El impacto de los nuevos Acuerdos Verdes en América Latina

John Feffer, Foreign Policy in Focus, 14 marzo 2022

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

John Feffer  es autor de las novela distópicas Splinterlands y de Frostlands. Completa la trilogía, de reciente aparición, Songlands.  Ha escrito también The Pandemic Pivot. Es director de Foreign Policy in Focus en el Institute for Policy Studies, donde desarrolla un nuevo proyecto para una Transición Global Justa.

Una nueva ola de extractivismo en el Sur Global es la cara oculta de las transiciones energéticas en el Norte.

En respuesta a la aceleración de la crisis climática, activistas y políticos han instado en los últimos años a los gobiernos a alejarse de los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, crear nuevos puestos de trabajo en el sector de las energías limpias, especialmente para los trabajadores de los sectores del petróleo, el gas y el carbón. Estas propuestas se enmarcan en la categoría de “Nuevos Acuerdos Verdes”, que hace referencia a los paquetes de estímulo gubernamental lanzados por Franklin Delano Roosevelt para rescatar la economía estadounidense durante la Gran Depresión de la década de 1930. Mientras que algunos de estos Nuevos Acuerdos Verdes son paquetes de reforma impulsados por el mercado con énfasis en la descarbonización, otros proponen transformaciones económicas y sociales más significativas.

El Nuevo Acuerdo Verde europeo, iniciado a finales de 2019, pretende combinar una transición a la energía limpia con énfasis en la equidad económica. Una iniciativa similar en Estados Unidos, asociada de forma más visible a una resolución presentada a principios de 2019 por la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) en la Cámara de Representantes y el senador Ed Markey (demócrata por Massachusetts) en el Senado, ha inspirado algunos elementos de los proyectos de ley de estímulo económico de la administración Biden, así como algunas leyes independientes que aún no han sido aprobadas por el Congreso. En 2020 el gobierno de Corea del Sur incluyó en su política oficial un Nuevo Pacto Verde que ponía énfasis en el impulso de las energías renovables y la creación de puestos de trabajo en ese sector.

El Sur Global está presente y ausente en estas iniciativas. Está ausente en el sentido de que la corriente principal de los Nuevos Acuerdos Verdes se centra en la reactivación del crecimiento económico en sus propios países o regiones, y apenas se menciona el Sur Global. Sin embargo, el Sur Global también está muy presente, ya que muchos de los materiales necesarios para las infraestructuras de energía limpia provienen de esta vasta región. En otras palabras, los Nuevos Acuerdos Verdes dependen de un flujo de recursos procedentes de los países de menores ingresos, pero no se responsabilizan por los posibles impactos que puedan tener en los ecosistemas y sociedades locales o transnacionales.

América Latina desempeña un papel desproporcionado en este flujo de recursos. Durante siglos, el continente se sometió a la extracción extensiva de metales preciosos y otros recursos valiosos por parte de las potencias coloniales, lo que el escritor uruguayo Eduardo Galeano describió como las “venas abiertas de América Latina”.

Esa época no ha terminado. Desde 1970, según un artículo publicado en 2020 en la revista Diálogos, la extracción de recursos de América Latina se ha multiplicado por cuatro, más que la media mundial. Una parte importante de estos recursos sale del continente en forma de exportaciones.

La transición para abandonar los combustibles fósiles requiere actualmente una gran cantidad de minerales para construir la infraestructura de las energías renovables. Según el Banco Mundial, la extracción y el refinado de minerales como el litio, el grafito y el cobalto aumentarán un 500% de aquí a 2050. Más del 50% del suministro mundial de litio, un componente clave en los paneles solares y las baterías de los coches eléctricos, se encuentra en el Triángulo del Litio, una vasta zona de salinas que se extiende por Argentina, Bolivia y Chile. Mientras tanto, casi el 40% del cobre del mundo, otro componente clave en la infraestructura energética “sostenible”, se halla en Perú y Chile.

“La mayoría de las economías latinoamericanas importan a un precio superior al que exportan”, señala Miriam Lang, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, en un taller reciente copatrocinado por el Pacto Ecosocial del Sur y Transición Global Justa. “En otras palabras, se están descapitalizando en términos materiales sin generar rendimientos económicos positivos. Esto refuerza la idea de un intercambio ecológico y económico desigual”.

El aumento de la extracción de recursos naturales en América Latina -combustibles fósiles, pero también minerales como el litio y materias primas como la madera de balsa– tiene un impacto directo y negativo en las comunidades donde se realiza la extracción. “Esta transición energética se promueve a fin de evitar el desastre natural del cambio climático”, señala Esperanza Martínez, bióloga y abogada de Acción Ecológica en Ecuador. “Pero en el Sur Global vemos que estas acciones no tienen nada que ver con los desastres naturales. Son desastres provocados por el hombre”.

La extracción, por ejemplo, se ha cobrado un enorme precio en el mundo natural. La biodiversidad ha disminuido en todo el mundo desde 1970 a un ritmo del 68%, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Pero la cifra correspondiente a América Latina y el Caribe es de un asombroso 94%.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, establece un paralelismo con los debates sobre el desarrollo de los años setenta, cuando se empujó a los países de América Latina a que hicieran considerables sacrificios en nombre del crecimiento económico. “Hoy, en nombre de la transición energética, se aprueba todo”, dice. “Vamos a construir nuevas centrales nucleares: en aras a la transición energética. Vamos a hacer perforaciones de petróleo y gas en alta mar: en aras a la transición energética. Vamos a sacrificar nuestro territorio una vez más y todo ello por la transición energética del Norte Global. Antes era en nombre del desarrollo, y ahora es en nombre de la transición energética”.

Mientras tanto, en el Norte Global, los Nuevos Acuerdos Verdes reconocen la urgencia del cambio climático y la necesidad de combinar la justicia económica con la descarbonización. Pero no proponen una transformación económica completa. “Yo llamaría al Acuerdo Verde Europeo una revolución pasiva”, observa Ulrich Brand, director de la Red de Investigación sobre América Latina de la Universidad de Viena. “Es un intento de las élites de cambiar la base de recursos de la economía, la base energética, sin transformar la estructura de poder o la lógica dominante de crecimiento y acumulación capitalista”.

Tal y como están las cosas, las transiciones previstas por los Nuevos Acuerdos Verdes corren el riesgo de trasladar simplemente las cargas de la lucha contra el cambio climático de las comunidades vulnerables del norte a las del sur. “No podemos limitarnos a desplazar las zonas de sacrificio”, señala Rajiv Sicora, principal asesor político del diputado demócrata Jamaal Bowman. “Para eliminarlas por completo, necesitaremos una cooperación global en modelos de desarrollo genuinamente democráticos”.

El Nuevo Acuerdo Verde de Estados Unidos

El Nuevo Acuerdo Verde en Estados Unidos es en gran medida una aspiración. Ha aparecido en forma de resolución no vinculante en el Congreso, pero no como proyecto de ley. Ha influido en partes de las políticas climáticas de la administración Biden, pero los aspectos más significativos de esa agenda no han sido aprobados por el Congreso. Y sirve de grito de guerra para los progresistas estadounidenses -y de pararrayos para las críticas de la derecha-, aunque se traduce en programas muy diferentes según los activistas que se consulten.

“Hay algunas formas en las que el Nuevo Acuerdo Verde ha hecho ya una contribución tangible”, informa Rajiv Sicora. “El gobierno de Biden ha establecido algunos objetivos ambiciosos, aunque no están en línea con un enfoque de reparto justo de las emisiones globales por parte de Estados Unidos ni se ocupan de la deuda climática con el Sur Global. La administración, por ejemplo, está tratando de llegar a la generación de electricidad totalmente renovable para 2035. Otra influencia directa es el Cuerpo Civil del Clima, que sigue el modelo del Cuerpo Civil de Conservación del New Deal, que puso a jóvenes desempleados durante la Depresión a trabajar construyendo parques, plantando árboles y realizando proyectos de restauración ecológica. Alexandria Ocasio-Cortez jugó un papel central en la definición de cómo sería esa propuesta si llegara a implementarse”.

La administración, continúa, “también ha puesto un verdadero énfasis en la justicia ambiental, al menos dentro de las fronteras de Estados Unidos. Se ha fijado el objetivo de distribuir al menos el 40% de los beneficios de las inversiones climáticas a las comunidades históricamente marginadas, aquellas que han soportado el mayor impacto de la extracción y quema de combustibles fósiles y el resto de daños e injusticias de nuestra economía”. Esta iniciativa, Justice40, añade, “sintetiza décadas de trabajo del movimiento de justicia medioambiental liderado por comunidades negras, marrones e indígenas en Estados Unidos”.

Aunque la administración aún no ha conseguido que su principal proyecto de ley económica, el Build Back Better, pase por el Congreso, sí consiguió aprobar una ley de infraestructuras el año pasado. “Intentan afirmar que este proyecto de ley de infraestructuras es respetuoso con el clima”, añade Sicora. “Pero invierte más en infraestructuras para coches y carreteras que en transporte público, lo cual es indignante”.

Contrasta el enfoque de la administración con el más transformador Nuevo Pacto Verde, “que utiliza un marco de emergencia y subraya la importancia de mejorar la vida material de la gente corriente y la necesidad de reestructurar fundamentalmente nuestra economía”. El Nuevo Acuerdo Verde prevé la creación de millones de puestos de trabajo sindicalizados. Para ello, tenemos que movilizar una respuesta gubernamental holística durante la próxima década”.

Las diferencias entre el Nuevo Acuerdo Verde más transformador y el gobierno de Biden comienzan con la escala de fondos. Bernie Sanders, cuando se presentó a la presidencia en 2020, “mostró una plataforma detallada y visionaria del Nuevo Pacto Verde que pedía invertir 16 billones de dólares en 10 años”, continúa Sicora. “El presidente Biden, en cambio, empezó con una propuesta de 2 billones de dólares que formaba parte de su legislación estrella, Build Back Better”. El gasto en el clima de ese proyecto de ley se ha reducido a 550.000 millones de dólares y, aun así, el Partido Demócrata no ha conseguido que se apruebe Build Back Better en el Congreso. “Y la dirección del Partido Demócrata no tiene una estrategia para movilizar a la gente a nivel de base para impulsar esto, o para superar la resistencia de los senadores que están respaldados por las empresas”, añade.

Otra diferencia importante tiene que ver con los impulsores de la transición. Para el gobierno de Biden, el sector privado es el que lidera los esfuerzos para aumentar la energía eólica y solar. Para los defensores de un Nuevo Acuerdo Verde, “el sector público debería ser el impulsor de esta transición”, explica Sicora. “El sector público puede hacerlo más rápido y garantizar un alto nivel de calidad y participación democrática. Podemos desarrollar la capacidad de planificación económica para reducir gradualmente los combustibles fósiles al mismo tiempo que aumentamos las energías renovables”.

Este énfasis en el sector público se extiende a tres proyectos de ley asociados al Nuevo Acuerdo Verde: sobre vivienda pública, sobre las ciudades y sobre las escuelas públicas. Sicora ha trabajado estrechamente en el proyecto de ley sobre las escuelas. “Todas las escuelas de este país deberían ser seguras, cómodas y con cero emisiones de carbono”, afirma. “Pero ahora mismo, las instalaciones escolares de todo el país se están cayendo literalmente a pedazos, y los daños a la salud y los desastres climáticos son una amenaza diaria para los estudiantes negros, marrones y de bajos ingresos. Las escuelas públicas, como dice el diputado Bowman, son el latido de nuestras comunidades. Han sufrido el abandono y la desinversión durante décadas, pero es difícil pensar en una sola institución que afecte a la vida de más personas”.

Los tres proyectos de ley también ilustran la estrategia organizativa de los defensores del Nuevo Pacto Verde. “También estamos hablando de las coaliciones que necesitamos para conseguir un cambio radical”, concluye. “Necesitamos que los profesores luchen junto a los trabajadores que se beneficiarían de la readaptación de las escuelas y junto a los estudiantes activistas del clima. Incluso si no es probable que estos proyectos de ley se aprueben en este momento, podemos utilizarlos como poderosas herramientas de organización, y hemos visto que esas coaliciones comienzan a unirse para presionar por la financiación relacionada en el paquete Build Back Better”.

El Pacto Verde Europeo

El Pacto Verde Europeo, presentado por primera vez en diciembre de 2019, promete un “crecimiento económico desvinculado del uso de recursos” y prevé aumentar la proporción de energías renovables hasta el 40% del uso total de la energía, renovar 35 millones de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente al tiempo que se crean 160.000 nuevos puestos de trabajo verdes en el sector de la construcción, e impulsar la agricultura ecológica como parte de un programa “de la granja a la mesa” que pretende hacer más sostenibles la producción, la distribución y el consumo agrícolas.

La UE se ha comprometido a destinar hasta el 30% de su presupuesto a largo plazo, lo que supondría unos 700.000 millones de dólares, a reducir las emisiones de carbono de aquí a 2030. Como parte del plan, un Mecanismo de Ajuste en Frontera de las Emisiones del Carbono aplicaría efectivamente un arancel a los productos con alto contenido de carbono que entraran en la UE. Un Mecanismo de Transición Justa de unos 85.000 millones de dólares en seis años ayudaría a las regiones más pobres del bloque a cumplir los objetivos del plan. Dentro de este plan, un “mecanismo de préstamos al sector público” combinaría subvenciones del presupuesto de la UE con la financiación del Banco Europeo de Inversiones.

“Veo el Acuerdo Verde como continuidad con la economía verde formulada tras la crisis financiera de 2008-09”, observa Ulrich Brand. “Es explícitamente una estrategia de crecimiento para transformar la UE en una sociedad justa y rica con una economía competitiva moderna y eficiente en cuanto a recursos. Es una estrategia de crecimiento diseñada para dar a Europa una ventaja competitiva”.

No se trata, se apresura a añadir Brand, de una transformación completa de la economía europea. “Es un intento de transformar la base energética de la economía, pero no su economía política”, explica. “Por ejemplo, el plan consiste en tener un cierto número de coches eléctricos para 2030, lo que significa que no se trata de reestructurar todo el sistema de transporte”. Además, el éxito del plan se basa en la extracción de recursos a gran escala del Sur Global.

En Europa existen versiones más progresistas del Acuerdo Verde que difieren de la política oficial en cuatro aspectos importantes. En primer lugar, las versiones más progresistas sitúan al Estado, y no al capital privado, en el centro de la reestructuración de la economía. En segundo lugar, en vez de un enfoque paternalista, las versiones más progresistas insisten en una transición justa en la que los trabajadores se aseguren buenos puestos de trabajo, en particular los procedentes de ciertas industrias con altas emisiones de carbono que están siendo reestructuradas o eliminadas. En tercer lugar, no solo hay que electrificar la economía, sino también reducir y reorganizar ciertas ramas como el automóvil, el transporte aéreo y el sector químico. Aunque existe cierto consenso en torno a dicha reorganización, señala Brand, hay más desacuerdo en cuanto a desafiar el imperativo de crecimiento de la economía capitalista.

Sobre este último punto, “tenemos que replantearnos nuestro bienestar”, sugiere. “Nuestro estatus no debería consistir en tener un coche más grande o volar por todo el mundo. En una economía del cuidado, tenemos que cuidar de nosotros mismos, de nuestra comunidad y de la naturaleza”.

Señala un reto adicional relacionado con el Estado. “A la postre, la mayoría de los Nuevos Acuerdos Verdes son reformistas”, señala. “Creen que el Estado puede marcar la diferencia, y no reflejan el hecho de que el Estado es un problema. Tenemos que repensar las propias estructuras del Estado. En los últimos dos meses, he revisado la literatura del Nuevo Acuerdo Verde y me ha sorprendido que no haya ninguna reflexión sobre lo que significa el Estado y cómo debería cambiarse. Esto es también un punto ciego”.

El caso de la madera de balsa en Ecuador

Ecuador es el mayor exportador de madera de balsa del mundo. En 2020 el país exportó más de 400 millones de dólares de esta madera, el 85% a China. La madera, por ser ligera y flexible, pero también dura, es especialmente adecuada para la construcción de palas de aerogeneradores. China es un gran consumidor de energía eólica y un gran exportador de esa misma tecnología.

Sin embargo, como explica Esperanza Martínez, este componente clave de la energía “limpia”, que es el centro de los Nuevos Acuerdos Verdes, está teniendo cualquier cosa menos un impacto limpio en las comunidades y la biodiversidad del Amazonas en Ecuador.

“Cuando hablamos de petróleo y gas, podemos imaginar los impactos negativos, como un derrame de petróleo o un incendio”, dice. “Cuando piensas en la madera de balsa, es verde. Se utiliza para la recuperación de los bosques. Pero no, los proyectos de balsa también tienen impactos negativos. Ya no hay balsa silvestre, ni siquiera en zonas protegidas como el Parque Nacional Yasuní. Los recolectores se han adentrado en territorios donde viven poblaciones voluntariamente aisladas para conseguir balsa silvestre”.

La extracción de balsa, mientras tanto, ha provocado la deforestación como parte de lo que se ha llamado “fiebre de la balsa”. La tala ha provocado desprendimientos de tierra, informa Martínez, y las plantaciones de balsa han provocado el desplazamiento de personas, especialmente en los alrededores de la ciudad portuaria de Esmeraldas, donde viven muchos afroecuatorianos.

El auge de la balsa coincidió con la pandemia de COVID. “La gente no tenía ingresos, sobre todo los que trabajaban en los servicios y el turismo”, explica Martínez. “La gente se quedó sin dinero y de repente surge esta oportunidad de la balsa. La gente del campo recibe semillas y la promesa de un pago tres o cuatro años después. Parece un buen negocio. Pero el problema es que todo ocurrió muy rápido. Hubo demasiada producción de madera de balsa en 2020 y los precios bajaron. Y esto afectó mucho a los campesinos que habían cambiado la gestión de sus tierras para cultivar la balsa”.

La extracción de madera de balsa de Ecuador se asemeja en muchos aspectos a la extracción de combustibles fósiles. “Cuando las empresas llegan de forma violenta, arrancan a la gente de sus formas de vida tradicionales”, continúa Martínez. “Esto provoca mucho desorden, robos, violencia. Simplemente talan los bosques y no se habla de los derechos, la biodiversidad o la soberanía alimentaria. Y esto ocurre en un país que ha reconocido los derechos de la naturaleza”. En 2008 Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en consagrar los derechos de la naturaleza en una Constitución.

Como país productor de petróleo, Ecuador se enfrenta a un reto especial en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. «Recuerdo cuando dijimos que queríamos dejar de producir petróleo», recuerda Martínez. «Dijeron que era imposible, que era una posición demasiado impopular en el Norte. Pero vimos cómo estaba costando vidas en el Sur por las guerras, el cáncer y otros impactos ambientales. Ahora, vemos que la agenda del cambio climático sólo se centra en la descarbonización. Sí, tenemos que cerrar los pozos de petróleo. Pero no podemos hablar sólo de carbono. También tenemos que hablar de la apropiación de la tierra. Tenemos que hablar del consumo. Y tenemos que hablar de nuestra autonomía».

El caso del litio en Argentina

El litio, como la madera de balsa, es un componente clave en las alternativas energéticas “limpias”. Las baterías de iones de litio, por ejemplo, son una parte esencial de los coches eléctricos. Como la mayoría de los minerales y metales, este “oro blanco” tiene una oferta limitada. Según un cálculo, el suministro mundial de litio se agotaría en cinco años si se sustituyera el número actual de coches convencionales producidos cada año por coches eléctricos.

“El Triángulo del Litio, en el norte de Argentina, en una zona compartida con Chile y Bolivia, es el nuevo El Dorado”, informa Enrique Viale. “Es donde se prometen enormes riquezas. Y también es donde los nuevos conquistadores pueden alcanzar poder”.

Viale experimenta una poderosa sensación de déjà vu. En el pasado, a los argentinos se les prometió que el petróleo o el cobre serían los salvadores del país. “Ahora se supone que es el litio el que nos salvará”, dice. “Todo se justifica en nombre del litio. Y da la casualidad de que el litio se encuentra donde las comunidades indígenas han vivido durante mucho tiempo. Todos sus derechos están siendo sacrificados en el altar de esta idea de una transición energética que requiere litio. Y de nuevo los ecologistas somos los malos que queremos detener el progreso en nombre de la transición energética”.

También el medio ambiente se lleva la peor parte de la extracción de litio. Los salares del Triángulo del Litio son algunas de las zonas más secas del planeta. Sin embargo, la extracción de litio del subsuelo de este desierto requiere mucha agua: 500.000 galones [1 galón = 3,785 litros] por tonelada de litio. En las instalaciones del Salar de Jujuy, en Argentina, por ejemplo, las bombas extraen 2 millones de galones al día de agua subterránea, en un lugar que recibe menos de cuatro pulgadas de agua al año.

La extracción de litio tiene lugar en la economía liberalizada de Argentina. “Cuando la minería llegó en los años 90, en la época del consenso de Washington, todo se escribía con el mismo lápiz”, recuerda Viale. “Había pocos impuestos. Incluso se le prohibió al Estado participar en las explotaciones mineras. Ni siquiera la administración progresista de Alberto Fernández se ha atrevido a cambiar eso”.

Como resultado, concluye, “estamos viviendo un cierto tipo de neoextractivismo. En lugar del boom de las materias primas del período anterior, ahora todo se hace en nombre de la transición energética. Tenemos que desafiar este modelo corporativo. No queremos ser los que sacrifican todo para que todos en Estados Unidos puedan tener un Tesla”.

Justicia climática

Los Nuevos Pactos Verdes sitúan la justicia climática en el centro de sus programas, por ejemplo, al destinar fondos a las comunidades que históricamente han sufrido impactos ambientales negativos. Pero, con demasiada frecuencia, la justicia climática se detiene en el borde del agua. En su afán por hacer una transición hacia la energía limpia, el Norte Global rara vez considera el impacto de esta transición en el Sur Global.

“Los problemas de América Latina son totalmente diferentes a los del Norte”, explica Enrique Viale. “Cuando vemos debates en el Norte Global, solo se habla de la descarbonización, como si fuera la única cuestión, como si fuera suficiente. Se olvidan de todos los impactos locales de estos modelos de desarrollo. Esto convierte a nuestros países en colonias. Necesitamos nuevas narrativas en nombre de la transición energética”.

Un tema importante que a menudo se pierde en las discusiones sobre el clima entre el Norte y el Sur a nivel gubernamental es la deuda. “América Latina tiene una deuda financiera de dudoso origen”, continúa Viale. “El Sur Global paga más de 2 billones de dólares al año solo en intereses de la deuda. Aquí en Argentina tenemos una deuda muy grande con el FMI que dejó el gobierno neoliberal anterior y que nunca podremos pagar. Eso genera una presión sobre nuestro territorio. Como necesitamos más dinero, el gobierno dice que necesitamos más minería y más petróleo para conseguir dólares para pagar esa deuda”.

Luego está la deuda climática: la enorme brecha de emisiones históricas entre el Sur Global y el Norte Global. Europa y Norteamérica, por ejemplo, son responsables de más del 60% de las emisiones de carbono desde 1750. Contrasta con el 3% de las emisiones de las que es responsable América del Sur. “Tenemos que discutir la deuda climática entre el Norte y el Sur, que es inmensa”, concluye Viale. “Tenemos que poner sobre la mesa la deuda ecológica y la deuda financiera y pensar en quién debe a quién. Tenemos que encontrar una forma real de pagar la deuda ecológica. Y tenemos que encontrar una forma de salir de este callejón sin salida de América Latina como exportadora de naturaleza”.

Ulli Brand está de acuerdo. “Dentro de las versiones progresistas del Nuevo Pacto Verde, se discute sobre las responsabilidades históricas y el legado colonial”, señala. “El Fondo Verde para el Clima debería recibir más dinero, debería haber una mayor redistribución de los recursos, etc. Pero no hay un diálogo directo con el Sur Global, no se reflejan las experiencias a las que se refieren Esperanza y Enrique. Se trata de una nueva cosificación en la que el Sur es un objeto pobre que es explotado. Tenemos que hacer que las historias de lucha y éxito del Sur Global sean más visibles en el Norte Global. Nuestro reto es hacer una historia a partir de las cifras, para mostrar que, si usas el transporte público y no el coche o no comes alimentos industriales, esto tiene implicaciones en la extracción material del Sur Global”.

Uno de los esfuerzos por aplicar los principios de justicia climática a la economía mundial ha sido la aplicación de normas medioambientales y sociales en toda la cadena de suministro. El Pacto Mundial de la ONU, un acuerdo voluntario de las empresas mundiales, ha promovido diversas prácticas para garantizar una mayor sostenibilidad en las cadenas de suministro. A partir de 2023, según una nueva ley, las empresas alemanas con más de 3.000 empleados estarán obligadas a eliminar o minimizar las violaciones de los derechos humanos y los riesgos medioambientales en sus cadenas de suministro.

Sin embargo, cuando los inversores no cumplen estos principios, “no hay capacidad independiente para controlar sus acciones”, señala Esperanza Martínez. La experta recuerda el caso de un contrato entre el gobierno ecuatoriano y una empresa china para la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, un acuerdo secreto que finalmente se canceló, pero al que siguió otro gran acuerdo con empresas chinas en una zona remota de la selva amazónica. “Los contratos de inversión que el gobierno acepta siempre resultan convenientes para los inversores, no en nombre de los derechos humanos o los derechos de la naturaleza”, continúa. “Necesitamos una agenda que refuerce esas obligaciones mediante el control independiente de las inversiones. Las inversiones no deben realizarse sin una verificación completa de que las empresas cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos y derechos de la naturaleza”.

Estados Unidos, por su parte, ha sido más lento en adoptar los principios de justicia climática. “Desde la perspectiva del movimiento y de la organización, hemos avanzado mucho”, informa Rajiv Sicora. “Hay grupos con sede en Estados Unidos que participan intensamente en las crecientes coaliciones mundiales. Están organizando la resistencia a los llamamientos para aumentar la extracción de litio en Nevada y California, donde existe el mismo problema de violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Esta organización no se refleja, en su mayor parte, en el trabajo del Congreso, donde “si se intenta hablar de ‘justicia en la cadena de suministro’ y del ‘extractivismo’, la mayoría de las veces se reciben miradas vacías”, continúa. “Algo alentador que está haciendo el gobierno de Biden, por ejemplo, es promover un mayor reciclaje de los materiales de las baterías. Pero no está buscando, en primer lugar, formas de reducir la demanda de los materiales cambiando la forma en que consumimos y cómo están estructuradas nuestras economías”.

Cuando el Congreso examina las cadenas de suministro mundiales, se centra casi exclusivamente en proteger la producción y el consumo de Estados Unidos de las interrupciones. “Lo que pretendemos al pensar en las cadenas de suministro es asegurar el acceso a los insumos y materiales o la deslocalizar la producción a Estados Unidos, sin una estrategia real para apoyar el desarrollo equitativo y respetuoso con el clima en todo el mundo”, continúa, señalando un nuevo proyecto de ley que vincula las inversiones en innovación a la competencia geopolítica más amplia con China.

“Hay oportunidades para que la izquierda cambie la narrativa y cuestione la forma en que se implementa”, concluye, “pero el proyecto de ley es una peligrosa mezcla de ambiciosas inversiones en ciencia e innovación, subsidios indiscriminados para las empresas tecnológicas y un enfoque agresivo para contrarrestar a China en el Sur Global”. Algunas partes del proyecto de ley se basan en la fantasía de que obligaremos a otros países a elegirnos a nosotros en lugar de a China para la ayuda energética y al desarrollo. Hay apoyo militar a los países latinoamericanos y ayuda relacionada con la energía hacia otros países, incluso para expandir los combustibles fósiles, y las partes más ecológicas del proyecto de ley están todas dentro de un marco de nacionalismo verde”.

Caminos de progreso

El Pacto Ecosocial del Sur, que se formó en los primeros meses de la pandemia de 2020, pretende trazar una transición energética desde abajo amplificando y sintetizando los enfoques locales de control comunitario, soberanía alimentaria y similares. “El Pacto Ecosocial del Sur ha salido del Sur Global y es para el Sur Global”, dice Enrique Viale.

“En el poco tiempo que lleva funcionando el Pacto, hemos tratado de hablar de alternativas diferentes y concretas”, informa Esperanza Martínez. “Hemos tenido reuniones, estamos trabajando con los gobiernos locales y las redes existentes para articular estas alternativas, no solo de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Es un gran error decir que solo hay una gran variable económica a resolver para el futuro. En un mundo diverso, las recetas únicas no funcionan. En cambio, tenemos principios y valores y estamos poniendo todas las restricciones posibles a las cosas que vienen de fuera para proteger lo que es valioso aquí”.

Enrique Viale se muestra de acuerdo: “Lo que intentamos es hablar de ideas horizontales que se han forjado en las últimas décadas: los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la justicia redistributiva, las transiciones justas, la autonomía, el posextractivismo, el ecofeminismo, la soberanía alimentaria”.

Otra trayectoria futura implica desafiar el propio imperativo de crecimiento de la economía global. “El decrecimiento no consiste en reducir el PIB”, señala Ulrich Brand. “Un PIB que se reduce implica una crisis, como saben nuestros compañeros de América Latina, y suele ser una crisis para los más débiles, no para las élites. En cambio, el decrecimiento es una forma de superar la necesidad constante de acumular capital a través de la minería, por ejemplo. Se puede encontrar este imperativo de crecimiento incluso en los debates bienintencionados del Nuevo Acuerdo Verde, donde aparece como keynesianismo de izquierdas”.

Una forma de entrar en este debate sobre el decrecimiento es centrarse en la definición de una vida buena. “En Estados Unidos vamos muy por detrás de los movimientos de Los Angeles, pero hay una idea emergente en el sentido de que si nuestras necesidades básicas están satisfechas, si tenemos tiempo libre para pasarlo con amigos y seres queridos, si tenemos acceso a las artes y a los servicios públicos gratuitos, entonces también será menos probable que nos dediquemos a consumir de forma materialmente intensiva”, señala Rajiv Sicora.

Este enfoque en lo que los latinoamericanos llaman el buen vivir tiene el potencial de ser lo más inclusivo posible. Después de todo, como señala Ulrich Brand, “no podemos esperar que la mayoría de la gente sea internacionalista. La transformación radical tiene que ser una transformación de la vida cotidiana: lo que como, cómo me desplazo… La formulación de políticas, la elaboración de leyes, las decisiones de inversión: tienen que ser internacionales y transformadoras, pero no podemos esperar que la gente corriente sea transformadora o piense en la escala global en su vida cotidiana”.

Incluso en Estados Unidos, un grupo central de legisladores progresistas -Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Cori Bush, Jamaal Bowman, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib- ha estado impulsando formas sustancialmente diferentes de abordar la economía. Gracias en parte a sus esfuerzos, el proyecto de ley Build Back Better combinó inversiones en energía limpia con otras en la economía de los cuidados, como la licencia médica familiar pagada y la expansión del cuidado infantil. “Aunque los medios de comunicación presentaron el Build Back Better como un conjunto de propuestas demócratas, hay una lógica poderosa en vincular la acción climática y la economía de los cuidados”, explica Rajiv Sicora. “Los puestos de trabajo en el sector de los cuidados ya son relativamente bajos en carbono, exactamente el tipo de sector que deberíamos ampliar y reforzar como parte de un Nuevo Pacto Verde. Y las enfermeras, los profesores y los trabajadores de la asistencia domiciliaria se ocupan ya habitualmente de los impactos climáticos en sus trabajos”.

“También estamos trabajando en un proyecto de ley para ampliar la tecnología de almacenamiento de energía, que es una oportunidad para abordar la justicia de la cadena de suministro”, continúa. “Y estamos explorando otras ideas relacionadas con la ampliación y democratización de la propiedad pública. Como movimiento dentro-fuera, básicamente estamos averiguando por primera vez cómo intentar transformar y democratizar el Estado estadounidense e internacionalizar la lucha. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Y creo que deberíamos colaborar formalmente a través de las fronteras, por ejemplo, sobre cómo transformar el régimen de comercio e inversión. Los legisladores como yo pueden trabajar con sus homólogos de otros países para proponer marcos bilaterales y multilaterales alternativos. Tenemos que intercambiar lecciones y cubrirnos las espaldas mutuamente mientras trabajamos de forma solidaria”.

Foto de portada: Extracto de litio en Argentina (Shutterstock)

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