Zo Randriamaro, Foreign Policy in Focus, 19 abril 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Zo Randriamaro, feminista y activista por los derechos humanos, es investigadora y socióloga de Madagascar. Ha fundado el Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas de Desarrollo-Océano Índico, que presta apoyo a las comunidades afectadas por proyectos mineros y agrícolas a gran escala.
Madagascar, un conjunto de islas frente a la costa oriental de África, es uno de los países más afectados por el cambio climático. Es un país rico en recursos que también lucha contra la pobreza, la deuda, el desmoronamiento de los sistemas sanitarios, las consecuencias de la pandemia COVID-19 y una miríada de otros problemas. La recuperación económica del país depende de la transición a una energía más limpia, pero sólo si su modelo de desarrollo reduce eficazmente los riesgos medioambientales, climáticos y de catástrofes, y proporciona beneficios sociales y económicos a los grupos vulnerables que constituyen el 80% de la población.
La Agencia Internacional de la Energía calcula que en 2040 las energías renovables, como la eólica y la solar, representarán el 82% de la demanda total de metales y minerales. Otra parte importante de los metales se dedicará a la sustitución de los coches de gasolina por coches eléctricos (que requieren seis veces más metales y minerales) y a la descarbonización general del sector del transporte. Según el Banco Mundial, en los próximos 30 años se necesitarán más de 3.000 millones de toneladas de metales y minerales -entre ellos tierras raras, cobalto, grafito, níquel, cobre y litio- para alimentar las tecnologías relacionadas con la transición energética.
La riqueza de Madagascar en minerales y metales fundamentales para la transición energética sitúa a la Gran Isla en una posición especialmente delicada. Ante la creciente demanda mundial, las empresas de los países ricos se han apresurado a hacerse con estos metales, en particular las tierras raras con las que Madagascar ha sido ricamente dotado por la naturaleza. Pero el país carece de la capacidad necesaria para valorar estos minerales críticos y negociar contratos rentables con las multinacionales que dominan las industrias extractivas.
Madagascar se ha convertido en una «zona de sacrificio» donde las vidas de los habitantes locales corren el riesgo de ser «sacrificadas» para que los países más ricos puedan llevar a cabo con éxito su propia transición energética. Lo que la geógrafa Julie Klinger denomina «fronteras de tierras raras» se sitúa en lugares donde las vidas y los paisajes locales se consideran prescindibles en nombre del bien común:
Estos lugares donde las empresas tóxicas y sus efectos nocivos acaban aterrizando se conocen como «zonas de sacrificio», porque su destrucción se considera indispensable para lograr el bien común. Es en las zonas de sacrificio donde se localizan las llamadas externalidades negativas. No son efímeras ni intangibles: tienen una geografía concreta que puede cartografiarse. La destrucción de paisajes y vidas en la minería de tierras raras se ha visto generalmente como un precio justo a pagar, normalmente por parte de quienes no viven en la zona de sacrificio.
Como ha señalado un analista de la transición energética de la Unión Europea (UE): «En algún lugar hay siempre alguien que sacrifica algo, aunque, de momento, esta cuestión no se debate abiertamente en la UE». Al negarse a construir las nuevas minas necesarias para la propia transición ecológica, Europa no hace sino trasladar estos efectos secundarios perjudiciales a los países en desarrollo.»
¿Cómo puede Madagascar aprovechar sus recursos naturales minimizando los riesgos medioambientales y no obligando a la población a vivir en una zona de sacrificio?
La diversidad de Madagascar
El proyecto de explotación minera de tierras raras en la península de Ampasindava (Madagascar) no ha llegado a la fase de extracción y transformación. Esto se debe en gran parte al movimiento de resistencia de las comunidades locales contra el proyecto para salvaguardar sus medios de subsistencia y su patrimonio ecológico y cultural.
La mayoría de las personas afectadas por el proyecto de tierras raras viven en la península de Ampasindava, también conocida como Tanibe Andrefa o la «Gran Tierra del Oeste» por los sakalava, el grupo étnico mayoritario que allí vive. La península tiene unos 33.000 habitantes repartidos en 27 pueblos y cuatro comunas rurales. Se beneficia de un microclima que ha permitido la producción de cultivos de exportación de alto valor añadido como el cacao, la vainilla, la pimienta y el café. Gracias a su costa dentada, rica tanto en arrecifes de coral como en inmensos manglares, su excepcional biodiversidad marina permite a muchos hogares vivir de la pesca tradicional.
La península de Ampasindava fue designada oficialmente zona protegida en 2015 en 900 kilómetros cuadrados, con la excepción de la concesión minera del proyecto de tierras raras. El 80% de las plantas de Madagascar son endémicas del país, y el 8% solo existen en la península. Al menos ocho especies de lémures viven allí, y seis son endémicas del noroeste de Madagascar. Seis de ellas están clasificadas como amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y las otras dos son vulnerables. La ecorregión, que cuenta con el segundo arrecife de coral más diverso del mundo, es uno de los últimos santuarios a escala regional para el dugongo y la ballena azul, ambas especies en peligro crítico según la UICN. Además, las playas de la isla de Nosy Iranja, frente a la península, son uno de los lugares de anidamiento más importantes de Madagascar para las tortugas verde y carey. Los manglares, por su parte, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la pesca, que proporciona alimentos e ingresos a la población local, protege a las aldeas de los ciclones y ayuda a combatir el cambio climático almacenando importantes cantidades de carbono.
A lo largo de los siglos, en la península de Ampasindava se construyó una identidad cultural en la encrucijada de las rutas marítimas del océano Índico. La bahía de Ampasindava alberga los vestigios de una de las ciudades malgaches más antiguas, Mahilaka, que fue un puesto comercial suajili. En la actualidad, en la península de Ampasindava se siguen practicando cultos y rituales dedicados a espíritus y antepasados en lugares conservados por las comunidades locales como lugares sagrados animistas o cementerios. También hay otros muchos yacimientos arqueológicos en la región, como las islas de Ambariotelo y Marodoka, en Nosy Be, que forman parte de lo que se conoce como las «Echelles Anciens du Commerce» del norte de Madagascar, una red comercial y cultural que une la región con las Comoras, Zanzíbar y África oriental.
Madagascar y los elementos de tierras raras
El inicio de la exploración de tierras raras en la península de Ampasindava se remonta a finales del siglo XIX, con los estudios realizados durante la colonización por geólogos franceses que observaron la presencia de una roca granítica particular y estudiaron las propiedades mineralógicas de esta roca denominada fasibitikita en la lengua local, en particular su composición niobio-tantalio-circonio que fue documentada en 1922.
De 1988 a 1991, la Misión Geológica Soviética exploró el potencial de la zona en colaboración con la Oficina Militar Nacional de Industrias Estratégicas (OMNIS). El 18 de abril de 2003, Calibra Resources and Engineers obtuvo una licencia de exploración para la concesión de Ampasindava, que fue transferida en enero de 2008 a Zebu Metals, que continuó los estudios de evaluación del potencial minero de la concesión.
En febrero de 2009, un golpe de Estado depuso al presidente electo Marc Ravalomanana durante su segundo mandato. Andry Rajoelina se convirtió en presidente de la Alta Autoridad de Transición y gobernó el país hasta 2013, concediendo en octubre de 2009 a Tantalum Rare Earth Malagasy (TREM) la licencia de exploración de la concesión de Ampasindava, que consta de 48 bloques mineros con una superficie total de 300 kilómetros cuadrados. Dado que TREM está registrada en Mauricio como sociedad offshore, está prácticamente exenta de impuestos en Madagascar en virtud del acuerdo fiscal bilateral entre Mauricio y Madagascar.
Ampasindava se considera uno de los yacimientos de tierras raras más prometedores fuera de China desde diciembre de 2011, tras una estimación de sus recursos minerales en 104.000 toneladas de óxidos de tierras raras (OTR). Esos depósitos se encuentran predominantemente en la capa de suelo que recubre la roca madre, lo que facilita enormemente su extracción. En octubre de 2014, SGS Canada Inc. había vuelto a estimar los recursos minerales de Ampasindava en 562.000 toneladas de OTR que tienen un bajo contenido en elementos radiactivos y un alto contenido en las tierras raras pesadas más caras y «críticas».
El permiso de exploración de TREM se había renovado en enero de 2015 por tres años. A pesar de la dudosa naturaleza de su permiso de minería -que fue expedido por el Régimen de Transición, que no tenía autoridad para asumir compromisos a largo plazo en nombre del país-, la empresa había iniciado sus operaciones de investigación con miles de pozos de prueba perforados en toda su concesión minera. Tenía previsto realizar una prueba minera piloto y construir una planta en el pueblo de Betaimboay, muy cerca de la orilla del mar, paralelamente a la prosecución de la exploración en otras zonas de Ampasindava.
El hecho de que TREM no rehabilitara muchos pozos de prueba y las quejas de los campesinos por sus operaciones de investigación realizadas sin su acuerdo previo provocaron la movilización, por parte de una organización campesina local, de gran parte de las comunidades vecinas al proyecto de explotación de tierras raras. Varias ONG que trabajan en el ámbito del medio ambiente se sumaron entonces a la iniciativa. La primera declaración que manifestó su oposición al proyecto de explotación de tierras raras apareció en 2016, y fue presentada a los parlamentarios. El responsable de TREM respondió enviando una carta al ministro de Minas quejándose de difamación por parte de la sociedad civil.
También ese año, la Oficina Nacional de Medio Ambiente (ONME) autorizó a TREM a encargar una evaluación de impacto ambiental de sus planes de producción piloto en Ampasindava. Aunque la producción piloto no puede comenzar hasta que esta evaluación haya sido aprobada, no se presentó ninguna evaluación ante la ONME para su aprobación. La licencia de exploración de TREM expiró en enero de 2017, y la empresa no ha tomado muestras desde entonces, aunque sigue teniendo dos recintos vigilados y al menos otra zona vallada en Ampasindava.
TREM también ha tenido varios cambios en la propiedad. En 2016, la mayoría de las acciones pasaron a manos de una empresa con sede en Singapur, ISR Capital. Luego, en 2020, el control pasó de nuevo a una empresa con sede en Mauricio, Reenova Rare Earth Malagasy (RREM). A pesar de la fuerte oposición de las comunidades afectadas, RREM intentó reanudar las operaciones. Pero a mediados de 2022, su presidente murió y dos altos ejecutivos dimitieron, declarando que la empresa ya no era capaz de funcionar como entidad. Actualmente, el proyecto de RREM está en suspenso y sus oficinas locales están cerradas.
El impacto de los proyectos de tierras raras
En reuniones públicas celebradas a principios de febrero de 2015, TREM anunció que miles de perforaciones exploratorias habían descubierto que el yacimiento de la región de Ampasindava contenía óxidos de tierras raras en una concentración del 0,08%, incluidos praseodimio, neodimio, terbio y disprosio. Según la empresa, las arcillas iónicas de Madagascar, el 20% de las cuales parecen ser tierras raras pesadas, las más buscadas y difíciles de producir, son similares a las extraídas en el sur de China.
Por tanto, es probable que la extracción también sea similar, mediante lixiviación in situ. En su carta de 2016 a las autoridades del Ministerio de Minas, TREM explicaba la metodología: se cavarían pozos que se llenarían con lixiviante, sulfato de amonio diluido en agua clara. La pulpa -agua que contiene sulfato de tierras raras- se recogería a través de túneles subhorizontales. Una vez extraídas las tierras raras del suelo, el emplazamiento se sometería a un lavado a alta presión para eliminar cualquier sustancia química residual y sanear las aguas subterráneas antes de cerrar los pozos de los túneles.
China, que tiene el monopolio de la producción mundial de tierras raras, ha recurrido a la tecnología de lixiviación in situ desde junio de 2011 para romper con dos décadas de filtración en superficie de arcillas de sulfato de amonio, que provocaron una grave degradación del medio ambiente y efectos adversos para la salud de los trabajadores y las comunidades cercanas. Aunque se considera menos nocivo, el método de lixiviación in situ es controvertido porque sus repercusiones medioambientales distan mucho de ser insignificantes. No evita por completo la destrucción de la cubierta vegetal, al tiempo que conduce necesariamente a la contaminación del suelo y, potencialmente, también de las aguas subterráneas.
Para obtener una tonelada de tierras raras es necesario procesar unas 1.300 toneladas de tierra arcillosa. La empresa prevé producir 10.000 toneladas de mineral de tierras raras al año durante al menos 40 años, lo que se traduce en el procesamiento de la astronómica cantidad de 520 millones de toneladas de suelo arcilloso. Esto afectará a 7.000 hectáreas, de las cuales se tema que un tercio de su vegetación va a quedar completamente destruida y la capa superior del suelo eliminada. Se destruirán aproximadamente 2.200 hectáreas de cubierta vegetal natural, arrozales, plantaciones de cultivos comerciales y zonas necesarias para el sustento de las comunidades ribereñas. Además, se prevé que la deforestación masiva reduzca considerablemente el área de distribución del lémur saltador de Mittermeier, uno de los lémures en peligro de extinción que sólo se encuentra en la península de Ampasindava.
Según The Guardian, «la producción de una tonelada de tierras raras genera 1.000 toneladas de agua contaminada con sulfato de amonio y metales pesados, y 2.000 toneladas de residuos tóxicos». TREM planeaba exportar 10.000 toneladas de tierras raras al año durante más de 40 años, por lo que la generación de residuos sería de unos 400 millones de toneladas de agua contaminada y 800 millones de toneladas de residuos tóxicos a lo largo del ciclo de vida de la mina. Para evitar la contaminación, TREM tendría que almacenar los lodos en compartimentos completamente estancos y lo bastante resistentes como para soportar lluvias torrenciales y mal tiempo. En el norte de Madagascar llueven más de 2.000 milímetros al año. Por lo tanto, existe un alto riesgo de fugas o desbordamientos de los lugares de almacenamiento, lo que provocaría cambios en la acidez y sedimentación de los ríos cercanos.
La topografía y la hidrografía de la península aumentan el riesgo de contaminación, ya que los ríos y las escorrentías fluyen de las montañas al mar a través de la península, sus valles, bosques, cultivos y manglares. En caso de ciclón, la mala gestión del almacenamiento de lodos arcillosos puede provocar un desastre sin precedentes para toda la zona costera, su biodiversidad y los recursos de los que depende la supervivencia de sus comunidades. La acidificación de las aguas costeras sería fatal para los arrecifes de coral.
La lixiviación in situ utiliza grandes cantidades de agua y no es «hidrogeológicamente controlable», lo que implica un alto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales porque el medio por el que circula la solución de lixiviación no está confinado. La contaminación del agua resultante debido al aumento del pH, la conductividad eléctrica, el total de sólidos disueltos, los sulfatos y otros contaminantes provoca la alteración de los equilibrios iónicos y la disminución de la biodiversidad. La contaminación por sulfatos de los ríos y embalses aguas abajo persiste mucho tiempo después de que cese la explotación minera debido al aumento de la producción microbiana de sulfato de hidrógeno, una sustancia extremadamente tóxica para muchos organismos acuáticos y plantas.
Las distintas etapas del proceso industrial de extracción y concentración de tierras raras implican la producción de «grandes cantidades de residuos tóxicos en forma de emisiones gaseosas, polvo, aguas residuales y residuos sólidos, que contienen fluoruros, sulfuros, ácidos y metales pesados, entre otros». Se calcula que se necesitan entre 6 y 7 toneladas de sulfato de amonio y entre 1,2 y 1,5 toneladas de ácido oxálico para producir una tonelada de óxidos de tierras raras.
Además, no se puede pasar por alto el riesgo radiactivo durante la extracción y concentración de tierras raras, a pesar de que TREM afirmó la existencia de bajos niveles de radiactividad, así como una presencia mínima de torio y uranio en los minerales que explora. De hecho, como subraya Julie Klinger, «todas las tierras raras pueden causar daños orgánicos si se inhalan o ingieren; varias corroen la piel; y cinco de ellas -cromo, gadolinio, terbio, tulio y holmio- son tan tóxicas que deben manipularse con extremo cuidado para evitar el envenenamiento por radiación o la combustión. Además, las tierras raras tienden a coincidir con el torio y el uranio radiactivos, lo que significa que la minería de tierras raras también crea residuos radiactivos que hay que tratar».
Es muy probable que las repercusiones medioambientales del proyecto de tierras raras se conviertan en costes sociales y económicos reales que soportarán sobre todo las mujeres y sus comunidades. En concreto, los agricultores obtienen sus ingresos del cultivo de arroz y de cultivos comerciales como la vainilla, la pimienta, el café y el cacao. Si continuara la extracción de tierras raras, los agricultores sufrirían una considerable pérdida de ingresos. La contaminación del agua reduciría las capturas de los pescadores, cuyas capturas diarias ya han disminuido entre un 50% y un 60% entre 2019 y 2022.
Además, la erosión del nivel de vida y la pérdida de ingresos de las mujeres y sus familias significaría que muchos de sus hijos, especialmente las niñas, ya no podrían asistir a la escuela, como demuestran los resultados de la investigación de campo en las zonas costeras de la península de Ampasindava. Esto tendría un claro impacto intergeneracional perjudicial a largo plazo en sus perspectivas educativas y laborales.
El impacto en el desarrollo del sector turístico sería especialmente desastroso, dado que es el principal sustento de la gran mayoría de la población de Nosy Be, Sakatia y las demás islas que bordean la península.
Las alternativas de Madagascar
Madagascar sufre desde hace tiempo la «maldición de los recursos». La explotación de los recursos naturales del país ha estimulado el rentismo y el autoritarismo gubernamental, así como la pobreza entre las poblaciones locales y las desigualdades dentro del país. La historia del país está llena de ejemplos de dirigentes nacionales incapaces de explotar los recursos naturales para mejorar el nivel de vida de las generaciones presentes y futuras. Las causas profundas de esta maldición de los recursos incluyen la mala gestión pública de los ingresos procedentes de los recursos naturales y unas instituciones débiles, ineficaces, inestables y corruptas. La volatilidad de los ingresos procedentes de los recursos naturales debida a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas es también una causa más cíclica.
En general, los responsables políticos deben reconsiderar el papel y el lugar de las industrias extractivas en el desarrollo económico del país a la luz de los impactos de las políticas neoliberales y extractivistas que han conducido a la crisis multidimensional a la que se enfrenta el país. La protección de los bienes públicos comunes -tierra, aire, agua- debe garantizarse frente a la crisis climática y la carrera mundial por los minerales estratégicos.
La explotación de los recursos minerales debe basarse en las prioridades locales y regionales con el consentimiento libre, informado, previo y permanente de las comunidades afectadas. Debe dar prioridad a la extracción a pequeña escala, de bajo impacto y bajo formas colectivas de propiedad y control.
La transición energética de Madagascar debe garantizar la soberanía energética a través de formas colectivas, descentralizadas y sostenibles de energía renovable bajo el control democrático de las comunidades, y la reducción gradual de la explotación de combustibles fósiles dentro de los límites impuestos por los objetivos nacionales establecidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
La transición de Madagascar hacia las energías limpias debe respetar las normas internacionales en materia de trabajo, salud, seguridad y derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y la protección social de los grupos vulnerables. La transición ecosocial general también debe aprovechar el dividendo de la juventud malgache, dado que las altas tasas de desempleo juvenil en el país crean un terreno fértil para la inseguridad, los conflictos y otros males sociales.
Foto de portada: Depósito de estériles mineros en Magadascar que recibe lodos a través de una tubería desde una planta de procesamiento de minerales (Shutterstock).
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