Basav Sen, Foreign Policy in Focus, 13 julio 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Basav Sen es el director del proyecto de justicia climática en el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y escribe sobre las intersecciones del cambio climático y la justicia social y económica. Antes de incorporarse al IPS, Basav trabajó durante once años como investigador de campañas para el sindicato United Food and Commercial Workers.
El presidente Biden ha emprendido su viaje a Arabia Saudí. Las implicaciones del viaje para las cuestiones entrelazadas de los derechos humanos y la política energética son nefastas.
La visita a Arabia Saudí representa un giro de 180 grados para Biden, que en su día calificó a Arabia Saudí de «paria» mientras hacía campaña para la presidencia. (Nota al margen: «paria» es un insulto ofensivo dirigido a los dalits, que son los más oprimidos en la jerarquía de castas de la India, y las figuras públicas en Estados Unidos, y en todo el mundo harían bien en abstenerse de utilizar esos términos en el futuro).
Desde 2015 Arabia Saudí ha estado bombardeando el vecino Yemen como parte de su intervención en una guerra civil en curso. Las bombas saudíes han «matado y herido indiscriminadamente a civiles«, según Human Rights Watch: más de 18.000 hasta la fecha.
Más de 20 millones de yemeníes se enfrentan a una grave hambruna a causa del conflicto. Human Rights Watch lo llama «la mayor crisis humanitaria del mundo«. Aunque el conflicto está ahora en pausa debido a una tregua mediada por la ONU, esto no garantiza que la guerra no se reanude, ni que Arabia Saudí vaya a rendir cuentas por sus crímenes de guerra.
En su país, el gobierno saudí encarcela y tortura a los disidentes, entre otras graves violaciones de los derechos humanos. Los disidentes saudíes tampoco están seguros fuera del reino: agentes saudíes asesinaron al destacado disidente y periodista Jamal Khashoggi, residente en Estados Unidos, en un consulado saudí en Turquía.
Dictadores sostenidos con combustibles fósiles
Al reunirse con el príncipe heredero saudí, Biden está enviando un mensaje a los dictadores de todo el mundo de que Estados Unidos se siente perfectamente feliz de hacer la vista gorda ante sus atrocidades si le conviene a los intereses comerciales y geopolíticos de Estados Unidos. Como he documentado en otro lugar, Biden ha hecho lo mismo con el gobierno asesino de Modi en la India.
En Arabia Saudí, estos intereses comerciales y geopolíticos incluyen el petróleo. Las conversaciones de Biden con el gobierno saudí incluirán «garantizar la seguridad energética y alimentaria mundial«, alega la Casa Blanca. Presumiblemente, Biden quiere persuadir al reino para que aumente la producción de petróleo y ayude a bajar los precios mundiales del mismo.
La ironía suprema de que Biden inste a Arabia Saudí a aumentar la producción de petróleo es que es en respuesta a una crisis mundial de suministro de petróleo y a un aumento de los precios atribuible en parte (aunque no totalmente) a la guerra en Ucrania, iniciada por otro petrodictador, Vladimir Putin.
Rusia es el tercer productor mundial de petróleo (después de Estados Unidos y Arabia Saudí), el segundo productor de gas (después de Estados Unidos) y el mayor exportador de gas y el segundo de petróleo. En efecto, los ingresos del petróleo y el gas están financiando la invasión de Rusia en Ucrania, otra catástrofe mundial de los derechos humanos que ha provocado hasta la fecha casi 4.000 muertes de civiles.
Seguir financiando la maquinaria bélica rusa comprando gas ruso es obviamente inaceptable. Con el mismo criterio, es igualmente inaceptable financiar la guerra saudí en Yemen y recompensar las violaciones de los derechos humanos saudíes comprando petróleo saudí.
De hecho, la industria del petróleo y el gas está vinculada a gobiernos violentos y represivos en todo el mundo.
En Indonesia, Exxon ha estado implicada en asesinatos y torturas de escuadrones de la muerte por parte de personal militar indonesio que trabaja como seguridad privada para la empresa.
En Nigeria, la extracción de petróleo y gas por parte de Shell y otras empresas ha tenido terribles impactos de justicia ambiental en el delta del Níger, especialmente entre los pueblos indígenas ogoni. Cuando los pueblos ogoni se resistieron de forma pacífica, fueron reprimidos violentamente y criminalizados. Nueve líderes ogoni, entre ellos el destacado escritor Ken Saro Wiwa, fueron ejecutados por el Estado nigeriano en 1995, bajo cargos falsos, porque se atrevieron a desafiar públicamente a la industria del petróleo y el gas.
Alimentar el fascismo en casa a base de combustibles fósiles
Si queremos evitar que nuestras compras de petróleo y gas sirvan para enriquecer a los gobiernos represivos o a las empresas que se benefician de su represión, ¿deberíamos aumentar la producción nacional de petróleo y gas?
La respuesta corta es no. Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo y gas del mundo, y la expansión planificada de la producción en Estados Unidos (o en cualquier otro lugar) es incompatible con un futuro seguro para la humanidad, algo que reconoce incluso la Agencia Internacional de la Energía, favorable a los combustibles fósiles. Y un aumento de la producción nacional, que la administración Biden está impulsando, ni siquiera ayudará a reducir los precios del gas a corto plazo.
Por no mencionar que nuestros propios gobiernos federales y estatales en Estados Unidos violan habitualmente los derechos humanos en defensa de las grandes petroleras.
Mi excolega Gabrielle Colchete y yo fuimos autores de un informe de 2020 que documenta el esfuerzo sistemático financiado por la industria para aprobar leyes de «infraestructuras críticas» en los estados con objeto de criminalizar la protesta pacífica contra la infraestructura de los combustibles fósiles. Estas leyes están ahora en los libros de 17 estados (a los 13 estados originales con estas leyes en el momento de la publicación de nuestro informe se han unido desde entonces Arkansas, Kansas, Montana y Ohio).
Sin embargo, no se trata solo de un problema de «estados rojos» que se rebelan. Incluso en ausencia de una «ley de infraestructuras críticas», las fuerzas del orden del estado de Minnesota, gobernado por los demócratas, junto con la Oficina Federal de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), desataron una violenta represión contra las protestas pacíficas de los indígenas que se oponían al oleoducto de arenas bituminosas de la línea 3 de la Enbridge Corporation.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha mostrado ningún interés en investigar la proliferación de leyes sobre «infraestructuras críticas» y su amenaza a los derechos de la Primera Enmienda. Sin embargo, ha estado más que ansioso de acusar a Jessica Reznicek, una pacífica protectora del agua en Standing Rock, de «terrorismo»; cargos que no se presentaron contra nadie en la violenta turba fascista que participó en el intento de golpe el 6 de enero de 2021.
Evidentemente, el Departamento de Justicia de la era Trump se sintió animado a presentar cargos por terrorismo en el caso de Reznicek debido a una carta del Congreso que insta a reprimir las protestas contra los combustibles fósiles. Los firmantes de la carta incluyen a miembros del Congreso con vínculos con la mafia fascista del 6 de enero, como Andy Biggs y Paul Gosar de Arizona, Mo Brooks de Alabama y Louie Gohmert de Texas.
Desgraciadamente, el Departamento de Justicia de la era Biden, bajo el mando del fiscal general Merrick Garland, no ha dado marcha atrás, sino que ha redoblado la persecución de los cargos de terrorismo contra Reznicek.
La protección del clima es la protección de la democracia
Además de ser una amenaza para el clima planetario y para la calidad del aire y del agua en las comunidades adyacentes a sus operaciones, la industria del petróleo y del gas están estrechamente relacionadas con la política antidemocrática. Como hemos visto en los ejemplos de Arabia Saudí, Rusia, Indonesia, Nigeria y Estados Unidos, una de las formas que adoptan es el apoyo -y la dependencia- al autoritarismo, la violencia y la represión.
Una industria que se aprovecha de la falta de poder político de las comunidades marginadas para convertir sus tierras en zonas de sacrificio en su búsqueda de producción y beneficios depende, por definición, de la represión para su existencia. En los últimos años, la creciente resistencia a la infraestructura de los combustibles fósiles en Estados Unidos ha llevado a la industria a buscar más represión estatal y criminalización de sus opositores.
La industria de los combustibles fósiles supone una grave amenaza para los sistemas planetarios, la salud pública y la democracia. La única manera de liberarnos permanentemente de estas amenazas es acabar con nuestra dependencia de esta industria mediante la transición a las energías renovables y dejando de legitimar a los autócratas de los combustibles fósiles en el extranjero.
Foto de portada: Reuters.
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