Corresponsal de Middle East Eye, 11 marzo 2022
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Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Acusan al Gobierno de Sisi de convertir al país en el tercer peor verdugo del mundo, tras Irán y China.
Las autoridades egipcias ejecutaron a siete hombres el miércoles y el jueves pasados en relación con casos “políticamente motivados”, y tras un proceso legal enturbiado por la tortura y la falta de pruebas, según ha declarado un grupo por los derechos humanos a Middle East Eye.
Las ejecuciones elevan a 105 el número de sentencias de pena de muerte por motivos políticos aplicadas desde que el presidente Abdel Fatah el-Sisi llegó al poder en 2014.
Según el Comité por la Justicia (CFJ), con sede en Ginebra, las autoridades penitenciarias egipcias ejecutaron a cuatro hombres el martes, aproximadamente un año después de que el principal tribunal de apelación del país confirmara sus sentencias.
Los cuatro hombres, junto con otros 32 acusados, habían sido acusados de haberse unido a un grupo prohibido y del asesinato de ocho policías en Helwan el 9 de enero de 2016.
El CFJ afirmó que cuatro de los acusados fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales durante su detención.
“El silencio de la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Egipto, especialmente del derecho a la vida, envalentonó a las autoridades para seguir ejecutando sentencias de muerte masivas dictadas en juicios excepcionales que carecían de los elementos mínimos de un juicio justo”, declaró el viernes el CFJ en un comunicado.
También dijo que los acusados ejecutados habían sido sometidos a tortura y desaparición forzada desde la fecha de su detención hasta que fueron presentados oficialmente ante la fiscalía.
Todos los acusados dijeron que habían sido sometidos a graves torturas en el interior de la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, que se utilizaron para extraer confesiones que sirvieron de base para su remisión a juicio.
Pero ni la fiscalía ni el tribunal prestaron atención a las violaciones, y las denuncias de tortura no han sido investigadas, dijo a MEE el director ejecutivo de CFJ, Ahmed Mefreh.
Mefreh añadió que los acusados no tenían abogados que los representaran en la primera sesión de investigación, lo que viola la Constitución egipcia.
Véase aquí infograma de las ejecuciones durante el mandato de Sisi elaborado por el CFJ.
En junio de 2017, el tribunal penal incluyó a los acusados en las “listas de terrorismo” sin juicio ni condena.
Tal designación tuvo implicaciones legales para los acusados: les impide viajar, se les retiran sus pasaportes, se congelan sus activos financieros y se despide a los que trabajan como funcionarios, al tiempo que se les prohíbe trabajar en cualquier empleo gubernamental o presentarse a cargos públicos.
“Se trata de un caso con motivación política, ya que los sospechosos eran opositores al régimen de Sisi y no han tenido un juicio justo”, dijo Mefreh a MEE.
El caso es conocido en los medios de comunicación como el caso de la “célula del microbús de Helwan”. Los cuatro acusados ejecutados el martes eran Abdullah Mohamed Shukry, Mahmud Abdel Tawab Morsi, Mahmud Abdel Hamid al-Geneidy y Ahmed Salama Ashmawy.
El miércoles, otros tres hombres fueron ejecutados en relación con el caso “soldados de Egipto”, más de dos años después de que el tribunal de casación confirmara sus condenas, acusados de presuntos ataques contra las fuerzas de seguridad en 2014 y 2015. Los tres hombres eran Belal Ibrahim Sobhy Farahat, Mohamed Hassan Ezzeddin Mohamed Hassan y Tageddin Monis Mohamed Hemeidah.
En 2020 fueron ejecutados diez acusados del mismo caso.
El CFJ dijo que los acusados en el caso de los “soldados de Egipto” fueron sometidos a desaparición forzada después de su detención, y fueron obligados a hacer confesiones bajo tortura. No se permitió a los abogados asistir a las sesiones de investigación.
Las ejecuciones se triplican en un año
Desde la llegada al poder de Sisi, tras el golpe militar de 2013 contra su predecesor Mohamed Morsi, Egipto ha vivido una oleada de represión contra la disidencia política que incluye detenciones arbitrarias y condenas a muerte.
En 2020 el número de ejecuciones en Egipto se triplicó con respecto al año anterior, convirtiendo al país en el tercer ejecutor más prolífico después de China e Irán, según Amnistía Internacional.
Muchos de los ejecutados han sido descritos por grupos de derechos humanos como “presos de conciencia”, detenidos por su oposición política al gobierno de Sisi.
Los grupos de derechos humanos egipcios y los activistas contra la pena de muerte han pedido en repetidas ocasiones una moratoria de la pena capital en el país.
Foto cabecera: Acusados en un juicio celebrado en El Cairo en el que diez personas fueron condenadas a muerte el 30 de enero de 2022 (AFP/foto de archivo)
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