Laura Wittebroek, CounterPunch.org, 29 septiembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Laura Wittebroek es escritora y miembro de Clamour.
En los últimos días, Maricarmen ha sido el centro de atención de la crisis de la vivienda en España. La policía se presentó en la vivienda de Madrid de esta mujer de 87 años llamada Maricarmen y la desalojó del piso en el que había vivido durante 71 años. Se trata de una mujer con discapacidad, que utiliza una silla de ruedas y que ha pasado prácticamente toda su vida en ese piso. Sus padres fallecieron allí. Ella envejeció allí. Pagó el alquiler durante décadas. Pero entonces se vendió el inmueble y la empresa de inversión inmobiliaria intentó sustituir su antiguo alquiler por uno que le resultaba imposible de pagar. Durante años, había pagado unos 500 euros al mes. La nueva exigencia suponía un aumento del 275%, lo que elevaba su alquiler a 2.650 euros. Su pensión ronda los 1.350 euros al mes. El miércoles, tras cuatro intentos, finalmente llevaron a cabo el desahucio. La policía desalojó a las personas que se habían reunido fuera para defenderla utilizando porras y gas lacrimógeno mientras despejaban el camino para el desahucio. Maricarmen fue finalmente sacada del edificio en camilla y trasladada a una ambulancia, tras lo cual fue llevada a un hospital. No tenía por qué haberse llegado a esto: había gente que se había ofrecido a pagar la diferencia entre su pensión y el nuevo alquiler durante el tiempo que fuera necesario, e incluso se había propuesto comprar el piso directamente para que ella pudiera quedarse en él.
Hay algo obsceno en esta imagen. Ver cómo sacan a una mujer de 87 años del único hogar que ha conocido, mientras la policía aparta a las personas que han acudido para interponerse entre ella y la calle. Y hay algo aún más obsceno en el hecho de que esto pueda ser perfectamente legal. Porque legalidad y justicia no son sinónimos. El mero hecho de que algo sea legal no lo convierte en justo.
Y fíjense quién estaba al otro lado del desahucio. No era una familia que necesitara el piso porque no tuviera dónde vivir. No era otra persona mayor desesperada por tener un techo bajo el que cobijarse. Era una empresa de inversión inmobiliaria. El piso de Maricarmen era, en última instancia, propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión, una empresa de inversión inmobiliaria dedicada a la adquisición y gestión de activos inmobiliarios.
Esto es lo que ocurre cuando una vivienda se convierte en un activo. Cuando un lugar en el que alguien ha vivido durante setenta años se convierte en una cifra en un balance. Cuando la pregunta deja de ser «¿Dónde vivirá esta mujer?» y pasa a ser «¿Cuántos beneficios podemos obtener con esta propiedad?».
El caso de Maricarmen es un pequeño y brutal ejemplo de lo que ocurre cuando la función social de la vivienda choca con su función como activo financiero para los ricos. Una persona ve un hogar. Un inversor ve un activo. Y cuando esas dos visiones entran en conflicto, suele ser la persona la que tiene que marcharse.
No es una crisis, es un abuso
Y Maricarmen no es la única. Eso es precisamente lo que hace que esto resulte tan aterrador. Los desahucios se producen a diario. Hay familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares por los precios, inquilinos que se enfrentan a subidas de alquiler imposibles, jóvenes incapaces de independizarse de sus padres y y personas mayores que descubren que décadas de pagar un alquiler no les garantizan que puedan seguir viviendo donde residen. Cada día se ejecutan 44 desahucios judiciales en toda España, con 25.540 desahucios solo en 2025, de los cuales alrededor de siete de cada diez están relacionados con el alquiler.
Esa misma mañana, en otra zona de Madrid, un hombre llamado David y su hijo también fueron desalojados de su vivienda. Su piso formaba parte de un conjunto de viviendas creadas originalmente como viviendas asequibles, pero que fueron vendidas a otro fondo de inversión. El 23 de septiembre, ellos también fueron desalojados. Según el sindicato de inquilinas, el fondo no ofreció a David ni al resto de residentes la opción de seguir alquilando sus viviendas. En su lugar, a los residentes se les ofreció la posibilidad de comprar a los precios de mercado que muchos no podían permitirse.
Tenemos también el caso de Olga. En L’Hospitalet de Llobregat, a las afueras de Barcelona, una mujer de 54 años se quitó la vida el 7 de septiembre. Cinco meses antes, había sido desahuciada del piso en el que había vivido durante más de veinte años, después de que fuera comprado por una empresa inmobiliaria a la que ella pagaba un alquiler. Tenía dos hijas, una de ellas menor de edad. Tras su muerte, activistas por la vivienda y manifestantes en Barcelona describieron lo ocurrido no simplemente como un suicidio individual, sino como una forma de asesinato social: una muerte que entendían como inseparable del desahucio, la pérdida de la vivienda y la ausencia de una alternativa real. Esto pone de manifiesto algo esencial: un desahucio nunca es meramente la expulsión de una persona de una propiedad. Puede destruir las condiciones materiales de las que depende toda la vida de una persona. Cuando alguien pierde su hogar, puede perder de golpe su barrio, su comunidad, la estabilidad de sus hijos, su sensación de seguridad, sus recuerdos y su dignidad.
Familias diferentes, edificios diferentes, pero siempre la misma lógica subyacente: las viviendas que la gente corriente necesita para vivir se trataban como activos de los que se podía extraer valor. Y cuando la lógica financiera del mercado inmobiliario exigía que las personas que vivían en ellas se marcharan, tenían que irse, tuvieran o no un lugar adónde ir.
Y la magnitud que se esconde tras estas historias individuales es abrumadora. En cinco años, el precio por metro cuadrado ha subido un 41,8% en el caso de las casas y un 58,9% en el de los pisos. Los alquileres en Madrid han subido un 82,7% desde 2016, y en Barcelona un 94,9%, mientras que los salarios solo aumentaron un 45%, por lo que un piso de 100m² en Madrid cuesta ahora aproximadamente un salario medio mensual completo y el doble del salario mínimo. Mientras tanto, los propietarios con más de cuatro inmuebles han triplicado su parque inmobiliario, pasando de un millón de pisos a tres millones, mientras que el número de personas que solo poseen la vivienda en la que viven ha descendido de 10 millones a 7,9 millones. Solo el 1,5% de la vivienda en España está protegida, y medio millón de las viviendas sociales actuales podrían perder esa condición el año que viene, ya que sus protecciones caducan más rápido de lo que se construyen otras nuevas.
A esto nos referimos cuando hablamos de una crisis de la vivienda, aunque «crisis» no es la palabra adecuada. Sugiere algo accidental, como si una fuerza misteriosa se hubiera abatido sobre nosotros y nadie hubiera podido preverlo. Pero esto no tiene nada de accidental. No es un desastre natural. Es el abuso de algo que las personas necesitan para sobrevivir. La vivienda se está tratando, en primer lugar, como un activo y, en segundo lugar, como una necesidad humana. Un hogar no es un lujo ni un instrumento financiero. Es el lugar donde las personas duermen, comen, crían a sus hijos, envejecen y construyen sus vidas. Cuando las empresas pueden tratar esa necesidad principalmente como una fuente de beneficios, las personas se convierten en obstáculos que hay que apartar cuando interfieren en la rentabilidad de la inversión.
Y esto no es una excentricidad española, sino un sistema global. En toda la UE, los precios de la vivienda subieron un 53% entre 2010 y 2024, mientras que los alquileres aumentaron un 25%. El Informe Mundial sobre las Ciudades de 2026 de la ONU estima que hasta 3.400 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a una vivienda segura y adecuada, un déficit global que pasó de 251 millones de unidades en 2010 a 288 millones en 2023.
¿Nadie se paró a pensar?
Pero los sistemas se basan en decisiones individuales, y el caso de Maricarmen muestra exactamente dónde fallaron esas decisiones. Así que hay que preguntarse: ¿nadie se detuvo un momento a pensar en la persona que se encontraba en el centro de todo esto?
¿Nadie en la empresa de inversiones pensó: «Se trata de una mujer de 87 años que lleva 71 viviendo aquí»? ¿Ninguno de los abogados que llevaban el caso lo pensó? ¿Nadie en el Gobierno pensó que quizá tenía que haber otra solución? ¿Nadie en el sistema judicial analizó la situación y pensó: «quizá no deberíamos utilizar todo este aparato para echar a la calle a una anciana en silla de ruedas»? ¿De verdad nadie se detuvo a plantearse si lo que estaban haciendo era humano?
La respuesta, a juzgar por lo que se envió para llevar a cabo el desahucio, fue que no. Se desplegó una enorme operación policial alrededor del edificio, que se prolongó durante horas, mientras activistas y vecinos intentaban impedir el desahucio. La policía despejó la entrada con porras, espray de pimienta y gas lacrimógeno, y los manifestantes y observadores denunciaron un trato físico agresivo durante la operación, incluyendo a agentes que tapaban la cara de las personas con las manos y les impedían respirar. Piensen en la magnitud de las prioridades que se ponen de manifiesto aquí. Se consideró necesaria una enorme operación de seguridad para sacar a una mujer de 87 años de su hogar, mientras que a las personas que se encontraban fuera se las trató como un problema que había que eliminar. La policía estaba allí para garantizar que se pudiera llevar a cabo la decisión inmobiliaria.
Hay una amarga ironía en todo esto: son nuestros propios impuestos los que financian la operación policial utilizada para llevar a cabo un desahucio como este. El 23 de septiembre, se desplegaron más de 100 agentes de policía y casi una docena de vehículos alrededor del edificio de Maricarmen, mientras que la operación se prolongó durante más de siete horas. Un mundo que antepone la propiedad privada a la vida humana no es un mundo humano. Nuestros impuestos no están destinados a defender a los fondos buitre que intentan sacar cinco veces más beneficio de un piso.
El contraste es brutal. Una empresa privada dice que la propiedad debe generar más dinero. Un tribunal autoriza el desahucio. La policía despeja a las personas que se interponen en el camino. Y una anciana abandona su hogar en una camilla. La maquinaria funciona. La pregunta es: ¿para quién funciona?
¿Quién se beneficia realmente?
La respuesta no es difícil de encontrar, pero rara vez es aquella hacia la que se dirige la atención de la gente. El mensaje es conocido: fíjate en el migrante. Fíjate en la persona que llegó sin nada. Mirad a cualquier parte menos a la estructura de la propiedad y a la economía de la vivienda. Porque un migrante que duerme en una playa no convirtió una vivienda en un activo de inversión. Una familia procedente de Marruecos no decidió que un piso debiera generar el máximo rendimiento posible. Los verdaderos culpables son las empresas y los fondos de inversión que han convertido las viviendas en activos financieros alimentados por la especulación, el turismo de masas, los alquileres a corto plazo y una escasez crónica de vivienda social. Los grandes propietarios controlan ahora más de un millón de viviendas en España. Los fondos de inversión han desempeñado un papel fundamental en la adquisición de viviendas desde la crisis financiera, comprando edificios enteros, subiendo los alquileres y aprovechando las lagunas legales para maximizar sus beneficios.
Resulta conveniente convertir a las personas desesperadas en chivos expiatorios, porque así la ira tiene un blanco al que dirigirse. Pero si se anima a quienes tienen dificultades para pagar el alquiler a culpar a personas que tienen aún menos poder que ellos, nunca tendrán que plantearse la pregunta más incómoda: ¿quién es el propietario de las viviendas, quién se beneficia de ellas y por qué las necesidades humanas básicas se organizan en función de la búsqueda del beneficio? Y no hay voluntad política para solucionarlo: se nos dice que culpemos a los migrantes y se nos alimenta el odio, mientras que esos mismos políticos rechazan las leyes que realmente podrían protegernos. Además, al parecer, la Comunidad de Madrid dispone de 6,3 millones de euros para gastar en un ático de lujo de 485 metros cuadrados, que, según se informó, estaba destinado a servir de «oficina provisional» para la presidenta regional. A Maricarmen y a miles de personas más que se enfrentan a un desahucio, ese mismo gobierno no les ha ofrecido ninguna solución comparable.
Los chivos expiatorios, el lucro y las prioridades equivocadas apuntan todos a la misma verdad subyacente. Y el desahucio de Maricarmen ha sacado a la luz esa pregunta: ¿a quién sirve la vivienda? Y quizá lo más importante de la respuesta a su desahucio es que la gente se lo está preguntando. Cientos de personas se concentraron frente a su casa. Los vecinos se quedaron allí toda la noche. Los activistas por la vivienda se organizaron. Más tarde, miles de personas salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades de toda España. Y, quizás lo más importante, una generación más joven que ha crecido escuchando que la vivienda inasequible es simplemente el precio de la vida adulta está empezando a decir que no es así. En Madrid, la policía respondió a estos manifestantes pacíficos con la misma violencia que había utilizado para desalojar el edificio de Maricarmen, un recordatorio de exactamente de qué lado está esa fuerza.
Nada de eso ha impedido que la gente siga acudiendo. Porque los sistemas que parecen inamovibles pueden empezar a moverse cuando suficientes personas dejan de aceptarlos como inevitables. Maricarmen nunca debería haber tenido que convertirse en un símbolo. Simplemente se le debería haber permitido envejecer en su hogar. Pero ahora que esto ha sucedido, su desahucio puede convertirse en otra historia impactante que desaparece en una semana, o puede convertirse en un punto de partida. Las personas que se han concentrado frente a su edificio ya han demostrado cómo puede ser ese punto de partida: organización, solidaridad y rechazo colectivo a aceptar que el beneficio importe más que las personas.
Que esto sea el comienzo. No el comienzo de otro eslogan político, sino el comienzo de un movimiento que haga imposible ignorar la cuestión de la vivienda. Un movimiento que afirme que una vivienda está hecha para vivir en ella. Un movimiento que se niegue a permitir que se enfrente entre sí a las personas mayores, a los jóvenes, a los inquilinos, a los migrantes o a los trabajadores, mientras la propiedad se vuelve cada vez más rentable.
Porque el desahucio de Maricarmen no era inevitable. Y tampoco lo es el sistema que lo provocó.
