Un año después de la caída de Kabul

Steve Coll, The New Yorker, 27 agosto 2022

Traducido del inglés por Sinfo Fernández


Steve Coll, escritor de plantilla, es el decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Su último libro es «Directorate S: The C.I.A. and America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan«.

Los aniversarios públicos marcan el significado del pasado en el presente político. En Washington, un año después de la caída de Kabul en manos de los talibanes, el fracaso de Estados Unidos y sus aliados es emotivo y polarizador. Este mes los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un informe titulado «Un ‘fracaso estratégico’», que es implacable con la decisión de la Administración Biden del año pasado de retirar todas las fuerzas estadounidenses restantes de Afganistán, y con su gestión de la caótica evacuación que siguió. La Casa Blanca denunció el informe como «partidista» y demagógico; el Consejo de Seguridad Nacional distribuyó un memorando defendiendo las acciones de la Administración. Habrá más de esto, especialmente si los republicanos obtienen el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de período de noviembre. En ese caso, los demócratas tienen motivos para temer que se celebren audiencias e investigaciones sobre Afganistán inspiradas en Benghazi, aunque cualquier intento de los republicanos de culpar a Biden de los fracasos del año pasado se complicará debido al papel central desempeñado en el desenlace por el expresidente Donald Trump.

La descarnada politización de la experiencia estadounidense en Afganistán amenaza con añadir un bucle más de fracaso y autoderrota a un triste historial. La rendición de cuentas es vital si puede lograrse de forma imparcial y reflexiva, pero la cuestión urgente del momento no pasa por el reparto de culpas. Muchos de los cuarenta millones de afganos que dejaron atrás el verano pasado las tropas y los diplomáticos evacuados se están viendo golpeados por graves crisis de hambre y persecución. Las opciones políticas a las que se enfrentan la Administración Biden y sus aliados de la OTAN son moralmente complejas y terriblemente duras. Si se ven empañadas por la política partidista en Washington, serán aún más difíciles.

Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, junto con otros expertos en derechos de todo el mundo, aprovechó la ocasión del aniversario para declarar: «En ningún otro lugar del mundo se ha producido un ataque tan amplio, sistemático y generalizado contra los derechos de las mujeres y las niñas: se está restringiendo cada aspecto de sus vidas bajo el disfraz de la moralidad y mediante la instrumentalización de la religión».

Mientras tanto, cerca de la mitad de la población tiene dificultades para comer. «Estamos ante una pobreza casi universal», me dijo desde Kabul Vicki Aken, directora de país del Comité Internacional de Rescate (CIR), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda y el desarrollo. Cuando Aken llegó a Afganistán en 2017 declaró que la tasa de pobreza se situaba en torno al 50%; a finales de 2022, podría alcanzar el 97%. «Cuando vas a las clínicas y a los hospitales, no hay medicamentos», dijo. «Ves tres personas por cama y colas en la puerta de madres con niños desnutridos».

Los gobiernos y las organizaciones sin ánimo de lucro se enfrentan a una incómoda tensión entre dar prioridad a la defensa de los derechos humanos y trabajar con los talibanes para estabilizar la economía afgana. «Queremos presionar» a los talibanes por encima de los derechos humanos, me dijo Fereshta Abbasi, investigadora de origen afgano de Human Rights Watch en Londres. «Tenemos que hacer saber a los talibanes que estamos con el pueblo afgano» y que el historial del régimen debe cambiar «si quieren algún reconocimiento». Al mismo tiempo, añadió: «En el aspecto humanitario, no queremos que el pueblo afgano sea víctima de esta crisis y del caos».

Y la represión de los talibanes está empeorando, según los investigadores, y no se está moderando por la presión exterior. «Definitivamente, hay puntos de vista diferentes entre las comunidades humanitarias y de derechos humanos», dijo Aken. «Siento un inmenso respeto por los defensores de los derechos humanos», añadió, pero «la única solución a esta crisis es encontrar un modo de hacer funcionar la economía». Eso requiere cooperar o, al menos, involucrarse con los talibanes.

«Una de las cosas que me más injusta me parece es que hay muchas mujeres afganas que se quedaron atrás, mujeres que dirigen sus propias O.N.G., que son atacadas por quienes están fuera del país por siquiera insinuar que es posible hacerlo», continuó Aken. Unas tres mil mujeres trabajan directamente para el I.R.C. en Afganistán. «No es fácil», dijo. «Es necesario arrojar luz sobre los abusos de los derechos humanos, pero, si no nos comprometemos, las oportunidades que quedan para las mujeres y las minorías étnicas podrían desaparecer por completo».

Para los gobiernos de la OTAN, el dilema se reduce a si liberar grandes sumas de dinero a Afganistán para estabilizar la economía, aunque hacerlo así pueda fortalecer a los talibanes. La alternativa sería endurecer las sanciones y ampliar las prohibiciones de viaje, y aislar aún más a los líderes del régimen, aunque esto acelere la caída libre de la economía, quizás hasta el punto de provocar una hambruna generalizada. Por supuesto, no se trata de una cuestión de una u otra política. Son bien conocidas las dificultades, a menudo sutiles, de dar prioridad a la defensa de los derechos al tiempo que se colabora con regímenes autoritarios para proporcionar ayuda humanitaria. Pero el caso afgano actual es distinto e inequívocamente difícil.

El orgulloso restablecimiento por parte de los talibanes del apartheid de género en la educación secundaria y superior y en muchos sectores de la economía es un ultraje de dimensiones especiales, como señalaron Bennett y los demás expertos en derechos. Para Estados Unidos y otros países de la OTAN -defensores de una campaña de modernización en Kabul y otras grandes ciudades afganas durante dos décadas-, el retroceso de la situación de la mujer es casi imposible de aceptar. «Las mujeres y las niñas han sido borradas en gran medida de la vida pública», dijo el secretario de Estado Antony Blinken, en Washington, el 28 de julio. «Es especialmente difícil de aceptar porque todos recordamos lo diferente que era no hace tanto tiempo».

El 31 de julio un avión no tripulado estadounidense mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en su escondite en el centro de Kabul. La Administración Biden, al igual que sus predecesores, ha identificado la lucha antiterrorista como un interés «vital» permanente en Afganistán. Que la capital afgana fuera el refugio de Zawahiri no ha hecho más que ahondar las dudas en Washington sobre la fiabilidad de los talibanes. Al «acoger y dar cobijo» a Zawahiri en Kabul, dijo Blinken tras el ataque con drones, los talibanes traicionaron «las repetidas garantías que dieron al mundo de que no permitirían que el territorio afgano fuera utilizado por los terroristas». Los talibanes insistieron en que no sabían que Zawahiri estaba presente.

Incluso ante estos antecedentes, los expertos en desarrollo siguen instando a la Administración Biden a liberar al banco central afgano miles de millones de dólares en reservas de divisas. La cuestión es técnicamente complicada. Después de que los talibanes tomaran Kabul el pasado mes de agosto, la Administración Biden congeló siete mil millones de dólares en reservas depositadas en EE.UU. Los abogados que representan a las familias de las víctimas del 11-S pidieron entonces a un juez que designara esos fondos como compensación para sus clientes. (Los talibanes, que nunca se defendieron, han sido declarados responsables de los atentados). El pasado mes de febrero, Biden emitió una orden ejecutiva en la que asignaba 3.500 millones de dólares como posible compensación para las familias del 11-S, pero reservaba el resto para una posible restitución futura al banco central afgano, conocido como Da Afghanistan Bank. Un impedimento para cualquier liberación futura: el primer vicegobernador nombrado para el banco por los talibanes, Noor Ahmad Agha, ha sido designado terrorista por Estados Unidos.

Los talibanes quieren que les devuelvan todas las reservas congeladas en EE.UU., y cuentan con respetables aliados. El 10 de agosto, setenta y un economistas, entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz, escribieron al presidente Biden y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen, instándoles a que permitieran inmediatamente al banco central afgano recuperar todas sus reservas. Argumentaron que los fondos son «críticos para el funcionamiento de la economía afgana». El sistema bancario privado afgano «casi se ha paralizado», no se pagan los salarios y las empresas y los particulares no pueden acceder a sus ahorros. La repatriación de las reservas permitiría al banco central estabilizar la moneda nacional y pagar las importaciones de alimentos y energía, escribieron los economistas. William Byrd, un economista especializado en desarrollo que trabajaba en el Banco Mundial en Kabul y que ahora trabaja en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, argumentó en su respuesta que el banco central afgano no está en condiciones de gestionar miles de millones de dólares de forma productiva.

La Administración Biden ha entregado este estudio de caso de política exterior infernal a dos funcionarios de nivel medio del Departamento de Estado bien considerados: Thomas West, el representante especial de Estados Unidos para Afganistán, y Rina Amiri, la enviada especial para las mujeres, las niñas y los derechos humanos afganos. West negocia directamente con los líderes talibanes sobre la ayuda, la lucha contra el terrorismo y otros temas. Y ha descartado la liberación de los fondos del banco central afgano como una «opción a corto plazo».

Hasta ahora, Amiri se ha negado a asistir a las conversaciones bilaterales con los talibanes, debido a las políticas del régimen hacia las mujeres y las niñas que ella debe defender, una división sobre las tácticas diplomáticas que es un microcosmos del dilema más amplio. «Apoyo a mis colegas para que se comprometan con los talibanes», tuiteó Amiri recientemente. «Es necesario comprometerse en cuestiones en las que hay tracción, como la estabilización económica y la respuesta humanitaria». Sin embargo, en las zonas que supervisa su oficina, continuó, «el compromiso internacional firme… no ha producido resultados significativos para los afganos, las mujeres, las niñas y las poblaciones de riesgo».

Este verano, la Administración Biden anunció una contribución de 150 millones de dólares a las agencias de la ONU que asisten a Afganistán, un poco más de la mitad para abordar la inseguridad alimentaria, y el resto para atender las necesidades de los niños y las mujeres, a través de UNICEF y U.N. Women. Se trata de un compromiso importante, pero no puede hacer frente a la espiral descendente causada por el colapso de la banca afgana o la incapacidad del banco central afgano para pagar las importaciones comerciales de alimentos y energía.

Byrd es uno de los promotores de un incipiente plan para depositar las reservas afganas congeladas en un fondo fiduciario que se alojaría en Suiza, quizás supervisado por expertos en banca central -detalles a negociar con los talibanes-. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, reconoció que Estados Unidos sigue explorando «mecanismos» que permitan que los 3.500 millones de dólares de las reservas designadas para su posible liberación por Biden se utilicen «precisamente en beneficio del pueblo afgano… de forma que no se presten a ser desviados a grupos terroristas o a otros lugares».

Sobre estas negociaciones pesa el historial de fracasos diplomáticos de Estados Unidos en el periodo previo al colapso del verano pasado y durante el primer emirato talibán, que reinó desde mediados de los noventa hasta finales de 2001. Los años de Clinton -cuando los talibanes controlaban Kabul y sus ministerios- ofrecen quizás el paralelismo más cercano a la disposición actual. Inicialmente desconcertados por el extremismo de los talibanes, y más tarde alarmados por el santuario que proporcionaban a Al Qaida, los enviados del Departamento de Estado pulsaron todos los botones de la diplomacia profesional: compromiso directo con los ministros talibanes, conversaciones de paz multilaterales, sanciones económicas, prohibiciones de viaje y embargos de armas. Los talibanes asistieron a las conferencias, hablaron amablemente y permitieron que entrara algo de ayuda internacional en el país, pero los líderes del movimiento no ofrecieron ningún compromiso importante y se mantuvieron pasivos mientras Osama bin Laden y Zawahiri llevaban a cabo ataques mortales contra objetivos estadounidenses en África, en 1998, y en Yemen, en 2000, mientras tramaban en secreto el 11-S.

Finalmente, en 1999, Clinton autorizó la acción encubierta de la CIA contra Al Qaida en Afganistán. La CIA financió y equipó a los insurgentes antitalibanes, como los dirigidos por el legendario comandante guerrillero Ahmed Shah Massoud. En la actualidad, algunos opositores afganos a los talibanes y sus aliados en Washington abogan por una reedición de las estrategias de acción encubierta. Pero ni la Administración Biden ni otros gobiernos de la OTAN parecen tener ganas de fomentar más violencia en Afganistán. En un ensayo de Foreign Affairs de este mes, Ali Maisam Nazary, jefe de relaciones exteriores del Frente Nacional de Resistencia de Afganistán, movimiento liderado por el hijo de Massoud, reconocía que sus insurgentes antitalibanes de 2022 aún no han recibido «una gota de ayuda de ningún país».

Por su parte, los talibanes declararon un día festivo para conmemorar el aniversario de la caída de Kabul. En Twitter y en una ronda de entrevistas con los medios de comunicación, Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores talibán, promocionó los logros del emirato un año después, como la reanudación de los vuelos comerciales hacia y desde Kabul, los proyectos económicos y el alojamiento de unos mil periodistas extranjeros que han viajado para informar en el país desde el verano pasado. También citó el compromiso de los talibanes con las misiones diplomáticas y argumentó que se ha consolidado un consenso internacional de que «no hay alternativa al gobierno actual».

Es cierto que los talibanes se han convertido en un hecho intratable en los asuntos internacionales. Cinco Casas Blancas sucesivas han fracasado en derrotar al movimiento militarmente o en influir en sus líderes para que cambien su ideología. Sin embargo, los problemas más difíciles y menos gratificantes políticamente en política exterior son a veces los más importantes.

Por sus propios fallos y los de sus predecesores, la Administración Biden tiene una obligación moral con la población afgana que hoy sufre bajo el dominio talibán. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN también tienen interés en evitar un mayor colapso económico afgano que podría desencadenar más migraciones masivas hacia Europa o fomentar un mayor extremismo violento. Benditos sean los enviados especiales de nivel medio que promueven la paz y los derechos, pero ésta es una crisis para presidentes y primeros ministros. ¿Dónde están?

Foto portada: Unos hombres suben a un vehículo blindado durante la celebración del primer aniversario del retorno de los talibanes al poder, que fue declarado día festivo (Jamshidi / Getty).

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