Jeremy Scahill, The Intercept, 20 enero 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jeremy Scahill es corresponsal y redactor jefe de The Intercept. Es uno de los tres editores fundadores de la página. Es asimismo reportero de investigación, corresponsal de guerra y autor de los best-sellers internacionales «Dirty Wars: The World Is a Battlefield» y «Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army». Ha informado desde Afganistán, Iraq, Somalia, Yemen, Nigeria, la antigua Yugoslavia y otros lugares del mundo. Ha sido también corresponsal de seguridad nacional para The Nation y Democracy Now!
El trabajo de Scahill ha desencadenado varias investigaciones del Congreso y le ha valido algunos de los más altos honores del periodismo. Recibió dos veces el prestigioso premio George Polk en 1998 por reportajes sobre el extranjero y, en 2008, por «Blackwater». Scahill es productor y guionista de la galardonada película «Dirty Wars», que se estrenó en el Festival de Sundance de 2013 y fue nominada al Oscar.
Joe Biden y Donald Trump se enfrentan a investigaciones de abogados especiales sobre su retención de documentos clasificados después de dejar el cargo. Los materiales descubiertos en lugares controlados por Biden se refieren al parecer a su etapa como vicepresidente de Barack Obama, y los de Trump son de su mandato como presidente. Los demócratas han tratado de establecer distinciones claras entre los dos casos, haciendo hincapié en que el equipo de Biden denunció el descubrimiento de los documentos y está cooperando con los investigadores, mientras que el mundo de Trump engañó a los Archivos Nacionales durante meses, se resistió a cumplir plenamente con una citación, y argumentó que tenía todo el derecho a llevarse los materiales. Los republicanos han declarado que la investigación sobre Trump, que incluyó un registro del FBI en su residencia de Mar-a-Lago y la incautación de decenas de cajas de materiales, es una caza de brujas. Biden ha dicho que no tenía ni idea de que los documentos estuvieran en su poder ni de su contenido.
Sin duda este no es simplemente un caso en el que ambas partes hacen algo mal y, por lo tanto, la respuesta del gobierno y los resultados legales deberían ser idénticos. Hay diferencias significativas entre los dos casos que merecen gran atención. Pero las batallas políticas y los discursos contrapuestos de los comentaristas partidistas ocultan una serie de cuestiones importantes sobre el sistema estadounidense de clasificación rampante excesiva, el tratamiento de los denunciantes y la aplicación desigual de las leyes sobre el mal uso de documentos clasificados en función de la talla del infractor.
«No quiero establecer ninguna equivalencia entre las acciones de Biden y las de Trump, y no quiero proporcionar excusas para la conducta de ninguno de los presidentes, pero ambos episodios son en parte el resultado de un sistema de clasificación totalmente roto», dijo Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia. «Se clasifica demasiada información, y muchas de las cosas que se clasifican se hacen por las razones equivocadas: no porque su divulgación perjudicaría la seguridad nacional, sino porque su divulgación sería embarazosa o inconveniente o simplemente porque es más fácil para los burócratas clasificarlas que no hacerlo.»
Trump fue famoso por haber sido sometido a juicio político dos veces durante su presidencia, aunque fue absuelto por el Senado en ambos casos. Los demócratas esperan que el expresidente corra una suerte distinta al término de las actuales investigaciones sobre su conducta en los últimos días de su Gobierno y su retención de documentos clasificados como ciudadano privado. Como presidente en ejercicio, Biden tendrá que enfrentarse no solo a la investigación del abogado especial, sino también a las investigaciones del Congreso dirigidas por los republicanos, que no han ocultado su deseo de acabar con él. Dado lo que está en juego, no solo para Biden individualmente, sino también para su presidencia, es importante revisar la cronología de los acontecimientos tal y como los entendemos actualmente.
Mal gestionado y mal comunicado
El 2 de noviembre de 2022, una semana antes de las elecciones de medio mandato con tantas cosas en juego, los abogados de Biden descubrieron algo de fruta prohibida dentro de una oficina poco utilizada en un think tank que lleva el nombre del 46º presidente. Los abogados estaban allí para cerrar la oficina en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, que Biden inauguró en 2018 tras sus ocho años como vicepresidente. Según el equipo legal de Biden, mientras empaquetaban los papeles y otros artículos de Biden, los abogados encontraron un lote de lo que parecía ser material clasificado dentro de un armario cerrado con llave en la suite de la oficina de Biden.
El equipo de Biden, según su propio relato, informó rápidamente del asunto a los Archivos Nacionales y se ofreció a cooperar plenamente para determinar cómo habían llegado los documentos a esas instalaciones no seguras. Afirmaron que el presidente desconocía la existencia de los documentos y no sabía cómo habían llegado allí. «Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había documentos del Gobierno que habían sido llevados a esa oficina, pero tampoco sé lo que hay en los documentos», dijo Biden más tarde. El 9 de noviembre, un día después de las elecciones al Congreso, el Departamento de Justicia y el FBI iniciaron una evaluación inicial del asunto y, el 14 de noviembre, el fiscal general Merrick Garland asignó a un fiscal federal la tarea de iniciar una investigación preliminar.
El equipo de Biden mantuvo todo esto en secreto, y puede que nunca sepamos durante cuánto tiempo pretendían hacerlo.
Tal vez en otra época, este asunto no habría desprendido las vibraciones de un incendio de cinco alarmas. Pero el momento de este descubrimiento, tanto en el sentido político inmediato como en el sentido histórico más amplio, no podría haber sido peor para Biden. Y la cosa empeoró.
El equipo del presidente no informó al público sobre los documentos clasificados una vez descubiertos. No informaron al público de que el FBI y el Departamento de Justicia habían iniciado una investigación contra el presidente en ejercicio sobre un asunto potencialmente grave relacionado con material clasificado que había sido llevado a unas instalaciones no seguras y había permanecido allí durante años. El presidente y sus asesores sabían muy bien la zancadilla política que habían cruzado y las implicaciones que podría haber tenido no solo en las elecciones de mitad de mandato, sino también en el caso contra su predecesor por el mismo asunto. Así que el equipo de Biden mantuvo todo esto en secreto, y puede que nunca sepamos durante cuánto tiempo pretendían hacerlo. Según el Washington Post, «la Casa Blanca esperaba una investigación rápida que no descubriera ningún mal manejo intencionado de los documentos, y planeaba revelar el asunto solo después de que la Justicia diera el visto bueno».
Hay grandes diferencias entre los casos de Biden y Trump, tanto en el volumen de material como en la forma en que ambas partes han manejado sus situaciones y abordado las investigaciones. El equipo de Biden afirma que no era consciente de que el puñado de documentos estaba bajo su custodia e inmediatamente informó de ello a los Archivos Nacionales, mientras que Trump ha dicho que tenía derecho a llevarse los materiales -que suman más de 300 documentos clasificados- a Mar-a-Lago. El personal de Trump, al final de su presidencia, había transportado cientos de materiales clasificados desde Washington D.C. hasta el complejo turístico de Trump en Palm Beach. No es infrecuente que los presidentes infrinjan la Ley de Archivos Presidenciales, pero es inusual que un presidente se resista tenazmente a los esfuerzos de los Archivos Nacionales por custodiar materiales manipulados indebidamente, especialmente a la escala del caso Trump.
Desde el principio, el equipo de Trump obstaculizó sistemáticamente los esfuerzos del Gobierno por hacerse con la custodia de los documentos. A principios de 2022, Trump entregó a regañadientes algunos materiales a los Archivos Nacionales, pero él y sus ayudantes se resistieron ferozmente a devolver documentos adicionales, incluso mediante conductas que podrían constituir obstrucción a la justicia. Entre los documentos recuperados inicialmente de Trump había, al parecer, material de la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y otras agencias. En agosto, el FBI ejecutó una orden de registro y se incautó de docenas de cajas de material adicional en la finca de Trump en Florida. En una declaración jurada en apoyo de la orden, el FBI afirmó que creía que encontraría «pruebas, contrabando, frutos del delito u otros artículos poseídos ilegalmente en violación» de varias leyes, incluidas las normas que rigen la recopilación o transmisión de información de defensa en virtud de la Ley de Espionaje. Supuestamente incluidos en el alijo descubierto durante la redada en Mar-a-Lago había documentos etiquetados como «Top Secret/Sensitive Compartmented Information».
Una vista aérea de la casa de Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump después de que este dijera que agentes del FBI la habían allanado, en Palm Beach, Florida, el 15 de agosto de 2022. Foto: Marco Bello/Reuters
Una vista aérea de la casa de Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump después de que este dijera que agentes del FBI la habían allanado, en Palm Beach, Florida, el 15 de agosto de 2022. Foto: Marco Bello/Reuters
Estos factores, así como la naturaleza específica y la sensibilidad de los documentos en cuestión, podrían resultar significativos para determinar las formas divergentes en que estos dos casos podrían desarrollarse legalmente. En un sentido de relaciones públicas, sin embargo, particularmente en este momento histórico de extrema mala fe, tales distinciones importan poco, especialmente para Trump y los republicanos.
En los meses previos al descubrimiento de material clasificado en posesión de Biden, los demócratas machacaron a Trump por los documentos clasificados. El expresidente y sus partidarios han afirmado que está siendo objeto de otra caza de brujas política y que, como presidente, tenía el poder de desclasificar los documentos que se llevó. Aunque técnicamente es cierto que tanto el presidente como el vicepresidente tienen esa autoridad, existen procedimientos para desclasificar documentos, y parece probable que Trump no los cumpliera. En cambio, alegó que, como presidente, había dado la orden permanente de que todo lo que se llevara a su residencia privada estaba desclasificado por defecto y que, por tanto, tenía derecho a llevárselos a Florida cuando dejara el cargo. «Si eres el presidente de Estados Unidos, puedes desclasificar con solo decir ‘está desclasificado’, incluso pensándolo», dijo Trump a Fox News tras la actuación del FBI en Mar-a-Lago.
En septiembre, en una entrevista con «60 Minutes«, Biden arremetió contra Trump por haberse llevado los documentos. «¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?», dijo, recordando su reacción cuando vio las fotos del FBI de los documentos tirados en el suelo. «Pensé: ‘¿Qué datos había ahí que pudieran comprometer fuentes y métodos?’». Apenas unos meses después, esas mismas preguntas podrían hacérsele a Biden.
El garaje de Joe
Mientras la Casa Blanca mantenía la tapa sobre su propia crisis en ciernes, Garland anunció el 18 de noviembre que había nombrado al exfiscal de crímenes de guerra Jack Smith como abogado especial para investigar la retención de Trump de materiales clasificados, así como sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y su papel en el asedio del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Tras el nombramiento de Smith, los medios de comunicación liberales y los políticos demócratas pasaron horas interminables discutiendo sobre lo que esperaban que fuera el enjuiciamiento penal de Trump, que idealmente terminaría con penas de cárcel. Sin saberlo, Biden y su administración estaban sentados sobre su propia bomba de relojería.
El 20 de diciembre, los abogados de Biden descubrieron más material clasificado, esta vez en la casa de Biden en Delaware. Los documentos ni siquiera estaban en un armario cerrado en una oficina. Estaban en el garaje de Biden, junto a su preciado Corvette.
El 9 de enero, CBS News destapó la historia. Bueno, parte de la historia. CBS informó de que el Departamento de Justicia había puesto en marcha una investigación inicial sobre los documentos descubiertos en el Centro Penn Biden. La oficina del abogado de la Casa Blanca se vio obligada a confirmar el informe. «Desde ese descubrimiento, los abogados personales del presidente han cooperado con los archivos y el Departamento de Justicia en un proceso para garantizar que cualquier documento de la Administración Obama-Biden pase a estar debidamente bajo posesión de los archivos», dijo Richard Sauber, asesor especial del presidente. No dijo nada sobre los documentos descubiertos en el garaje de Biden. Biden, junto con Garland, se encontraba en Ciudad de México para asistir a una cumbre de líderes norteamericanos cuando se conoció la noticia.
El 10 de enero, Biden habló personalmente sobre los documentos, pero al igual que su abogado, fingió que el único problema eran los documentos encontrados en el Penn Biden Center. «La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados, la información clasificada», dijo Biden en México. «Cuando mis abogados estaban limpiando mi oficina en la Universidad de Pennsylvania, instalaron una oficina para mí -cuando yo- los cuatro años después de ser vicepresidente, fui profesor en Penn. Encontraron algunos documentos en una caja, en un armario cerrado, al menos en un armario. Y en cuanto lo hicieron, se dieron cuenta de que había varios documentos clasificados en esa caja».
En México, Biden alegó ignorancia sobre el contenido de los materiales clasificados. «No sé lo que hay en los documentos, yo… mis abogados no me han sugerido que pregunte qué documentos eran», dijo. «He entregado las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos, y estamos cooperando plenamente. Estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto».
Al día siguiente, el 11 de enero, NBC News informó de que se habían recuperado más documentos de un segundo lugar sin nombre. El 12 de enero, Garland nombró fiscal especial para investigar el caso Biden a Robert Hur, ex fiscal federal en Maryland, nombrado por Trump. Solo entonces el equipo legal de Biden confirmó finalmente que los documentos fueron recuperados de su garaje personal a finales de diciembre. Cuando un periodista de Fox News preguntó a Biden por qué guardaba documentos clasificados en un garaje junto a su Corvette, el presidente replicó: «Mi Corvette está en un garaje cerrado, ¿vale? Así que no es como si estuvieran en la calle».
Trump y otros republicanos han aprovechado los documentos del garaje, en particular, en sus ataques contra Biden, planteando preguntas sobre quién tuvo acceso a ellos y tratando de vincularlos a varios escándalos que involucran al hijo de Biden, Hunter. «La Casa Blanca acaba de anunciar que no hay REGISTROS ni información de ningún tipo sobre los visitantes de la casa de Wilmington y el endeble, abierto y poco seguro, pero ahora muy famoso, garaje», escribió Trump en su cuenta de Truth Social. «Este es uno de los aparentemente muchos lugares donde se almacenan documentos ALTAMENTE CLASIFICADOS (en una gran pila en el suelo húmedo). Mar-a-Lago es una instalación altamente segura, con cámaras de seguridad por todas partes, vigilada por el personal y nuestro gran Servicio Secreto. Tengo INFO sobre todo el mundo». Trump no parece estar haciéndose ningún favor al publicar sobre el caso en las redes sociales, y algunos analistas creen que puede estar incriminándose a sí mismo en algunos de sus desplantes.
Mientras que el FBI ha sido agresivo en su búsqueda de documentos de Trump, culminando en la redada con orden de registro en su complejo turístico, la agencia ha adoptado un enfoque diferente con Biden. El equipo legal del presidente y el Departamento de Justicia acordaron que el FBI no supervisaría la búsqueda de más material clasificado que el presidente pudiera tener en sus domicilios y que la responsabilidad de la autoinformación recaería en los abogados de Biden, según el Wall Street Journal. El acuerdo fue, en parte, resultado de la cooperación inicial ofrecida por el equipo de Biden, afirma el diario, pero también ofrece a los investigadores flexibilidad a medida que se profundiza la investigación. «De ese modo, el Departamento de Justicia conservaría la capacidad de adoptar una línea más dura, incluida la ejecución de una futura orden de registro, si las negociaciones se volvieran hostiles en algún momento, dijeron funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas de seguridad», informó el Wall Street Journal. El ecosistema mediático de derechas ha citado este informe para reforzar el argumento de que Biden está siendo tratado de forma diferente a Trump.
En el momento actual, la Casa Blanca afirma que el número total de documentos encontrados en lugares relacionados con Biden asciende a unos 20. Es muy poco lo que se sabe públicamente sobre el contenido de los documentos recuperados de los distintos lugares de Biden. La CNN ha informado de que entre el material clasificado que se encontraba en el Penn Biden Center había documentos «que incluían memorandos de los servicios de inteligencia estadounidenses y material informativo sobre temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido». Según se relata, algunos estaban marcados como «Alto Secreto». El secretario de Estado Antony Blinken, que dirigía el Penn Biden Center, ha dicho que no tenía conocimiento de los documentos y que no sabía que estaban allí.
El gobierno de Biden ha ofrecido una defensa deslucida e insatisfactoria de sus retrasos en revelar los descubrimientos, la omisión inicial deliberada de la existencia de los documentos del garaje y las declaraciones engañosas ofrecidas por el presidente y sus ayudantes. El equipo jurídico de Biden ha «intentado equilibrar la importancia de la transparencia pública cuando procede con las normas establecidas y las limitaciones necesarias para proteger la integridad de la investigación», declaró Robert Bauer, abogado personal del presidente. «Estas consideraciones requieren evitar la divulgación pública de detalles relevantes para la investigación mientras está en curso».
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha esforzado repetidamente por dar respuestas directas a preguntas legítimas de la prensa sobre una serie de cuestiones relacionadas con los documentos y la cronología ofrecida por Biden y su equipo. Dijo a los periodistas el 12 de enero -el día en que Garland anunció la designación de un fiscal especial- que la búsqueda de los documentos en las propiedades de Biden había terminado. «Deben asumir que se ha completado, sí», dijo. «Pero esa búsqueda se completó anoche. Y ahora está en manos del Departamento de Justicia». Pero esa misma noche se descubrieron otros cinco documentos clasificados en la residencia de Biden en Delaware, en una habitación adyacente a su garaje. «Como tengo autorización de seguridad, fui a Wilmington el jueves por la noche para facilitar la entrega al Departamento de Justicia del documento que el asesor personal del presidente encontró el miércoles», dijo Sauber, el asesor especial de Biden. «Mientras lo transfería a los funcionarios del Departamento de Justicia que me acompañaban, se descubrieron cinco páginas adicionales con marcas de clasificación entre el material que lo acompañaba, para un total de seis páginas. Los funcionarios del Departamento que me acompañaban se hicieron inmediatamente con ellas».
Jean-Pierre no mencionó los nuevos documentos en su sesión informativa del día siguiente, a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas. El sábado 14 de enero, la administración confirmó la existencia de los documentos recién descubiertos. El lunes siguiente, Jean-Pierre ofreció una defensa confusa de sus comentarios anteriores y se negó a responder cuándo se había enterado del descubrimiento de los nuevos documentos. «He sido comunicativa desde esta tribuna», dijo. «A lo que dije que sí, fue a lo que decía la declaración en ese momento que todos teníamos. ¿Verdad? Todos ustedes tenían la declaración. Y yo estaba repitiendo lo que el abogado estaba compartiendo en ese momento «.
Como mínimo, Biden y su administración han cometido repetidos pecados de omisión en la forma en que han explicado esta situación al público. Si bien es plausible que Biden sea honesto cuando dice que no tenía conocimiento de que los documentos estuvieran en la oficina de su think tank, la administración omitió a sabiendas detalles cruciales, incluidos los documentos del garaje, y solo se sinceró cuando los periodistas sacaron a la luz nueva información o estuban a punto de hacerlo. «Creo que van a descubrir que no hay nada. No me arrepiento de nada», dijo Biden sobre la decisión de no revelar el descubrimiento de los documentos antes de las elecciones de mitad de mandato. «Estoy siguiendo lo que los abogados me han dicho que quieren que haga. Es exactamente lo que estamos haciendo».
La defensa de Trump de sus acciones, por otro lado, parece reducirse a: 1. Lo hice; 2. Tenía derecho a hacerlo; y 3. Todo lo que hice para impedir que violaran los puntos uno y dos estuvo justificado.
Grupo de fotoperiodistas frente al Penn Biden Center el 10 de enero de 2023, en Washington, D.C. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images
El problema del exceso de clasificación
Los escándalos de documentos clasificados que implican tanto a Trump como a Biden se desarrollarán en varios planos, entre ellos el político y el jurídico. Los republicanos de la Cámara de Representantes, regodeándose en su nueva mayoría, ya han prometido hacer del caso de Biden uno de los principales focos de lo que se espera que sea una sinfonía caótica y extensa de investigaciones respaldadas por el poder de las citaciones. Los demócratas controlan el Departamento de Justicia, y el fiscal especial Jack Smith -que está investigando el caso de los documentos clasificados de Trump- es conocido como un tenaz combatiente legal que solía dirigir la división de anticorrupción pública del Departamento de Justicia.
Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que factores como la cooperación del equipo de Biden y la autodenuncia de los documentos y la obstaculización de las investigaciones por parte de Trump serán relevantes a medida que avancen los respectivos casos. Pero Wizner advirtió contra poner demasiado énfasis en el simple hecho de que los materiales estaban clasificados. «Todo el régimen de clasificación es una broma», dijo. «Mi esperanza es que los liberales no adopten la línea de que los documentos clasificados en el garaje de Biden, aunque no sepamos lo que son, son inofensivos, y los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, aunque no sepamos lo que son, son una grave amenaza para la nación. La probabilidad abrumadora es que ninguna de las dos brechas dañe mucho de nada «. Y añadió: «Recuerden que Trump era presidente y si quería dañar a Estados Unidos y dar información a los adversarios, podría haberlo hecho todos los días durante cuatro años.»
Tanto Biden como Trump pueden haber violado técnicamente la ley o, como mínimo, las normas que rigen el manejo de información clasificada y los archivos presidenciales. Trump ha sido acusado, aunque no legalmente hasta la fecha, de intentar destruir registros, y era tristemente célebre por romper papeles como presidente, un factor que puede resultar significativo en su caso. Según la información revelada sobre la investigación de Trump, parece posible que también se le acuse de obstrucción o incluso de conspiración. No ha habido ninguna sugerencia creíble de que Biden haya incurrido en tal conducta. Sobrevolando todo esto, por supuesto, estarán las implicaciones políticas e históricas de una acusación penal contra un expresidente, que no deberían importar pero que casi con toda seguridad formarán parte de las deliberaciones una vez que se conozcan todos los hechos. Si uno de estos hombres poderosos retuviera los documentos con fines malintencionados, como ayudar a una potencia extranjera, beneficiarse personalmente o participar en un chantaje, sería ridículo argumentar que tales acciones deberían tolerarse. Lo mismo ocurriría si se llevaran ilícitamente documentos que realmente pudieran dañar la seguridad de la nación o poner en peligro fuentes o métodos sensibles. Pero si los documentos no son realmente sensibles y su divulgación pública no causara ningún daño, entonces hay que preguntarse: ¿Deberían permanecer clasificados?
Chris Wallace, de la CNN, preguntó recientemente a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, sobre la gravedad de que Biden conservara documentos clasificados durante seis años después de dejar el cargo. «Ya veremos cuáles son», dijo Pelosi. «No creo que haya un informe sobre una reunión con alguien… ya sabes, solíamos bromear en el Comité de Inteligencia y decir: ‘Ten cuidado porque van a estampar «clasificado» en el Washington Post’«.
Obama aludió a esta cuestión durante el escándalo del uso por parte de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de correo electrónico no oficial y servidores privados para albergar material sensible del Gobierno. «Lo que también sé, porque manejo mucha información clasificada, es que hay… clasificados, y clasificados», dijo Obama a Fox News en abril de 2016. «Hay cosas que son realmente alto alto secreto, y hay cosas que se están presentando al presidente o al secretario de Estado, que es posible que no se desee que se publiquen, o salgan por cable, pero son básicamente cosas que usted podría conseguir en código abierto.»
Washington D.C. lleva décadas embriagándose de secretismo excesivo, por lo que adoptar un enfoque matizado de este problema es prácticamente imposible. Jaffer citó una observación del juez Potter Stewart en el caso de los Papeles del Pentágono en 1971: «Cuando todo es clasificado, entonces nada es clasificado». Jaffer añadió: «Dado el número de secretos clasificados, y el número de personas que tienen acceso a esos secretos, es prácticamente imposible que la burocracia de la seguridad nacional les siga la pista.»
En el caso de los denunciantes acusados en virtud de la Ley de Espionaje, ni siquiera se permite que los acusados expliquen sus motivos para filtrar o publicar material clasificado que pone al descubierto abusos o delitos del gobierno. Estos casos quedan relegados a una pregunta técnica de sí o no sobre el manejo indebido de información clasificada. Y las sentencias penales han sido extremas. En 2018, Reality Winner, que trató de dar el soplo sobre los intentos rusos de penetrar en el software utilizado en algunos sistemas de votación de Estados Unidos, fue condenado a más de cinco años de prisión después de declararse culpable de un delito grave de transmisión no autorizada de información de defensa nacional. El denunciante de los drones Daniel Hale fue condenado a 45 meses de prisión en 2021 tras declararse culpable del mismo cargo que Winner. Ambos fueron procesados en virtud de la Ley de Espionaje.
Ha habido también casos recientes en los que empleados del Gobierno han sido procesados por llevarse documentos clasificados con fines más mundanos. A principios de 2020, Asia Janay Lavarello, empleada civil del Departamento de Defensa en misión temporal en la Embajada de EE. UU. en Filipinas, estaba trabajando en una tesis clasificada en una instalación segura de la embajada cuando las restricciones de Covid-19 limitaron su acceso. En marzo, se llevó a casa otras tres tesis clasificadas, que dijo que quería utilizar como modelos para su propio proyecto, así como notas que tomó durante reuniones clasificadas en la embajada. En un acuerdo de culpabilidad, Lavarello también admitió haber enviado notas a su correo electrónico personal y haber hecho declaraciones falsas a agentes del FBI. Ingresó en prisión durante tres meses. El abogado de Lavarello declaró que ella lamentaba sus acciones y que no tenía intención de perjudicar al Gobierno. Los empleados del Gobierno autorizados a acceder a información clasificada deben enfrentarse a penas de prisión si abusan de esa autoridad violando la legislación penal, como hizo la Sra. Lavarello en este caso», dijo la fiscal Clare E. Connors. «Tales infracciones de la seguridad nacional son graves violaciones del derecho penal, y las perseguiremos».
El caso de Lavarello contrasta con los del exasesor de seguridad nacional de Bill Clinton, Sandy Berger, y el exdirector de la CIA, David Petraeus. Berger robó documentos de los Archivos Nacionales en 2003 metiéndolos dentro de su ropa y luego destruyó parte del material clasificado. Alegó que quería revisar los documentos para preparar su testimonio ante la Comisión del 11-S. Petraeus se vio obligado a dimitir como director de la CIA en 2012 tras revelarse que había manejado indebidamente material clasificado, incluso llevándose algunos a su casa y compartiéndolos con su biógrafa, con la que mantenía una relación amorosa. Berger fue multado con 50.000 dólares por un juez federal y perdió su autorización de seguridad, y Petraeus obtuvo dos años de libertad condicional y una multa de 100.000 dólares. «El funcionamiento de las infracciones de clasificación es demasiado frecuente: Responsabilidad estricta para ti, impunidad para mí», dijo Wizner, de la UCLA. «‘Tú’ es cualquiera que trabaje más abajo en el sistema, y ‘yo’ es cualquiera que tenga algún poder».
En un documento reciente para el Knight First Amendment Institute, Jaffer sostenía que la extensa infraestructura de clasificación del gobierno estadounidense ha funcionado en contra de los ideales democráticos. «En los años transcurridos desde el 11-S, Estados Unidos ha pagado un precio asombroso por el exceso de secretismo. Una y otra vez, las políticas de seguridad nacional elaboradas a puerta cerrada y protegidas del escrutinio público han demostrado ser profundamente erróneas, con consecuencias de largo alcance para la vida, la libertad y la seguridad», escribió. «El ejecutivo sobreclasifica por muchas razones diferentes; entre ellas, que los funcionarios rara vez son sancionados por sobreclasificar información; que clasificar información puede proporcionar al clasificador una ventaja burocrática; y que clasificar información puede proteger decisiones controvertidas del escrutinio tanto dentro como fuera del gobierno».
Wizner, que ha sido el principal asesor legal del denunciante de la National Security Agency Edward Snowden desde 2013, dijo que este momento ofrece una oportunidad para desafiar el sistema de sobreclasificación y secreto innecesario que se ha convertido en una pieza central de la gobernanza de Estados Unidos. «El problema de que casi todo esté clasificado es que da al Gobierno un poder y una discrecionalidad casi ilimitados para perseguir a cualquiera que sea un infractor desvalido y dar vía libre a los poderosos», aseveró. «Las revelaciones de Snowden condujeron a reformas significativas en el Congreso, los tribunales y el poder ejecutivo. Incluso el ex fiscal general Eric Holder ha reconocido que Snowden realizó un servicio público.»
Tanto Biden como Trump han defendido duras sanciones penales para los filtradores y denunciantes. En el caso de Biden, pasó décadas como senador estadounidense tratando de reforzar las leyes que rigen la divulgación indebida de información clasificada. Como vicepresidente de Obama, formó parte de una administración que procesó a más denunciantes en virtud de la Ley de Espionaje que todas las administraciones de la historia juntas. Como presidente, ha continuado esta tendencia, incluso procesando a Hale, negándose a indultar a Winner y continuando con el esfuerzo de la era Trump para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Como presidente, Trump emprendió una guerra abierta contra los periodistas y sus fuentes, y su Departamento de Justicia llegó a desenterrar casos de filtraciones que Obama se había negado a perseguir y luego lanzó el libro contra las fuentes periodísticas. Con Obama, Trump y Biden, se impusieron duras condenas a los denunciantes.
Nada de esto parece ser relevante para gran parte de la cobertura mediática o la pontificación política de estos días, pero debería serlo. «Si la historia sirve de guía aquí, ninguno de estos presidentes será sancionado seriamente por su mal manejo de los secretos del gobierno», dice Jaffer, un veterano litigante de libertades civiles que libró batallas sobre el secreto excesivo a lo largo de las presidencias de George W. Bush y Obama. «Por regla general, los denunciantes que revelan secretos para informar al público de irregularidades gubernamentales son perseguidos agresivamente y sancionados con dureza. Pero los altos funcionarios que revelan secretos imprudentemente, o con el fin de manipular la opinión pública sobre la política gubernamental, tienden a ser tratados con guantes de seda.»
Foto de portada: El presidente Joe Biden es fotografiado en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el 15 de enero de 2023 (Brendan Smialowski/AFP vía Getty Images).
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