Jaber Suleiman, Al-Shabaka, 14 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jaber Suleiman es un investigador y consultor independiente en el ámbito de los estudios sobre refugiados. Desde 2011 trabaja como consultor y coordinador del Foro de Diálogo Palestino-Libanés en el marco de la Iniciativa «Common Space», el Proyecto de Apoyo del PNUD para la Creación de Consenso y la Paz Civil en el Líbano. Entre 2007 y 2010, trabajó como consultor para el programa palestino de UNICEF en los campos de refugiados palestinos del Líbano. Fue investigador visitante en el Programa de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford. También es cofundador del Grupo Aidoun y del Centro para los Derechos de los Refugiados/Aidoun, y ha escrito varios estudios sobre los refugiados palestinos y el derecho al retorno.
Introducción
El 26 de junio de 2026, el Líbano, Estados Unidos y el régimen israelí firmaron un Marco Trilateral en un contexto de feroces ataques militares contra el Líbano y la invasión de su sur. Esta agresión formaba parte de una ofensiva regional más amplia de Estados Unidos e Israel que también devastó Irán, Siria y Palestina, trastocando el orden geopolítico.
En este comentario, hablamos con Jaber Suleiman, analista político de Al-Shabaka, quien analiza cuestiones fundamentales sobre este acuerdo marco y sus implicaciones para los refugiados palestinos en el Líbano y, en términos más generales, para la lucha de liberación. Destaca las graves consecuencias de este acuerdo, ya que condiciona la retirada israelí del territorio libanés al desarme de Hizbolá, lo que hace que las facciones de la resistencia y el Estado libanés sean responsables de poner fin a la guerra y a la ocupación, mientras que exime a Israel de toda responsabilidad.
¿Qué condujo al acuerdo marco y cómo afecta a los palestinos en el Líbano?
El acuerdo marco no se refiere directamente a los palestinos, sino que lo hace de forma indirecta en relación con el desarme de Hizbolá y de los grupos no estatales, especialmente en los campos de refugiados palestinos. El contexto más amplio, sin embargo, es la guerra de 2023 que comenzó con la campaña genocida israelí en Gaza. Esta guerra ha tenido un gran impacto en la situación de los palestinos en el Líbano, sobre todo desde el inicio de la ofensiva terrestre en el Líbano en octubre de 2024.
No obstante, para comprender este acuerdo marco, es importante esbozar las tres fases de la guerra. La primera fase se extendió desde el 8 de octubre de 2023 —un día después de la operación «Inundación de Al-Aqsa»— hasta el 16 de septiembre de 2024. Esta fase estableció las reglas de combate y se caracterizó por ataques transfronterizos continuados. A continuación, llegó la segunda fase, con los ataques indiscriminados con buscapersonas del 17 al 18 de septiembre, y las posteriores escaladas israelíes que condujeron al asesinato de líderes del partido, entre ellos el secretario general de Hizbolá, Hasan Nasralá. Además, se intensificaron los bombardeos aéreos sobre el sur del Líbano, los barrios del sur de Beirut y el valle de la Bekaa. La tercera fase, sin embargo, se caracterizó por el intento de Israel de crear nuevos hechos sobre el terreno, al tiempo que «aceptaba» negociar bajo la presión y los dictados del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Desde el 27 de noviembre de 2024, Hizbolá se ha mostrado más dispuesto a respetar el alto el fuego, mientras que Israel no lo ha hecho. En la práctica, Israel ha tratado de aprovechar la «tregua» para servir a sus propios intereses militares, llevando a cabo incursiones terrestres y destruyendo infraestructuras en las localidades fronterizas. De hecho, lo que se ha desarrollado en el sur del Líbano no es una repetición de la denominada «doctrina Dahiyah» —el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles e infraestructuras—. El régimen israelí ha ido más allá de su doctrina militar habitual en el Líbano para adoptar lo que podría denominarse la «doctrina Gaza». Hoy en día, el sur del Líbano es testigo de un auténtico genocidio y ecocidio: el ataque contra todas las formas de vida.
Hizbolá se había abstenido de tomar represalias durante 15 meses hasta el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante un ataque aéreo estadounidense-israelí sobre Teherán el 28 de febrero de 2026. Pocos días después, Hizbolá lanzó cohetes teledirigidos contra Israel, afirmando explícitamente que se trataba de una represalia por la muerte del líder supremo. Esto puede interpretarse como un mensaje simbólico sobre la profundidad del vínculo espiritual e ideológico de Hizbolá con el líder supremo de Irán. En realidad, Hizbolá se había estado preparando para tomar represalias tras agotarse su paciencia durante los 15 meses en los que se comprometió a no responder, con el fin de dar margen al Estado libanés para proseguir con las negociaciones. En su sesión del 2 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros libanés tipificó como delito el ala militar de Hizbolá y reafirmó el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza.
El régimen israelí no se mostraba dispuesto a negociar, ya que su ocupación militar de una franja del sur del Líbano era un objetivo muy deseado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se había mostrado entusiasta ante los llamamientos del presidente libanés a la negociación hasta abril de 2026, cuando Estados Unidos le presionó para que lo hiciera. El deseo de Israel de excluir al Líbano de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán y de separar los frentes libanés e iraní también le llevó a negociar directamente con el Gobierno libanés, lo que culminó en el acuerdo marco.
¿Por qué se denomina «marco» y qué lo hace tan peligroso?
Se clasifica como marco de referencia, en lugar de como tratado, para eludir la ratificación parlamentaria en esta fase, así como otros niveles de aprobación estipulados en el artículo 52 de la Constitución libanesa. Además, podría haberse redactado de esta forma para aplazar las tensiones derivadas de la Ley de Boicot del Líbano de 1955, que prohíbe determinadas formas de acuerdos y relaciones con Israel. De hecho, este acuerdo supera, en su contenido y redacción, a todos los acuerdos y arreglos anteriores que regulaban las relaciones entre el Líbano e Israel, incluidos el Acuerdo General de Armisticio de 1949; el Acuerdo de Retirada de Tropas entre el Líbano e Israel de 1983; la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada tras la guerra de julio de 2006; y el acuerdo de cese de hostilidades de 2024, que estipulaba que solo las fuerzas militares y de seguridad oficiales del Líbano se desplegarían en la zona al sur del río Litani.
El Marco Trilateral de 2026, en particular las cláusulas 2, 3, 11, 12 y 13, sienta un peligroso precedente. En la práctica, el Líbano ha aceptado la continuación de la ocupación israelí hasta que se produzca el desarme completo de Hizbolá y otros actores no estatales. En otras palabras, la ecuación se ha invertido: la retirada de Israel ya no se considera una obligación incondicional; por el contrario, se exige al Líbano que desarme a Hizbolá como condición para la retirada de Israel. Así pues, el desarme se ha vinculado a la retirada, a pesar de que, según el derecho internacional, la ocupación continuada del territorio libanés está prohibida. Esta es la primera situación difícil en la que se ha visto envuelto el negociador libanés bajo la presión de lo que podría denominarse una «carrera hacia adelante», para acabar enfrentándose a un dilema aún mayor: la incapacidad del Estado libanés para cumplir con el requisito de desarmar a Hizbolá. En consecuencia, vincular la retirada israelí al desarme de Hizbolá hace que dicha retirada dependa de algo que, en la práctica, el Estado libanés carece de capacidad para llevar a cabo.
Otro aspecto peligroso es vincular la reconstrucción a objetivos de seguridad, incluido el desarme de los grupos armados no estatales. El marco exige al Líbano que impida que los grupos armados no estatales se beneficien de los fondos de reconstrucción. Así, la reconstrucción pasa de ser una necesidad humanitaria para hacer frente a los efectos de la guerra y devolver la vida a las zonas devastadas a convertirse en un instrumento condicionado al logro de objetivos políticos y de seguridad.
Aún más peligroso es el modo en que este marco caracteriza a la resistencia como la causa principal de la guerra contra el Líbano, en lugar de la ocupación o las ambiciones israelíes en el Líbano. Esto no tiene precedentes en la historia de la resistencia árabe a la colonización sionista. Atribuye la responsabilidad de la ocupación continuada a Hizbolá y a la resistencia, sugiriendo que su insistencia en conservar las armas es la razón de la ocupación israelí en curso. Esta interpretación trasladaría la esencia del enfrentamiento al propio Líbano, vinculándola a la estructura interna del país y a sus divisiones políticas. El peligro radica en la fragilidad del sistema sectario del Líbano, que podría dar lugar a un conflicto civil cuando existan desacuerdos fundamentales sobre cuestiones como la «soberanía nacional» y la «resistencia a la ocupación» —cuestiones que, en gran medida, han sido objeto de consenso entre los distintos gobiernos libaneses—.
Igualmente alarmante es el intento de eximir a Israel de toda responsabilidad jurídica por sus crímenes, tanto en esta guerra como en guerras israelíes anteriores, tal y como se pone de manifiesto en el marco del acuerdo. El acuerdo insta a ambas partes a abstenerse de emprender «acciones hostiles o adversas» entre sí en los ámbitos jurídico y político, como si el Líbano e Israel estuvieran en pie de igualdad. Desde esta perspectiva, el acuerdo podría limitar la capacidad del Líbano para emprender acciones legales contra Israel a través de mecanismos internacionales. El acuerdo también complica el intercambio de prisioneros al vincularlo a otras cuestiones pendientes.
¿Cuáles son las repercusiones del ataque israelí contra los campos de refugiados palestinos?
Las repercusiones de la guerra en los campos y comunidades palestinas, especialmente entre 2024 y 2026, han sido catastróficas. La guerra provocó desplazamientos masivos, especialmente desde los campos de refugiados palestinos del sur, entre ellos Rashidiya, Burj al-Shamali y Al-Buss, así como desde otras comunidades palestinas, sobre todo en medio de la escalada de órdenes de evacuación tras el 2 de marzo de 2026. A ello se ha sumado el empeoramiento de las condiciones de vida y el colapso de los ingresos debido a las restricciones de movimiento y a la interrupción de las oportunidades laborales, además de una enorme presión sobre la infraestructura de los campamentos.
Los campamentos fueron testigos de desplazamientos en dos direcciones simultáneas. La primera fue el desplazamiento desde los campamentos del sur hacia los del centro y el norte del Líbano, mientras que la segunda fue el desplazamiento hacia los propios campamentos. Muchos residentes del sur, ya fueran libaneses, palestinos o sirios, buscaron refugio en estos campamentos durante los periodos en los que se consideraban relativamente más seguros. En otras palabras, fuimos testigos de desplazamientos tanto hacia los campamentos como fuera de ellos al mismo tiempo.
En las redes sociales aparecieron imágenes impactantes, como, por ejemplo, un vídeo de un pastor libanés que conducía un rebaño —que podría haber ascendido a cientos de cabezas— hacia el campo de Al-Buss durante un periodo en el que este se consideraba relativamente seguro. Los campos palestinos del Líbano cuentan con una amplia experiencia en acoger a refugiados libaneses, especialmente durante la guerra de julio de 2006.
Según un informe publicado por la Organización Palestina de Derechos Humanos (Shahed), el número de familias desplazadas a los campamentos ascendió a 3.062. Suponiendo que el tamaño medio de una familia sea de unos 5,6 miembros, esto supone más de 17.000 personas. Por localidades, el número de familias desplazadas ascendió a 746 en Tiro, 700 en Saida y 62 en Beirut. El norte, concretamente los campamentos de Nahr al-Bared y Beddawi, concentró la mayor parte, con aproximadamente 1.354 familias, a las que se suman 200 familias en el valle de la Bekaa.
Esto plantea la siguiente pregunta: ¿Quién ha cumplido con su responsabilidad para con estas personas desplazadas? Las facciones palestinas y la Organización para la Liberación de Palestina han limitado en gran medida su papel a emitir comunicados de condena y a instar a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente (UNRWA) a que tome medidas. Al mismo tiempo, las facciones no han desempeñado ningún papel tangible a la hora de ayudar a estas personas desplazadas a establecerse y gestionar sus asuntos.
El 4 de marzo de 2026, la UNRWA activó su respuesta de emergencia en el Líbano y posteriormente lanzó un llamamiento de financiación para hacer frente a las consecuencias del desplazamiento. Su actuación se produjo tras la escalada de órdenes de evacuación en el sur, que comenzó el 2 de marzo, cuando las fuerzas israelíes amenazaron a más de 50 localidades y pueblos, principalmente al sur del río Litani. El 17 de marzo, se emitieron órdenes de evacuación israelíes para los campos de refugiados palestinos de la zona de Tiro. La UNRWA acabó gestionando dos refugios de emergencia: el Centro de Formación de Siblin, en Saida, y la escuela de Battir, en el campo de refugiados palestinos de Nahr al-Bared, en el norte del Líbano.
Según las estadísticas de la UNRWA, 1.567 personas desplazadas habían acudido a sus refugios de emergencia. Si tenemos en cuenta el número mucho mayor de personas desplazadas documentadas, surge la pregunta: ¿adónde fueron las demás? Algunas se dirigieron a otros campamentos, otras se quedaron con familiares o en comunidades de acogida, y quienes podían permitírselo alquilaron un alojamiento. También debemos mencionar a quienes nunca abandonaron los campamentos; basándonos en experiencias de desplazamiento anteriores, sabemos que una parte considerable de la población permaneció en los campamentos. Por último, la UNRWA publicó un informe en el que se indicaba que, a fecha de 14 de julio, todas las personas desplazadas alojadas en los refugios de emergencia de la UNRWA se habían marchado.
¿Cómo afectó la guerra a la situación de los palestinos en el Líbano?
Esta guerra ha afectado enormemente a las condiciones de vida y humanitarias de los palestinos en el Líbano. Sin embargo, los factores estructurales que afectan a los derechos de los palestinos en el Líbano se han mantenido sin cambios desde antes de la guerra. Existe una marginación económica, social y espacial, ya que los campamentos se consideran enclaves de seguridad rodeados de puestos de control del ejército libanés y son vistos por el Estado libanés y algunos sectores de la comunidad de acogida como una amenaza. Esta visión centrada en la seguridad de la presencia civil palestina en el Líbano no ha cambiado.
La situación oficial de los palestinos no ha cambiado sustancialmente desde la sesión del Parlamento libanés de agosto de 2010, en la que se modificaron las leyes laborales y de seguridad social. En resumen, las modificaciones de 2010 suavizaron algunas restricciones impuestas a los palestinos como trabajadores extranjeros; sin embargo, según el ordenamiento jurídico libanés, estas leyes requieren decretos de aplicación que aún no se han promulgado. Desde el punto de vista jurídico, la situación permanece prácticamente sin cambios. En la práctica, sin embargo, la situación ha empeorado.
Según una encuesta realizada por la Universidad Americana de Beirut en colaboración con la UNRWA en 2015, aproximadamente el 65% de los refugiados palestinos en el Líbano vivían por debajo del umbral de la pobreza. A principios de 2023, la tasa de pobreza había aumentado hasta el 83%, mientras que la UNRWA estimaba que habría alcanzado el 93% sin su programa de ayuda en efectivo. Este deterioro refleja el impacto de sucesivas crisis: las protestas de 2019, la pandemia de COVID-19, la explosión del puerto de Beirut, la consiguiente crisis financiera, monetaria y económica y, por último, la guerra que se prolonga desde 2023. Todos estos factores y sus repercusiones han agravado aún más la situación y las condiciones de vida de los palestinos en el Líbano.
Recientemente se ha producido un avance en el enfoque del Estado libanés respecto a los derechos de los refugiados palestinos a través del Comité de Diálogo Libanés-Palestino (CDLP), un organismo oficial del Gobierno adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros que carece de representación palestina. En mayo de 2025, el CDLP presentó un conjunto de recomendaciones que constituyen un marco jurídico y basado en los derechos que regula la vida de los palestinos en el Líbano. Asimismo, presentó una recomendación al Consejo Económico y Social del Líbano, que forma parte de la estructura oficial del Estado, solicitando un dictamen consultivo sobre la cuestión.
Nuestro colega Adib Nehme elaboró el borrador del dictamen consultivo, que demostraba una comprensión precisa de la cuestión de los derechos, en particular en lo que respecta a la compatibilidad entre la concesión de derechos a los palestinos y el rechazo al reasentamiento o a los requisitos de soberanía libanesa. Sin embargo, la reunión concluyó sin que el Consejo Económico y Social aprobara este marco. En mi opinión, la cuestión palestina no es una prioridad para el Estado libanés en la actualidad, ya que este parece estar absorto en muchas otras crisis y problemas.
¿Qué supone el desarme de los grupos armados para las facciones palestinas en el Líbano?
Como se ha señalado, el acuerdo marco no aborda directamente ni menciona explícitamente a los palestinos, pero sí insta al desarme de los grupos armados. Esto plantea la cuestión de qué grupos entran dentro de su ámbito de aplicación. Las facciones palestinas se encuentran claramente entre los principales objetivos de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta los esfuerzos de desarme que abordé en una reciente mesa redonda, en un contexto más amplio de transformaciones regionales y presiones destinadas a debilitar a las fuerzas de resistencia.
Entre los acontecimientos recientes más significativos se encuentra la visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, al Líbano en mayo de 2025, que incluyó una cumbre libanopalestina y reuniones oficiales de alto nivel. La declaración conjunta resultante reafirmó el monopolio del Estado libanés sobre el uso de la fuerza. La parte libanesa acogió con satisfacción la postura de Abás y la consiguiente entrega de armas en los campamentos.
Según información atribuida al CDLP, ya se ha entregado aproximadamente el 90% de las armas palestinas incluidas en el proceso actual. Sin embargo, considero que la forma en que se presenta la cuestión de las armas sigue siendo muy problemática. Las facciones palestinas entregaron cantidades sustanciales de armas pesadas y medianas al Ejército libanés en 1991. Aunque el proceso no haya dado lugar a un desarme completo, ¿qué valor militar tienen unas armas que datan de hace más de tres décadas?
Sin embargo, si hablamos de armas adquiridas recientemente, en especial armas pesadas o especializadas, surge una pregunta fundamental: ¿de dónde proceden estas armas y cómo entran en los campamentos? Se trata de cuestiones que no pueden pasarse por alto, ya que los campamentos palestinos están sometidos a un estricto control militar y de seguridad libanés. La misma pregunta se aplica a las personas presuntamente buscadas por las fuerzas de seguridad: ¿cómo entran en los campamentos y cómo salen de ellos?
En mi opinión, la cuestión de las armas se está utilizando, por lo tanto, al menos en parte, como medio para ejercer presión sobre los palestinos en el Líbano y está siendo instrumentalizada por diferentes actores políticos. Esto también se aplica a la Autoridad Palestina, que podría aprovechar su participación en el proceso de entrega de armas para reforzar su posición tanto ante el Estado libanés como ante la comunidad internacional, especialmente teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta en Cisjordania y, en términos más generales, en la política palestina.
Por lo tanto, es esencial distinguir entre la cuestión de los derechos y la cuestión de las armas. Abordar esta última implica consideraciones de soberanía, seguridad y relaciones entre el Líbano y Palestina. Por el contrario, los derechos económicos y sociales de los palestinos en el Líbano no deberían convertirse en moneda de cambio ni en una recompensa política. Los derechos deben reconocerse porque son derechos, no concederse a cambio de la entrega de armas. El acuerdo marco de hoy plantea una cuestión más amplia que va más allá del destino de las armas palestinas en sí mismas.
¿Qué significaría el desarme de Hizbolá para la lucha palestina en general?
En general, el acuerdo puede considerarse parte de un esfuerzo estadounidense-israelí por remodelar el orden político y de seguridad que ha prevalecido en el Líbano desde la guerra de julio de 2006, especialmente en lo que respecta a Irán y a otros miembros del eje de la resistencia, incluidas las facciones palestinas.
De hecho, Hizbolá se ha opuesto sistemáticamente a todos los llamamientos para desarmar los campos de refugiados palestinos en el Líbano, desde el Acuerdo de Taif (1989) hasta la actualidad, ya que, desde la perspectiva del partido, estas armas constituyen un activo para el «eje de la resistencia» en el Líbano y en la región. Hoy, sin embargo, el entorno estratégico del enfrentamiento con Israel ha cambiado significativamente, sobre todo a la luz de los posteriores acontecimientos regionales que culminaron en el acuerdo marco y la «hoja de ruta» para Gaza.
Cualquier esfuerzo que logre desmantelar la estructura militar de Hizbolá, y transformarla en un partido exclusivamente político, tendría importantes implicaciones para la lucha palestina, tanto en el plano político como en el militar, al menos en un futuro previsible. También marcaría el final de un capítulo importante en la historia de la resistencia armada contra Israel en el Líbano. Sin embargo, la represión de la resistencia no debe considerarse inevitable; el curso de los acontecimientos futuros sigue siendo incierto.
