John Feffer, Foreign Policy in Focus, 1 marzo 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
John Feffer, colaborador habitual de TomDispatch, es autor de la novela distópica Splinterlands y de Frostlands, el segundo volumen de aquella. Completa la trilogía, de reciente aparición, Songlands. Ha escrito también The Pandemic Pivot. Es director de Foreign Policy in Focus en el Institute for Policy Studies, donde está desarrollando un nuevo proyecto para una Transición Global Justa.
Las Naciones Unidas han convocado 27 conferencias sobre el cambio climático. Durante casi tres décadas, la comunidad internacional se ha reunido en un lugar diferente cada año para poner en común su sabiduría colectiva, sus recursos y su determinación para hacer frente a esta amenaza global. Estas Conferencias de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) han dado lugar a importantes acuerdos, como los Acuerdos de París de 2015 sobre la reducción de las emisiones de carbono y, más recientemente, en Sharm el-Sheikh, un Fondo de Pérdidas y Daños para ayudar a los países que actualmente sufren el mayor impacto del cambio climático.
Y, sin embargo, la amenaza del cambio climático no ha hecho sino aumentar. En 2022, las emisiones de carbono crecieron casi un 2%.
Este fracaso no es por falta de instituciones. Está el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que supervisa el complejo de tratados y protocolos internacionales, ayuda a poner en marcha la financiación climática y se coordina con otros organismos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha reunido todos los datos y recomendaciones científicos pertinentes. El Fondo Verde para el Clima intenta canalizar recursos hacia los países en desarrollo para que avancen en su transición energética. El Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, iniciado en 2020 a instancias de la administración Biden, se ha centrado en la reducción del metano. Instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial tienen su propio personal dedicado a los esfuerzos de transición energética mundial.
Aun así, con la notable excepción del esfuerzo mundial para reparar la capa de ozono, más instituciones no se han traducido en mejores resultados.
En cuanto al cambio climático, Miriam Lang, profesora de estudios ambientales y de sostenibilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y miembro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, ha declarado: «Parece que cuanto más sabemos, menos capaces somos de tomar medidas eficaces. Lo mismo puede decirse de la pérdida acelerada de biodiversidad. Vivimos en una era de extinciones masivas, y ha habido pocos avances a nivel de gobernanza a pesar de muchas buenas intenciones».
Una de las principales razones del fracaso de la acción colectiva es la persistente negativa a pensar más allá del Estado-nación. «Es extraño que el nacionalismo se haya vuelto tan dominante cuando los retos a los que nos enfrentamos son globales», observa Jayati Ghosh, catedrática de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst. «Sabemos que estos problemas no pueden regularse dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, los gobiernos y la gente dentro de los países persisten en tratar estas crisis como formas en las que una nación puede beneficiarse a expensas de otra.»
Otro reto es financiero. «Una financiación adecuada a todos los niveles es un requisito previo fundamental para mejorar la gobernanza climática y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible», argumenta Jens Martens, director ejecutivo del Global Policy Forum Europe. «A nivel global, esto requiere una financiación predecible y fiable para el sistema de la ONU. El total de las cuotas asignadas al presupuesto ordinario de la ONU en 2022 fue de apenas unos 3.000 millones de dólares. En comparación, sólo el presupuesto de Nueva York supera los 100.000 millones de dólares.»
En parte debido a estas carencias presupuestarias, las instituciones internacionales han recurrido cada vez más a lo que llaman «multistakeholderism» [diversidad de las partes interesadas]. A primera vista, el esfuerzo por incorporar otras voces a la formulación de políticas a escala internacional -las diversas «partes interesadas»- suena eminentemente democrático. La inclusión de la sociedad civil y los movimientos populares es sin duda un paso en la dirección correcta, al igual que la incorporación de las perspectivas de los académicos.
Pero el multistakeholderism ha supuesto también la incorporación de las empresas, que disponen del dinero no sólo para financiar las reuniones mundiales, sino también para determinar sus resultados.
«Estuve en Sharm el-Sheikh en noviembre», recuerda Madhuresh Kumar, un activista-investigador indio afincado actualmente en París como Senior Fellow del Atlantic Institute. «Nos recibió en el aeropuerto una pancarta que decía ‘Bienvenidos a la Cop 27’. Y en ella se enumeraban los principales socios: Vodaphone, Microsoft, Boston Consulting Group, IBM, Cisco, Coca Cola, etcétera. La mayoría de las instituciones de la ONU se enfrentan a un creciente problema monetario. Pero este problema monetario no es en realidad el quid de la cuestión. Es asombroso cómo a través del multistakeholderism, que ha evolucionado en las últimas cuatro décadas, las corporaciones han capturado las instituciones multilaterales, el espacio de gobernanza global e incluso las grandes ONG internacionales». Añade que en la COP 27 se registraron 630 grupos de presión del sector energético, lo que supone un aumento del 25% respecto a la reunión del año anterior.
Los retos a los que se enfrenta la gobernanza mundial son bien conocidos, ya sea el nacionalismo, la financiación o la captura corporativa. Menos claro está cómo superar estos retos. ¿Pueden transformarse las instituciones existentes para abordar más adecuadamente los problemas globales del cambio climático y el desarrollo económico? ¿O necesitamos instituciones totalmente diferentes? Estas fueron las preguntas abordadas en un reciente seminario web sobre gobernanza mundial patrocinado por Global Just Transition.
Deficiencias globales
Transformar el actual sistema de gobernanza mundial en torno al clima, la energía y el desarrollo económico es como intentar reparar un transatlántico que ha sufrido múltiples fugas en medio de su travesía sin tierra a la vista. Pero hay un giro adicional: todos los miembros de la tripulación tienen que estar de acuerdo con las reparaciones propuestas.
Jayati Ghosh es miembro de la nueva Junta Consultiva de Alto Nivel de la ONU sobre Multilateralismo Eficaz. «El reto está en su mismo título», explica Ghosh. «El propio multilateralismo está amenazado en parte porque no ha sido eficaz. Pero también es probable que los desequilibrios que lo hacen ineficaz no desaparezcan pronto. Todos somos conscientes de ello. Pero sin una voluntad política mucho más amplia, las propuestas de cualquier individuo o grupo tienen un límite».
Además del nacionalismo, cree que otros cuatro grandes «ismos» han impedido dar una respuesta cooperativa a los problemas globales a los que se enfrenta el planeta. Por ejemplo, el imperialismo, que Ghosh prefiere definir «como la lucha del gran capital por los territorios económicos con el apoyo de los Estados-nación». Vemos pruebas de ello en las continuas subvenciones a los combustibles fósiles o en el lavado verde de las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La capacidad del gran capital para influir en las políticas internacionales y nacionales en su propio interés persiste sin cesar. Esa es una limitación importante para hacer algo serio sobre el cambio climático».
El cortoplacismo es otra de esas limitaciones. Tras la guerra de Ucrania, las empresas de alimentos y combustibles trataron de obtener beneficios a corto plazo creando una sensación de escasez. La subida de los precios de los combustibles y de los alimentos, señala Ghosh, no se debió tanto a las limitaciones de la oferta como a las imperfecciones del mercado y al control de los mercados por parte de las grandes empresas. Esa especulación a corto plazo condujo a su vez a decisiones igualmente miopes por parte de los países más poderosos, que dieron marcha atrás en sus compromisos climáticos anteriores y asumieron menos compromisos de ese tipo en la última COP celebrada en Egipto.
Los políticos «dieron marcha atrás en esos compromisos porque se acercan las elecciones de mitad de mandato», señala. «Les preocupa que los votantes apoyen a la extrema derecha, así que argumentan que tienen que hacer lo que sea para aumentar el suministro de combustible».
El clasismo, en diversas formas de desigualdad, también ha impedido una acción eficaz.
«En todo el mundo, el 10% más rico es responsable de entre un tercio y más de la mitad de todas las emisiones de carbono», señala Ghosh. «Incluso dentro de los países es así. Los ricos tienen el poder de influir en las políticas de los gobiernos nacionales para asegurarse de que siguen llevándose la mayor parte del presupuesto de carbono del mundo.»
Por último, señala el «status-quo-ismo«, con el que se refiere a la tiranía de la arquitectura económica internacional, no sólo el marco jurídico y normativo, sino también los acuerdos e instituciones mundiales asociados. «Realmente tenemos que reconsiderar el papel que desempeñan las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los bancos multilaterales de desarrollo y los marcos jurídicos, así como los acuerdos de asociación económica y los tratados bilaterales de inversión, que en realidad impiden a los gobiernos hacer algo respecto al cambio climático», argumenta.
Una forma de abordar especialmente estos cuatro últimos obstáculos es revertir las privatizaciones. «Las privatizaciones de las tres últimas décadas han sido absolutamente decisivas para generar tanto desigualdad como emisiones de carbono más agresivas a nivel mundial», concluye Ghosh. Insta a devolver a la esfera pública los servicios públicos, el ciberespacio e incluso la tierra.
Revisar el desarrollo sostenible
En 2015, la ONU aprobó 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Estos ODS incluyen compromisos para acabar con la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, proteger los derechos humanos y promover la igualdad de género, y proteger el planeta y sus recursos naturales. Pero el cambio climático, la COVID y conflictos como la guerra de Ucrania han alejado aún más las metas de los ODS y han hecho que su consecución sea considerablemente más costosa.
«La aplicación de la Agenda 2030 no es sólo cuestión de mejorar las políticas», observa Jens Martens. «Los problemas actuales de desigualdad creciente y modelos insostenibles de consumo y producción están profundamente relacionados con jerarquías e instituciones poderosas. La reforma política es necesaria, pero no suficiente. Requerirá cambios más radicales en cómo y dónde se confiere el poder. No basta con actualizar el software. Tenemos que revisar y remodelar el hardware del desarrollo sostenible».
En términos de gobernanza, esto significa reforzar los enfoques ascendentes. «El principal reto para una gobernanza mundial más eficaz es la falta de coherencia a nivel nacional», prosigue Martens. «Cualquier intento de crear instituciones mundiales más eficaces no funcionará si no se refleja en contrapartidas nacionales eficaces. Por ejemplo, mientras los ministerios de medio ambiente sean débiles a nivel nacional no podemos esperar que el PNUMA sea fuerte a nivel mundial».
Las instituciones locales y nacionales más fuertes, sin embargo, operan en lo que Martens denomina un «entorno incapacitante» en el que, por ejemplo, «el enfoque neoliberal del FMI ha demostrado ser incompatible con la consecución de los ODS, así como con los objetivos climáticos en muchos países». Las recomendaciones del FMI y las condicionalidades de los préstamos han llevado a una profundización de las desigualdades sociales y económicas.» También es incapacitante el poder desproporcionado que ejercen las instituciones financieras internacionales. «Un ejemplo llamativo es el sistema de solución de diferencias entre inversores y Estados, que otorga a los inversores el derecho a demandar a los gobiernos, por ejemplo, por políticas medioambientales que reducen sus beneficios», señala. «Este sistema socava la capacidad de los gobiernos para aplicar normativas nacionales más estrictas a las industrias de combustibles fósiles o para eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles».
Aumentar la coherencia también significa fortalecer órganos de la ONU como el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, encargado de revisar y hacer un seguimiento de los ODS. «Comparado con el Consejo de Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos, dicho Foro sigue siendo extremadamente débil», señala. «Sólo se reúne ocho días al año. Tiene un presupuesto reducido y ningún poder de decisión».
Se necesitan algunas instituciones adicionales para colmar las lagunas de la gobernanza mundial, como un Órgano Fiscal Intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que garantice que todos los Estados miembros de la ONU, y no sólo los ricos, participen en pie de igualdad en la reforma de las normas fiscales mundiales. Otra recomendación muy citada sería una institución dentro del sistema de la ONU independiente tanto de acreedores como de deudores para facilitar la reestructuración de la deuda.
Todo esto requiere financiación suficiente. Martens señala que se destinan unos 40.000 millones de dólares a las actividades de desarrollo de las agencias de la ONU, «pero mucho más de la mitad de estos fondos son recursos no básicos ligados a proyectos y destinados principalmente a favorecer las prioridades de donantes individuales. Es decir, principalmente las prioridades de los donantes ricos». El PNUMA, por su parte, sólo recibe 25 millones de dólares del presupuesto ordinario de la ONU, que asciende a unos 3.000 millones de dólares y no incluye las cuotas separadas para actividades como el mantenimiento de la paz y las operaciones humanitarias.
Una financiación más democrática tendría el beneficio colateral de reducir la dependencia de fundaciones y contribuciones empresariales, que «reducen la flexibilidad y autonomía de todas las organizaciones de la ONU», concluye.
Abordar el multipartidismo
Una de las vías que han tomado las instituciones mundiales para hacer frente al déficit de financiación es el «multistakeholderism«. Al igual que las empresas que presionan a favor de la privatización a nivel nacional con argumentos sobre la ineficacia de las empresas estatales o el Estado burocrático, los defensores de las iniciativas multipartitas (MSI, por sus siglas en inglés) señalan los fallos de las instituciones públicas mundiales a la hora de abordar problemas comunes como motivo para una mayor participación de las empresas. En efecto, esto se reduce a que las grandes empresas compren más asientos en la mesa para sí mismas.
Madhuresh Kumar ha publicado recientemente un libro con Mary Ann Manahan en el que se examina la evolución del multistakeholderism en cinco sectores clave: educación, sanidad, medio ambiente, agricultura y comunicaciones. En el sector forestal, por ejemplo, analizaron iniciativas como la Alianza para los Bosques Tropicales, la Alianza Mundial de los Bienes Comunes y la Alianza por los Bosques para la Vida. «Descubrimos que, en su primera década, las iniciativas establecieron principalmente el problema argumentando que las instituciones multilaterales están fallando y por eso necesitamos soluciones», informa. Con el aumento de la demanda mundial de materias primas, sobre todo en el contexto de una «economía verde», también aumentó la demanda para regular las industrias. El sector empresarial respondió con iniciativas que hacían hincapié en la minería, la silvicultura y similares «responsables».
Estas iniciativas empresariales «responsables» giran en torno a soluciones «basadas en la naturaleza» que dependen de los mercados para «conseguir el precio justo». Kumar señala que «en el corazón de estas falsas soluciones ‘basadas en la naturaleza’ promovidas por las MSI está la noción de que, si la naturaleza no tiene un precio, los seres humanos no están incentivados para cuidarla, que tenemos que usar la naturaleza y también reemplazarla». Las compensaciones de carbono, por ejemplo, surgen del principio de que se puede seguir produciendo todo el carbono que se quiera siempre que también se planten algunos árboles en otro lugar».
Según esta lógica, se puede poner precio a la naturaleza en función de varios «servicios ecosistémicos». Y continúa: «Se han identificado 17 servicios ecosistémicos junto con 16 biomas. Juntos tienen un valor estimado de entre 16 y 54 billones de dólares. Si se pueden desbloquear, la idea es que ese dinero pueda destinarse a resolver la crisis climática. Pero no veremos ese dinero. En última instancia, lo que ruede sobre el terreno no ayudará a nuestras comunidades».
No sólo se mercantiliza la naturaleza, sino el propio conocimiento, por ejemplo, a través de los derechos de propiedad intelectual. «Cada vez más, tenemos un refuerzo de normas muy rígidas y sistemas muy rígidos que conducen a la concentración del conocimiento y a que las grandes corporaciones se apropien del conocimiento tradicional», señala Jayati Ghosh.
Otra parte esencial de las MSI es la concentración en soluciones técnicas, como la tecnología de captura de carbono, la geoingeniería y diversas formas de energía de hidrógeno. «Desvían mucho la atención de la justicia climática», señala Kumar. «También está repercutiendo en las comunidades indígenas. Por ejemplo, la iniciativa de un billón de árboles que respalda la ONU está promoviendo un monocultivo, la destrucción de la biodiversidad y el desalojo de comunidades indígenas y muchas otras».
La privación de derechos de las comunidades indígenas es especialmente preocupante. «Los pueblos indígenas son responsables de preservar el 80% de la biodiversidad que aún existe hoy en día, lo que incluso confirma el Banco Mundial», explica Miriam Lang. «Sin embargo, de alguna manera hacemos todo lo posible por no respetar, debilitar y amenazar los modos de vida de los indígenas. Seguimos tratando sistemáticamente a los indígenas como pobres y necesitados de desarrollo. Nos resistimos a garantizar sus derechos a la tierra, al agua potable, a la selva donde viven. En su lugar, proponemos pagarles dinero para compensar sus pérdidas, lo que no es más que otra forma de debilitar su organización social y su capacidad de decisión. Provoca división y les atrae hacia el consumismo, el individualismo y el emprendedurismo: precisamente los aspectos del capitalismo que han provocado el actual colapso medioambiental.»
Además de las empresas, las grandes ONG como World Wildlife Fund, y los grandes financiadores como Michael Bloomberg, Kumar señala que «la ONU ha participado de buen grado en todo esto». Energía Sostenible para Todos, que es otra MSI, fue puesta en marcha por el ex secretario general de la ONU Ban Ki-Moon en 2011 como respuesta a una declaración realizada por un grupo de países. Pero Energía Sostenible para Todos adquirió posteriormente un estatus independiente propio sobre el que la ONU no tiene ningún control. La Asamblea General de la ONU desempeña un papel importante en la configuración de la agenda y el establecimiento de normas. Pero luego estas instituciones, como la Alianza para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, que inicialmente contaba con el respaldo de la ONUDI, se independizan más tarde, no rinden cuentas y caen en el regazo de las corporaciones».
Democratizar la gobernanza
En 1974, la ONU declaró un Nuevo Orden Económico Internacional para liberar a los países del colonialismo económico y de la dependencia de una economía mundial desigual. El mundo en desarrollo se mostró excepcionalmente unificado a la hora de apoyar el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Aunque algunos elementos del NOEI pueden verse en la Agenda 2030, el esfuerzo no se tradujo en ningún cambio sustancial en las instituciones de Bretton Woods -FMI, Banco Mundial- que forman la arquitectura financiera internacional.
«La razón por la que pedimos un NOEI fue precisamente porque los países en desarrollo consideraban que la economía mundial no era justa ni equitativa», observa Jayati Ghosh. «Sí, fue un periodo de relativamente mayor acceso a ciertas instituciones. Pero algunos de los desequilibrios de los que hablamos en el comercio o las finanzas o la tecnología existían ya entonces. Por supuesto, también es absolutamente cierto que la globalización financiera neoliberal ha empeorado drásticamente las condiciones en todo el mundo. Pero yo lo plantearía más en términos de supremacía del gran capital sobre todos los demás».
Además, Estados Unidos y la Unión Europea siguen ejerciendo un poder desproporcionado: nombran a los dirigentes del Banco Mundial y el FMI y controlan la mayoría de los votos en estas instituciones. «Los países de renta media y baja, que juntos constituyen el 85% de la población mundial, sólo tienen una participación minoritaria», observa Miriam Lang. «También hay un claro desequilibrio racial en juego, ya que los votos de las personas de color sólo valen una fracción de los de sus homólogos. Si esto fuera así en cualquier país, lo llamaríamos apartheid». Sin embargo, como señala el antropólogo económico Jason Hickel, una forma de apartheid opera hoy en el corazón de la gobernanza económica internacional y ha llegado a aceptarse como normal».
Los países en desarrollo llevan mucho tiempo exigiendo una reforma de la gobernanza de estas IFI (International Financial Institution) . «Los derechos de voto se asignaban originalmente en función de la participación de un país en la economía mundial y en el comercio mundial», informa Jayati Ghosh. «Pero esto se hizo basándose en los datos de la década de 1940, y el mundo ha cambiado radicalmente desde entonces.
Los países en desarrollo han aumentado significativamente su participación en ambos, y ciertos países son mucho más significativos, mientras que una serie de países europeos lo son mucho menos.»
A pesar de que esta distribución de votos ha cambiado muy poco, Estados Unidos y la Unión Europea conservan la mayoría de los votos y la mayor parte de la influencia. «Cuando se hace una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) -que acabamos de tener en 2021 por 650.000 millones de dólares-, esta liquidez creada por el FMI se distribuye según cuotas, lo que significa realmente que el mundo en desarrollo no recibe mucho. Y el 80% va a países que nunca van a utilizarlos. Así que es una forma ineficiente de aumentar la liquidez mundial».
«Obviamente, los países ricos que controlan estas instituciones no van a renunciar a su poder fácilmente», prosigue. «Han bloqueado todos los intentos de cambio porque ahora tienen derecho a voto. Así que, ¿dices: ‘Vale, ¿vamos a demolerlo todo y a empezar de nuevo’? Pero entonces, ¿cómo se crea una nueva institución? ¿Cómo se crea siquiera una forma mínimamente democrática de funcionamiento?”.
Si los países ricos no renuncian a su poder voluntariamente, habrá que presionarlos para que lo hagan. «Tengo que confesarlo: me entristece la falta de protesta pública», añade Ghosh. «Incluso en el muy progresista estado de Massachusetts, donde doy clase, la gente no se molestó por esto. Lo mismo ocurre en Europa. Los movimientos populares tienen que señalar cómo esto va en contra no sólo de los intereses del mundo en desarrollo, sino también del propio interés ilustrado de los habitantes de los países ricos.»
Un problema similar se aplica al poder de los ricos dentro de los países. «Es necesaria una justicia fiscal a nivel mundial, y no sólo con los países ricos, con todos los gobiernos implicados en el establecimiento de las normas fiscales, especialmente del Sur global», afirma Jens Martens. «Tenemos un sistema fiscal donde los tipos más altos están muy por debajo de lo que teníamos en los años setenta o incluso en los ochenta. La comunidad internacional estableció recientemente un impuesto mínimo del 15 por ciento para las empresas transnacionales: se trata de un primer paso muy menor a nivel mundial.»
«Habíamos sugerido un 25 por ciento», añade Jayati Ghosh, «que es la mediana de los tipos impositivos para las empresas a nivel mundial. Pero no se trata sólo de aumentar los tipos impositivos. Es importante hacer hincapié en la redistribución. Los procesos reguladores han aumentado drásticamente la cuota de beneficios de las grandes empresas. Antes de llegar a la fiscalidad, tenemos que ver las razones por las que pueden tener estos beneficios tan elevados. Les permitimos aprovecharse durante periodos de escasez o de supuesta escasez. Les permitimos reprimir los salarios de los trabajadores. Les permitimos acaparar rentas de diferentes maneras. Por lo tanto, necesitamos una combinación de regulación e impuestos para frenar al gran capital y asegurarnos de que los beneficios producidos en última instancia por los trabajadores revierten en los trabajadores y en la sociedad en su conjunto.»
«En la última década del siglo XX, conseguimos convertir a estas corporaciones en villanos», señala Madhuresh Kumar. «Pero hoy no se las ve como villanos. Los gobiernos del Norte y del Sur les han dado una plataforma. Si conseguimos que estas empresas proporcionen más energía renovable, lo que han hecho diversificándose, lo celebraremos en silencio. Pero si no conseguimos cambiar el desequilibrio de poder, no lograremos ninguna igualdad en la gobernanza mundial, en la arquitectura financiera ni en parte alguna».
¿De dónde viene el cambio?
En marzo de 2022, Jayati Ghosh fue nombrada miembro de una nueva Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Multilateralismo Eficaz creada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La docena de miembros de la junta proceden de diferentes países y perspectivas.
Tras la crisis financiera mundial de 2008-09, el execonomista del Banco Mundial Joseph Stiglitz dirigió una comisión creada por la ONU. «La comisión hizo unas recomendaciones muy buenas, que siguen siendo válidas», recuerda Ghosh. «Pero no se aplicaron. Ni siquiera se tuvieron en cuenta. No sé si alguien de las IFI se molestó siquiera en leer todo el informe».
El multilateralismo ha elevado el estatus de las empresas en las negociaciones climáticas de alto nivel. Pero ésta es precisamente la estrategia equivocada. «Cuando la Organización Mundial de la Salud negoció el Convenio para el Control del Tabaco, decidieron excluir de las negociaciones a los grupos de presión de las tabacaleras», señala Jens Martens. «Al final acordaron un convenio bastante sólido, que ya está en vigor. ¿Por qué no podemos convencer a nuestros gobiernos de que excluyan a los grupos de presión de los combustibles fósiles de las negociaciones en el ámbito del clima porque existe un conflicto de intereses?».
Al final, Martens no es tan pesimista: «Veo que en los últimos dos años se están produciendo muchos movimientos sociales como reacción contraria al nacionalismo y a la inactividad de nuestros gobiernos»: Fridays for Future, Extinction Rebellion, Black Lives Matter. Es muy necesario presionar a nuestros gobiernos, porque sólo responden a la presión desde abajo».
Jayati Ghosh ve cierto impulso positivo, sobre todo en torno a la creciente tendencia a reconocer los derechos de la naturaleza. «Ecuador y Bolivia incluyeron los derechos de la Madre Tierra en sus constituciones», informa. «Pero también hay un movimiento de grupos de la sociedad civil que luchan por los derechos de la naturaleza en muchos países, incluida Alemania. Si la naturaleza es un sujeto de derecho, podremos disponer de mejores instrumentos para protegerla. También tenemos debates a nivel mundial sobre alternativas al PIB centradas en el bienestar».
«¿Puede el mundo salvar al mundo?», se pregunta. «Sí, el mundo puede salvar al mundo. ¿Salvará el mundo al mundo? No, no al ritmo actual. No a menos que la gente se levante y se asegure de que sus gobiernos actúen».
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