Shawan Jabarin, CounterPunch.org, 10 noviembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Shawan Rateb Abdallah Jabarin es el director general de Al-Haq, una organización palestina por los derechos humanos con sede en Cisjordania. Entre 2005 y 2009, Jabarin fue miembro de la junta directiva de Defense for Children International – Palestine, la sección nacional de la organización no gubernamental Defense for Children International, con sede en Ginebra fundada en 1979.
El 13 de octubre de 2023, Al-Haq fue una de las primeras organizaciones en instar a los Estados a intervenir para detener el genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza. El proceso continuo de décadas de deshumanización de los palestinos —una población sometida a la condición de refugiados, a la negación del retorno, a asesinatos, torturas, apropiación de bienes y saqueos, fragmentada y subyugada por el violento régimen de apartheid colonial de asentamiento de Israel— ha dado lugar a una Nakba (catástrofe) en curso, a un borrado colonial permanente y a una destrucción cada vez mayor del pueblo palestino.
La destrucción y aniquilación sistemáticas de la Franja de Gaza por parte de Israel, iniciadas el 7 de octubre de 2023, han acabado con cualquier vestigio de vida palestina, dejando a Gaza en ruinas: viviendas, propiedades comerciales, cementerios, industrias, escuelas, universidades, hospitales, mezquitas, bienes culturales, carreteras, lugares emblemáticos e infraestructuras han sido destruidos y reducidos a un erial de escombros. Israel ha alterado radicalmente el territorio de Gaza mediante la construcción de carreteras militares, corredores, fortificaciones y terraplenes de tierra, apropiándose de más del 70 por ciento del territorio palestino situado dentro de la llamada «Línea Amarilla» —una demarcación en constante expansión que las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han calificado de «nueva frontera» en el marco de su anexión de facto—. Israel impone una política de «disparar a matar» para impedir que los palestinos regresen a sus destruidos hogares y propiedades dentro de la «Línea Amarilla»; miembros del gabinete de seguridad israelí han instado a matar indiscriminadamente a quienes se acerquen a dicha línea, incluidos los «niños». El gobierno israelí sigue adelante con sus planes para construir asentamientos en Gaza y llevar a cabo el traslado forzoso masivo de toda la población gazatí fuera del territorio, lo que denominan, mediante un eufemismo, «emigración voluntaria».
Más de 1,9 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados y viven en tiendas de campaña improvisadas, hacinados en campamentos en Al-Mawasi, a lo largo de la costa y bajo los restos de edificios de gran altura en ruinas, sin acceso a la infraestructura básica necesaria para la supervivencia humana. A pesar de un supuesto alto el fuego y del establecimiento de la denominada «Junta para la Paz», Israel ha seguido impidiendo la entrada a gran escala en Gaza de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción vitales. Por el contrario, los palestinos se encuentran expuestos a los peligros que suponen los edificios derrumbados, y todo el territorio está plagado de artefactos explosivos sin detonar; en Gaza, «cada día una persona muere o resulta herida a causa de artefactos explosivos… y casi la mitad de las víctimas son niños». Israel continúa llevando a cabo ataques letales —incluso contra palestinos que se refugian en tiendas de campaña dentro de zonas humanitarias—, lo que eleva el balance desde el supuesto alto el fuego de octubre de 2025 a 1.445 palestinos muertos y 5.072 heridos. Por su parte, desde el 7 de octubre de 2023, el número total de víctimas en Gaza asciende a 74.228 palestinos muertos y 175.118 heridos; actos que la Comisión de Investigación de la ONU ha calificado de genocidio.
Para los equipos forenses y los investigadores resulta imposible acceder a Gaza para indagar sobre el genocidio y los crímenes internacionales. Israel controla todos los puntos de acceso a Gaza, incluido el paso de Rafah, desafiando las órdenes de medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Sudáfrica vs Israel, las cuales exigen el cese de todas las operaciones militares en Rafah. La persistente presencia militar de Israel en Gaza, en su calidad de potencia ocupante, constituye además un incumplimiento de la opinión consultiva de la CIJ de julio de 2024, que insta a Israel a retirar de inmediato del territorio palestino su ilegal presencia militar. La recopilación de pruebas se ve gravemente obstaculizada por el bloqueo en curso, el cual contraviene las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.
Israel ocupa ilegalmente la totalidad del territorio palestino, incluida Gaza, y sigue infringiendo las órdenes de la CIJ al no «adoptar medidas eficaces para prevenir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito de los artículos II y III de la Convención [sobre el Genocidio]». Esto incluye la adopción de medidas eficaces «para garantizar el acceso sin trabas a la Franja de Gaza a cualquier comisión de investigación, misión de determinación de los hechos u otro organismo investigador designado por los órganos competentes de las Naciones Unidas para indagar sobre las denuncias de genocidio».
Con el fin de impedir la recopilación de pruebas, Israel ha tomado como blanco a los periodistas mediante una serie de ataques —acabando con la vida de al menos 260 de ellos desde octubre de 2023—, para eliminar así la documentación de sus crímenes en Gaza y, al mismo tiempo, difamar a las víctimas con acusaciones falsas de vínculos con grupos militantes. Solo se permite el acceso a Gaza a periodistas integrados en unidades militares, bajo la supervisión y censura de las fuerzas israelíes. Como señala la Relatora Especial de la ONU, Irene Khan: «Gaza se ha convertido en el conflicto más mortífero de la historia para los periodistas». Los asesinatos y crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza son objeto de una «investigación» interna a cargo de la Fiscalía General Militar israelí, la cual protege sistemáticamente a los militares de cualquier sanción; un ejemplo de ello es la retirada de los cargos contra cinco soldados israelíes que fueron grabados perpetrando una violación grupal contra un detenido palestino. Estos hechos fueron determinantes para que el secretario general de la ONU decidiera incluir a Israel en la «lista negra» de países vinculados a la violencia sexual en contextos de conflicto.
La labor de Al-Haq se ha centrado en exigir responsabilidades para presionar a Estados y empresas a fin de que reduzcan el suministro de armamento a Israel y reconozcan que en Gaza se está produciendo un genocidio, conforme a la definición establecida en los convenios internacionales.
En este contexto, para organizaciones de derechos humanos como Al-Haq —cuya labor respalda las investigaciones penales en curso ante la Corte Penal Internacional—, su presencia en Gaza resulta más crucial que nunca. Al-Haq supervisa y documenta violaciones, investigando los patrones de los ataques mediante un equipo de campo ampliado que recoge testimonios y recopila documentación directamente sobre el terreno en Gaza. Esto incluye los testimonios de detenidos palestinos liberados del centro de detención israelí de Sde Teiman, donde se practica la tortura, y de otros campos de detención. Dicha documentación se ha utilizado en informes presentados ante la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados —para contribuir a su informe sobre la tortura— y ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que constató que existe una «preocupante… política estatal de tortura y malos tratos, organizada y generalizada».
Al-Haq siempre se ha comprometido a preservar las pruebas del borrado del pueblo palestino y documentar los crímenes del colonialismo de asentamientos israelí. Sus archivos en papel se remontan a 1979, y la institución se encuentra actualmente en proceso de digitalizar este vasto acervo para la posteridad. Hoy en día, su labor continúa tanto dentro como fuera de Palestina. El equipo recopila testimonios de palestinos que han abandonado Gaza —incluidos aquellos que lograron escapar a Egipto antes de los ataques contra Rafah en abril de 2024—, así como de personal médico que ha sido testigo del genocidio en hospitales y centros sanitarios. Para adaptarse a las restricciones de acceso y a la magnitud de la destrucción en Gaza, la Unidad de Arquitectura Forense de Al-Haq recopila investigaciones digitales. Estas incluyen la reconstrucción de los ataques contra la escuela Al-Tabain y el Hospital Indonesio, empleando información de fuentes abiertas, imágenes satelitales, cartografía y modelado 3D, a partir de un extenso banco de datos que contiene pruebas en video y de fuentes abiertas —recopiladas minuciosamente—, además de un registro de declaraciones de carácter genocida.
En los últimos tres años, Al-Haq ha priorizado la rendición de cuentas, estableciendo alianzas y coaliciones con organizaciones de la sociedad civil en terceros países. El objetivo es perseguir a los autores —ya sean individuos, empresas o Estados— de crímenes internacionales y actos ilícitos internacionales que contribuyen al mantenimiento del régimen israelí de apartheid, colonialismo de asentamientos y carácter genocida, el cual niega a los palestinos sus derechos inalienables a la autodeterminación y al retorno.
Desde el 7 de octubre de 2023, Al-Haq ha asumido más de 30 casos en 13 jurisdicciones. Entre ellos figuran litigios relacionados con el comercio de armas que afectan a Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Polonia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Si bien algunos de estos casos fueron remitidos de nuevo a los gobiernos nacionales debido a restricciones derivadas de la separación de poderes, se han logrado victorias muy significativas en Australia, Canadá y el Reino Unido, las cuales han permitido la divulgación de documentación estatal relevante que detalla el alcance de las exportaciones de armas. La combinación de litigios y labores de incidencia ha logrado, además, restringir las exportaciones de armas desde Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido hacia Israel, al constatarse que dichas transferencias infringen el derecho internacional humanitario. Asimismo, procesos judiciales en Estados Unidos y los Países Bajos han conducido a importantes reconocimientos sobre la existencia de un genocidio —o de un genocidio plausible— en Gaza. Aunque se trata, en su mayoría, de revisiones judiciales destinadas a detener el suministro de armas a Israel, constituyen medidas de urgencia fundamentales que deben entenderse como un mecanismo de presión —complementario a las campañas de incidencia— para forzar la intervención de los Estados.
Al-Haq, en colaboración con socios en Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Suiza, ha emprendido también acciones contra individuos —entre ellos el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Economía, Nir Barkat— por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales. En este contexto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, canceló un viaje previsto a Francia después de que Al-Haq presentara un expediente ante la unidad especializada en crímenes de guerra de dicho país. En coordinación con sus socios y con las unidades de investigación de crímenes de guerra en Bélgica, Francia, Alemania e Italia, Al-Haq ha presentado expedientes probatorios contra personas con doble nacionalidad (israelí y otra) por su participación —como francotiradores en la «Unidad Fantasma» de Israel en Gaza— en ataques genocidas contra la población palestina. La empresa neerlandesa «The Four Winds», que suministra perros de ataque a las fuerzas de ocupación israelíes (FOI) —las cuales los han utilizado para someter a detenidos palestinos a actos de brutalidad, tortura y violación—, anunció el cese de sus actividades tras una acción legal conjunta emprendida por Al-Haq en los Países Bajos. En Francia, el Tribunal Judicial de París emitió una citación contra Nili Kupfer-Naouri, ciudadana con doble nacionalidad francesa e israelí y presidenta de la organización de colonos sionistas «Israel Is Forever», por complicidad en genocidio. Seguiremos persiguiendo implacablemente a los autores de las atrocidades cometidas en Gaza y contra el pueblo palestino.
Estos casos son solo una gota en el océano. Dada la magnitud de las matanzas y otros actos genocidas, así como la clara intención estatal de destruir al pueblo palestino, la gravedad y el alcance de estos crímenes exigen recurrir a los tribunales internacionales: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia. Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos han colaborado con la CPI desde el primer examen preliminar en 2009 y, desde 2015, han presentado, y siguen presentando, expedientes probatorios ante la Fiscalía para la investigación de la situación en Palestina. El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes internacionales cometidos contra los palestinos en Gaza, incluido el crimen de lesa humanidad de asesinato. Es posible que se presenten ante el tribunal muchas más solicitudes de órdenes de detención contra altos cargos políticos y militares israelíes. Sin embargo, a raíz de una decisión del tribunal en abril de 2025 de dejar de hacer públicas las solicitudes de la Fiscalía relativas a la situación en Palestina, esta información ya no es de acceso público, lo cual conlleva graves consecuencias para la capacidad de disuasión.
Desde entonces, la Asamblea de los Estados Parte ha destituido al fiscal en el marco de un procedimiento disciplinario del que Israel se valió directamente para orquestar una campaña de difamación, lo que ha dejado al tribunal en una situación de fragilidad y vulnerabilidad ante las injerencias políticas y los ataques. En septiembre de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a Al-Haq, Al Mezan y el PCHR por su labor de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), sumándose a las sanciones ya aplicadas contra jueces y fiscales de la CPI, así como contra la Relatora Especial de la ONU para el territorio palestino ocupado. Por otra parte, Estados Unidos ha sancionado a Addameer —una ONG palestina dedicada a los derechos de los prisioneros—, así como a representantes de la OLP y de la Autoridad Palestina, con el objetivo de sofocar los esfuerzos internacionales por exigir rendición de cuentas en relación con Palestina, paralizar las instituciones palestinas y destruir la Corte Penal Internacional. A pesar de estos intentos, nuestra labor continúa, y las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant siguen vigentes.
Más allá de los procesos penales, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desempeña un papel clave a la hora de abordar las causas profundas del conflicto. La CIJ ya se ha pronunciado sobre la necesidad de poner fin a la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado, determinando que dicha ocupación viola normas imperativas del derecho internacional. El caso «Nicaragua versus Alemania» es, posiblemente, el asunto más relevante en la actualidad ante la CIJ en lo que respecta a la responsabilidad de los Estados. El litigio versa sobre la responsabilidad de Alemania por el suministro de armas que han permitido mantener la presencia ilegal de Israel y el régimen de apartheid en Palestina, así como sobre la complicidad de Alemania y su omisión a la hora de prevenir actos de genocidio en Gaza. Si el caso avanza a la fase de fondo, tendrá un impacto profundo en la regulación y limitación de las acciones de cualquier tercer Estado en relación con Palestina. Por último, aunque habrá que esperar hasta 2031, la CIJ examinará el fondo del caso «Sudáfrica vs. Israel» —uno de los asuntos más trascendentales que ha llegado ante este tribunal—, el cual podría derivar en la concesión de restitución y reparaciones a favor del pueblo palestino, además de dejar constancia histórica de la responsabilidad de Israel en el genocidio de los palestinos en Gaza.
Este artículo ha sido patrocinado por Globetrotter.
Foto de portada de Mohammed Ibrahim.
