Joe Lauria, Consortium News, 14 agosto 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Joe Lauria es redactor jefe de Consortium News y antiguo corresponsal en la ONU de The Wall Street Journal, Boston Globe y numerosos periódicos, como The Montreal Gazette y The Star of Johannesburg. Fue reportero de investigación para el Sunday Times de Londres, reportero financiero para Bloomberg News y comenzó su labor profesional como colaborador con 19 años para The New York Times. Se le puede localizar en joelauria@consortiumnews.com y seguir en Twitter @unjoe.
Cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron vigilados por la C.I.A. durante las visitas al editor de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, han demandado a la C.I.A., al exdirector de la C.I.A., Mike Pompeo, a la empresa de seguridad española UC Global y a su director, David Morales Guillén, por la supuesta violación de sus derechos constitucionales que les protegen de registros e incautaciones ilegales.
La demanda (*) fue presentada a las 8 de la mañana del lunes en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Assange pasó siete años en la embajada como asilado político. Está en prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh después de que Estados Unidos lo acusara en 2019, bajo la Ley de Espionaje, por supuesta posesión y difusión de información de defensa. Assange está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales decida si atiende su recurso contra la sentencia del Tribunal Superior, firmada por el ministro del Interior en junio, de extraditarlo a Estados Unidos.
Los demandantes afirman en la demanda que la información privada de sus dispositivos electrónicos fue incautada y transmitida a la C.I.A. mientras visitaban a Assange en la embajada entre enero de 2017 y marzo de 2018. Dicen que la C.I.A. también les vigiló por vídeo y audio mientras se reunían con Assange.
Las pruebas en una causa penal española contra Morales muestran que su empresa, UC Global, fue contratada por la C.I.A. para proporcionar a la agencia la vigilancia. Pompeo era director de la C.I.A. en ese momento.
Atribuyendo un posible motivo, la demanda señala que Pompeo llamó a WikiLeaks «agencia de inteligencia hostil no estatal» y que planeó secuestrar o asesinar a Assange en la embajada.
«Es un poco sorprendente que, a la luz de la protección de la 4ª enmienda que tenemos en la Constitución, el gobierno federal se adelante y tome esta información confidencial, parte de la cual es privilegio abogado-cliente, parte de la cual es de periodistas, e incluso parte de la cual fueron médicos que visitaron al Sr. Assange», dijo Richard Roth, el abogado principal en la demanda, en una conferencia de prensa anunciando la demanda el lunes.
La demanda dice que entre las víctimas de la vigilancia también se incluían:
«a) los abogados de la defensa penal de Assange en Estados Unidos que visitaron la embajada para asesorar a Assange… b) los abogados internacionales de derechos humanos con casos activos que defienden a los detenidos del Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo y a otras personas con asuntos abiertos contra el gobierno de Estados Unidos; c) los periodistas de seguridad nacional cuyas fuentes podrían estar en peligro si se exponen; y d) los médicos, incluidos los profesionales de la medicina que entrevistaron a Assange en numerosas ocasiones como parte de un estudio de cinco años sobre los efectos de la detención involuntaria en la salud física y mental.»
La demanda señala que los «dispositivos de los demandantes contenían, entre otras cosas, información confidencial y privilegiada y documentos de/sobre: (a) las fuentes confidenciales de los periodistas demandantes; y (b) los clientes de los abogados demandantes. La información contenida en los dispositivos de los demandantes fue copiada y, en última instancia, entregada a la CIA».
La demanda dice: «El demandado Pompeo estaba al tanto y aprobó la copia de la información contenida en los dispositivos electrónicos móviles de los demandantes y el monitoreo de audio subrepticio de sus reuniones con Assange.»
La demanda pide una indemnización monetaria a Pompeo; medidas cautelares a la C.I.A. y que los demandados no compartan la información confidencial de los demandantes con un tercero. También pide que la C.I.A. devuelva el material a los demandantes y que «elimine de sus archivos toda esa información».
Los demandantes son los abogados Margaret Ratner Kuntsler y Deborah Hrbek y los periodistas Charles Glass y John Goetz.
La influencia de la demanda en el caso Assange
«Los derechos del Sr. Assange han sido ahora mancillados, si no destruidos», dijo en la conferencia de prensa Robert Boyle, un abogado constitucionalista de Nueva York que asesora el caso. «Las grabaciones de las reuniones con […] sus abogados […] manchan el proceso penal, porque ahora el gobierno conoce el contenido de esas comunicaciones y debería haber sanciones, incluso hasta la desestimación de esos cargos o la retirada de la solicitud de extradición».
Kunstler añadió: «Como abogado penalista, no creo que haya nada peor que tu oposición escuche cuáles son tus planes. Los tribunales de Estados Unidos lo consideran algo terrible. … El resultado ha sido muy a menudo la desestimación de la acusación».
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que hay una «muralla china» entre él y la CIA y que no ha tenido conocimiento de la vigilancia de Assange y sus abogados. Roth eludió una pregunta en la rueda de prensa sobre si se sabía si la C.I.A. compartía los datos incautados con el Departamento de Justicia.
Pero Boyle dijo: «El gobierno tendría que demostrar que la información que tiene no está contaminada por los registros e incautaciones ilegales, por lo que la responsabilidad recaerá en él». Dijo que no es suficiente que «el gobierno se levante y diga que tenemos este muro, nada va a compartirse. No está claro si ese muro protegerá los derechos del Sr. Assange al debido proceso».
La magistrada británica Vanessa Baraitser, que presidió la audiencia de extradición de Assange en 2020, se puso del lado de EE.UU. en su decisión del 4 de enero de 2021, diciendo:
«EE.UU. sería consciente de que las comunicaciones privilegiadas y los frutos de cualquier vigilancia no serían vistos por los fiscales asignados al caso y serían inadmisibles en el juicio del Sr. Assange como una cuestión de derecho estadounidense. … Las disposiciones legales y la jurisprudencia de EE.UU. … permitirían al Sr. Assange solicitar la exclusión de cualquier prueba en su juicio que se base en material privilegiado«.
En cualquier caso, los demandantes esperan que la publicidad que rodea a la demanda presione al Departamento de Justicia para que retire la acusación contra Assange.
«Yo y muchos de mis colegas, algunos de los cuales son demandantes, estamos pidiendo al Departamento de Justicia que retire los cargos», dijo Hrbek, abogado especializado en medios de comunicación y uno de los demandantes, en la conferencia de prensa.
Es poco probable que la demanda influya en el Alto Tribunal o en la ministra del Interior británica para que den marcha atrás en su orden de extradición de Assange, ya que estaban al tanto de la vigilancia de la C.I.A. sobre Assange y sus invitados a lo largo de su proceso de extradición y lo ignoraron.
En su sentencia del tribunal inferior, Baraitser escribió: «Una posible explicación alternativa para la vigilancia de EE.UU. (si la hubo) es la percepción de que el Sr. Assange seguía siendo un riesgo para su seguridad nacional”.
Obstáculos para el hallazgo de pruebas documentales
En la búsqueda de pruebas, los demandantes pueden enfrentarse a la imposición del privilegio de los secretos de Estado, que permitiría a la C.I.A., con el consentimiento del juez, impedir que el material clasificado esté disponible.
«No creemos que sea una tarea fácil», dijo Roth. «El descubrimiento será un proceso difícil, sin embargo, tendremos un juez de la corte federal que presumiblemente será imparcial, que insistirá en que ciertos documentos y ciertos individuos sean producidos y presentados. Es un proceso que estamos dispuestos a asumir».
Los demandantes también pueden enfrentarse a una batalla jurisdiccional, ya que la demanda se presentó en el Distrito Sur de Nueva York, en lugar de en el Distrito Este de Virginia, donde reside la C.I.A., y donde Assange ha sido acusado. Las sentencias de ese notorio tribunal, apodado «tribunal de espionaje», se ponen abrumadoramente del lado del Estado de seguridad nacional.
«No estamos tratando de evitar ninguna jurisdicción», dijo Roth. «La conclusión es que si hay una conducta sustancial… en las transacciones en el estado de Nueva York, entonces hay jurisdicción en Nueva York». La C.I.A. tiene jurisdicción en todos los estados … y hubo mucha actividad en el estado de Nueva York».
(*) Conferencia de prensa sobre la presentación de la demanda.
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