Jen Moore, Foreign Policy in Focus, 24 mayo 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jen Moore lleva más de diez años investigando, escribiendo y y colaborando estrechamente con las luchas de las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones aliadas en América Latina, Canadá y otras partes del mundo. De 2010 a 2018 coordinó el Programa de América Latina en MiningWatch Canada, que apoya los procesos de defensa territorial y los esfuerzos para obtener justicia por los daños asociados a las actividades de las empresas mineras canadienses y las relaciones exteriores de Canadá en la región. Antes de esto, trabajó como periodista independiente y activista de los medios de comunicación con un enfoque en los medios comunitarios, los derechos colectivos y los asuntos exteriores de Canadá en América Latina.
«Históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, una puerta entre un mundo y otro.
Podemos elegir atravesarlo, arrastrando los cadáveres de nuestros prejuicios y odios, de nuestra avaricia, de nuestros bancos de datos e ideas muertas, de nuestros ríos muertos y cielos humeantes. O podemos atravesarlo con ligereza, con poco equipaje, dispuestos a imaginar otro mundo. Y dispuestos a luchar por él«. (Arundhati Roy, abril de 2020)
Hace poco más de dos años, cuando se declaraban confinamientos como fichas de dominó en todo el mundo, hubo un breve momento en el que la pandemia de la COVID-19 parecía albergar el potencial de una reflexión muy necesaria. ¿Podría conducir a un retroceso del callejón sin salida ecológico y socioeconómico impulsado por los beneficios al que nos hemos visto abocados?
La llamada a la reflexión crítica de Arundhati Roy se publicó a principios de abril de 2020. En ese momento, ella estaba observando las primeras evidencias, por un lado, del devastador número de víctimas de la pandemia como resultado de la extraordinaria desigualdad, el sistema de salud privatizado y el dominio de las grandes empresas en EE. UU., que seguía avanzando a lo largo de las líneas de clase y raza.
También escribía con horror sobre cómo el gobierno de Modi en la India decretaba un confinamiento insostenible sobre una población de más de mil millones de personas, sin previo aviso ni planificación, en un contexto de crisis económicas y políticas superpuestas. Mientras los ricos y la clase media podían retirarse con seguridad a trabajar desde sus casas, millones de trabajadores migrantes se vieron obligados a una larga marcha brutal, represiva e incluso mortal de regreso a sus pueblos. Y eso fue solo el principio.
La impactante «ruptura» con la normalidad sobre la que Roy escribió hace dos años ha reforzado muchos «prejuicios imperantes», tal y como anticipó. Ya sea que hablemos de Amazon, de la industria farmacéutica o de las empresas mineras, las grandes empresas se las ingeniaron para que las declararan «esenciales» y obtener pingües beneficios. Mientras tanto, las personas pobres y racializadas han pagado los costes más altos y han experimentado las mayores pérdidas en EE. UU., India y muchos otros países del mundo.
Pero también hemos visto cómo la gente ha luchado con fuerza mostrando una tremenda resistencia ante una gran adversidad.
Este es el caso de las comunidades afectadas por la minería en todo el mundo, muchas de las cuales ya se encontraban inmersas en batallas de David y Goliat antes de la pandemia para proteger sus tierras y aguas de los daños de la extracción de minerales. No han encontrado tregua desde que comenzó la pandemia.
Aunque han tomado medidas para protegerse de la COVID-19, estos movimientos se han negado a bajar la guardia mientras los gobiernos y las empresas se han aprovechado de las mayores limitaciones sociales para hacer avanzar la industria minera.
Una pandemia hecha a la medida de la industria minera
Desde abril de 2020, el Proyecto de Economía Global de IPS ha estado participando en la Coalición contra la Pandemia Minera, que se reunió para ayudar a documentar lo que estaba sucediendo en el sector minero durante la pandemia. La coalición está formada por organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabajan en solidaridad con las comunidades afectadas por la minería.
El grupo observó desde el principio que las empresas mineras serían las que aprovecharían la pandemia de la peor manera. Al fin y al cabo, estas empresas han intentado beneficiarse de las inundaciones, los golpes de Estado, las dictaduras y otras catástrofes para reescribir las leyes y sacar adelante los proyectos mientras las poblaciones locales están ocupadas lidiando con la catástrofe y viviendo a la intemperie.
Además, la Coalición quería entender especialmente lo que significaba la pandemia para las luchas de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas por la minería con las que trabajamos en solidaridad.
Este esfuerzo de investigación colaborativa ha involucrado a socios locales en 23 países para documentar cómo ha sido el intento de proteger la salud de la comunidad de los estragos de la pandemia, al tiempo que se lucha contra la amenaza de perder su agua y su territorio por los impactos a largo plazo de la minería de oro, mineral de hierro, cobre, níquel, carbón y litio.
Los 23 países en los que hemos analizado los casos han registrado el 29% de los casos de COVID conocidos en el mundo, el 43% de las muertes registradas relacionadas con la COVID, e incluyen dos de los diez países con las tasas de mortalidad más altas (calculadas dividiendo el número de casos de COVID registrados por el número de muertes relacionadas con la enfermedad). Por orden, son Perú y México. (Ecuador, donde hemos estudiado otro caso, ocupa ahora el puesto 11).
Como era de esperar, nuestro informe, No Reprieve, sobre América Latina recientemente publicado, demuestra cómo las restricciones de la COVID-19 parecen haberse hecho a la medida de la industria minera. Como observó Price Waterhouse Cooper en su informe Great Expectations de 2021 sobre la industria minera mundial, «desde todos los puntos de vista, la minería es una de las pocas industrias que salieron de lo peor de la crisis económica de COVID-19 en excelente forma financiera y operativa».
Los precios de los metales preciosos subieron en el contexto de la incertidumbre creada por la pandemia, lo que supuso unos beneficios históricos para algunas empresas a pesar de la menor producción en 2020. Los precios de los metales básicos, como el cobre, no tardaron en subir al abrirse los mercados. Esto ocurrió mucho antes que el levantamiento de las restricciones sociales, poniendo a las comunidades afectadas en una desventaja aún mayor que antes de la pandemia en sus luchas por el agua, la tierra y la supervivencia.
No hay respiro para las comunidades afectadas por la minería
Los largos cierres y otras medidas de salud pública puestas en marcha no solo supusieron una mayor crisis socioeconómica que antes para estas comunidades. También representaron una mayor dificultad o la prohibición total de reunirse para debatir las preocupaciones sobre la contaminación ambiental, las dificultades, los proyectos mineros y los principales problemas a la hora de tratar con las oficinas gubernamentales responsables de los permisos y las inspecciones.
Las reuniones online eran a menudo inadecuadas o no estaban disponibles. Cuando no había otra opción que reunirse para protestar, los riesgos eran mayores que nunca.
En Brasil, como en muchos otros países de América Latina, la extracción ha continuado prácticamente sin interrupción desde el comienzo de la pandemia. Desde hace más de un año, la comunidad de Aurizona, en el estado de Maranhão, vive sin un suministro adecuado de agua potable desde la ruptura de una presa de retención de residuos en la mina de oro de Aurizona, propiedad de Mineração Aurizona S.A. (MASA), filial de la empresa canadiense Equinox Gold.
El 25 de marzo de 2021, en plena pandemia en esta zona del noroeste de Brasil, la presa de residuos de Lagoa do Pirocaua se desbordó, contaminando el suministro de agua de esta comunidad de 4.000 personas. A pesar de las promesas de la empresa, la comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado. Mientras tanto, la empresa consiguió una sentencia judicial que prohíbe los bloqueos callejeros y presentó una demanda contra cinco líderes del movimiento para intentar disuadirlos de que se organizaran.
En Colombia, las comunidades indígenas wayúu y afrodescendientes de la región de La Guajira experimentaron un aumento de los riesgos derivados de la explotación continuada del complejo minero del Cerrejón, la mayor mina de carbón térmico a cielo abierto de Latinoamérica. Esta mina es ahora propiedad exclusiva del gigante suizo de materias primas Glencore, que consolidó su control sobre la mina en enero de 2022 cuando compró las participaciones de Anglo American y BHP Billiton.
Esta mina lleva operando más de tres décadas y ha desplazado a decenas de comunidades. En septiembre de 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd, pidió al gobierno colombiano que suspendiera al menos temporalmente las operaciones del Cerrejón, señalando que la contaminación, los impactos en la salud y la falta de agua que las comunidades ya enfrentaban aumentaban el riesgo de muerte por COVID-19.
En cambio, la mina continuó e incluso aceleró las operaciones, mientras las comunidades sufrían graves impactos físicos y emocionales por el mayor confinamiento social y la pérdida de actividades económicas de subsistencia. La empresa donó alimentos y equipos de seguridad para mejorar su imagen, pero esto generó divisiones y desacuerdos entre las comunidades que fueron difíciles de resolver dadas las restricciones a las reuniones.
Empeorando esta situación, el gobierno y las empresas se han negado a respetar una decisión del Tribunal Constitucional de 2017 que reconocía violaciones de los derechos de las comunidades al agua, la alimentación, la soberanía y la salud al autorizar el desvío del curso natural del Arroyo Bruno para ampliar la extracción de carbón. En cambio, desde mediados de 2021, Glencore y Anglo American han demandado al gobierno colombiano en virtud de los acuerdos bilaterales de inversión internacional con Suiza y el Reino Unido por no dejarles ampliar la mina.
Minería militarizada
No solo los espacios para la organización comunitaria se redujeron, desaparecieron o simplemente se volvieron más difíciles, sino que la violencia empeoró en muchos lugares. Se respondió frecuentemente con una fuerte represión, aumento de la militarización y persecución legal de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
En Honduras, el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Naturales y Públicos de Tocoa pasó casi todos los dos primeros años de la pandemia de COVID-19 luchando por la libertad de ocho defensores del agua que fueron detenidos arbitrariamente por su oposición pacífica a un proyecto de mineral de hierro propiedad de la empresa hondureña Los Pinares Investments.
No les liberaron hasta febrero de 2022, después de que la narcodictadura del expresidente Juan Orlando Hernández perdiera el poder en favor de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro. Mientras tanto, la empresa, vinculada a la siderúrgica estadounidense Nucor, logró iniciar sus operaciones a mediados de 2021 sin obtener el permiso ambiental requerido, poniendo inmediatamente en peligro el futuro del río San Pedro del que dependen las comunidades situadas aguas abajo.
En México se inauguró en 2020 un grupo especial de fuerzas armadas públicas llamado Policía Minera, destinado a proteger las instalaciones mineras del robo de minerales. El reclutamiento de los efectivos se anunció por primera vez en julio de ese año, durante un evento online titulado «La reactivación de la minería ante la nueva normalidad». A finales de septiembre de 2020 ya se habían graduado los primeros 118 federales con formación militar, desplegándolos para vigilar la mina de oro La Herradura, propiedad de la empresa mexicana Fresnillo plc, que cotiza en la bolsa de valores de Londres y es propiedad de Industrias Peñoles.
En cambio, no se han tomado medidas para rebajar los niveles de avasallamiento, extorsión, desplazamiento forzado y violencia contra las comunidades que habitan estas mismas zonas (como la comunidad de El Bajío, vecina de la mina La Herradura, donde la empresa Penmont del mismo grupo empresarial operó ilegalmente hasta 2013).
Los miembros de la comunidad de El Bajío han tenido que enfrentar la violencia desde entonces, a pesar de haber recibido 67 sentencias favorables que declaran nulos los acuerdos de ocupación de tierras de los comuneros afectados por la empresa mexicana Penmont (filial de Fresnillo plc). Estas sentencias aún no se han ejecutado y los riesgos para la comunidad se han intensificado.
Dos miembros de esta comunidad fueron brutalmente asesinados en abril de 2021. Junto a sus cuerpos se encontró un trozo de cartón en el que estaban escritos 13 nombres de otros miembros de la comunidad implicados en la resistencia a la mina, en clara amenaza. El Estado tampoco ha proporcionado ninguna protección a los miembros de la familia, aunque sí hay constantes patrullas de la policía estatal, la Guardia Nacional y el ejército para intimidar a la población.
Minería para la supuesta recuperación económica
Al mismo tiempo, se facilitaron los procesos administrativos para que las empresas obtuvieran nuevos permisos y los proyectos avanzaron. La justificación fue que la extracción de minerales contribuiría supuestamente a la reactivación económica pospandémica, pero es bien sabido que la minería tiende a desviar la atención de sectores económicos más sostenibles a nivel nacional y a empobrecer a las comunidades locales.
En Panamá y Ecuador -ambos países con pocas minas industriales en funcionamiento debido al rechazo generalizado de las poblaciones afectadas- también se ha intentado acelerar la expansión minera en nombre de la reactivación económica.
En Ecuador existe una amplia oposición a la minería debido a su impacto en el agua, la excepcional biodiversidad del país y el bienestar de las comunidades de pequeños agricultores e indígenas.
Durante su campaña electoral, el actual presidente Guillermo Lasso promovió «los derechos humanos y los derechos de la naturaleza… y la protección del medio ambiente con una agenda sostenible». Sin embargo, una vez que asumió el cargo en mayo de 2021, mostró su voluntad de servir a los intereses mineros transnacionales.
El 5 de agosto emitió el Decreto Ejecutivo nº 151, un «Plan de Acción para el Sector Minero Ecuatoriano», que busca acelerar la minería en ecosistemas frágiles como la Amazonía y los humedales de altura (páramos). Otorga seguridad jurídica a las empresas mineras al proporcionar un entorno favorable a los inversores, manifestando un respeto explícito a los acuerdos internacionales que favorecen los intereses empresariales. Asimismo, propone la aceleración de los permisos ambientales para proyectos mineros sin tener en cuenta los impactos socioambientales.
Por otra parte, el 19 de mayo de 2021, el gobierno panameño presentó su plan estratégico para basar su recuperación económica pospandémica en la minería. Dada la prevalencia de la corrupción y las constantes violaciones a las normas ambientales y a la Constitución por parte de las empresas mineras en Panamá, los ciudadanos ven este plan de estímulo a la minería como un objetivo del gobierno para enriquecerse a sí mismo y a sus allegados.
Ante la falacia de la recuperación económica nacional a través de la minería, surgió una plataforma de campaña nacional denominada Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM). Este amplio movimiento de organizaciones ecologistas, maestros, trabajadores, jóvenes, pequeños agricultores y comunidades indígenas se opone a la minería y a la renegociación del contrato sobre la única mina en funcionamiento en Panamá, Cobre Panamá, propiedad de First Quantum Minerals, que consideran inconstitucional y sostienen que debe ser cancelado.
A pesar de la evidencia de que más del 60% de los panameños apoyan los objetivos de este movimiento, el gobierno insiste en seguir promoviendo iniciativas destinadas a dar paso a la expansión minera en el país.
Resistencias verdaderamente esenciales
A pesar de que las condiciones para la lucha de los pueblos se han endurecido en los últimos dos años, la resiliencia y la resistencia de las personas que luchan desde los márgenes por su tierra, su agua y su salud comunitaria han persistido, a menudo con las mujeres, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores al frente.
Desde México hasta Argentina, las comunidades y organizaciones que compartieron sus experiencias para este informe han encontrado formas de seguir luchando por el respeto a su autodeterminación, la salud comunitaria y sus propias visiones de su futuro. Aunque algunos proyectos han seguido adelante, otros no han podido superar la incansable resistencia de las comunidades.
Tanto si las comunidades luchan para hacer frente a los daños de la minería como si se interponen en el camino de estos proyectos no deseados, sus luchas son potentes ejemplos de una forma de imaginar y revisar de nuevo en aras al cambio fundamental que Arundhati Roy instó al comienzo de esta pandemia.
A través de su resistencia, el cuidado mutuo, los conocimientos tradicionales y los esfuerzos por lograr una mayor soberanía alimentaria y bienestar colectivo, estas comunidades y movimientos demuestran la urgente necesidad de abandonar el destructivo modelo de desarrollo económico impuesto a los pueblos de todo el mundo, basado en la extracción interminable para servir a los mercados internacionales con materias primas que se convierten en productos para el consumo masivo.
Señalan asimismo la necesidad vital de un serio ajuste de cuentas para hacer frente a los daños que se han producido y retirar las riendas de esa destrucción masiva militarizada a fin de dar prioridad a la autodeterminación de los pueblos y a formas de vida más sostenibles. Esto es lo verdaderamente esencial si esperamos garantizar la salud y el bienestar colectivos ahora y para las generaciones futuras.
Foto de portada: La presidenta del Pueblo Shuar Arutam de Ecuador, Josefina Tunki, durante una protesta junto a otras mujeres shuar. (Foto: Comunicación PSHA)
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