídico internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
Para empezar, la propuesta parte de la premisa de que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos; una tesis que ha venido siendo rechazada durante mucho tiempo por las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Unión Africana y un amplio consenso de la opinión jurídica internacional. Aceptar el plan de autonomía de Marruecos supondría que, por primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas y la ratificación de su Carta hace más de 80 años, la comunidad internacional respaldaría la ampliación del territorio de un país mediante la fuerza militar, estableciendo así un precedente sumamente peligroso y desestabilizador.
Si el pueblo del Sáhara Occidental aceptara un acuerdo de autonomía —en lugar de la independencia— a través de un referéndum libre y justo, ello constituiría un acto legítimo de autodeterminación. Sin embargo, Marruecos ha declarado explícitamente que su propuesta de autonomía «excluye, por definición, la posibilidad de someter la opción de la independencia» a la consideración del pueblo saharaui, cuya inmensa mayoría —según observadores internacionales bien informados— aboga por la independencia plena.
Incluso si se adoptara una postura desdeñosa hacia el derecho internacional, existen también varios problemas prácticos en relación con la propuesta marroquí.
Uno de ellos es que el historial de respeto a la autonomía regional por parte de Estados autoritarios centralizados es bastante deficiente y, a menudo, ha conducido a conflictos violentos; como demuestran los trágicos resultados de la decisión de Etiopía de revocar la autonomía de Eritrea en 1961, o la de Serbia de revocar la autonomía de Kosovo en 1989. Asimismo, las promesas de autonomía hechas por China a Hong Kong y Macao ya se han visto gravemente comprometidas.
Dada la trayectoria de Marruecos en cuanto al incumplimiento de sus promesas ante la comunidad internacional —en relación con el referéndum para el Sáhara Occidental, estipulado por la ONU, y las obligaciones derivadas del acuerdo de alto el fuego de 1991—, existen pocos motivos para confiar en que el Reino cumpla su promesa de otorgar una autonomía genuina al Sáhara Occidental.
De hecho, un análisis detallado de la propuesta plantea interrogantes sobre el alcance real de la autonomía ofrecida. Cuestiones fundamentales, como el control de los recursos naturales del Sáhara Occidental y el ejercicio de las funciones de seguridad y orden público (más allá de las jurisdicciones locales), permanecen en la ambigüedad.
Además, la propuesta parece indicar que todas las competencias que no hayan sido atribuidas específicamente a la región autónoma permanecerán en manos del Reino. De hecho, dado que el rey de Marruecos ostenta, en última instancia, una autoridad absoluta en virtud del artículo 19 de la Constitución marroquí, la insistencia de la propuesta de autonomía en que el Estado marroquí «conservará sus competencias en los ámbitos soberanos, especialmente en lo relativo a la defensa, las relaciones exteriores y las prerrogativas constitucionales y religiosas de Su Majestad el Rey», parece otorgar al monarca un margen de interpretación considerable.
Existe un consenso creciente en la comunidad internacional de que es necesario algún tipo de compromiso —o una «tercera vía» entre la independencia y la integración— para resolver el conflicto, y que un enfoque de «el ganador se lo lleva todo» —como un referéndum de independencia— resulta inviable. Si bien fomentar dicho compromiso y buscar una situación en la que todas las partes salgan ganando es, sin duda, la vía preferible para alcanzar una solución pacífica y duradera ante movimientos secesionistas, conflictos étnicos y diversas disputas internacionales, el caso del Sáhara Occidental es un ejemplo claro de autodeterminación de un pueblo que lucha contra una ocupación militar extranjera.
El Frente Polisario ha ofrecido ya garantías para proteger los intereses estratégicos y económicos de Marruecos en caso de obtener la plena independencia. Por tanto, insistir en que el pueblo del Sáhara Occidental debe renunciar a su derecho moral y jurídico a una verdadera autodeterminación no constituye una fórmula para la resolución del conflicto, sino más bien una receta para un conflicto mucho más grave en el futuro.
Daniel Falcone:
En primer lugar, quería preguntarte por el mandato de la MINURSO, cuya renovación está prevista para el 31 de octubre de 2026, y abordar cuál será su papel en el futuro. ¿Podría explicar y profundizar en el borrador inicial («zero draft») presentado por el Consejo de Seguridad el 20 de octubre de 2026 sobre el Sáhara Occidental? ¿Hasta qué punto este documento pone fin al mandato de mantenimiento de la paz de la MINURSO en abril de 2027, sustituyéndolo por una misión política especial? En tu opinión, ¿este borrador debilita los mecanismos internacionales diseñados para proteger a los saharauis?
Stephen Zunes:
El proyecto de resolución de Estados Unidos, que busca imponer de facto el plan de autonomía de Marruecos, constituye uno de los intentos más graves de socavar el derecho internacional desde la fundación de las Naciones Unidas. Presenta varios problemas flagrantes.
El texto contiene una contradicción al afirmar que el plan de autonomía de Marruecos es el «único marco para negociar una solución mutuamente aceptable». Es evidente que negar a una de las partes su derecho a la libre determinación —garantizado por la ley— nunca podrá ser «mutuamente aceptable».
Al eliminar el mandato de la MINURSO para llevar a cabo un referéndum —una medida respaldada durante mucho tiempo por la comunidad internacional—, se está anulando el derecho a la libre determinación, que ha sido, desde hace décadas, el fundamento de la descolonización, en virtud del derecho internacional.
El documento elogia «el liderazgo del presidente Trump en la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental», a pesar de que fue el primer líder mundial en reconocer la anexión ilegal del territorio por parte de Marruecos. Asimismo, menciona de forma engañosa «el reconocimiento, por parte de un número creciente de Estados miembros, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental», cuando, en realidad, solo dos Estados más —los gobiernos de extrema derecha de Israel y Colombia— han procedido en tal sentido.
Se habla de una «autonomía genuina», cuando la propuesta marroquí dista mucho de la definición jurídica internacional de autonomía.
La cláusula que insiste en que la financiación de los servicios para los refugiados deje de canalizarse a través de las agencias de la ONU o del Frente Polisario —que ha realizado una labor, por lo general, admirable en la gestión de los campos de refugiados durante cincuenta años—, para destinarla en su lugar a soluciones «individuales y voluntarias», probablemente derive en una crisis humanitaria.
Además, se pretende eludir al Frente Polisario —representante reconocido internacionalmente del pueblo saharaui— para centrarse en lo que el texto denomina «una amplia gama de sectores e interlocutores saharauis, incluidos aquellos ajenos a las partes negociadoras»; lo que, presumiblemente, alude a colaboradores elegidos por el gobierno marroquí.
Este documento se califica como «borrador inicial» (zero draft), lo que significa que corresponde a los demás miembros del Consejo de Seguridad proponer modificaciones. (Estados Unidos ocupa actualmente el puesto rotatorio de «redactor principal» —penholder—, razón por la cual este primer borrador provino de Washington). La administración Trump podría adoptar una postura inflexible y vetar cualquier renovación del mandato original de la MINURSO, bajo el pretexto de que, dado que Estados Unidos reconoce la anexión del territorio por parte de Marruecos, el conflicto se considera ya resuelto; o bien, argumentando que se trata de un despilfarro de dinero, ya que la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU no ha logrado nada.
La razón por la que la MINURSO no ha conseguido gran cosa es que Marruecos, con el respaldo de Estados Unidos y Francia, se ha negado a permitir que avance el referéndum de autodeterminación que la misión debía organizar y supervisar. La ruptura del alto el fuego también ha comprometido dicha misión. Además, Marruecos ha mantenido estrictas restricciones a la supervisión independiente: la MINURSO es la única misión moderna de mantenimiento de la paz de la ONU que carece de mandato para vigilar las violaciones de los derechos humanos —que figuran entre las más graves del mundo—, debido a la oposición de Marruecos y a las amenazas de veto por parte de Estados Unidos y Francia.
A pesar de la ficción jurídica de que existe un proceso en curso hacia un referéndum o un alto el fuego que debe ser supervisado, la mayoría de las naciones considera importante mantener este proceso para subrayar que el conflicto sigue sin resolverse.
Sin duda, habrá objeciones al borrador inicial por parte de Pakistán, China, Rusia y, tal vez, otros países. Sin embargo, dada la disposición de Washington a ignorar los precedentes jurídicos internacionales —y ante la incapacidad incluso de las naciones democráticas para plantar cara de forma coherente a las tácticas de intimidación de Trump (especialmente en cuestiones consideradas de menor relevancia)—, resulta difícil hacer predicciones. Aunque el texto completo no sea aceptado, la administración Trump podría lograr su objetivo principal: que la propuesta de autonomía de Marruecos sea reconocida por las Naciones Unidas como la única base para futuras negociaciones.
Daniel Falcone:
En nuestras entrevistas anteriores, has analizado la relación entre la política exterior de Estados Unidos, el gobierno marroquí y la lucha saharaui por la autodeterminación. ¿Pueden las campañas de solidaridad o la presión diplomática cambiar el rumbo actual?
Stephen Zunes:
La vía diplomática lleva décadas estancada, sobre todo porque Estados Unidos impide que las Naciones Unidas desempeñen su papel como garantes del derecho internacional, incluido el derecho a la autodeterminación. Al igual que Israel, Marruecos sabe que no tiene motivos para aceptar concesiones territoriales mientras cuente con el respaldo diplomático, económico y militar de la principal superpotencia mundial.
Tampoco existe una vía militar hacia la liberación. La campaña de guerrillas de baja intensidad del Frente Polisario —que se reanudó en 2020 tras años de violaciones del alto el fuego por parte de Marruecos— no ha logrado ningún avance. El uso de drones ha dejado vulnerables a sus combatientes en el desierto, y el muro de separación, construido en la década de 1990, les impide acceder al 80% del territorio que se encuentra bajo ocupación marroquí.
Por tanto, la única vía realista hacia la autodeterminación es la solidaridad internacional.
El caso de Timor Oriental, que guarda notables paralelismos históricos y jurídicos con el Sáhara Occidental, constituye un modelo importante para este tipo de acción desde la base. La presión ejercida sobre los Estados para que reconocieran el derecho a la autodeterminación de aquel territorio —entonces bajo ocupación indonesia y considerado territorio no autónomo— provino, fundamentalmente, de actores no gubernamentales. Con el tiempo, lograron influir en las políticas del Gobierno de Estados Unidos y de otras potencias occidentales, lo que a su vez ayudó a presionar al Gobierno indonesio para que entablara negociaciones serias y brindó cierta protección a los timorenses orientales frente a los abusos. Sin embargo, todavía a mediados de la década de 1990, la causa de Timor Oriental parecía tan desesperada como lo es hoy la del Sáhara Occidental.
De hecho, en varios aspectos, la situación en Timor Oriental era aún peor. Mientras que hasta ochenta y cuatro países han reconocido, en un momento u otro, al Sáhara Occidental, solo tres gobiernos reconocieron formalmente a Timor Oriental. Asimismo, mientras que el Sáhara Occidental ha contado con el firme respaldo de la Unión Africana, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés) apoyó la postura de Indonesia. A diferencia del Sáhara Occidental, no hubo presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, y el territorio había sido excluido de la agenda de descolonización de las Naciones Unidas. Los mapas mundiales no establecían distinción alguna entre Timor Oriental e Indonesia; por el contrario, la mayoría de los mapas del Sáhara Occidental lo representan como un país independiente o incluyen alguna otra indicación de su estatus diferenciado. Tanto la resistencia armada en las zonas rurales como la resistencia no violenta en las ciudades eran más débiles en Timor Oriental que en el caso del Sáhara Occidental.
Sin embargo, una serie de factores —la concesión del Premio Nobel de la Paz al arzobispo timorense Carlos Belo y al ministro de Asuntos Exteriores en el exilio, José Ramos-Horta; una masacre de cientos de manifestantes pacíficos, filmada por periodistas occidentales; un documental galardonado; y un escándalo de financiación relacionado con la campaña de reelección de Clinton— atrajeron una mayor atención mundial hacia Timor Oriental. Pequeños grupos de solidaridad en Estados Unidos y otros lugares cobraron impulso, ganando visibilidad en los medios de comunicación, en las calles y mediante labores de cabildeo ante las autoridades gubernamentales. Esto condujo, a la postre, a cambios significativos en las políticas de Estados Unidos y de otros aliados de Indonesia, forzando al gobierno de Yakarta a permitir la celebración de un referéndum de autodeterminación en 1999.
Del mismo modo, en el caso del Sáhara Occidental, resulta fundamental que las iniciativas de solidaridad —actualmente pequeñas y dispersas— se preparen para acontecimientos imprevistos (como, por ejemplo, la concesión del Premio Nobel de la Paz a activistas saharauis de la talla de Aminatou Haidar). Tales sucesos podrían actuar como catalizador para transformar estos esfuerzos en un movimiento internacional capaz de influir en las políticas de sus respectivos gobiernos, especialmente en aquellos países que hoy respaldan a Marruecos.
La creciente atención mundial sobre la ocupación israelí y el genocidio y crímenes de guerra ofrecen una oportunidad para abordar también la cuestión del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es, junto con Palestina, el único caso en el que existe un reconocimiento jurídico y político claro, dentro del sistema de las Naciones Unidas, de que un país ha ocupado por la fuerza a otro con el propósito deliberado de impedir su autodeterminación. El movimiento a favor del boicot, la desinversión y las sanciones contra la ocupación israelí podría extenderse, asimismo, a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. De hecho, el reconocimiento por parte de Trump de la anexión marroquí del Sáhara Occidental —vinculado a los «Acuerdos de Abraham»— podría tener el efecto imprevisto de estrechar la relación entre las ocupaciones de Palestina y del Sáhara Occidental. La Iglesia Metodista Unida, una de las denominaciones protestantes más grandes de Estados Unidos, votó a favor de retirar sus inversiones en bonos soberanos de Marruecos, Israel y Turquía, debido a las ocupaciones que estos gobiernos mantienen.
Un movimiento de esta naturaleza podría, además, vincular el creciente apoyo de Trump a las ambiciones irredentistas de Rusia en Ucrania —que suscitan un amplio rechazo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo— con su respaldo a la conquista marroquí del Sáhara Occidental. Incluso figuras de línea dura respecto a Ucrania, como Michael McFaul —quien ocupó cargos de gran relevancia en política exterior durante la administración Obama—, señalaron que el hecho de que Biden no revirtiera el reconocimiento, por parte de Trump, de la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos, perjudicó los esfuerzos de Estados Unidos por defender el «orden internacional basado en normas» frente a la agresión rusa.
Independientemente de cómo pueda articularse un movimiento de este tipo, se debe presionar a Estados Unidos, a los países europeos y a otras naciones poderosas para que reconozcan su interés común en defender las normas jurídicas internacionales, incluso cuando el infractor sea un aliado. La omisión de esta responsabilidad en el Sáhara Occidental desde 1975 no solo ha prolongado —y, más recientemente, agravado— un conflicto amargo, sino que también ha contribuido a socavar la lucha global, sostenida durante décadas, por crear, mantener y fortalecer el orden liberal internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, lo que está en juego en el Sáhara Occidental no es simplemente el futuro de un pequeño territorio atrapado en un conflicto olvidado y estancado; se trata de determinar qué principio prevalecerá en el siglo XXI: ¿el derecho a la autodeterminación o el derecho de conquista? La respuesta podría definir el destino no solo del Sáhara Occidental, sino el de todo el orden jurídico internacional durante las próximas décadas.
Foto de portada: Saharaui-wiki – CC BY-SA 4.0
