Omar H. Rahman, +972.com Magazine, 10 agosto 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Omar H. Rahman es escritor y analista político especializado en la política de Oriente Medio y la política exterior estadounidense. Actualmente es investigador del Middle East Council on Global Affairs, donde está escribiendo un libro sobre la fragmentación palestina en la era posterior a Oslo.
Por primera vez en años, la política palestina da señales de vida. El 9 de julio, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, emitió un decreto por el que convocaba elecciones al Consejo Legislativo Palestino —el parlamento de la Autoridad Palestina, que él mismo disolvió en 2018— para el 28 de noviembre.
Además de un compromiso más vago de celebrar elecciones presidenciales a principios de 2027, Abbas también ha dado pasos para reconstituir el Consejo Nacional Palestino (CNP), que se encontraba inactivo, el parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina que representa a los palestinos tanto dentro como fuera de los territorios ocupados. El 4 de junio, Abbas emitió un decreto por el que se ratificaba una nueva estructura de 350 escaños: 200 escaños para los territorios ocupados, que serán ocupados por los ganadores de un Consejo Legislativo ampliado de 200 miembros, y otros 150 para la diáspora.
Estos anuncios se producen tras otros acontecimientos políticos acaecidos a principios de este año. En febrero se publicó, para su revisión pública, una constitución provisional del Estado de Palestina, fruto de un comité de redacción creado por Abbas en agosto de 2025. Dos meses más tarde se celebraron elecciones municipales en toda Cisjordania y, entre las ruinas de Gaza, en Deir Al-Balah. Y en mayo, Fatah celebró su primera conferencia general en casi una década, en la que eligió un nuevo Comité Central.
También cabe destacar, aunque no esté directamente relacionado: Hamás eligió a Khalil Al-Hayya como jefe de su oficina política el 20 de julio, cubriendo así un puesto que llevaba casi dos años sin un líder permanente.
Sin embargo, a pesar de la crisis sin precedentes a la que se enfrentan los palestinos, ninguno de los decretos de Abbas es fruto de un esfuerzo orgánico por reactivar un sistema político moribundo o hacer frente a la agresión israelí. Son, ante todo, una respuesta a una inapropiada presión externa para la «reforma de la Autoridad Palestina», destinada a reactivar la difunta solución de dos Estados; una presión que recae sobre una institución que se encuentra en la indigencia financiera y que busca un asiento en la mesa donde ya no tiene ninguno.
Un palestino vota durante las elecciones locales, en las afueras de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 23 de enero de 2021. (Nasser Ishtayeh/Flash90)
En respuesta a la crisis desencadenada el 7 de octubre, varios Estados, encabezados por Arabia Saudí y Noruega, han tratado de reactivar el proceso de paz diplomático centrado en la creación de un Estado palestino, incluso mediante el reconocimiento formal. Abbas se ha aferrado a esta iniciativa, conocida como la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados, como un salvavidas político y económico. La adhesión de Abbas a la iniciativa ha incluido un compromiso —por muy poco entusiasta que sea— con la reforma institucional y las elecciones.
Sin embargo, independientemente de las motivaciones que haya detrás, la perspectiva de unas elecciones supone una oportunidad que los palestinos no deberían dejar pasar. El genocidio en Gaza y la aceleración de la limpieza étnica en Cisjordania han contribuido muy poco a generar el cambio que la política palestina necesita con urgencia, y la población sigue paralizada por el miedo, el agotamiento y la falta de rumbo. Las elecciones tienen un alcance limitado, pero siguen siendo la oportunidad más directa para romper el dominio de una clase dirigente corrupta y complaciente sobre las instituciones palestinas.
Durante años, Abbas y su círculo más cercano han obstaculizado con éxito la reconciliación entre facciones, la revitalización institucional y un giro en la estrategia de liberación nacional. Está más claro que nunca que solo destituyendo a estos obstruccionistas del poder podrán los palestinos impulsar un auténtico renacimiento político.
Elecciones por la relevancia
Desde el 7 de octubre de 2023, la Autoridad Palestina se ha visto más marginada que nunca: ya de por sí tremendamente impopular entre los palestinos, la institución se ha enfrentado a un ataque político y económico por parte de un Gobierno israelí que se conforma con verla derrocada, al tiempo que ha sido excluida por la Administración Trump de su iniciativa liderada por la Junta de Paz en Gaza —el principal escenario de la atención y la actividad internacionales—. Su dirección se ha visto así desesperada por recuperar relevancia y abierta a la democratización como vía para volver a ganarse el favor internacional.
Esta situación no dista mucho de la de principios de 2021, cuando Fatah —en coordinación con Hamás— acordó celebrar elecciones, en parte para ganarse el apoyo de la nueva Administración estadounidense del presidente Joe Biden. Sin embargo, Washington se mostró ambivalente, más preocupado por mantener a Hamás fuera de la Autoridad Palestina que por la revitalización democrática. Abbas acabó cancelando las elecciones tan solo 23 días antes de la fecha establecida.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, en la sesión inaugural del Consejo Central Palestino, celebrada en la ciudad cisjordana de Ramala el miércoles 23 de abril de 2025. (Flash90)
Esta vez, sin embargo, la situación podría ser diferente. Los Estados que impulsan la actual agenda de reformas exigen explícitamente la celebración de elecciones. La principal motivación de Abbas parece ser sortear esa presión sin ceder poder, más que velar por el bien nacional en general. La debacle militar y política de Hamás no hace sino facilitar las maniobras.
Aun así, parte de esa presión externa ha dado lugar a mejoras notables en el marco electoral. Además de ampliar el Consejo Legislativo, el decreto de Abbas del 4 de junio redujo la edad mínima para presentarse como candidato de 28 años —una de las más altas del mundo— a 23, al tiempo que rebajó el umbral electoral para obtener un escaño parlamentario al 1%.
Pero, aunque Abbas ha ampliado las vías formales de participación, ha tomado medidas para restringir quién puede utilizarlas realmente para desafiar a su partido. Meses antes, modificó la ley electoral municipal para exigir a todos los candidatos que firmaran una declaración de lealtad al programa político de la OLP, incluidos sus compromisos de la era de Oslo de reconocer a Israel y renunciar a la resistencia armada. Cinco facciones, cuatro de ellas miembros de la OLP, rechazaron de plano este requisito. Hamás, que no se presentó a las elecciones municipales de abril, no habría podido cumplir ninguna de las dos condiciones.
Y apenas unas semanas después de ratificar la nueva estructura del CNP, Abbas ya parece estar dando marcha atrás en una de sus reformas más significativas. Según The New Arab, el plan consiste en restablecer el Consejo Legislativo a 132 escaños y convertir la diferencia de 68 escaños en un bloque del Consejo Nacional Palestino (CNP) elegido no mediante elecciones, sino por «consenso» —lo que muy probablemente significa un nombramiento por parte del propio Abbas—. Eso le daría influencia directa sobre casi el 20% de la composición del CNP. Es precisamente el tipo de maquinación que socava uno de los beneficios potenciales más evidentes de este proceso electoral: una representación política más democrática dentro de la OLP.
Abbas, de 90 años, también ha ido elaborando de forma constante un plan de sucesión en torno a su mano derecha, Hussein Al-Sheikh. Tras incorporarse inicialmente al Comité Ejecutivo de la OLP y ser nombrado secretario general en 2022, a Al-Sheikh se le asignaron en abril de 2025 dos cargos de nueva creación: vicepresidente del Estado de Palestina y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la OLP. Posteriormente, en octubre de 2025, Abbas decretó que Al-Sheikh ejercería como presidente en funciones durante un máximo de 90 días en caso de que Abbas falleciera o quedara incapacitado, una disposición que carece de fundamento en la Constitución palestina provisional conocida como la Ley Fundamental.
Tras el congreso general de Fatah celebrado el pasado mes de mayo, Al-Sheikh también fue elegido vicepresidente del movimiento, lo que completa su probable ascenso a la cúspide de prácticamente todas las instituciones relevantes del poder político palestino. En el congreso, Abbas orquestó la elección de su hijo Yasser para el Comité Central, colocando así a otro leal lugarteniente al mando y proporcionando a la familia una posición estratégica desde la que proteger sus intereses empresariales.
El ministro palestino Hussein al-Sheikh (izquierda) junto al ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, a su llegada a una reunión en la ciudad cisjordana de Ramala, el 24 de julio de 2021. (Flash90)
Aun así, a pesar de toda esta cuidadosa manipulación electoral, unas elecciones reales conllevan riesgos que Abbas podría no ser capaz de contener. Si la campaña electoral se pone en marcha a pleno rendimiento este otoño, el proceso podría escapar al control de Fatah, tal y como ocurrió en el ciclo electoral de 2021 antes de que Abbas lo suspendiera ante la significativa participación política de la ciudadanía: casi 1.400 candidatos y 29 nuevas listas de partidos se disputaban 132 escaños. Aún más amenazante para Abbas era el hecho de que figuras destacadas de Fatah se hubieran separado de las filas para formar listas rivales.
La agenda de reformas del exterior
Detrás de todo esto, la presión externa que empuja a Abbas hacia las urnas es, en sí misma, de dudoso valor y motivación. Es posible que muchos de los Estados que forman parte de la Alianza Global para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados sean sinceros en sus objetivos declarados. Pero existe una larga historia de compromiso internacional meramente simbólico que deja intacto el statu quo, trasladando la carga de la acción a la parte palestina, más débil, que no tiene más remedio que acatarla. Incluso en el mejor de los casos, la agenda general de reformas de la Autoridad Palestina es errónea, ya que no aborda el principal obstáculo para la solución política que dice perseguir: la intransigencia israelí.
Esto recuerda al periodo 2009-2011, a menudo pasado por alto, en el que Salam Fayyad, entonces primer ministro de Abbas, intentó construir desde cero unas instituciones altamente funcionales para un Estado palestino —con reformas de libre mercado y una mayor coordinación en materia de seguridad con Israel—, apostando por que esto se vería recompensado, en última instancia, con la independencia. Ese proyecto fracasó por la misma razón por la que es probable que fracase el actual: nunca se acompañó de una presión proporcional sobre Israel para que permitiera realmente el surgimiento de un Estado palestino.
Hoy en día, la ausencia de dicha presión es más evidente que nunca. A pesar de la gravedad de los crímenes israelíes desde el 7 de octubre, no ha habido ninguna acción internacional significativa para detener el genocidio u obligar a Israel a poner fin a su ocupación ilegal y a su régimen de apartheid, tal y como exigen las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso suspender las preferencias comerciales en virtud del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel; la medida nunca se ha adoptado, bloqueada por las divisiones entre los Estados miembros después de que más de 350 antiguos funcionarios europeos exigieran medidas en abril de 2026. La única respuesta que ha llevado a cabo el bloque ha sido la imposición, en mayo, de sanciones a cuatro organizaciones de colonos israelíes —una fracción de la influencia que se propuso ejercer ocho meses antes—. Los Estados árabes que normalizaron sus relaciones con Israel, por su parte, no han tomado medidas para romper esos lazos.
Lo que une a estos fracasos es una falta de voluntad más generalizada —tanto entre la mayoría de los gobiernos europeos como entre los Estados árabes y Washington— para impulsar realmente la solución de dos Estados, suponiendo que dicha solución siga siendo posible. Exigir reformas a una Autoridad Palestina cautiva y en bancarrota no cuesta nada. Enfrentarse a la intransigencia israelí sí que costaría algo. Esa disparidad es la verdadera historia que se esconde tras la agenda de reformas y ayuda a explicar por qué muchos palestinos no la consideran creíble.
Manifestantes propalestinos protestan contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el Estado de Israel frente al Congreso de EE. UU., en el Capitolio de Washington, el 24 de julio de 2024. Foto de Arie Leib Abrams/Flash90
No está claro hasta qué punto estas partes externas presionarán a Abbas para que lleve a cabo las elecciones si empieza a sentir que su control sobre el poder se le está escapando de verdad. En 2021, Abbas alegó la negativa de Israel a permitir que los palestinos de Jerusalén Este votaran como motivo para cancelar las elecciones, lo que, en la práctica, otorgó a Israel un veto sobre la democracia palestina. Hay muy pocos motivos para esperar que el actual Gobierno de Israel permita esta vez que los palestinos voten en la ciudad.
El momento podría proporcionar a Abbas la misma vía de escape. Aunque las propias elecciones de Israel están previstas un mes antes de las palestinas, se tarda una media de 50 días en formar una coalición israelí, lo que probablemente mantendrá al actual Gobierno en el poder para impedir la votación en Jerusalén; así, Abbas podría invocar de nuevo, aparentemente, el pretexto de Jerusalén, si la Alianza Global le deja salirse con la suya o si él simplemente decide desafiarla.
Y lo que es aún más importante, las elecciones no pueden responder a la cuestión más profunda de si la propia Autoridad Palestina sigue siendo relevante —una cuestión que debería formar parte de un replanteamiento más amplio y muy necesario sobre la estrategia de liberación nacional palestina—. ¿En qué punto se encuentra realmente hoy el movimiento nacional palestino y hacia dónde se dirige? ¿Debería la Autoridad Palestina tener siquiera un lugar en su futuro? ¿Y qué significa celebrar elecciones en medio de un genocidio y una campaña de limpieza étnica en curso, con Gaza destruida y amplias zonas de Cisjordania siendo despobladas y anexionadas en tiempo real?
Foto de portada: Los palestinos votan durante las elecciones locales palestinas, en la ciudad de Al-Bireh, en Cisjordania, el 25 de abril de 2026. (Flash90)
