Aleena Imran, Middle East Monitor, 20 febrero 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Algunos países parecen condenados desde el principio, y Siria es uno de ellos. Con una familia de dictadores al mando, una guerra que sigue su curso, una crisis económica y ahora el devastador terremoto que ha matado a miles de personas y desplazado a más de un millón, parece realmente que Siria no puede tomarse un respiro. Entonces, ¿puede un país paralizado por las sanciones desde la década de 1970 soñar siquiera con días mejores?
Hafez Al-Assad gobernó Siria con mano de hierro; su hijo, Bashar Al-Assad, sigue haciendo lo mismo. Crearon una red de leales y espías que les permitió acceder al poder y mantenerse en él. Su reputación, fomentada por Occidente, es tan formidable que algunos han llegado a comparar a la familia Assad con la ficticia familia Corleone de El Padrino.
Estados Unidos decide qué dictador o Estado es «malvado» y cuál se sale con la suya. Por ejemplo, Siria fue calificada de «Estado patrocinador del terrorismo» en 1979, junto con Iraq, Libia y el antiguo Yemen del Sur. Sin embargo, incluso en el punto álgido de la Guerra Fría, Estados Unidos no etiquetó a la Unión Soviética del mismo modo, a pesar de que los soviéticos apoyaban supuestamente a varios grupos terroristas en aquella época.
Esta reticencia continúa. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prácticamente ha calificado de asesino al presidente ruso, Vladimir Putin, y ha acusado constantemente a Rusia de terrorismo contra los ucranianos, aún no se ha incorporado a Rusia a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo junto a Irán, Cuba, Corea del Norte y un miembro original, Siria. Hay muchos otros países que están constantemente implicados en violaciones de derechos humanos, apoyando a insurgencias, rebeldes e incluso financiando a «terroristas», pero de alguna manera tampoco entran en la lista.
«Los países que acaban en esa lista son los países que no nos gustan», explicó el profesor Michael Oppenheimer. «Otros países y potencias exteriores apoyan el terrorismo, y objetivamente hablando son terroristas, y los que no nos gustan están en la lista, y con los que estamos aliados no están en la lista. Se trata de un doble rasero».
Bashar Al-Assad sucedió a su padre en 2000, y en 2004 George W. Bush impuso una nueva ronda de sanciones a Siria. Éstas formaban parte de su estrategia para combatir el «Eje del Mal»: Irán, Iraq y Corea del Norte. La misma estrategia «condenaba la posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen sirio, el control de Siria sobre Líbano, la voluntad de desestabilizar Iraq y el apoyo a organizaciones terroristas como Hizbolá y Hamás».
Barack Obama renovó las sanciones en 2009, y desde entonces se han renovado cada año. El expresidente estadounidense acusó a Siria de seguir apoyando el terrorismo y de aumentar su arsenal de armas de destrucción masiva, de trabajar en programas de misiles e incluso de socavar los esfuerzos estadounidenses (e internacionales) para estabilizar Iraq.
Durante la Primavera Árabe, miles de sirios salieron a la calle para exigir reformas sociales y políticas. Las manifestaciones pacíficas comenzaron en marzo de 2011 y se convirtieron en una guerra en toda regla cuando el gobierno respondió con fuego real para dispersar a los manifestantes. En mayo de 2011, más de 850 personas habían muerto y miles habían sido detenidas.
La guerra llevó a Obama a imponer aún más sanciones en 2011, seguidas a lo largo de los años por la UE, Australia, Suiza, el Reino Unido tras el Brexit e incluso la Liga Árabe. Las sanciones de 2011 iban dirigidas contra el sector petrolero del país, los activos de personas y entidades sirias, la prohibición de importar petróleo y de realizar inversiones, y la prohibición de vender equipos, tecnología y servicios a Siria.
En marzo de 2017 se redactó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer aún más sanciones contra Siria, pero Rusia y China lo vetaron.
En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la llamada Ley César, en virtud de la cual el Congreso autorizó severas sanciones económicas contra Siria. Entraron en vigor en junio de 2020 e implican que cualquiera que haga negocios con las autoridades sirias está potencialmente expuesto a restricciones de viaje y sanciones financieras. También van dirigidas al suministro de bienes, servicios, tecnología y/o información que puedan ampliar la producción local en la industria petrolera.
El mayor problema es que las sanciones también se convierten en un elemento disuasorio para cualquier inversión extranjera destinada a la reconstrucción y rehabilitación una vez finalizada la guerra.
En marzo de 2022, la guerra civil en Siria había causado la muerte de más de 400.000 sirios y el desplazamiento generalizado de varios millones más. Más de la mitad de los 21 millones de sirios que vivían en el país antes de la guerra han sido desplazados; 6,7 millones han sido desplazados internamente y 6,6 millones están refugiados en Iraq, Jordania, Turquía, Líbano y otros países.
Tras una visita de doce días a Siria, Alena Douhan, experta en derechos humanos nombrada por la ONU, instó al mundo a levantar las sanciones unilaterales contra el país. Afirmó que están agravando la crisis y provocando aún más destrucción y traumas.
Douhan se refirió al hecho de que el 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza y la mayoría carece de servicios básicos como alimentos, agua, electricidad, vivienda, combustible para cocinar y calefacción, medios de transporte y atención sanitaria. También señaló que la mitad de las infraestructuras del país están total o parcialmente destruidas, y que las sanciones, cada vez más severas, están acabando con cualquier esperanza de recuperación económica y reconstrucción.
La funcionaria de la ONU también indicó que el problema radica en el «cumplimiento excesivo» de las normas establecidas por Occidente. Citó algo desgarrador que oyó decir a muchos sirios: «He visto mucho sufrimiento, pero ahora veo morir la esperanza».
Y, en efecto, la esperanza ha muerto para muchos. Prueba de ello es que más de 82.000 sirios solicitaron asilo en la UE en 2021. Además, casi el 64% de los sirios que se encuentran dentro del territorio controlado por el régimen quiere abandonar el país. Dado que Europa acoge ya a un millón de sirios, cabe suponer que no alberga deseo alguno de recibir a más.
Es desgarrador ver cómo Estados Unidos hace constantemente la vista gorda ante todo el sufrimiento humano que están causando las sanciones. Siria es un caos y no tiene esperanzas de reconstruirse, gracias a las sanciones que han provocado que casi 12 millones de sirios luchen contra la inseguridad alimentaria.
A pesar de la gran variedad de sanciones, el gobierno sirio no ha ofrecido ninguna concesión, no ha indicado que quiera una solución pacífica y no parece preocuparse por sus violaciones de los derechos humanos. Dado que faltan recursos que puedan hacer efectivas las sanciones, éstas son -por decirlo llanamente- ineficaces. Las personas poderosas e influyentes del gobierno o con fuertes vínculos con él se están saliendo con la suya haciendo uso del dinero del mercado negro, las empresas fantasma y los muchos otros recursos que tienen a su disposición para eludir las restricciones. Esto significa que los civiles de a pie y las pequeñas y medianas empresas se llevan la peor parte de las restricciones financieras que conllevan las sanciones.
Según las investigaciones, las sanciones se han dirigido a la «punta del iceberg» en lugar de al iceberg en sí. Prueba de ello son las recomendaciones de cambios en las políticas, que giran en torno a la eliminación de las sanciones por países y sectores (especialmente en las transacciones financieras), la agilización de las medidas legales adoptadas contra los aliados de Assad (y los leales en el gobierno), y la focalización en las redes profundas del régimen incentivando a los denunciantes, e implicando a las organizaciones locales para apoyar la recopilación de pruebas y la minimización de errores.
«Las sanciones de Estados Unidos a Siria no ‘van a detener las atrocidades’… estas sanciones tienen un coste humano que es real, ahora», escribió recientemente Sam Heller. Intentar hacer algo sin perspectivas reales es irresponsable y erróneo, añadía. «Las sanciones de Washington ilustran mucho de lo que está mal en la política exterior intervencionista de Estados Unidos en general. En Siria, Estados Unidos está utilizando medios coercitivos -sanciones económicas unilaterales- para fines incompatibles e inverosímiles.»
Los dos devastadores terremotos ocurridos en Turquía y Siria el 6 de febrero causaron la muerte de 40.000 personas, y suma y sigue. La devastación ha traído aún más sufrimiento al pueblo sirio. Con más de 5.800 muertos y más de 5,3 millones de desplazados como consecuencia del seísmo solo en Siria hasta la semana pasada, la magnitud del desastre ha provocado una inmensa presión internacional para que se levanten las sanciones impuestas al país.
Rusia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Argelia e Iraq enviaron de inmediato cierta ayuda a las zonas controladas por el gobierno en Siria, pero los líderes occidentales se negaron a hacerlo debido principalmente a las sanciones y al temor a que el régimen de Assad hiciera un mal uso de su ayuda. Según Estados Unidos, sus socios locales -ONG locales- estaban trabajando para hacer llegar la ayuda a las personas necesitadas. Sin embargo, estas ONG carecen de los recursos y de la infraestructura necesarios para hacer frente a una destrucción tan masiva, incluso con el apoyo de Estados Unidos.
Debido a las sanciones, a las organizaciones les resultó extremadamente difícil resolver la logística de la ayuda. Incluso la ONU fue muy criticada por su ineficacia; tardó tres días enteros en enviar los seis primeros camiones de suministros de ayuda.
Al referirse a la ayuda que necesitaba Siria tras la catástrofe, el director de la Media Luna Roja siria, Jaled Hboubati, instó a las partes pertinentes a eliminar las sanciones «para hacer frente a los efectos del devastador terremoto». Muchos grupos de derechos civiles utilizaron las redes sociales para instar al levantamiento de las sanciones, de modo que la ayuda pudiera llegar a quienes más la necesitan.
Washington respondió emitiendo una exención de sanciones de seis meses, cuatro días después de que se produjeran los terremotos, sobre todas las transacciones que proporcionen ayuda en caso de catástrofe, lo que debería significar que la transferencia de ayuda será un poco más sencilla. Sin embargo, es probable que esto ayude poco a las entidades y organizaciones benéficas que evitan trabajar con Siria por miedo a entrar en una lista negra o a ser castigadas por infringir las normas sobre sanciones. El retraso en el anuncio de esta exención significó que la ventana para encontrar supervivientes estaba casi cerrada. La ONU llegó a reconocer un fracaso internacional en la ayuda a las víctimas del terremoto de Siria.
Dada la serie de catástrofes que han asolado el país una tras otra, y ahora el devastador terremoto, ¿se apiadarán por fin los gobiernos occidentales del pueblo sirio y tendrán en cuenta su difícil situación? ¿O seguirán haciendo la vista gorda ante el sufrimiento humano que las sanciones están causando a diario a medida que fracasan más intentos de poner de rodillas a Bashar Al-Assad? Si Occidente opta por este último enfoque, como ha venido haciendo, ¿qué será de los sirios en su asediada tierra? Su largo historial de sanciones les perjudica mucho más que al régimen.
Foto de portada: Una presa se ha derrumbado en el noroeste de Siria y ha sumergido parcialmente casas en el pueblo de Al-Talul, destruyendo miles de acres de tierras agrícolas [Asaad Al Asaad, fotoperiodista en el noroeste de Siria].
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