Joseph Bouchard, Middle East Eye, 7 agosto 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Joseph Bouchard es un periodista e investigador de Quebec. En la actualidad está cursando el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Virginia y es becario de doctorado en Política Latinoamericana en el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá.
En toda América Latina está produciéndose una división. Encuesta tras encuesta se pone de manifiesto que la opinión pública de la región se está volviendo en contra de Israel, cuyo asalto de tres años sobre Gaza es considerado un genocidio a muy amplios niveles.
Sin embargo, una ola de nuevos gobiernos de derechas —en El Salvador, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, Costa Rica y ahora Colombia— señala un giro en la dirección opuesta al estar profundizando los lazos de seguridad, diplomáticos y tecnológicos de la región con Israel, mientras se niega a los palestinos el derecho más básico a la autodeterminación.
El ejemplo más claro se produjo el mes pasado en Colombia. Gustavo Petro, el expresidente de izquierdas y exguerrillero que el año pasado pronunció un discurso en una manifestación a favor de Palestina en Nueva York antes de que Washington le revocara el visado, perdió el poder frente a Abelardo de la Espriella, un abogado que ha defendido a grupos paramilitares y que mantiene vínculos con dictaduras militares y con el presidente estadounidense Donald Trump.
Petro ha acusado a la empresa israelí de ciberinteligencia BlackCore de utilizar medio millón de cuentas de bots para inundar a los votantes colombianos con desinformación antes de la segunda vuelta de junio, que De la Espriella ganó por menos de un punto porcentual.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no esperó a que se zanjara esa controversia para celebrar el resultado en las redes sociales, felicitó al presidente electo y declaró que «los amigos de Israel siguen ganando». La región alberga a unos 700.000 palestinos y 500.000 judíos.
De la Espriella ya ha señalado que suspenderá los planes para abrir la embajada de Colombia en Palestina y se ha comprometido a restablecer las relaciones con Israel, entre otras medidas, trasladando la misión diplomática de Colombia a Jerusalén, lo que privará a Bogotá de su papel como una de las voces más contundentes detrás de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Colombia es solo la última ficha del dominó en caer. Bolivia, el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023, restableció plenamente sus relaciones diplomáticas en diciembre bajo el mandato del nuevo presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, un acercamiento que Netanyahu selló personalmente por teléfono poco después de la elección de Paz.
El títere de Washington
El Gobierno de Venezuela, nominalmente socialista —bajo una presión estadounidense constante y que, en la práctica, funciona como un régimen colonial respaldado por EE. UU.—, ha acogido a delegaciones del Congreso estadounidense, al tiempo que mantiene abiertos los canales humanitarios y diplomáticos con Israel, y recientemente ha anunciado sus planes de abandonar la Corte Penal Internacional. Caracas se ha convertido, de facto, en un títere de los intereses de Washington en la región, inclinándose cada vez más hacia la derecha.
Cuba, devastada por décadas de asfixia estadounidense y que ahora aplica reformas económicas promovidas por Estados Unidos (a las que se han sumado aún más sanciones), podría no estar muy lejos de seguirle los pasos.
El Mossad operó en su día desde La Habana, ayudando a la CIA a rastrear a izquierdistas y agentes soviéticos por toda la región durante la Guerra Fría —un legado de la implicación israelí en América Latina que se remonta mucho antes de Gaza—.
Detrás de todo esto se esconde una relación de seguridad en la que los electores latinoamericanos no tienen voz ni voto. Pegasus, el intrusivo software espía israelí vendido a gobiernos de toda la región, se ha utilizado repetidamente para perseguir a periodistas y figuras de la oposición, en lugar de a terroristas y delincuentes.
La policía brasileña, una de las más letales de la región, utiliza una gran cantidad de armas israelíes en las favelas. La violencia policial en todo el país provoca miles de muertes al año. Y en los últimos años, agentes de los servicios de inteligencia israelíes han colaborado con las autoridades brasileñas para investigar una supuesta presencia de Hizbolá en el país.
Los turistas israelíes en la región se han convertido en un punto conflictivo por derecho propio: acusados por las autoridades argentinas de provocar incendios forestales en la Patagonia, detenidos por la policía brasileña tras actos de violencia contra manifestantes propalestinos y cortejados en ferias turísticas de São Paulo que promocionaban territorios palestinos ocupados como destinos israelíes.
Prueba crucial en ciernes
Las elecciones de octubre en Brasil suponen una prueba clara. Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado, lanzó su campaña contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con un vídeo de apoyo de Netanyahu y el ferviente respaldo del líder argentino Javier Milei, quien se ha autodenominado «fanático de Israel» y planea trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén.
Lula, el presidente en funciones, sigue siendo, por el contrario, uno de los últimos jefes de Estado importantes de América Latina que aún se atreve a calificar la campaña de Israel en Gaza de genocidio. Incluso la ha comparado con el Holocausto, lo que ha provocado la indignación pública en algunos sectores.
Tanto Brasil como México —este último gobernado ahora por una presidenta de izquierdas de ascendencia judía, Claudia Sheinbaum— se enfrentan a una presión creciente por parte de Washington debido a su postura, que incluye guerra económica, amenazas de ataques, sanciones y designaciones como organizaciones terroristas que abren la puerta a incursiones.
Irónicamente, Nayib Bukele, el dictador favorito del movimiento MAGA en El Salvador, es él mismo de ascendencia palestina; sin embargo, ha construido su represivo Estado de seguridad basándose, en parte, en armas y equipos de vigilancia israelíes, que ahora están potenciando la represión en toda América Latina.
La nueva presidenta de Honduras, Nasry Asfura, que llegó al poder gracias a la injerencia de Trump, es también una firme aliada de Israel, a pesar de ser de ascendencia palestina. Ha visitado Israel y se ha reunido con Netanyahu.
Unas grabaciones de audio filtradas, bautizadas como «Hondurasgate», supuestamente captaron al expresidente Juan Orlando Hernández, a Asfura y a Milei discutiendo planes para utilizar Honduras como base de operaciones contra los gobiernos de izquierda de toda la región —una conspiración en la que, según se informa, Netanyahu ayudó a Hernández a conseguir el indulto de Trump tras una condena por tráfico de drogas—.
Estos nuevos gobiernos de derechas, en su mayoría populistas, han contribuido a ampliar el alcance de Israel, impulsados por empresas de vigilancia, acuerdos de venta de armas y campañas de desinformación, a pesar de que la población de la región se muestra cada vez más recelosa hacia Israel.
Esta cuestión se ha convertido en otro frente de división entre la élite y la ciudadanía en la región. Las elecciones brasileñas podrían ayudar a salvar, o a profundizar, esa brecha.
Foto de portada: El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla en Bogotá el 30 de julio de 2026 (Luis Acosta/AFP).
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