Binoy Kampmark, CounterPunch.com, 20 junio 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Binoy Kampmark fue becario de la Commonwealth en el Selwyn College de Cambridge. En la actualidad imparte clases en la Universidad RMIT de Melbourne. Es colaborador habitual de CounterPunch. También es asociado del Instituto Nautilus de Seguridad y Sostenibilidad (San Francisco) y miembro del programa de valores humanos de la Royal Roads University (Canadá). Correo electrónico: bkampmark@gmail.com; Twitter: @bkampmark
Lo único sorprendente de la decisión de la ministra del Interior del Reino Unido con respecto a Julian Assange es que no se haya producido antes. En abril, el juez jefe de distrito Paul Goldspring expresó su opinión de que tenía el «deber» de enviar el caso a Priti Patel para que decidiera si debía extraditarse al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos para que se enfrentara a 18 cargos, 17 de ellos injertados en la Ley de Espionaje estadounidense de 1917.
Patel, por su parte, nunca se ha interesado por los detalles más sórdidos del caso. Su enfoque de los asuntos de justicia descansa en la sentencia prematura: los culpables están en todas partes y no hacen sino multiplicarse. Cuando se trataba de WikiLeaks, aspectos jurídicos precisos y hechos como una acusación inestable basada en pruebas fabricadas, meditaciones sobre el asesinato y un riesgo genuino y diagnosticado de autolesión, eran distracciones insignificantes. No podía decirse que no al Departamento de Justicia de EE.UU.
«En virtud de la Ley de Extradición de 2003», declaró un portavoz anónimo del Ministerio del Interior, «el secretario de Estado debe firmar una orden de extradición si no hay motivos que prohíban su tramitación. Las solicitudes de extradición solo se envían al Ministerio del Interior una vez que un juez decide que puede proceder después de considerar varios aspectos del caso».
Evidentemente, la politización manifiesta, la mala fe y las endebles garantías del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la forma en que se detendrá a Assange, no constituyen motivos suficientes. Pero la clave vino de los propios tribunales, que han hecho un trabajo fabuloso al cubrir con oropeles el sistema de justicia de EE.UU. al creer realmente en las garantías de que Assange no se enfrentaría a medidas especiales de detención administrativa (SAMs, por sus siglas en inglés) o al cautiverio permanente en la supermax de ADX Florence en Colorado. «En este caso, los tribunales del Reino Unido no han encontrado que sería opresivo, injusto o un abuso del proceso extraditar al Sr. Assange».
En este cosmos tan atolondrado y amoral que marca la toma de decisiones en el Ministerio del Interior, no se ha mencionado la operación de vigilancia contra el editor en la embajada de Ecuador orquestada a instancias de la Agencia Central de Inteligencia. Tampoco de la posibilidad de secuestro o asesinato, ni de la frágil salud mental en la que se encuentra Assange.
El 10 de junio, una carta del grupo Doctors for Assange, compuesto por 300 médicos, psiquiatras y psicólogos, señalaba que la «negación por parte del ministro del Interior del trato cruel e inhumano infligido a Assange era entonces, y lo es aún más ahora, irreconciliable con la realidad de la situación».
En abril, una agrupación de diecinueve organizaciones dedicadas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión instó a Patel a que, al revisar el caso, apreciara que era «muy probable» que Assange se enfrentara a condiciones de aislamiento o confinamiento en solitario en Estados Unidos «a pesar de las garantías del gobierno estadounidense, lo que agravaría gravemente el riesgo de suicidio».
Los copresidentes del Comité de Defensa de Assange de la Fundación Coraje, Noam Chomsky, Daniel Ellsberg y Alice Walker, reflexionaron sobre la depravación de la orden en un comunicado. «Es un día triste para la democracia occidental. La decisión del Reino Unido de extraditar a Julian Assange a la nación que conspiró para asesinarlo -la nación que quiere encarcelarlo durante 175 años por publicar información veraz en interés público- es una abominación». En cuanto al Reino Unido, ha «mostrado su complicidad en esta farsa, al aceptar extraditar a un extranjero basándose en cargos políticamente motivados que se derrumban al menor escrutinio».
Amnistía Internacional expresó opiniones similares («un mensaje escalofriante para los periodistas de todo el mundo») y Reporteros sin Fronteras («otro fracaso del Reino Unido en la protección del periodismo y la libertad de prensa»). Incluso hubo preocupación por parte del diputado conservador David Davis, que expresó su creencia de que Assange no «tendría un juicio justo». La ley de extradición era, tal y como estaban las cosas, asimétrico a favor de los ciudadanos estadounidenses.
Todo esto es coherente con Patel, que parece disfrutar de la perspectiva de enviar individuos a un lugar donde los derechos humanos son apuntes marginales en un papel político. La Asociación Migratoria y Económica entre el Reino Unido y Ruanda, como se denomina eufemísticamente, es su orgullo y alegría, aunque actualmente se enfrenta a una fuerte oposición legal.
En virtud de este acuerdo, las personas que crucen el canal recibirán billetes de ida a Ruanda para tramitar sus solicitudes sin posibilidad de establecerse en el Reino Unido. El gobierno ruandés, hostil a los opositores, al Estado de derecho y a los refugiados, será subvencionado por su dolor y sus trabajos.
A esta vena sádica se suma su admiración por la Ley de Espionaje que se utiliza para perseguir a Assange. Este hecho debería haberla descalificado en cualquier país que funcione bajo el imperio de la ley. Incluso mientras el primer ministro Boris Johnson se enfrentaba este mes a una moción de censura de los conservadores, el proyecto de ley de seguridad nacional de Patel pasaba su segunda lectura en el Parlamento. El proyecto de ley articula un delito de «obtención o divulgación de información protegida» que incluye «cualquier información… que esté, o pueda razonablemente esperarse que esté, sujeta a cualquier tipo de restricciones de acceso para proteger la seguridad y los intereses del Reino Unido».
En un cortés guiño a la legislación estadounidense, la propuesta de ley establece que se comete un delito cuando una persona «obtiene, copia, registra o retiene información protegida, o divulga o proporciona acceso a información protegida» con un propósito «que sabe, o debería saber razonablemente, que es perjudicial para la seguridad o los intereses del Reino Unido» y si «se cumple la condición de potencia extranjera». El requisito es que el acto sea «realizado para o en nombre de una potencia extranjera», incluidos los casos en los que existe «una relación indirecta».
Assange tiene 14 días para apelar esta insidiosa aprobación de la brutalidad judicial. Su equipo legal espera utilizar el Tribunal Superior como vía para destacar la dimensión política del caso y llamar la atención sobre la forma en que se interpretó la ley de extradición.
Si la defensa fracasa, Assange será enviado al otro lado del Atlántico, confiado a funcionarios, algunos de los cuales consideraron asesinarle, para que sirva de ejemplo. Será el toque de atención a los regímenes de todo el mundo de que castigar a un editor es algo que las supuestas democracias liberales pueden hacer tan bien, y tan taimadamente, como cualquier otra.
Foto portada: Newtown grafitti – CC BY 2.0
Voces del Mundo 