Simon Pirani, People and Nature, 24 marzo 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Simon Pirani es escritor y activista. En 2018 publicó, en Editions Pluto Press, Burning Up: A Global History of Fossil Fuel Consumption. Desde 2007 desarrolla trabajos de investigación en el Oxford Institute for Ernergy Studies (Universidad de Oxford). Ha participado en numerosos estudios sobre el mercado del gas, entre otros: The Russian Gas Matrix: How Markets are Driving Change (2014) o CIS Gas Markets and their Impact on Europe (2009). También ha publicado otras obras de interés: The Russian Revolution in Retreat (Ed. Routledge, 2008) y Change in Putin’ Russia. Power, Money and People (Ed. Pluto, 2009).
El lunes 21 de marzo, los soldados rusos dispararon contra los manifestantes que gritaban “volveos a casa” en la plaza principal de Kherson, al sureste de Ucrania, hiriendo a varias personas.
Miles de personas se han venido manifestando con banderas ucranianas cada día desde que la ciudad fue ocupada el jueves 3 de marzo.
La violencia del lunes comenzó después de que los manifestantes descubrieran que el monumento de la ciudad a los “cien celestiales” -los ucranianos que murieron en el levantamiento de 2014 contra el expresidente Viktor Yanukovich- había sido pintarrajeado.
La resistencia al ejército ruso en Kherson -una ciudad mayoritariamente rusoparlante de 290.000 habitantes, y la única ciudad importante ocupada– pone de manifiesto el profundo dilema de Rusia en Ucrania. No solo la población no ha dado la bienvenida a su ejército, sino que una resistencia popular masiva está desempeñando un papel fundamental en el conflicto militar.
Aunque la televisión estatal rusa ha emitido informes sobre planes para crear una “república popular” de Kherson, similar a las establecidas en Donetsk y Luhansk en 2014, dichos planes han sido rechazados por el consejo regional de Kherson.
Hace dos semanas, el 7 de marzo, Serhiy Kudelia, en un análisis de los dilemas a los que se enfrentan las autoridades locales en las zonas ocupadas, señaló que podrían optar por la “colaboración involuntaria” como un “mal menor”, para garantizar que los servicios vitales no colapsen. Parece que hasta ahora ha habido muy pocos indicios de ello.
Hay otra opción para el ejército ruso: arrasar las ciudades como han hecho en Mariupol, obligando a la población a huir y destruyendo viviendas e industrias (incluida, en ese caso, una de las mayores acerías de Europa).
Secuestros y ejecuciones
Se ha informado de secuestros y ejecuciones de activistas, periodistas y representantes del gobierno local por parte de las fuerzas rusas en todas las zonas ocupadas. El 15 de marzo, una alianza de 85 organizaciones no gubernamentales (ONG) ucranianas hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que se ocuparan del asunto.
Señalaron asimismo la ejecución de Yuri Prylypko, alcalde de Hostomel, cerca de Kyiv, y de dos voluntarios, Ruslan Karpenko e Ivan Zorya, que habían estado distribuyendo ayuda humanitaria.
En ese llamamiento se informaba de detenciones masivas en Volnovakha. Pavel Lisyansky, del Grupo de Derechos Humanos del Este, una ONG vinculada a los sindicatos con sede en Donetsk, informó de que se había detenido a 57 activistas en Luhansk, en zonas recientemente ocupadas por las autoridades de la “república popular” apoyada por Rusia.
Alguien, presuntamente soldados rusos, pintó con spray “las fuerzas armadas ucranianas matan niños en Donbass” en el monumento a los “cien celestiales”, ucranianos asesinados durante la “revolución del Maidán” de 2014. La gente trató de borrar la pintura en aerosol y fue atacada con granadas y balas reales. (Del facebook de Vchora)
También se ha informado ampliamente de disparos aleatorios contra civiles por parte de soldados rusos, por ejemplo, en pueblos cercanos a Kiev.
Una serie de representantes del gobierno local han sido secuestrados, ya que las fuerzas de ocupación los presionan para que colaboren. Uno de los últimos casos, el 19 de marzo, es el de Oleksandr Shapovalov, alcalde de Beryslav. Al parecer, sigue en cautividad; ha podido ponerse en contacto con su familia, que está preocupada por su salud, ya que padece problemas cardíacos y estaba muy afectado por el coronavirus.
El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, que fue secuestrado el 11 de marzo tras negarse a cooperar con las fuerzas de ocupación, fue liberado el 16 de marzo, al parecer a cambio de nueve soldados rusos que habían sido hechos prisioneros.
Fedorov, que estaba recluido en un centro de detención de Melitopol, dijo en una entrevista que no le habían golpeado, pero que había oído cómo torturaban a alguien en la celda de al lado. Los soldados rusos habían detenido a varios habitantes de la zona, en su mayoría manifestantes, a los que los soldados habían advertido que no debían protestar en el futuro. Le habían pedido que firmara documentos en los que se declaraba que había dimitido como alcalde, o que había nombrado a sustitutos elegidos por él, a lo que se negó.
Otros secuestros denunciados son:
□ Mykhailo Kumka, editor que controla el holding de medios de comunicación de Melitopol, fue secuestrado con su familia y la redacción de Melitopol News. Fueron liberados el 21 de marzo. Otras víctimas del secuestro son Leila Ibragimova, jefa adjunta del consejo regional de Zaporizhya (que posteriormente fue liberada), y Olha Haisumova, organizadora de manifestaciones en Melitopol.
Los periodistas locales son el principal objetivo. En Melitopol, las tropas rusas irrumpieron en el domicilio de Svitlana Zalizetska, directora del sitio web Ria-Melitopol, secuestraron a su padre, de 75 años, y le exigieron que se presentara ante ellos para conseguir su liberación. En Berdyansk, los soldados rusos tomaron el edificio del medio de comunicación local PRO100, retuvieron como rehenes a su personal y trataron de convencerlos de que colaboraran con los propagandistas rusos.
□ En Kakhovka, el periodista Oleg Baturin fue secuestrado el 12 de marzo, junto con Serhiy Tsyhipa, un activista que difundía información a nivel local, y otras cuatro personas. Baturin fue liberado el 20 de marzo; la suerte de los demás no está clara.
□ El 16 de marzo, Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, informó de que Oleksandr Yakovlev y Yevhen Matveyev, alcalde y teniente de alcalde de Skadovsk, en la región de Kherson, habían sido secuestrados.
□ El 21 de marzo se denunció la desaparición en Berdyansk de Aleksandr Ponomarev, cuyo grupo empresarial controla gran parte de la industria de la ciudad. El partido de oposición -Por la Vida- del político ucraniano Yury Boiko, que había tenido una relación cercana con el expresidente Yanukovich, anunció que Ponomarev, miembro de su fracción parlamentaria, había desaparecido. No dieron ninguna información sobre los responsables.
Para obtener información actualizada, puede consultarse el Twitter Decoding Trolls.
Zonas ocupadas en 2014
El reino del terror en las zonas ocupadas este mes es una continuación de la política rusa en Crimea, que se anexionó en 2014, y en las “repúblicas populares” de Donetsk y Luhansk.
La naturaleza anárquica y arbitraria de la gobernanza en la república ha sido discutida con anterioridad en este blog y, obviamente, en muchos otros (por ejemplo, aquí). Una revisión reciente, que cubre Crimea y las “repúblicas”, puede leerse aquí.
Desde la invasión del mes pasado, los defensores de los derechos humanos han denunciado una nueva serie de medidas represivas contra la disidencia política en Crimea, especialmente contra la comunidad tártara de Crimea.
El 21 de marzo, un tribunal ruso de Rostov del Don condenó a 14 y 15 años a cinco tártaros de Crimea, todos ellos miembros del grupo de derechos humanos Solidaridad con Crimea. Se les acusó de “planear una toma violenta del poder”, sin pruebas y basándose en la palabra de testigos anónimos que no los conocían.
Las sentencias formaban parte de Hizb ut-Tahrir, una organización musulmana transnacional pacífica, considerada “terrorista” por una sentencia secreta del Tribunal Supremo ruso en 2003.
Halya Coynash, del Grupo de Derechos Humanos de Kharkiv, comentó que, en Crimea, “Rusia ha utilizado sistemáticamente este tipo de acusaciones como arma para intentar aplastar el movimiento de derechos humanos de los tártaros de Crimea” que surgió, en 2016, para defender el creciente número de presos políticos de las autoridades de ocupación rusas. “Los activistas y periodistas de Solidaridad con Crimea desempeñan un papel enormemente importante para ayudar a los presos políticos y a sus familias, y para garantizar que otros ciudadanos de Crimea, y la comunidad internacional, se enteren de las violaciones de derechos humanos que Rusia está perpetrando”.
El 23 de marzo otros dos miembros de Solidaridad con Crimea fueron condenados a 17 y 13 años, por cargos relacionados con una conversación en 2016 sobre sus creencias religiosas.
Los registros en busca de literatura “prohibida”, que juegan un papel clave en la preparación de estos juicios, se intensificaron en Crimea en febrero, en los días previos a la invasión.
Algunos comentarios:
El reino del terror contra los civiles no es un aspecto secundario en la guerra que libra el ejército ruso: es un aspecto esencial. En la medida en que la guerra es una aventura imperialista destinada a desmembrar el Estado ucraniano, el terror es, al menos en parte, una respuesta al Estado (en concreto, al gobierno local) y a las instituciones sociales (en concreto, a los medios de comunicación) que se han negado a colaborar en casi todas partes.
Y la guerra no es solo contra el Estado, sino también contra la población en un sentido más amplio. Testigo de ello es la destrucción de Mariupol, los asesinatos arbitrarios, el bombardeo de zonas residenciales en todas partes, la expulsión de millones de personas de sus hogares.
El control social -tanto en Ucrania como en la propia Rusia- siempre formó parte de los objetivos de guerra del Estado ruso desde 2014. En el primer mes de esta guerra ampliada, la propia Rusia se ha decantado por métodos cada vez más violentos y dictatoriales para hacer frente al descontento social y político en casa.
Esta marea de autoritarismo no ha dejado indiferente al gobierno de Ucrania. Esta semana arremetió con la prohibición de 11 partidos políticos “prorrusos”. Esto continúa una peligrosa tendencia establecida en la guerra de 2014-2022 en Donbass, denunciada por las agencias de la ONU, de persecución de los sospechosos de tener vínculos con el bando ruso. Sotsialnyi Rukh, el grupo socialista independiente ucraniano, ha denunciado esta medida, que en cualquier caso es poco probable que sea efectiva, ya que los partidos a los que se dirige ya están en su mayoría desorganizados.
Las organizaciones sindicales ucranianas también han denunciado una medida gubernamental que suspende una serie de derechos legales de los trabajadores a causa de la guerra.
El carácter unilateral y agresivo de la guerra rusa, y el carácter defensivo de las acciones tanto del Estado como de la población ucraniana, avergüenzan a los postestalinistas del movimiento obrero occidental que, haciéndose eco de los desvaríos del Kremlin, afirman que la causa principal de la guerra es la expansión de la OTAN y no el imperialismo ruso. Pero también deja en ridículo a aquellos del movimiento antibelicista que piensan que esta situación puede ser tratada como un conflicto interimperialista en el que no hay ningún elemento de guerra popular.
Todos nosotros, en los movimientos sociales y el movimiento obrero internacional, no solo tenemos la responsabilidad de organizar la solidaridad con aquellos cuyas vidas y comunidades están siendo arruinadas por la guerra. También debemos extender esa solidaridad al pueblo ucraniano, que -en cualquier forma, ya sea en sus lugares de trabajo, comunidades o unidades de defensa territorial- está defendiéndose y haciendo frente al invasor.
(Foto de portada: Soldados rusos reprimen a un manifestante en Kherson, 21 de marzo. Facebook de Vchora)
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