Binoy Kampmark, CounterPunch.com, 20 enero 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Binoy Kampmark fue becario de la Commonwealth en el Selwyn College de Cambridge. Actualmente imparte clases en la Universidad RMIT de Melbourne. Correo electrónico: bkampmark@gmail.com
Las relaciones internacionales siguen siendo un juego de grandes hipocresías, un mosaico de compromisos y comprometidos. Toda condena moral de la conducta de un régimen está abocada a revelarse como un ejercicio de doble rasero que, a menudo, implica a los acusadores. En el caso del régimen militar de Myanmar, el doble rasero no solo está de moda modesto, sino previsible.
Varias declaraciones y medidas internacionales han apuntado hacia el régimen de Myanmar por su brutalidad sanguinaria, sus prácticas genocidas contra los rohingyá y su desprecio general por los derechos humanos de su ciudadanía. En una declaración del pasado noviembre, el secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken, tomó buena nota de la «brutal campaña de violencia del ejército contra el pueblo de Myanmar, llevando a cabo letales ataques aéreos contra la oposición política y la población civil en general».
En respuesta, el Departamento del Tesoro estadounidense nombró a Sky Aviator Company Limited y a su propietario y director, Kyaw Min Oo, «por operar en el sector de defensa de la economía birmana». La empresa en cuestión había «recibido múltiples envíos de armas de entidades sancionadas», mientras que Kyaw se había encargado de facilitar «las visitas de oficiales militares extranjeros a Birmania, así como la importación de armas y otros equipos militares, y había proporcionado mejoras para helicópteros de asalto».
A pesar de estas respuestas aparentemente audaces, a la junta militar de Myanmar no le faltan socios comerciales. De hecho, los negocios, especialmente en el mercado de armas, continúan sin cesar y con cierta energía. Esta conducta ha contribuido también en gran medida a ridiculizar el conjunto de sanciones y requerimientos que la UE, Estados Unidos y otros Estados están imponiendo a las entidades del país y a su personal militar, sobre todo desde el golpe de febrero de 2021.
El año pasado, por ejemplo, la empresa india Sandeep Metalcraft suministró 3.000 fusibles a Creative Exploration Ltd, (el bróker de armas de Myanmar antes conocido como MySpace International). Todo ello a pesar de que la India es signataria del Acuerdo de Wassenaar sobre Control de Exportaciones de Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Doble Uso, que la obliga a aplicar controles a la exportación de munición y productos asociados. Esto adquiere especial importancia cuando el suministro de dicho material puede utilizarse en violación de las Convenciones de Ginebra, o para ayudar e instigar a la comisión de crímenes y atrocidades.
En agosto de ese mismo año, Justice for Myanmar también señaló que, hasta 116 empresas de Myanmar y Singapur, con 255 directores y accionistas, intermediaron en tratos que implicaban el suministro de armas y otros equipos al régimen, incluido el período transcurrido desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
En un informe de tres antiguos expertos de Naciones Unidas que forman parte del Consejo Asesor Especial sobre Myanmar (SAC-M, por sus siglas en inglés), el veredicto sobre las empresas de Estados Unidos, Europa y Asia es claramente negativo. Estas entidades están domiciliadas oficialmente en trece Estados, entre ellos Francia, Alemania, China, India, Rusia, Singapur y Estados Unidos. Utilizando como fuentes documentos presupuestarios filtrados del Ministerio de Defensa, entrevistas con contactos con el ejército de Myanmar y declaraciones de testigos de violaciones de los derechos humanos que muestran a las fuerzas de seguridad armadas con diversas armas, surge un oscuro panorama.
Los autores señalan que el ejército de Myanmar ha avanzado progresivamente hacia una mayor autosuficiencia en la fabricación de armas en diversos ámbitos. Sin embargo, el Estado no se ha desprendido totalmente de la ayuda exterior. La Dirección de Industrias de Defensa (DDI, por sus siglas en inglés) sigue «dependiendo de los suministros internacionales, incluidos los de diversas materias primas, piezas y componentes y artículos finales, así como maquinaria y tecnología, para la producción sostenida -tanto autorizada como no autorizada- de las armas de su arsenal».
La DDI también ha obtenido, ya sea mediante producción bajo licencia o no, «la tecnología y los conocimientos técnicos para producir una variedad de armas a través de diversos tipos de acuerdos de transferencia de tecnología». Dichos acuerdos han implicado la recepción de plantas completas de producción de armas, también conocidas como proyectos llave en mano, acompañadas de apoyo de ingeniería para quienes suministran la tecnología. Entre ellas se encuentran empresas estatales desde Italia hasta Ucrania.
El informe identifica el papel desempeñado por las máquinas automatizadas, incluidas las de Control Numérico por Ordenador, fabricadas por empresas con domicilio en Austria, Alemania, Taiwán y Estados Unidos. Éstas son utilizadas actualmente por el ejército de Myanmar en las fábricas responsables de su producción armamentística. A esto se añaden programas informáticos fabricados por empresas que tienen su domicilio legal en Francia, Israel y Alemania.
Los autores tienen mucho interés en señalar el papel desempeñado por Singapur, que «funciona como punto de tránsito estratégico para volúmenes potencialmente importantes de artículos -incluidas ciertas materias primas- que alimentan la producción de armas del ejército de Myanmar». Las empresas legalmente domiciliadas en Singapur han desempeñado un papel importante en la intermediación de acuerdos y la exportación de artículos militares al DDI o a empresas de fachada civil para el ejército de Myanmar.
Para no ser menos, Taiwán también desempeña un importante papel como punto de tránsito para la compra por parte de la DDI de máquinas CNC de alta precisión, incluidas las de fabricantes europeos, que ayudan a la fabricación de armas de KaPaSa, un complejo que abarca todo el país y en el que participan unas 25 entidades.
Los autores son directos e inequívocos sobre sus espeluznantes conclusiones. «En resumen, las armas producidas por el ejército de Myanmar en el país, en sus fábricas de KaPaSa, se han utilizado en los ataques generalizados y sistemáticos del ejército contra objetivos civiles, antes, durante y después del intento de golpe militar de 2021, y continúan haciéndolo.»
Una declaración de Yanghee Lee, del SAC-M y ex relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, recapituló la cuestión: «Las empresas extranjeras están permitiendo al ejército de Myanmar -uno de los peores violadores de los derechos humanos del mundo- producir muchas de las armas para cometer atrocidades diarias contra el pueblo de Myanmar».
Lee continuó señalando la obviedad de que dichas empresas y sus Estados de origen tenían «responsabilidades morales y legales para garantizar que sus productos no están facilitando violaciones de los derechos humanos contra civiles en Myanmar». No hacerlo las convertía en «cómplices de los bárbaros crímenes del ejército de Myanmar». Una complicidad que se sigue llevando a la ligera en las capitales, desde Washington a Bruselas.
Foto de portada: KMK from Myanmar – CC0
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