Imran Mulla, Middle East Eye, 26 julio 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Imran Mulla es corresponsal para temas políticos de Middle East Eye en el Reino Unido, donde cubre tanto la política exterior británica como la política interna. Ha escrito para BBC Hindi, Conservative Home, The Critic y Varsity, entre otras publicaciones. Su primer libro, The Indian Caliphate: Exiled Ottomans and the Billionaire Prince, fue publicado por Hurst. En 2025, fue galardonado con el premio Press 30 Under 30.
El Gobierno del Reino Unido comunicó a Karim Khan que no le apoyaría como fiscal jefe y rechazó su petición de reunirse con sus ministros antes de que los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votaran su destitución, según ha podido saber Middle East Eye.
Ochenta y dos de los 125 Estados miembros de la Corte votaron el pasado viernes, en votación secreta, a favor de destituir a Khan como fiscal por las denuncias de conducta sexual inapropiada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
En marzo, Khan, quien ha negado todas las acusaciones, fue absuelto de toda culpa por un panel de jueces designados por el órgano rector de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), para revisar una investigación de la ONU sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada en su contra.
Los jueces concluyeron por unanimidad que las conclusiones de los investigadores de la ONU «no demuestran conducta indebida ni incumplimiento del deber en el marco pertinente».
Sin embargo, un grupo de Estados miembros de la Mesa de la AEP —con una representación desproporcionadamente alta de países occidentales y europeos— votó a favor de hacer caso omiso de los jueces y llegar a su propia conclusión sobre el caso basándose en el informe de la ONU.
Dicho grupo concluyó el mes pasado que Khan «mantuvo una relación sexual» con la denunciante, argumentando que «en el contexto de ese desequilibrio de poder, una relación sexual nunca podría ser apropiada».
Khan ha negado que se hubiera producido relación sexual alguna, mientras que el relato de la denunciante —en el que se centró la investigación de la ONU— se había centrado en acusaciones de conducta no consentida.
El Reino Unido es miembro fundador del Estatuto de Roma, la carta constitutiva de la CPI, y Estado miembro de la Corte. El viernes llevó a cabo una votación secreta.
Según fuentes con conocimiento detallado del asunto, un funcionario británico comunicó a Khan —que es de nacionalidad británica— el 17 de junio que el Reino Unido no apoyaría su regreso al cargo.
El Reino Unido rechazó la solicitud de Khan de informar al Gobierno
Las fuentes indicaron que el funcionario explicó a Khan que la decisión del Reino Unido se basaba en el examen de un resumen de la investigación de la ONU sobre las denuncias de conducta indebida contra Khan y de un resumen del informe de los jueces tras dicha investigación, que había exonerado a Khan de cualquier conducta indebida.
Estos resúmenes, a los que ha tenido acceso MEE, fueron distribuidos por la Mesa a los Estados miembros, pero presentaban las acusaciones recogidas en el informe de la ONU como conclusiones fácticas, aunque el informe no formulaba ninguna conclusión fáctica relacionada con las acusaciones objeto de controversia.
Fuentes informaron a MEE de que Khan preguntó al funcionario británico si él o sus abogados podrían reunirse con un ministro británico para informarle sobre el asunto.
Sin embargo, el 1 de julio, según las fuentes, un funcionario británico comunicó a Khan que dicha solicitud había sido denegada.
MEE se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para recabar sus comentarios.
Esto ocurrió en las últimas semanas del mandato de Keir Starmer como primer ministro, mientras Yvette Cooper ocupaba el cargo de ministra de Asuntos Exteriores.
La votación del viernes tuvo lugar poco después de que Andy Burnham sucediera a Starmer como primer ministro.
Burnham nombró a un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, quien declaró el 20 de julio: «Seré un ministro de Asuntos Exteriores que luche por los intereses de Gran Bretaña y por nuestros valores de democracia, libertad y Estado de derecho en la escena internacional».
Y añadió: «Hoy, cuando nos enfrentamos a un momento de mayor inestabilidad y amenaza para el derecho internacional y la democracia que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, estos valores son más importantes que nunca».
Crítica a la votación para destituir a Khan
La votación del viernes se produjo tras un proceso disciplinario de 18 meses contra Khan que grupos defensores de los derechos de los palestinos, antiguos jueces y los abogados del fiscal han calificado de politizado.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, escribió el sábado en X que «la destitución de Khan encaja perfectamente con la lucha por neutralizar la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La coincidencia es un lujo que el derecho internacional ya no puede permitirse».
Los medios israelíes informaron el viernes, citando a funcionarios israelíes anónimos, de que un grupo de trabajo creado por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, se dedicó a presionar a los Estados miembros de la CPI para que votaran en contra de Khan.
El propio Saar calificó la destitución de Khan de «muy tardía» en un comunicado, en el que instó a la Corte a retirar las órdenes de detención contra los mandatarios israelíes «de inmediato».
La investigación sobre Khan se ha desarrollado en el contexto de una campaña de intimidación cada vez más intensa —documentada por MEE el año pasado— dirigida contra el fiscal y la propia CPI, a raíz de los esfuerzos de su oficina por llevar a juicio a líderes israelíes por crímenes de guerra perpetrados en Gaza.
En mayo de 2024 solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. El tribunal dictó las órdenes en noviembre de ese mismo año.
Desde entonces, Khan, sus dos adjuntos y varios jueces han sido objeto de sanciones por parte de EE. UU.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró a principios de este mes que Washington «desmantelaría la CPI, ladrillo a ladrillo, si fuera necesario».
El viernes, el abogado principal de Khan, Tayab Ali, expresó su «pesar» por el hecho de que la Asamblea de los Estados Partes (ASP) hubiera hecho caso omiso de las recientes preocupaciones sobre el debido proceso planteadas por más de 180 organizaciones de derechos humanos y expertos jurídicos.
«La decisión no se sustenta en ninguna conclusión legal o debidamente motivada de que el Sr. Khan KC haya cometido una falta o incumplido sus obligaciones como fiscal», afirmó.
En una entrevista con la CNN la semana pasada, que supuso su primera aparición pública en relación con el caso, la denunciante se reafirmó en su acusación de conducta sexual no consentida. Los Estados miembros no votaron sobre esta acusación.
El Reino Unido respaldó la elección de Khan como fiscal jefe en 2021. Sin embargo, MEE informó el pasado mes de junio que, el 23 de abril de 2024, semanas antes de que
Khan solicitara órdenes de detención contra funcionarios israelíes, el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, llamó por teléfono a Khan y le amenazó con que el Reino Unido retiraría su financiación y se retiraría de la CPI si esta emitía órdenes de detención contra líderes israelíes.
Desde entonces, numerosos diputados británicos han instado al Ministerio de Asuntos Exteriores a que investigue la llamada y a que la Comisión de Asuntos Exteriores lleve a cabo una investigación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado en repetidas ocasiones a hacer comentarios sobre el asunto.
Foto de portada: Karim Khan asiste a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Sudán y Sudán del Sur en la sede de la ONU el 27 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York. (AFP)