Ryan Devereaux, The Intercept, 14 mayo 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Ryan Devereaux es un galardonado periodista de investigación afincado en Tucson, Arizona, que cubre las intersecciones de la política, el poder y la justicia en el oeste de Estados Unidos. Fue uno de los reporteros principales de la galardonada serie de The Intercept, “Drone Papers”, y ganador del Premio de Periodismo Online 2017 a la mejor redacción de reportajes. En 2020, Devereaux recibió el principal premio de reportaje del Deadline Club por «Bodies in the Borderlands», una investigación de un año sobre la represión de la administración Trump contra los proveedores de ayuda humanitaria en el desierto de Sonora. Ha informado ampliamente sobre la guerra contra las drogas en México, la guerra contra el terrorismo y la aplicación de la ley de inmigración en la frontera sur. Su trabajo más reciente se ha centrado en la politización de la gestión de la vida silvestre en las Montañas Rocosas del Norte. Antes de trabajar en The Intercept, Devereaux trabajó en Guardian US cubriendo la actividad policial en la ciudad de Nueva York.
Los viajeros se detuvieron en lo alto de la empinada y ondulada colina. Estaban a pocos pasos al norte del muro fronterizo, tras haber atravesado una brecha en la imponente barrera de acero. Se habían reunido bajo Coches Ridge, una remota zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Buenos Aires, en el sur de Arizona, donde el verano pasado un vigilante fronterizo nacionalista blanco persiguió a un hombre desarmado hasta México a punta de pistola.
El grupo era pequeño. Un hombre, dos mujeres y dos niños, un niño y una niña. Sus camisas brillantes les hacían fáciles de distinguir entre el verde y el dorado del desierto. El niño agitó los brazos por encima de la cabeza cuando me acerqué, como un superviviente de un naufragio en una isla desierta. Bajé la ventanilla. Parecía tener unos ocho años, quizá nueve. Lo suficientemente alto como para asomarse por encima de mi puerta, me saludó en inglés. El hombre que estaba a su lado parecía agotado y desesperado. Les pregunté si necesitaban ayuda. Así era.
Era la mañana del viernes 12 de mayo. Habían pasado aproximadamente 12 horas desde que el presidente Joe Biden levantó una orden sanitaria pública conocida como Título 42, que había estrangulado el acceso al asilo en la frontera durante más de tres años. Sustituyó la medida por un nuevo conjunto de políticas de control fronterizo que van a tener prácticamente el mismo efecto.
Por todo el país, el titular era el caos. Los detalles no importaban tanto como la percepción. El Título 42 había creado una enorme acumulación de solicitantes de asilo al sur de la frontera, y ahora iba a desaparecer. Los críticos del presidente hicieron la publicidad de los traficantes por ellos, repitiendo hasta la saciedad la mentira de que la frontera estaba ahora abierta y que Biden quería que los inmigrantes se convirtieran en estadounidenses.
En una rueda de prensa celebrada a principios de semana, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Alejandro Mayorkas, esbozó el nuevo marco de aplicación de la ley. «Nuestro planteamiento general es crear vías legales para la gente que venga a Estados Unidos e imponer consecuencias más duras», dijo. Ya no basta con presentarse a las puertas del país. Ahora los solicitantes de asilo pueden descargarse una aplicación e incorporarse a una cola electrónica. Los que no solicitaran asilo antes en otro país no podrían entrar. Las deportaciones se acelerarían y se introducirían nuevos ajustes en las entrevistas de asilo para dificultar su superación.
Queda por ver cómo se desarrollará todo esto. «Creo que el DSN está absolutamente aterrorizado y no tiene ni idea», me dijo un alto funcionario de asilo, bajo condición de anonimato porque no está autorizado a hablar con la prensa, mientras Mayorkas hablaba el jueves. La administración tenía motivos para estar preocupada: Las cifras estimadas de llegadas eran históricas, y los republicanos olían claramente sangre.
Cuando terminó el primer día, los titulares que imaginaban el caos fueron sustituidos por informes de calma en la frontera. Si bien eso puede haber sido cierto en algunas partes, en una franja lejana de la carretera fronteriza al este de la pequeña comunidad de Sasabe, Arizona, las primeras 24 horas en los EE. UU. posteriores al Título 42 ofrecieron una sombría sugerencia de los días venideros. Siguiendo el llamamiento de los líderes políticos de derechas del estado, los vigilantes armados acecharon y hostigaron a los proveedores de ayuda humanitaria durante el día y, al anochecer, detuvieron a los niños migrantes en la oscuridad. Estos sucesos se produjeron tras semanas de tensiones crecientes, que incluyeron la detención de un veterano voluntario de la ayuda humanitaria por las autoridades federales. En medio, como siempre, había familias desesperadas que se enfrentaban a un desierto mortal.
Varias cruces colocadas por activistas fronterizos recuerdan a los migrantes que murieron intentando cruzar a Estados Unidos a través de las duras condiciones del desierto de Sonora en Arizona, el 28 de enero de 2021. (Foto: Andrew Lichtenstein/Corbis vía Getty Images)
A una hora y media al suroeste de Tucson, la belleza del refugio Buenos Aires desmiente su capacidad letal y, sin embargo, personas de todo el mundo, niños incluidos, cruzan todo el tiempo el paisaje en zapatillas de deporte, sin agua suficiente ni una noción real de dónde se encuentran.
En las últimas dos décadas y media, desde que el gobierno empezó a utilizar el desierto de Sonora en su guerra contra la inmigración ilegal, la oficina del forense del condado de Pima, en Tucson, ha registrado más de 4.000 muertes de inmigrantes a lo largo de la frontera sur del estado. En todo el país, los expertos cifran el número mínimo de muertos en unos 10.000, aunque todos coinciden en que el recuento real sería sin duda mayor. El año pasado fue el más mortífero del que se tiene constancia.
El refugio ha sido testigo de varias muertes de inmigrantes, la más reciente conocida la de un hombre no identificado cuyos restos óseos se recuperaron en la carretera paralela al muro fronterizo, justo al oeste de Coches Ridge, el pasado mes de octubre. El forense calculó que llevaba muerto al menos seis meses, quizá más. Se desconoce la causa.
Los huesos del hombre fueron encontrados no muy lejos del lugar donde el niño estaba parado fuera de mi camión el viernes por la mañana. Como de costumbre, había venido a informar, pero sabía, como debe saber cualquiera que se aventure por los parajes del desierto de Sonora, que un encuentro así era posible. El hombre del grupo me dijo que no tenían agua ni teléfono y que llevaban tres días caminando por el desierto. Eran de Ecuador. Les pregunté si querían que llamara a la Patrulla Fronteriza. El hombre dijo que sí. Le di la jarra de agua que había traído por si acaso y me fui en coche a buscar cobertura para llamar al 911.
El agente de la Patrulla Fronteriza que bajó por la carretera era brusco. Le conté la situación. Me preguntó si sabía que estaba invadiendo una propiedad privada. Aunque me encontraba en una carretera pública y en terreno público, sabía que la Patrulla Fronteriza había adoptado recientemente algunas interpretaciones novedosas de la ley cuando se trataba de ciudadanos estadounidenses que pasaban por la zona. Dirigí la conversación hacia otra cuestión. Expliqué que los ecuatorianos llevaban tres días a la intemperie. Eso es lo que dicen todos, respondió el agente, antes de marcharse a recoger a los inmigrantes que esperaban al final de la carretera.
Todos lo dicen porque casi siempre es verdad. Un día antes había hablado con Dora Rodríguez, una activista fronteriza de Tucson. En el verano de 1980, Rodríguez formaba parte de un grupo de 26 refugiados salvadoreños que fueron abandonados por su guía en la implacable extensión del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, a 150 millas al oeste de Buenos Aires. Trece de los compañeros de Rodríguez perdieron la vida aquel día. Ella tenía 19 años. Fue el suceso más mortífero de este tipo en aquella época.
Hoy, Rodríguez es directora de Salvavisión, una organización dedicada a los migrantes y deportados salvadoreños. También trabaja como voluntaria en Humane Borders, un grupo de ayuda que mantiene grandes depósitos de agua en zonas donde se sabe que mueren migrantes, y es cofundadora de la Casa de la Esperanza, un refugio para migrantes en México, al suroeste de Buenos Aires. Conoce mejor que nadie a lo que se enfrentan los inmigrantes que atraviesan el desierto de Sonora.
“En el lado de México, hay aún dos horas de carretera para llegar al muro fronterizo», me dijo Rodríguez el día antes de que terminara el Título 42.
Cuanto más dificulta Estados Unidos el cruce de la frontera, mayor es la demanda de personas que quieren o necesitan cruzarla, lo que alimenta un mercado de proveedores de servicios ilícitos en constante expansión. Los clientes no eligen por dónde cruzar. Los contrabandistas sí, y en la región del norte de Sonora colindante con el refugio de Buenos Aires, eso significa una larga caminata por la naturaleza antes de llegar a la frontera.
Además de alimentar un círculo vicioso que pone a las personas vulnerables en situaciones peligrosas, el mercado del contrabando está en constante diálogo con las políticas y narrativas cambiantes de Estados Unidos. En la pequeña ciudad del norte de México donde trabaja, todo el mundo sabe que la frontera está abierta, explica Rodríguez. Se lo cuentan las mujeres que trabajan en su refugio.
«Me sorprende que digan: ‘Dorita, la frontera va a quedarse abierta, así que la gente va a venir’. Y yo les digo: ‘¿Dónde has oído eso?’ Si esa es su mentalidad, si eso es lo que oyen, estoy segura de que eso es lo que los contrabandistas le están diciendo a nuestra gente».
Al finalizar el Título 42, inmigrantes esperan ser transportados y procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera entre México y Estados Unidos el 12 de mayo de 2023 en El Paso, Texas. (Foto: John Moore/Getty Images)
Por supuesto, las derivaciones de la realidad no conocen fronteras. La llegada la pasada primavera de un grupo de seguidores de QAnon que acamparon en la carretera fronteriza de Buenos Aires lo demostró.
Con Biblias en la mano, los vigilantes interceptaron a grupos de niños migrantes que, según ellos, eran víctimas de tráfico sexual. Señalaron como autores a voluntarios humanitarios locales y publicaron en Internet los nombres, fotos y direcciones de sus víctimas. Al final, cuando se les acabó el dinero y un reportaje del New York Times sacó a la luz su acoso, se marcharon.
Poco después, los voluntarios de ayuda humanitaria de la zona empezaron a ver señales inusuales de «prohibido el paso» a lo largo del muro fronterizo. Aunque estaban pegadas a una propiedad federal en terreno federal, las señales citaban una ley estatal de allanamiento de morada. No obstante, fueron los agentes de la Patrulla Fronteriza quienes empezaron a advertir a los voluntarios de que ya no podían detenerse en la carretera para prestar ayuda.
A raíz del asunto QAnon, la Patrulla Fronteriza resolvió no volver a permitir acampar cerca de la carretera fronteriza, me dijo John Mennell, un especialista en asuntos públicos de supervisión de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson.
No hay ninguna ley federal que autorice directamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza -empleados de una agencia de control de la inmigración con algunas autoridades de interdicción de drogas- a detener a ciudadanos estadounidenses por invadir terrenos públicos federales. En Arizona, sin embargo, existe una ley estatal sobre allanamiento que permite la detención de ciudadanos estadounidenses que desobedezcan a los agentes del orden en determinadas condiciones. También existe una ley federal, la Ley de Delitos Asimilables, que permite a las autoridades federales aplicar leyes estatales en terrenos federales cuando no existe una versión federal de esa ley; la acusación resultante, aunque extraída de una ley estatal, se presenta a nivel federal.
Sumando dos más dos, la Patrulla Fronteriza adoptó la postura de que los ciudadanos estadounidenses podían conducir a lo largo del muro fronterizo, pero si se detenían, estarían violando las leyes estatales de allanamiento y sujetos a enjuiciamiento federal. «Los agricultores y ganaderos pueden utilizar la carretera fronteriza para subir y bajar a sus propiedades o cosas por el estilo», explicó Mennell. Más allá de eso, la carretera se consideraría fuera de los límites. «Lo que no quieren es lo que teníamos antes», dijo Mennell, «donde teníamos gente acampando en la carretera».
Jane Storey, una maestra de escuela jubilada de 75 años, es uno de los miembros más activos de los Samaritanos de Green Valley-Sahuarita. También es una de las dos samaritanas cuyos datos personales publicaron los vigilantes en Internet. «Me acosaban todo el tiempo», me dijo Storey la semana pasada. Ella no dejó que le afectara. «No sé», dijo, «cuando tienes 75 años, eh… es como, no te metas con una vieja. No tengo miedo».
Después de mudarse a la frontera en 2018, Storey encontró una vocación en el trabajo de ayuda. Se deshizo de su Prius por un Subaru usado que podía manejar mejor el terreno áspero de la región. Fue al muro tan a menudo como pudo. «Empecé a llevar la cuenta porque no paraba de encontrar gente», cuenta Storey. Hasta el 17 de marzo, día en que la Patrulla Fronteriza la puso finalmente bajo arresto, contabilizó 193 personas, en su mayoría niños, a las que prestó ayuda.
Según su relato, Storey había parado por un grupo de niños que se acercaban a una brecha en el muro, uno de los cuales llevaba un bebé en brazos. Un agente de la Patrulla Fronteriza la seguía y se bajó cuando ella lo hizo. Le preguntó si podía dar agua a los niños. No, le dijo, le habían advertido repetidamente que no se detuviera junto al muro. Storey preguntó si la iban a detener. El agente dijo que sí. La voluntaria entregó las llaves de su coche y su teléfono a dos de sus acompañantes.
Con las muñecas esposadas, la maestra jubilada fue conducida al cuartel general de la Patrulla Fronteriza en Tucson y encerrada en una fría celda de hormigón. Tras escribir el número de teléfono de su abogado en el zapato, pudo pedir ayuda.
En un comunicado, Diana L. Varela, asistente ejecutiva del fiscal federal Gary M. Restaino, reconoció la detención de Storey y explicó la decisión de su oficina de no procesar el caso. «Acusar al sujeto en esas circunstancias habría sido una solución precipitada», escribió. Sin embargo, eso no significaba que los fiscales federales no fueran a presentar nunca un caso de ese tipo. «Estados Unidos tiene una clara jurisdicción para perseguir delitos, incluidos los delitos de allanamiento de la ley estatal, en la Reserva Roosevelt, cerca de la frontera», dijo Varela, refiriéndose a la franja de tierra que corre paralela al muro fronterizo. «La justificación o no del procesamiento depende de la naturaleza de la intrusión en las actividades de la Patrulla Fronteriza y de la naturaleza de la actividad de allanamiento».
«Seguiremos evaluando los posibles cargos por intrusión caso por caso», añadió Varela. «Debido a que no podemos resolver los problemas fronterizos sólo a través de la persecución, también estamos buscando una oportunidad para entablar un diálogo sobre las actividades de los samaritanos -y el impacto adverso que algunas de esas actividades pueden tener en los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza para asegurar de forma segura la frontera- con el liderazgo de la organización”.
Storey fue puesta en libertad. Un agente del servicio forestal la condujo a una gasolinera en el extremo sureste de Tucson. El agente aparcó detrás del edificio y le dijo que saliera. Storey no había podido ponerse en contacto con su familia mientras estuvo encerrada. No tenía teléfono, el sol se estaba poniendo y estaba a más de 50 kilómetros de casa.
Si bien la detención de Storey no había sacudido lo suficiente a los proveedores de ayuda humanitaria, el regreso de los vigilantes sí lo hizo. En las semanas previas al levantamiento del Título 42, los voluntarios encontraron repetidamente sus depósitos de agua agujereados o vaciados por la espita. «Casi todas las semanas encontramos que han disparado a un depósito», afirma Rodríguez.
Uno de los principales culpables de la destrucción es un hombre llamado Paul Flores, que saltó a las noticias locales tras reprender verbalmente a un grupo de observadores de aves tachándolos de pedófilos. Ha publicado vídeos en Internet afirmando que los grupos de ayuda humanitaria estaban confabulados con el gobierno de Biden y «el cártel» en un complot para destruir el país.
Antes y después del fin del Título 42 en Arizona, las afirmaciones de que el estado está siendo invadido no han hecho sino intensificarse. El sheriff del condado de Pinal y aspirante al Senado, Mark Lamb, ha hecho esta afirmación en repetidas ocasiones en vídeos dirigidos a sus partidarios. El representante Paul Gosar, el teórico de la conspiración de ultraderecha que representa al 9º distrito congresual de Arizona, ha ido un paso más allá al decir a sus electores que «Estados Unidos está bajo una invasión planificada y sostenida, por tanto, debemos actuar en consecuencia». Al otro lado del estado, el Comité Republicano del Condado de Cochise ha ido aún más lejos, con su presidente Brandon Martin llamando a los residentes a «construir un ejército» y «repeler la invasión».
El jueves por la noche, con planes de visitar el muro al día siguiente, Rodríguez se sintió preocupada. Sus preocupaciones no iban desencaminadas. Al día siguiente, Flores estaba de vuelta en el desierto publicando vídeos en los que aparecía vaciando un depósito de agua de Humane Borders. Rodríguez y sus compañeros voluntarios, mientras tanto, eran seguidos por un camión cargado de conocidos extremistas de derecha armados, entre ellos un miembro de una sección de los Proud Boys de Arizona.
En un momento del día, los hombres se detuvieron para grabar un vídeo en el que aparecían acosando a los proveedores de ayuda humanitaria. Entre los más locuaces del grupo se encontraba Ethan Schmidt-Crockett, un provocador intolerante recientemente condenado por cargos relacionados con el acoso. En múltiples fotos y vídeos compartidos a lo largo del día, Schmidt-Crockett aparecía con un rifle al hombro.
Por la tarde, los hombres se filmaron a sí mismos acorralando a un grupo de niños migrantes en la carretera fronteriza, supuestamente en un intento de recopilar su información biográfica. A pesar de quejarse del «acoso» de la Patrulla Fronteriza a primera hora del día, los vigilantes consiguieron evitar la detención.
Que las personas que más necesitan refugio son a menudo las que menos probabilidades tienen de encontrarlo es un viejo problema fronterizo. Esa dinámica se ha agravado ahora, me dijo Randy Mayer, pastor de la iglesia del Buen Pastor de Green Valley, la mañana antes de que se levantara el Título 42.
Mayer lleva más de dos décadas prestando ayuda humanitaria a ambos lados de la frontera. Para él, la aplicación CBP One de la Administración es un intento fallido de aplicar soluciones tecnocráticas a problemas de carne y hueso. La aplicación está pensada para permitir a los inmigrantes concertar una cita en un puerto de entrada, que ahora es un requisito previo para solicitar asilo.
«Es un juego de azar que seas capaz de conseguir una cita, y es muy difícil conseguir que toda tu familia entre», dijo Mayer. Introducir la información de cada persona lleva aproximadamente una hora, explicó. «Una familia puede inscribir a dos personas y luego se cierra porque todas las citas están ocupadas», explicó Mayer. «Así es como se está separando a las familias».
También está creando un sistema de refugio de dos niveles. Una familia con un ordenador portátil en Ciudad de México tiene muchas más posibilidades de conseguir una plaza en la cola que otra que confía en un teléfono destartalado que ha cruzado tres países conectado a una Wi-Fi de mala calidad en un cibercafé cercano a un refugio fronterizo, explica Mayer. Y lo que es más importante, la aplicación no hace desaparecer las condiciones que obligan a las personas a huir de sus hogares en primer lugar.
«He hablado con conductores guatemaltecos de Uber a los que las bandas han atracado y robado sus vehículos. Las bandas les persiguen. Han matado a miembros de su familia», dijo Mayer. «Huyen para salvar la vida».
El pastor, basándose en décadas de experiencia personal, cree que el momento actual tiene un final claro y predecible con consecuencias nefastas para millones de personas. «Van a acabar en el desierto», dijo. «Puede que no se vea de inmediato, pero todo esto va en esa dirección».
Foto de portada: El muro fronterizo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Buenos Aires en Sasabe, Arizona, el 12 de mayo de 2023 (Ryan Devereaux/The Intercept).
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