La nueva y devastadora historia de la insurrección del 6 de enero en EE. UU.

David Remnick, The New Yorker, 22 diciembre 2022

Traducido del inglés por Sinfo Fernández


David Remnick es editor de The New Yorker desde 1998. Ha escrito numerosos artículos para la revista, incluidos reportajes sobre Rusia, Oriente Medio y Europa, y perfiles de Barack Obama, Bill Clinton, Katharine Graham, Mike Tyson, Ralph Ellison, Philip Roth y Benjamin Netanyahu.

Remnick comenzó su carrera periodística como redactor en el Washington Post en 1982. En 1988 inició un período de cuatro años como corresponsal del Washington Post en Moscú, experiencia que constituyó la base de su libro de 1993 sobre la antigua Unión Soviética, «Lenin’s Tomb: The Last Days of the Soviet Empire». En 1994, esta obra recibió el Premio Pulitzer de no ficción y el Premio George Polk a la excelencia periodística.

Bajo la dirección de Remnick, The New Yorker se ha convertido en la revista más premiada del país. Ha ganado cincuenta y tres Premios Nacionales de Revistas, incluidas múltiples menciones a la excelencia general, y ha sido nombrada finalista en ciento noventa y dos ocasiones, más que ninguna otra publicación. En 2016 se convirtió en la primera revista en recibir un Premio Pulitzer por sus escritos, y ya ha ganado seis, incluida la medalla de oro al servicio público. Entre los honores personales de Remnick figuran el de Editor del Año de Advertising Age, en 2000 y 2016, y la elección para la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, en 2016.

Remnick ha escrito seis libros: «Lenin’s Tomb», «Resurrection: The Struggle for a New Russia», «King of the World» (una biografía de Muhammad Ali), «The Bridge» (una biografía de Barack Obama), y «The Devil Problem» y «Reporting», que son recopilaciones de algunos de sus artículos en la revista.

Remnick ha colaborado en The New York Review of Books, Vanity Fair, Esquire y The New Republic. Ha sido investigador invitado en el Consejo de Relaciones Exteriores y ha enseñado en Princeton, donde se licenció en 1981, y en Columbia.

The New Yorker publica el informe completo del Comité Selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el atentado del 6 de enero, en colaboración con Celadon Books. La edición contiene un prólogo del director de la revista, David Remnick, que encontrarán a continuación, y un epílogo del representante Jamie Raskin, miembro del comité. Puede pedirse el informe completo aquí.

En las semanas en que el comité selecto de la Cámara de Representantes para investigar la insurrección en el Capitolio estaba terminando su informe, Donald Trump, el foco de su investigación, no se traicionó con algún sentimiento de alarma o autoconciencia. En su exilio en el club de campo de Palm Beach, Trump ignoró los fracasos de sus candidatos favoritos en las elecciones de mitad de mandato y anunció que se presentaba de nuevo a la presidencia. Cenó alegremente y sin complejos con un Kanye West en plena espiral y un joven neofascista llamado Nick Fuentes. Se burló de la insistencia del gobierno en que entregara todos los documentos clasificados que había atesorado como propiedad personal. Por último, declaró que tenía un «anuncio importante», solo para desvelar el último de toda una vida de agravios. Antes eran la Universidad Trump, los filetes Trump y el hielo Trump. Esta vez vendía cromos digitales de «edición limitada» a noventa y nueve dólares cada uno, retratos ilustrados de sí mismo como astronauta, sheriff o superhéroe. El anuncio empezaba con la típica cháchara: «Hola a todos, soy Donald Trump, espero que vuestro presidente favorito de todos los tiempos, mejor que Lincoln, mejor que Washington».

En su carrera como estafador inmobiliario neoyorquino y personaje sensacionalista, y luego como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos, Trump ha sido el personaje público más transparente. Hace muy poco por ocultar sus características más distintivas: su racismo, misoginia, deshonestidad, narcisismo, incompetencia, crueldad, inestabilidad y corrupción. Y, sin embargo, lo que ha mantenido a Trump a flote durante tanto tiempo, lo que le ha ayudado a eludir la ruina y el enjuiciamiento, es quizá su cualidad más destacada: no tiene vergüenza. Esa es su esencia, la de no pedir nunca disculpas ni dar explicaciones. Trump no es el primer presidente deshonesto, ni el primer presidente incívico, ni el primer mentiroso. Pero es el más desvergonzado. Su arrepentimiento es imposible de concebir. Es insensible a la desgracia.

El 19 de diciembre de 2022, la comisión formuló un devastador conjunto de acusaciones contra Trump: obstrucción de un procedimiento oficial; conspiración para defraudar a la nación; conspiración para hacer declaraciones falsas; y, lo más grave de todo, incitar, asistir, ayudar o reconfortar una insurrección. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el Congreso remitió a un expresidente al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento penal. Las remisiones penales carecen de autoridad formal, aunque podrían desempeñar algún papel a la hora de impulsar a Jack Smith, el abogado especial nombrado por el fiscal general Merrick Garland, a formular acusaciones. No cabe duda de que el informe se suma inconmensurablemente al cúmulo de pruebas que describen las acciones e intenciones de Trump. Un ejemplo elocuente: La comisión supo que Hope Hicks, epítome de una asesora leal, le dijo a Trump más de una vez en los días previos a la protesta que instara a los manifestantes a mantener pacíficamente las cosas. «Se lo sugerí varias veces el lunes y el martes y él se negó», escribió en un mensaje a otra asesora. Cuando Hicks cuestionó el comportamiento de Trump respecto a la insurrección y las consecuencias para su legado, dejó claras sus prioridades: «A nadie le importará mi legado si pierdo. Así que eso no importará. Lo único que importa es ganar».

Trump ha sido igualmente despectivo con el trabajo del comité, yendo a la radio para decirle a Dan Bongino, el presentador de «The Dan Bongino Show«, que había sido víctima de un «parodia de juicio». En Truth Social, su plataforma de redes sociales, apeló a la lealtad de sus seguidores: «Los republicanos y patriotas de todo el país deben mantenerse fuertes y unidos contra los matones y sinvergüenzas del Comité para la No Elección…. Esta gente no entiende que cuando vienen a por mí, la gente que ama la libertad se une a mí. Eso me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte».

La experiencia deja claro que Trump seguirá así, desviando, negando, arremetiendo contra sus acusadores, aunque eso signifique que acabe sus días aullando en una habitación desnuda y con eco. Poco importa que el informe demuestre que incluso miembros de su círculo más íntimo, desde su fiscal general hasta su hija, conocen las profundidades de sus vanagloriosos delirios. No se arrepentirá. No cambiará. Pero la importancia del informe de la comisión tiene mucho menos que ver con el espectáculo del desmoronamiento de Trump. Su importancia reside en el establecimiento de un registro histórico, la profundidad de sus pruebas, la historia que cuenta de un asalto deliberado y coordinado a la democracia estadounidense que podría haber terminado fácilmente con el secuestro o asesinato de altos cargos electos, el envalentonamiento de grupos extremistas y milicias y, sobre todo, unas elecciones robadas, un golpe de Estado.

La comisión no estuvo sola en su investigación. Muchos periodistas contribuyeron a la acumulación constante de hechos. Pero, con el poder de las citaciones, la comisión pudo descubrir innumerables detalles nuevos y esclarecedores. Un ejemplo: A mediados de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo desestimó una demanda presentada por el Estado de Texas que habría cuestionado el recuento de millones de papeletas. Trump, por supuesto, apoyó la demanda. Se puso furioso cuando, al igual que docenas de demandas similares, fue desestimada. Según Cassidy Hutchinson, que trabajaba directamente para Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Trump estaba «furioso» por la decisión: «Dijo algo así como: ‘No quiero que la gente sepa que hemos perdido, Mark. Esto es vergonzoso. Resuélvelo. Tenemos que resolverlo. No quiero que la gente sepa que hemos perdido'».

En gran medida, este informe es la historia de cómo Trump, humillado por su derrota ante Joe Biden, conspiró para obstruir al Congreso, defraudar al país al que se comprometió a servir e incitar a una insurrección para mantenerse en el poder.

Los orígenes del comité y su trabajo son evidentes: El 6 de enero de 2021, miles de personas se manifestaron en el Capitolio en apoyo de Trump y su acusación conspirativa y totalmente inventada de que le habían robado las elecciones presidenciales de noviembre anterior. Los manifestantes atravesaron barricadas policiales, rompieron ventanas y puertas y corrieron por los pasillos del Congreso amenazando con vengarse del vicepresidente, del presidente de la Cámara y de otros cargos. Siete personas murieron como consecuencia de la insurrección. Unos ciento catorce agentes del orden resultaron heridos.

Medio año después, la Cámara de Representantes votó a favor de crear un grupo encargado de investigar todos los aspectos de la insurrección, incluido el papel del expresidente. Un intento anterior en el Senado de convocar un panel de investigación se había topado con la firme resistencia del líder de la minoría, Mitch McConnell, que lo calificó de proyecto «superfluo»; a pesar del apoyo de seis senadores republicanos, no consiguió los sesenta votos necesarios. Quedó en manos de la dirección demócrata de la Cámara la formación de un comité. La votación, celebrada el 30 de junio de 2021, fue mayoritariamente partidista, pero el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para investigar el atentado del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos se constituyó oficialmente.

Video de un reportero del New Yorker desde el interior del asedio al Capitolio.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió entonces a los republicanos que nombraran a miembros del Partido Republicano para formar parte del panel. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, respondió proponiendo a algunos de los más destacados negacionistas electorales de su bancada, entre ellos Jim Jordan, de Ohio, que había asistido a las manifestaciones de «Stop the Steal» y seguro que se comportaría como un ardiente obstruccionista. Pelosi, que había nombrado a Liz Cheney, de Wyoming, para el panel, rechazó dos de las cinco recomendaciones de McCarthy, diciendo: «La naturaleza sin precedentes del 6 de enero exige esta decisión sin precedentes.» Tras consultar con Trump, McCarthy se negó a ofrecer alternativas y retiró abruptamente todas sus propuestas, apostando a que hacerlo descarrilaría o desacreditaría la iniciativa. Pelosi, a su vez, pidió a un segundo republicano que, junto con Cheney, había votado a favor de la destitución del presidente en una votación celebrada el 13 de enero -Adam Kinzinger, de Illinois- que formara parte del comité. Tanto Cheney como Kinzinger aceptaron.

Cheney, firme conservadora e hija del exvicepresidente Dick Cheney, había dado a conocer su juicio sobre Trump. «El presidente de Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque», dijo no mucho después de la insurrección. «Todo lo que siguió fue obra suya». Ella sabía que oponiéndose a Trump y uniéndose a Kinzinger y a los demócratas del comité era casi seguro que perdería su escaño en el Congreso. No le importó, dijo más tarde, declarando que su trabajo en el panel, del que fue vicepresidenta, era el «más importante» de su carrera. Esta declaración de principios no impresionó a la dirección del Partido Republicano. En febrero de 2022, el Comité Nacional Republicano censuró tanto a Cheney como a Kinzinger.

Para decidir cómo proceder con su investigación, el presidente del comité, Bennie G. Thompson, de Mississippi, junto con Liz Cheney y los otros siete miembros, se fijaron en una serie de paneles de investigación de alto perfil del pasado, incluido el llamado Comité Kefauver, que investigó el crimen organizado, en 1950-51; la Comisión Presidencial sobre el Asesinato del Presidente John F. Kennedy, conocida como la Comisión Warren, y la Comisión de la Verdad, que investigó el crimen organizado en 1950. Kennedy, conocida como la Comisión Warren, en 1963-64; las audiencias del Senado sobre el Watergate, en 1973; las audiencias sobre Irán-Contra, en 1987; y, en particular, la Comisión del 11-S, en 2002-2004. La comisión contrató a investigadores que habían trabajado en el Departamento de Justicia y en las fuerzas de seguridad, y realizaron más de mil entrevistas. Los equipos se dividieron por colores y se les encomendó la tarea de realizar «inmersiones profundas» en diversos aspectos del 6 de enero. La división del trabajo incluía un «equipo azul», que examinó la preparación y la reacción de las fuerzas del orden ante los acontecimientos; un «equipo verde», que examinó el respaldo financiero del complot; un «equipo púrpura», que realizó un análisis de los grupos extremistas implicados en el asalto al Capitolio; un «equipo rojo», que estudió la concentración en la Elipse y el movimiento Stop the Steal; y un «equipo oro», que analizó específicamente el papel de Trump en la insurrección.

Los miembros del Comité también insistieron en investigar si Trump planeaba utilizar poderes de emergencia para anular la votación, llamar a la Guardia Nacional e invocar la Ley de Insurrección. La inacción de Trump durante los disturbios en el Capitolio, ¿fue simplemente una cuestión de liderazgo miserable, o fue una estrategia deliberada de fomentar el caos a fin de permanecer en la Casa Blanca? «Esa dejación de funciones nos causa verdadera preocupación», dijo Thompson. De este modo, la investigación sobre un episodio concreto se amplió para abarcar un tema de mayor trascendencia: ¿Había intentado el presidente socavar y burlar el sistema de democracia electoral estadounidense?

La urgencia política de los trabajos de la comisión se ajustó al calendario. En un principio, los miembros esperaban completar y publicar un informe antes de las elecciones de mitad de mandato de 2022. Pero eso resultó imposible, tal era el volumen de pruebas. Aun así, los miembros del comité sabían que no podían prolongarse indefinidamente. Era probable que los republicanos recuperaran la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre, y McCarthy, que era la persona con más posibilidades de suceder a Nancy Pelosi como presidenta, decidiría, casi con toda seguridad, no volver a autorizar el comité, cerrándolo de hecho; también era muy posible, sabían, que McCarthy y los republicanos generaran «contraaudiencias» como acto de represalia.

Cuando la comisión empezó a trabajar, pronto quedó claro que los líderes republicanos de la Cámara habían cometido un error táctico al negarse a nombrar a ningún miembro para la comisión. Incluso los republicanos menos vociferantes que Jordan habrían tenido poder para ralentizar las investigaciones, debatir puntos con los miembros demócratas y nombrar a miembros del personal menos agresivos. En cambio, el comité, con sus siete demócratas y dos republicanos contrarios a Trump, trabajó en relativa armonía, aprovechando al máximo un sentido de propósito común y las capacidades de un comité del Congreso.

Aun así, se enfrentaron a obstáculos previsibles. No solo muchos leales a Trump se negaron a testificar; gran parte del público estadounidense estaba, después de tantas investigaciones previas, impeachments, escándalos y alertas de noticias, cansado de oír hablar de la interminable saga de Donald Trump. ¿Quién iba a prestar atención? ¿Qué más había que saber? En unos Estados Unidos polarizados, ¿a quién se podía persuadir? Miembros del Comité como Jamie Raskin, de Maryland, insistieron en que el verdadero propósito de la investigación era establecer la verdad. Lo que los fiscales y el electorado hicieran de esos hechos estaba más allá de la autoridad del comité.

Los miembros del comité decidieron que no podían realizar las audiencias a la antigua usanza, con interrogatorios interminables de testigos día tras día. En su lugar, necesitaban producir «episodios» multimedia discretos, bien gestionados y de ritmo ágil, diseñados para poner de relieve diversos aspectos de la insurrección: sus orígenes, su financiación, el comportamiento del Presidente, el nivel de implicación de los nacionalistas blancos, las milicias y otros grupos amenazantes. Los miembros acordaron que, en una época de máxima audiencia televisiva, necesitaban presentar un tipo de serie que fuera dramática, accesible, precisa, rica en pruebas y convincente. Lo ideal sería que ofrecieran una narración que no se limitara a predicar a los conversos, sino que llegara a los millones de estadounidenses que se mostraban indiferentes o confusos ante la interminable corriente de ruido, falta de dirección, histeria, mentiras y caos que había caracterizado la era hiperpolarizada. El comité también reconoció que solo una minoría vería las audiencias completas, y mucho menos leería cada palabra de un largo informe narrativo meses después. Necesitaban producir las audiencias de forma que también pudieran transmitirse eficazmente en fragmentos en las redes sociales de una forma que también pudiera transmitirse eficazmente en bits en dichas redes y hacerse viral. Necesitaban momentos y personajes memorables. En palabras de un miembro del personal: «Necesitábamos dar vida a las cosas».

Para ayudar en ese esfuerzo, el comité contrató a un asesor, el productor de televisión de origen británico James Goldston, que había sido corresponsal extranjero de la BBC en Irlanda del Norte y Kosovo. Goldston también había cubierto la destitución de Bill Clinton. En 2004 se trasladó a Nueva York y entró a trabajar en ABC, donde dirigió «Good Morning America» y «Nightline«; entre 2014 y 2021 fue presidente de ABC News. El comité decidió grabar en vídeo sus declaraciones, y Goldston fue uno de los que ayudaron a seleccionar momentos breves y especialmente vívidos de esas largas entrevistas, del mismo modo que un periodista utiliza citas o escenas para animar una pieza de prosa narrativa. En las presentaciones de la comisión también se empleó de todo, desde vídeos de vigilancia hasta el tráfico de radio de la policía, pasando por los correos electrónicos y tuits de funcionarios del gobierno, personalidades de los medios de comunicación de derechas, líderes de las milicias y los insurrectos del Capitolio.

«Vivimos en una época en la que, por muy importante que sea el tema, compite por la atención», dijo Goldston a un periodista de The Wrap. «La gente está distraída, tiene muchas cosas que hacer. Y por eso, la esperanza era que, aportando estas nuevas técnicas a este formato, pudiéramos captar la atención de la gente de una forma que quizá no lo habría hecho de otro modo.» La segunda emisión, en horario de máxima audiencia, congregó a casi dieciocho millones de espectadores, una audiencia comparable a la del «Sunday Night Football» de la NBC. Como era de esperar, los líderes republicanos de la Cámara no se mostraron impresionados con el compromiso narrativo del comité, lo que llevó a Kevin McCarthy a decir que los demócratas habían contratado a Goldston para «coreografiar su teatro político del 6 de enero.»

El informe publicado por la comisión no tiene una sola voz autoral. Más bien es un esfuerzo de colaboración escrito principalmente por un equipo de investigadores y empleados, con aportaciones de los miembros del comité. Y, aunque carece de una voz mediadora y coherente, es un relato asombrosamente rico, repleto de detalles sobre intenciones malévolas, conspiraciones políticas, violencia enfermiza y locura humana. No hay duda de que los historiadores se darán un festín con estas páginas; lo que el Departamento de Justicia haga con estas pruebas está por ver.

A veces, hay comedia incrustada en esta trágica narrativa. Un personaje como Eric Herschmann, asesor de Trump, mantiene el escenario el tiempo suficiente para relatar que le dijo al abogado de Trump, John Eastman, que su plan para anular las elecciones es «una completa locura»: «¿Estás completamente loco?». Y: «Consíguete un maldito abogado penalista. Lo vas a necesitar». Los espectadores del testimonio grabado de Herschmann, deliciosamente profano, se quedaron paralizados por al menos dos artefactos en la pared detrás de él: un bate de béisbol con la palabra «Justicia» escrita en él y una impresión de «Wild Thing», la imagen de Rob Pruitt de un panda, que también hace una aparición en el thriller erótico «Cincuenta sombras de Grey».

Cualquiera que haya visto las audiencias y que ahora lea este informe se detendrá en ocasiones en las figuras descomunales que emergen, ya sea en su propio testimonio o según lo descrito por otros: el neofascista estratega de campaña y otrora ayudante de la Casa Blanca Steve Bannon; el anodinamente ambicioso Mark Meadows, jefe de gabinete en el último año de la Administración Trump; y, por supuesto, el a menudo ebrio Rudy Giuliani, el otrora alcalde de Nueva York y abogado personal de Trump.

Una y otra vez, altos cargos del drama se negaron a testificar, escudándose en el privilegio ejecutivo. El informe incluye muchos casos cómicos de posibles testigos que alegaron su derecho a acogerse a la Quinta Enmienda y se negaron a responder a preguntas tan benignas como a qué universidad fueron. Y así, a menudo fueron los funcionarios subalternos de la Administración, con mucho menos para gastar en honorarios de abogados y con su futuro en peligro, los que dieron un paso al frente para describir lo que habían visto y oído. El episodio más memorable se produjo el 28 de junio, cuando Cassidy Hutchinson, el joven y serio ayudante de Meadows, testificó en directo ante la comisión. Hutchinson ya había declarado cuatro veces, durante un total de más de veinte horas. Liz Cheney, como vicepresidenta, comenzó la sesión anunciando que Hutchinson había recibido una ominosa llamada telefónica de alguien del círculo de Trump que decía: «Quiere que te haga saber que está pensando en ti. Sabe que eres leal. Y que vas a hacer lo correcto cuando vayas a declarar». Cheney calificó esto de manipulación de testigos. Cuando el informe y los materiales que lo acompañan fueron finalmente publicados, supimos que Hutchinson dijo al comité que un exabogado de la Casa Blanca de Trump llamado Stefan Passantino, que la representó al principio del proceso, le había dado instrucciones para fingir una memoria defectuosa y «centrarse en proteger al presidente.» Dijo que Passantino le dejó claro que la ayudaría a encontrar «un trabajo realmente bueno en el mundo Trump» siempre y cuando protegiera a «la familia.» Hutchinson también testificó que un ayudante de Meadows, Ben Williamson, le había transmitido un mensaje de Meadows en el sentido de que «sabe que mañana harás lo correcto y que vas a protegerle a él y al jefe.»

Pero Hutchinson, que había sido una empleada leal en la Casa Blanca de Trump, conocedora de innumerables conversaciones en los despachos del presidente y el jefe de gabinete y sus alrededores, no se dejaría intimidar. Encontró un nuevo abogado y frustró los intentos matones de obtener su silencio, ofreciendo algunos de los testimonios más condenatorios de la investigación. Describió conversaciones, algunas de segunda mano, que dejaban claro que Trump sabía perfectamente que había perdido las elecciones, pero que no se detendría ante nada para conservar el poder. Debido a su calma preternatural ante el micrófono, el tono sin reflejos, más de tristeza que de ira de su discurso, Hutchinson fue comparada a menudo con John Dean, el consejero de la Casa Blanca bajo Richard Nixon, que emergió de las audiencias del Watergate como el testigo más memorable y decisivo.

Pero la naturaleza del testimonio de Hutchinson, en consonancia con la época, fue claramente más escabrosa que la de Dean. Recordó cómo Trump lanzó su almuerzo contra la pared, salpicando ketchup por todas partes, cuando se enteró de que el fiscal general William Barr había declarado públicamente que, de hecho, no había pruebas de fraude electoral. En otras ocasiones, dijo, el presidente arrancó «el mantel para dejar que todo el contenido de la mesa se fuera al suelo y probablemente se rompiera o fuera a parar a todas partes». Contó los nombres de los muchos trumpistas -incluidos Meadows, Giuliani, Matt Gaetz y Louie Gohmert- que habían solicitado a Trump que les concediera el indulto en relación con el ataque al Capitolio. Dijo que, tres días antes de la insurrección, el consejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, le dijo a Trump que, si llevaba a cabo su plan de marchar al Capitolio con la multitud, «nos van a acusar de todos los delitos imaginables.» Hutchinson declaró que el 6 de enero Cipollone le dijo a Meadows: «Están pidiendo literalmente que cuelguen al vicepresidente». Según recordó, «Mark respondió algo así como ‘Ya le has oído, Pat. Cree que Mike se lo merece. No cree que estén haciendo nada malo».

Finalmente, Hutchinson dejó claro hasta qué punto Trump había querido unirse a los insurrectos del Capitolio. Trump estaba tan indignado con el Servicio Secreto por negarse a llevarle allí que se abalanzó sobre el agente que conducía su coche y forcejeó por el volante. El informe corrobora el testimonio de Hutchinson, diciendo que la «gran mayoría» de sus fuentes policiales describieron una «furiosa interacción» entre el presidente y su contingente de seguridad en su todoterreno. Las fuentes dijeron que Trump estaba «furioso», «insistente», «profano» y «acalorado». La comisión llegó a la conclusión de que Trump esperaba liderar los esfuerzos para anular las elecciones desde el interior de la Cámara de Representantes o desde un escenario fuera del edificio.

Hutchinson fue igualmente directo sobre el desprecio de Trump por la seguridad pública. A pesar de que se le informó de que muchos de los simpatizantes que acudieron a verle hablar el 6 de enero iban armados, Trump insistió en que el Servicio Secreto retirara los «mags«, los detectores de metales. No le preocupaba mucho que alguien pudiera morir o resultar herido, siempre que no fuera él. «Me importa una mierda que tengan armas», dijo, según Hutchinson. «No están aquí para hacerme daño».

La insurrección del Capitolio tuvo consecuencias tan graves para la democracia liberal y el Estado de derecho que los comentaristas se han esforzado desde entonces por encontrar algún precedente histórico que proporcione contexto y comprensión a una nación en estado de crisis continua. Algunos pensaron inmediatamente en el saqueo del Capitolio, en 1814, aunque entonces los autores eran extranjeros, soldados de la corona británica. Otros han recordado las impugnadas elecciones presidenciales de 1824, 1876, 1960 y 2000, pero esas votaciones fueron certificadas pacífica y legalmente por el Congreso. Ninguno de los perdedores intentó fomentar un levantamiento o crear una insurgencia nacional. Comparemos el ensimismamiento y la rabia de Trump con la elegante aceptación de Al Gore de la decisión del Tribunal Supremo que dio las elecciones a George W. Bush: «Esta noche, por el bien de nuestra unidad como pueblo y la fortaleza de nuestra democracia, ofrezco mi concesión».

Aun así, ha habido intentos de anular el orden constitucional, sobre todo en el «invierno de la secesión» de 1860-61, cuando siete estados esclavistas, tras advertir que nunca aceptarían la elección de Abraham Lincoln, se declararon en oposición a los propios Estados Unidos. Mientras Lincoln se preparaba para su toma de posesión, que tendría lugar en marzo, recibió una serie de advertencias de que un ejército levantado en Virginia podría invadir Washington, D.C. Tan frecuentes eran los rumores de una conspiración confederada que el Congreso reunió un comité para «investigar si existe en el Distrito de Columbia una organización secreta hostil al gobierno de Estados Unidos». Lincoln estaba especialmente preocupado por un posible complot para socavar el recuento de electores, un acto previsto para febrero. Al final, John Breckinridge, vicepresidente de James Buchanan y perdedor en la carrera presidencial de 1860, acató la ley. Aunque Breckinridge simpatizaba con la causa secesionista, presidió con «fidelidad romana» la votación de certificación, según el representante Henry Dawes, de Massachusetts, «y la nación se salvó». Pero solo temporalmente. El 12 de abril de 1861, la milicia de Carolina del Sur abrió fuego contra la guarnición de la Unión en Fort Sumter y comenzó la Guerra Civil.

No es que se avecine una guerra civil, en el sentido decimonónico del término. Pero lo que hace que los sucesos del 6 de enero de 2021 sean tan alarmantes es que fueron inspirados e incitados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue siendo popular entre muchos republicanos y aspirante a volver a la Casa Blanca.

Los sucesos del 6 de enero fueron la culminación de una larga campaña que Trump y miembros de su círculo han dirigido contra la legitimidad de las elecciones estadounidenses. El arma más poderosa de la campaña fue el socavamiento de la propia verdad, el insidioso despliegue de teorías conspirativas y una serie de «hechos alternativos».

Trump anunció por primera vez su aparición desde el mundo inmobiliario neoyorquino y la televisión de reality shows declarando que Barack Obama, el primer presidente negro, había nacido en Kenia, no en Hawái, y que, por tanto, no tenía derecho a ocupar el cargo. Tras incorporarse a la carrera presidencial de 2016, Trump siguió traficando con acusaciones casuales y teorías conspirativas infundadas: El padre de Ted Cruz era socio de Lee Harvey Oswald. Antonin Scalia podría haber sido asesinado. Obama y Joe Biden podrían haber organizado el asesinato de Osama bin Laden con un doble. Trump acogió con satisfacción el respaldo del teórico profesional de la conspiración Alex Jones, que antes había afirmado que Hillary Clinton había «asesinado y descuartizado y violado personalmente» a niños, y que el asesinato en masa en Sandy Hook había sido «un montaje». Sin embargo, la teoría de la conspiración más consecuente de la carrera política de Trump acusaba a las elecciones estadounidenses de estar amañadas.

En 2016, Trump, una vez que se hizo con la nominación del Partido Republicano, comenzó el proceso de socavar la confianza en todo el sistema electoral. El periodista Jonathan Lemire, en su libro «The Big Lie”, recuerda que asistió a un mitin, en Columbus (Ohio), en el que Trump dijo a sus seguidores, semanas antes de la Convención de nominación: «Tengo miedo de que las elecciones estén amañadas, tengo que ser sincero”. En Fox News, hablando con Sean Hannity, Trump volvió a expresar sus dudas: «Espero que los republicanos estén vigilando de cerca, o nos las van a quitar». Trump empezó a advertir que no estaba necesariamente dispuesto a asumir  los resultados electorales. En uno de los debates presidenciales, el moderador, Chris Wallace, preguntó a Trump si se comprometía a aceptar el resultado, pasara lo que pasara. Trump se negó: «Ya veré en su momento. Lo que he visto es muy malo».

Clinton ganó el voto popular por un margen de más del dos por ciento, pero, como le superó de largo en el Colegio Electoral, Trump no se vio obligado a considerar la posibilidad de emprender acciones extralegales. Pero cuatro años después, cuando Trump iba por detrás de Joe Biden en las encuestas, revivió el tema. «MILLONES DE VOTOS POR CORREO SE HAN IMPRESO EN PAÍSES EXTRANJEROS Y OTROS», tuiteó. «¡SERÁ EL ESCÁNDALO DE NUESTRO TIEMPO!». Una vez más, Trump se negó a prometer un traspaso pacífico del poder. Un mes y medio antes de las elecciones, dijo: «Desháganse de las papeletas y tendrán, francamente, una muy pacífica no transferencia. Habrá una continuación».

Este tipo de retórica preocupaba mucho a los demócratas, incluida la presidenta Pelosi, que en privado dijo a sus confidentes: «Va a intentar robarlas». Y, no mucho después de que terminara la votación, empezaron los tuits de Trump:

Anoche iba ganando, a menudo de forma amplia, en muchos Estados clave, en casi todos los casos dirigidos y controlados por demócratas. Luego, uno a uno, empezaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban los votos sorpresa. ¡MUY EXTRAÑO, y los encuestadores se equivocaron históricamente por completo!

Están encontrando votos de Biden por todas partes, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. ¡Qué mal para nuestro país!

El 7 de noviembre, Associated Press, Fox News y, pronto, todos los demás principales medios de comunicación dieron Pennsylvania, y las elecciones, para Biden. Los estados más disputados -Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona y Wisconsin- se decantaron por Biden y, al final, obtuvo 306 votos electorales frente a los 232 de Trump. En su discurso de victoria, el presidente electo dijo: «Es hora de dejar a un lado la retórica dura. De bajar la temperatura».

Fue una esperanza vana. Mientras la Casa Blanca de Trump se vaciaba, un variopinto ensamblaje de sátrapas y segundones -Giuliani; un antiguo fiscal federal, Sidney Powell; el consejero delegado de MyPillow, Mike Lindell; el antiguo profesor de Derecho y líder de la Federalist Society, John Eastman- se quedó atrás para alentar a Trump en sus fantasías y planes más conspirativos. En su esfuerzo por impugnar los resultados electorales en varios estados, los abogados de Trump presentaron sesenta y dos demandas federales y estatales. Perdieron sesenta y una de esas demandas, ganando solo en un asunto técnico intrascendente en Pensilvania. A mediados de diciembre, incluso Mitch McConnell empezó a referirse al «presidente electo Joe Biden». Cuando Trump le llamó para reprocharle que hubiera aceptado la votación, McConnell, por una vez, le plantó cara. «El Colegio Electoral ha hablado», dijo. «Has perdido las elecciones».

La única opción que le quedaba a Trump era impugnar la certificación de la votación. Con Eastman a la cabeza, su equipo urdió un plan que pedía al vicepresidente Pence que declarara que la votación en siete estados seguía en disputa y eliminara a esos electores. Si los cuarenta y tres estados restantes presentaban a sus electores, Trump ganaría las elecciones por 232-222. Como parte de ese plan -que el presidente Thompson calificó, desde el primer día de las audiencias, de «intento de golpe de Estado»-, Trump presionó al Gobierno y a los funcionarios electorales para que cooperaran. El ex fiscal general adjunto Richard Donoghue testificó que Trump no ocultó su intención, diciéndole a Donoghue: «Lo que te pido es que digas que ha habido corrupción y me dejes el resto a mí y a los congresistas republicanos.» Una vez que Trump desató su campaña de intimidación contra los funcionarios electorales locales, las amenazas de muerte contra esos funcionarios llegaron de todas direcciones. Ruby Freeman, trabajadora electoral en Georgia, declaró: «No hay ningún lugar en el que me sienta segura. En ningún sitio. ¿Sabes lo que se siente cuando el presidente de los Estados Unidos te tiene como objetivo?».

En otra versión del plan, Pence pedía un receso de diez días y devolvía las listas a los llamados estados «en disputa». El propio Eastman reconoció que este plan sería rechazado unánimemente por el Tribunal Supremo. Aun así, seguramente podría quedarse con la Casa Blanca si Trump lograba convencer a Pence de «hacer lo correcto».

La noche del 5 de enero, el presidente se reunió con Pence en la Casa Blanca y trató de presionarle para que adoptara el plan que Eastman había ideado. Durante años, Pence había sido el más leal de los ayudantes, sin atreverse nunca a desafiar las falsedades o las crueldades de su amo. Trump, después de todo, le había rescatado del olvido político. Pero Pence no quiso seguir con el complot. Su trabajo el 6 de enero, le dijo al presidente, era ceremonial. Solo estaba allí «para abrir sobres».

Trump se indignó. «Nos has traicionado», le dijo a Pence. «Eres alguien gracias a mí. Tú no eras nada».

El informe del comité no es una obra de erudición alejada de su época. Fue recopilado por políticos y funcionarios y publicado en un momento de peligro e incertidumbre continuos. Y el comité se formó en las estelas del aterrador episodio que se le encargó investigar.

Aunque han aparecido abundantes detalles nuevos, los contornos de lo ocurrido nunca han estado en duda. Los acontecimientos del 6 de enero de 2021 comenzaron con un mitin bien planificado en la Elipse, el parque de cincuenta y dos acres al sur de la Casa Blanca. Trump había tuiteado con antelación: «¡Estaré allí, será salvaje!». Katrina Pierson, portavoz de la campaña de Trump en 2016 y una de las organizadoras del mitin, había enviado un mensaje de texto a otro organizador diciendo que a Trump «le gustan los locos», y quería que Alex Jones estuviera entre los oradores. Jones no habló, pero el propio Trump se encargó de la retórica incendiaria. En el discurso de setenta minutos que pronunció en la Elipse, dijo a sus seguidores que «salvarían nuestra democracia» rechazando «unas elecciones falsas», y les advirtió de que «si no lucháis como locos, ya no tendréis un país». Se burló de su vicepresidente: «Mike Pence, espero que te levantes por el bien de nuestra Constitución y por el bien de nuestro país. Y si no lo haces, voy a sentirme muy decepcionado contigo». Estableció un tono de combatividad, desafío y resistencia eterna. Y puso en peligro la vida de su propio vicepresidente. Como dijo el presidente Thompson en una audiencia, «Donald Trump puso a la mafia en su contra».

A pesar de que altos cargos del entorno de Trump le habían dicho que hacía tiempo que había llegado el momento de apartarse -William Barr informó a los investigadores del Congreso de que le había dicho a Trump que los informes sobre fraude electoral eran «una mierda»-, Trump se negó a escuchar. («Pensé, chico, si de verdad se cree estas cosas, es que, ya sabes, ha perdido el contacto, se ha alejado de la realidad», recordó Barr). Trump fue implacable. «Nunca nos rendiremos», dijo a la multitud en la Elipse. «Nunca cederemos. Eso no va a suceder. No se cede cuando hay robo de por medio. Nuestro país ya está harto. No lo aguantaremos más». Tras escuchar los repetidos llamamientos del presidente a la lucha y a marchar hacia el Capitolio – «nunca recuperaréis nuestro país con debilidad»-, miles de sus seguidores, algunos de ellos armados, otros portando símbolos confederados, algunos desplegando astas de bandera como lanzas, se dirigieron hacia el Capitolio.

Al comenzar la marcha, hacia la una de la tarde, el representante Paul Gosar, de Arizona, y el senador Ted Cruz, de Texas, ambos republicanos conservadores, se levantaron en el Congreso para oponerse al recuento de las papeletas electorales de Arizona. Pero Pence ya le había dicho a Trump que no seguiría adelante con su complot, y no había señales de que Gosar, Cruz y los leales a Trump en el Congreso tuvieran los números para triunfar. McConnell, entonces líder de la mayoría en el Senado, dijo: «Los votantes, los tribunales y los estados han hablado, todos han hablado. Si los anulamos a todos, se dañaría para siempre a nuestra república».

Hacia las dos de la tarde, los manifestantes empezaron a desbordar a la Policía del Capitolio, a veces utilizando armas improvisadas. Caroline Edwards, de la Policía del Capitolio, declaró ante el comité que había una «carnicería» en los pasillos: «Me resbalaba en la sangre de la gente». Los insurrectos siguieron llegando, rompiendo ventanas y puertas, agrediendo a agentes de policía y, una vez dentro, fueron a la caza del vicepresidente, del presidente de la Cámara y otros funcionarios que se negaron a participar en el plan del presidente para anular las elecciones. Alrededor de las 14:20 horas, el Senado, y después la Cámara de Representantes, entraron en un receso de emergencia, mientras los agentes de la Policía del Capitolio se apresuraban a poner a salvo a los miembros de ambas cámaras. Los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, temiendo por sus vidas y por las de sus colegas, se vieron obligados a encerrarse en un lugar seguro. En la sesión final de la investigación de la comisión, vimos imágenes de Pelosi, enfurecida pero serena, desplegando su teléfono móvil para que alguien acudiera en ayuda del poder legislativo.

Trump observó estos acontecimientos por televisión en la Casa Blanca con escasa sensación de alarma. Se negó a enviar más policías o tropas para sofocar la violencia. A las 2:24 de la tarde, tuiteó: «Mike Pence no tuvo el valor de hacer lo que se debería haber hecho para proteger nuestro país y nuestra constitución.» A las tres de la tarde, los insurrectos, algunos de ellos ataviados con trajes de batalla de comic, se habían arremolinado en la cámara del Senado. La pasividad de Trump no era pasividad en absoluto. Como dijo Adam Kinzinger: «El presidente Trump no dejó de actuar. Eligió no actuar». Liz Cheney no fue menos tajante. «Se negó a defender nuestra nación y nuestra Constitución», dijo durante las audiencias. «Les digo esto a mis colegas republicanos que defienden lo indefendible: llegará un día en que Donald Trump ya no esté. Pero vuestra deshonra permanecerá».

Para Trump, la elección era sencilla. Los insurrectos eran su gente, sus tropas de choque, estaban allí para cumplir sus órdenes. Nada del espectáculo pareció perturbarle: ni las horcas erigidas fuera del edificio, ni las salvajes palizas, ni las amenazas a Pence y Pelosi, ni las pintadas como «¡Asesina a los medios!», ni los cánticos de «¡1776! ¡1776!» Y así ignoró las llamadas a la acción incluso de su propio partido. A las 15:11, Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, tuiteó: «Estamos presenciando una absoluta mierda de república bananera en el Capitolio de Estados Unidos ahora mismo. @realdonaldtrump, tienes que suspender esto». Trump no diría a sus partidarios que se fueran a casa hasta primera hora de la tarde, cuando el daño ya estaba hecho.

Y aunque Trump y los insurrectos no lograron detener la certificación del escrutinio, sí consiguieron un apoyo sustancial: ciento cuarenta y siete republicanos del Congreso votaron a favor de anular los resultados de las elecciones. A las 3:42 de la madrugada del 7 de enero, el vicepresidente Pence, dirigiéndose a una sesión conjunta del Congreso, certificó la elección de Joe Biden como cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se celebraron las elecciones de mitad de mandato, dos años después, docenas de candidatos republicanos siguieron afirmando que su elección había sido fraudulenta. Los pocos republicanos, como Liz Cheney, que se posicionaron en contra de Trump habían sido barridos de sus cargos.

El 6 de enero fue un fenómeno enraizado tanto en la degradada era de Trump como en la radicalización de un importante partido político durante la última generación. El propio poder de estos acontecimientos explica por qué muchas personas pueden acercarse a este informe del Congreso con una sensación de fatiga, incluso de negación. Parte del oscuro logro de Trump ha sido aporrear la atención política del país hasta la sumisión.

Cuando una nación ha sido sometida a ese grado de cinismo -lo que educadamente se llama «división»- puede perder su capacidad de experimentar indignación. Como resultado, la perspectiva de participar en esta investigación del Congreso sobre el intento de Trump de deslegitimar la maquinaria de la democracia electoral es a veces un desafío para el espíritu. Eso es comprensible y a la vez un peligro público. Y, sin embargo, una ciudadanía que ya no se atreve a prestar atención a una investigación de este tipo o a asimilar sus sorprendentes conclusiones corre el riesgo de avanzar aún más hacia una inquietante «nueva normalidad»: una América posverdad y posdemocrática.

Una república se basa en la fe, no en la fe religiosa, sino en la legitimidad fundamental de sus instituciones políticas y de las decisiones que adoptan. Reconocer la legitimidad de los estatutos, las sentencias y los resultados electorales no significa necesariamente estar a favor de ellos. Es simplemente participar en el sistema básico que les da forma y fuerza; los ciudadanos pueden, a través de la maquinaria democrática, intentar derrotar o impugnar a los candidatos que deploran, las iniciativas que les ofenden, las opiniones de los tribunales que consideran equivocadas. Por el contrario, la campaña que culminó en el atentado del Capitolio del 6 de enero fue, fatalmente, contra la propia democracia. Pretendía infundir una profunda desconfianza en el proceso de votación, el mecanismo a través del cual, incluso en democracias muy imperfectas, se garantiza en última instancia la rendición de cuentas.

La comisión y su trabajo distaban mucho de ser apolíticos y, sin embargo, tachar el informe de meramente político sería un peligroso acto de resignación y derrotismo. Las preguntas que se cernieron sobre la investigación desde el principio, ¿qué más queda por saber? Cuando empezaron las audiencias, el instituto demoscópico FiveThirtyEight informó de que el índice de aprobación de Trump era del 41,9%; cuando terminaron las audiencias, era del 40,4%, una caída minúscula. Como escribió Susan B. Glasser, de The New Yorker: «Toda esa evidencia condenatoria, y las encuestas básicamente no cambiaron». La línea recta en el índice de aprobación del expresidente es la representación literal de la crisis de la democracia estadounidense. Hay un cuarenta por ciento esencialmente inamovible del país cuya lealtad a Donald Trump no puede verse sacudida por nada.» Y, sin embargo, los republicanos fracasaron en su promesa de producir una «ola roja» en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas mantuvieron su escaso control en el Senado y perdieron muchos menos escaños en la Cámara de Representantes de lo que se esperaba. Y aunque las razones del fracaso republicano fueron muchas, desde la puesta en peligro del derecho al aborto hasta la pésima calidad de muchos de los candidatos del partido, estaba claro que una de las principales razones era una profunda preocupación por el futuro de la democracia.

Lo más urgente es saber si una república de dos siglos y medio resistirá los futuros esfuerzos por socavar sus cimientos, por robar, mediante el engaño concertado, la legitimidad esencial de su orden constitucional. El contenido del informe insiste en que la complacencia no es una opción. El informe también insiste en la rendición de cuentas, aunque en última instancia será responsabilidad del Departamento de Justicia y del público estadounidense. La verdad es que el informe ha aportado las pruebas. Ahora queda por ver si se actuará en consecuencia.

La violación del 6 de enero fue en última instancia tan descarada que muchos de los propios leales a Trump no pudieron, al final, atreverse a defenderle. Incluso algunos en la derecha radical han llegado a reconocer las implicaciones de la insurrección para el futuro. Jason van Tatenhove fue en su día el portavoz mediático de la milicia conocida como Oath Keepers, que desempeñó un papel crucial en la revuelta. Abandonó el grupo mucho antes del 6 de enero, pero seguía lo suficientemente bien relacionado como para saber que los Oath Keepers estaban deseosos de participar en una «revolución armada». Testificando ante el comité, expresó su sensación de traición por parte de Donald Trump y una creciente sensación de alarma: «Si un presidente que está dispuesto a intentar inculcar y alentar, azuzar, una guerra civil entre sus seguidores utiliza mentiras y engaños y aceite de serpiente, sin importarle el impacto humano, ¿qué más va a hacer?».

Trump se presenta de nuevo a la presidencia. Quizá su declive sea irreversible. Pero sería una tontería contar con ello. Si vuelve a ganar la Casa Blanca, llegará al cargo sin ningún sentido de la moderación. Inevitablemente, será una versión aún más radical, más resentida, más caótica y más autoritaria de su yo anterior. Y no será una figura aislada en la capital. Tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato, el Congreso está poblado ahora por docenas de negacionistas electorales y muchos más que aún no se atreven a desafiar a Trump. Lo que está en juego no podría ser más importante. Si se busca el optimismo -y la desesperación no es una opción-, la existencia y la profundidad del proyecto del comité representa una especie de esperanza. Representa una insistencia en la verdad y en los principios democráticos. En palabras del hombre que intentó y fracasó en su intento de anular unas elecciones presidenciales, no se cede cuando hay robo de por medio.

Foto de portada: Getty Images.

Voces del Mundo

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