Mahmoud Mushtaha, +972.com Magazine, 11 agosto 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Mahmoud Mushtaha es un periodista palestino originario de Gaza que reside en la actualidad en el Reino Unido, donde obtuvo un máster en Medios y Comunicación Globales. Es autor de Sobrevivir al genocidio en Gaza, su primer libro, publicado en español.

Casi todos los días mi teléfono suena desde un número de Gaza. He aprendido a contestar de pie, con el cuerpo preparado para actuar incluso antes de saber lo que voy a oír. A veces, la persona al otro lado de la línea solo llama para decir que sigue viva. Pero con la misma frecuencia me piden algo que no puedo darles: una farmacia que aún tenga insulina para mi joven prima Marah; una forma de enviar dinero que realmente llegue a su destino; cualquier información sobre cuándo podría abrirse un paso fronterizo. O quieren saber quién ha muerto, quién ha desaparecido o quién ha quedado sepultado bajo otra capa de catástrofe; y, más recientemente, quién ha sido secuestrado por las bandas.

Estas conversaciones rara vez tratan de política, y mucho menos del futuro de Gaza. Tratan de la próxima hora: si es seguro caminar por una calle concreta, dónde encontrar medicinas, si la «Línea Amarilla» —la frontera del territorio ocupado por las fuerzas israelíes desde el alto el fuego de octubre, que se ha ampliado del 50% a casi el 70% del enclave— se ha desplazado de nuevo. Miles de kilómetros separan Londres de Gaza, pero en estas llamadas la distancia que siento con mayor intensidad es la que hay entre escuchar a alguien a quien me encantaría ayudar y saber que no puedo hacerlo.

Luego cuelgo y abro las noticias. Los titulares hablan de conferencias sobre la reconstrucción, estrategias de recuperación y las instituciones que supuestamente gobernarán Gaza «el día después». El vocabulario es pulido: estabilización, reconstrucción, recuperación, incluso una «Riviera de Gaza». El mundo está ya debatiendo en qué debería convertirse Gaza, mientras que los palestinos siguen lidiando con lo que se ha convertido.

Para más de dos millones de palestinos, muchos de los cuales siguen viviendo en tiendas de campaña, no ha habido una transición clara de una guerra genocida a la recuperación. La vida cotidiana sigue girando en torno al desplazamiento, a la búsqueda de comida y a la supervivencia. Se trata de una sociedad que sigue siendo desmantelada, ladrillo a ladrillo, institución a institución, hábito a hábito —solo que más lentamente y con menos público.

Y cuando escucho lo que piden las familias de Gaza, la comida y el agua son solo una parte. Cada vez más, y en voz más baja, oigo otra serie de preguntas: ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién puede protegernos si ocurre algo? ¿Y si un grupo armado llega al barrio? ¿A quién llamamos si alguien nos roba, nos amenaza o se aprovecha de nosotros? ¿Cuándo habrá un gobierno al que podamos recurrir de verdad? 

Dolientes transportan los cuerpos de una familia de cinco miembros asesinados en un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza, el 18 de julio de 2026. (Yousef Zaanoun/Activestills)

La seguridad se ha convertido en una necesidad independiente y sin respuesta —distinta del hambre y el alojamiento—, pero está entrelazada con algo más amplio. La gente no solo teme lo que pueda sucederles, sino también no tener a quién recurrir cuando eso ocurra. Esto se debe a que parte de lo que está desmantelando Gaza en estos momentos no es visible en absoluto desde una conferencia de donantes: la desaparición de la gobernanza y el colapso de cualquier autoridad funcional.

Vacío de gobierno

Los debates internacionales sobre Gaza giran cada vez más en torno a quién administrará el enclave tras la salida de Hamás, partiendo de la premisa de que el grupo debe ser apartado del gobierno y desarmado antes de que puedan comenzar la reconstrucción y un nuevo orden político. En enero se creó el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), supervisado por la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump, para suceder a Hamás y, en última instancia, dar paso a una administración tecnocrática palestina.

Ese proceso ha eludido en gran medida la cuestión de si Hamás debería gobernar Gaza, una cuestión política que, en última instancia, deben decidir los propios palestinos. Pero otra cuestión más inmediata es: ¿quién gobierna Gaza ahora?

Hamás no ha desaparecido, pero su capacidad para gobernar se ha visto gravemente debilitada. En julio, el Gobierno dirigido por Hamás disolvió el Comité de Emergencia que había administrado el enclave desde octubre de 2023, anunciando que transferiría sus responsabilidades al NCAG. Esta era, formalmente, la condición que se había exigido durante mucho tiempo: que Hamás se disolviera como partido gobernante de Gaza. Y eso es precisamente lo que hizo Hamás. Pero Israel ha impedido que el nuevo comité entre en Gaza. En lugar de que una autoridad sustituyera a otra, los palestinos se han quedado sin ninguna.

Las consecuencias se dejan sentir en los aspectos más cotidianos de la vida. Los padres tienen dificultades para inscribir a sus recién nacidos. No es posible renovar los documentos de identidad de forma fiable, mientras que los documentos expedidos en Gaza pueden no ser reconocidos en otros lugares. Los empleados públicos pueden pasar meses sin cobrar su salario, aunque sigan siendo, nominalmente, responsables de sus puestos de trabajo. El registro civil, los servicios públicos, los registros oficiales y otras funciones administrativas básicas se han fragmentado o, sencillamente, se ha vuelto imposible gestionarlas. 

Palestinos armados y enmascarados escoltan camiones cargados de ayuda humanitaria que entran en Gaza a través del paso fronterizo israelí de Kerem Shalom, en la carretera de Salah al-Din, al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 19 de enero de 2025. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

En ese vacío han entrado grupos armados, clanes e intermediarios cuyo poder varía de un barrio a otro. En los alrededores de la Línea Amarilla, los informes han descrito secuestros y redadas armadas perpetradas por bandas locales que reciben apoyo israelí. En otros lugares, las Fuerzas Populares —una facción armada cuyo respaldo ha reconocido Israel como parte de su campaña contra Hamás— han sido acusadas de saquear la ayuda y de atacar a palestinos sospechosos de tener vínculos con Hamás. Las organizaciones de seguimiento de conflictos y los periodistas han documentado cómo grupos respaldados por Israel llevan a cabo detenciones, secuestros y asesinatos de civiles.

Al mismo tiempo, están resurgiendo antiguas fuentes de violencia —rivalidades entre clanes, venganzas personales y acusaciones de colaboración— en medio del colapso de las instituciones que en su día podrían haberlas contenido. El 18 de julio, Qasam Yousef Al-Khawaja, de 28 años, fue hallado muerto en el interior de su estudio de arte en la zona de Abu Hasira, al oeste de la ciudad de Gaza. Posteriormente, su familia acusó a personas a las que describieron como colaboradoras con Israel de haberlo asesinado, aunque las circunstancias de su muerte y la identidad de los responsables siguen sin estar claras.

La policía de Gaza anunció una investigación. Pero lo que puede significar una investigación en las condiciones actuales es, en sí mismo, incierto. Las comisarías apenas funcionan, la capacidad forense ha quedado devastada, los agentes han sido blanco repetido de ataques israelíes y no existe una cadena de mando fiable a través de la cual las familias puedan buscar respuestas. Por lo tanto, el anuncio de una investigación puede ofrecer pocas garantías de que realmente se exija responsabilidades a alguien.

La geografía de estos incidentes ayuda a explicar lo que está sucediendo. Un secuestro cerca de la Línea Amarilla, actos de violencia en un centro de acogida para desplazados, un asesinato en un estudio de arte en el oeste de Gaza: nada de esto sugiere que una única organización haya sustituido a Hamás, ni que una red criminal haya tomado el control. Por el contrario, el poder se ha dispersado y ha adquirido un carácter intensamente local, ejercido por diferentes actores en distintos lugares sin una autoridad superior en la que confiar.

Ese poder también puede manifestarse en encuentros aparentemente cotidianos. Los vídeos que circulan por Internet muestran a hombres armados enfrentándose a civiles mientras reparten cigarrillos y otros bienes escasos. Pero se trata de escenas intimidatorias y humillantes, en las que se obliga a los civiles a permanecer de pie y esperar ante hombres armados que deciden quién recibe qué. En un lugar donde tantos sistemas habituales de distribución y autoridad se han derrumbado, incluso repartir un cigarrillo se convierte en una forma de demostrar quién detenta el poder.

¿A quién llamas cuando alguien desaparece?

Estas historias no son algo abstracto para mí. El 16 de julio me desperté con una notificación en nuestro grupo familiar de WhatsApp: unos hombres armados habían cruzado la Línea Amarilla para entrar en Shuja’iya y se habían dirigido a la casa de mi pariente de 66 años, Mamdouh Jamal Mushtaha. Entraron en su casa y se lo llevaron. No se ha sabido nada de él desde entonces.

Bloques de hormigón amarillos en una zona devastada del barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, que marcan la «línea amarilla» impuesta por Israel, 27 de julio de 2026. (Yousef Zaanoun/Activestills)

Mushtaha, conocido por su kunya, Abu Mu’taz, ya había perdido a su hijo, Mu’tasem, el 2 de diciembre de 2023, y había soportado largos períodos de desplazamiento. En enero de 2026, regresó a casa y se negó a marcharse de nuevo. Su familia le instó a alejarse más de la Línea Amarilla, pero no había ningún lugar claro al que ir. No era un combatiente. Era un hombre de 66 años que quería quedarse en el hogar que conocía.

No dejo de pensar en él. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Quién se lo llevó y qué le han hecho? Su familia ha pasado las últimas semanas llamando a gente, preguntando a los vecinos, siguiendo rumores, esperando algún mensaje que les indique dónde está. Pero no hay ninguna institución clara a la que acudir, ninguna cadena de responsabilidad fiable que comience con la denuncia de una desaparición y termine con que, al menos, alguien esté obligado a buscarlo.

Pienso también en mi padre, mis hermanos, mis tíos y mis primos que siguen en Gaza. Durante la mayor parte de la guerra, los peligros que temía para ellos ya eran más que suficientes: los bombardeos, el desplazamiento, el hambre, morir en un ataque. Nunca solía preguntarme si una banda armada podría llamar a su puerta. Ahora sí lo hago.

Eso es lo que más me asusta del secuestro de Abu Mu’taz. Ha puesto de manifiesto que el peligro ya no proviene únicamente del ejército israelí ni de las penurias de la guerra. Ya no se puede distinguir quién es un vecino y quién una amenaza.

Esta es una de las consecuencias del colapso institucional prolongado. Remodela la sociedad subyacente a la crisis, cambiando no solo quién ejerce el poder, sino también cómo se protegen las personas cuando fallan los sistemas formales. Me resisto a describir esto simplemente como un «aumento de la delincuencia», porque la delincuencia presupone una distinción funcional entre quien infringe las normas y la autoridad encargada de hacerlas cumplir. En la Gaza actual, esas líneas se han vuelto cada vez más difíciles de trazar.

Nada de esto significa que los palestinos hayan dejado de cuidarse unos a otros o de distinguir el bien del mal. Los vecinos comparten la comida de la que apenas disponen. Los médicos siguen tratando a los pacientes sin saber si se les pagará. Los voluntarios transportan ayuda para desconocidos. Estas relaciones han mantenido con vida a la gente durante casi tres años de guerra. Pero la solidaridad no puede expedir un documento de identidad, investigar una desaparición ni obligar a alguien a responder por un asesinato.

Médicos y personal sanitario del Hospital Al-Nasser atienden a varios bebés que sufren hipotermia, en Jan Yunis, Franja de Gaza, el 18 de diciembre de 2025. (Activestills/Doaa Albaz)

Y la violencia israelí que contribuyó a provocar este colapso no ha cesado. Mientras los palestinos se enfrentan a secuestros y a grupos armados, Israel sigue bombardeando y matando a personas en toda Gaza.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, 1.254 palestinos han perdido la vida y 4.121 han resultado heridos por los disparos israelíes desde que se anunciara el alto el fuego en octubre de 2025. En la madrugada del 30 de julio, un ataque aéreo israelí alcanzó el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte de Gaza, destruyendo las tiendas y los refugios de 35 familias y obligándolas a volver a sufrir la agonía del desplazamiento.

En esas mismas horas, otro ataque israelí alcanzó una tienda para desplazados en Al-Mawasi, en Jan Yunis, y también fue alcanzada una vivienda en el campo de refugiados de Bureij. Dos personas murieron, entre ellas un niño, y otras diez resultaron heridas. En 2023, ataques como estos podrían haber acaparado la cobertura informativa internacional. Ahora apenas se registran, si es que se registran, como una línea más en el recuento diario de víctimas de Gaza: un nivel de violencia al que el mundo se ha acostumbrado, pero al que las personas que lo viven nunca podrían acostumbrarse.

La ficción del «día después»

Calificar a Gaza de «posguerra» hace mucho más que describir una supuesta etapa del conflicto. Cambia las preguntas que se plantean. En lugar de cómo detener la matanza, la conversación gira en torno a quién administrará la ayuda, quién gobernará Gaza, cuánto costará la reconstrucción y quién la pagará. Esas preguntas son importantes: Gaza tendrá que reconstruirse. Pero el peligro es que la reconstrucción se convierta en una forma de hablar de Gaza sin tener que afrontar por qué los palestinos siguen sin poder vivir allí con seguridad.

La ficción del «día después» resulta útil para casi todos los que participan en su diseño. La Junta de Paz adquiere un propósito y un futuro que planificar desde fuera de Gaza. La Autoridad Palestina puede presentarse como la alternativa palestina definitiva sin tener que rendir cuentas por su ausencia de casi dos décadas en Gaza, ni por sus fracasos en Cisjordania.

El teniente general del Ejército de los EE. UU. Patrick Frank, comandante del Mando Central del Ejército de los EE. UU., informa a Nickolay Mladenov, alto representante para la Administración de Gaza y miembro ejecutivo de la Junta de Paz, en el Centro de Coordinación Civil-Militar de Kiryat Gat, el 27 de enero de 2026. (Sargento primero Mike Ito/Ejército de los EE. UU.)

Hamas, por su parte, puede señalar el fin formal de su función administrativa y el acuerdo que ha firmado recientemente, en el que se compromete, en principio, a desarmarse y entregar sus armas a la NCAG. Trump lo calificó de «un paso monumental hacia la paz y la seguridad». Pero los negociadores de Hamas matizaron inmediatamente su compromiso: no cumplirían con su parte a menos que Israel cumpliera con sus propias obligaciones de retirada.

Israel ni siquiera firmó públicamente el acuerdo. A los pocos días de su anuncio, el propio enviado del Consejo se encontraba en Jerusalén presionando a Netanyahu para que, sencillamente, detuviera los ataques israelíes. Desde entonces, Israel ha convencido al Consejo para que modifique los términos, exigiendo que Hamás desmantele por completo su arsenal antes de que las fuerzas israelíes se retiren.

Por lo tanto, el acuerdo formaliza un proceso que no se ha materializado sobre el terreno. El camino más probable a partir de ahora no es ni el colapso ni la aplicación plena, sino uno progresivo: un acuerdo que se mantiene formalmente intacto mientras se va desgastando a causa de los retrasos, las reinterpretaciones y las acusaciones mutuas de incumplimiento, y en el que el tiempo se convierte en un motivo más de disputa.

También conviene ser sinceros sobre lo que realmente significa el «desarme» tras casi tres años de guerra. Israel ha desmantelado gran parte de la estructura de batallones de Hamás y ha eliminado a un comandante tras otro, mientras que el bloqueo vigente desde 2007 ha controlado estrictamente lo que entra en Gaza. Lo que queda son armas ligeras, armas que no han impedido que Israel entre en Gaza ni han protegido a los palestinos de las bandas armadas que operan allí.

Poner esas armas bajo autoridad civil seguiría teniendo consecuencias, pero las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién las recogerá, en virtud de qué autoridad y cómo responderán los combatientes sobre el terreno a una nueva administración creada bajo el patrocinio estadounidense?

El acuerdo codifica en gran medida una realidad militar que Israel ya había impuesto. Se exige a Hamás que renuncie a lo que le queda de capacidad armada antes de que Israel renuncie a su poder, mucho mayor, sobre Gaza. Se exige el desarme a la parte que ya está militarmente derrotada. Se exige la retirada y el fin de los bombardeos a la parte que mantiene un control abrumador sobre si ambas cosas se producen o no.

Militantes de Hamás hacen alarde de su fuerza durante la entrega de los cadáveres de los rehenes a la Cruz Roja en Jan Yunis, al sur de Gaza, el 20 de febrero de 2025. (Doaa Albaz/Activestills)

Por eso es más fácil hablar del futuro de Gaza que de su presente. El presente nos remite obstinadamente a las cuestiones más espinosas en materia de responsabilidad, entre ellas el control que Israel sigue ejerciendo sobre aspectos clave del territorio y la libertad de movimiento en Gaza.

El afianzamiento de la división entre Gaza y Cisjordania

Para los palestinos, la reconstrucción no puede comenzar con un nuevo organigrama. Nombrar a una autoridad para supervisar un hospital no lo reconstruye. El equipamiento aún tiene que entrar en Gaza; los médicos tienen que estar vivos, cobrar su sueldo y poder acudir al trabajo; los pacientes tienen que poder llegar hasta ellos. Una escuela necesita profesores, alumnos y un barrio que funcione a su alrededor.

El gobierno funciona de manera muy similar. Más que un logotipo o una lista de ministerios, lo que importa es si alguien puede inscribir un nacimiento, expedir un documento de identidad, pagar a un profesor, mantener el suministro de agua, abastecer a un hospital, recoger la basura o proteger a una persona que denuncia un delito.

Gaza ya ha experimentado antes la brecha entre un traspaso político y una transferencia efectiva del poder. En octubre de 2017, Hamás disolvió su comité administrativo en Gaza y acordó, en virtud de un acuerdo de reconciliación negociado en El Cairo, transferir el control civil total a la Autoridad Palestina antes de diciembre.

El traspaso nunca se produjo. En cuestión de semanas, Hamás y Fatah se acusaban públicamente mutuamente de no cumplir el acuerdo. El plazo se pospuso y, finalmente, se abandonó. A principios de 2018, las negociaciones se habían estancado en cuestiones que siguen sin resolverse hoy en día: Hamás se negaba a desarmar a ninguna de sus facciones, y el presidente de la Autoridad Palestina y líder de Fatah, Mahmud Abbas, rechazaba aceptar nada que no fuera el control total de la Autoridad Palestina sobre la seguridad de Gaza.

Foto de portada: Unos palestinos inspeccionan el lugar donde se produjo un ataque israelí contra una comisaría en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, el 31 de enero de 2026. (Yousef Zaanoun/Activestills)

Voces del Mundo