Dan Steinbock, The Palestine Chronicle, 19 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
El Dr. Dan Steinbock, autor de The Fall of Israel (2024) y The Obliteration Doctrine (2025), es el fundador de Difference Group y ha trabajado en el India, China and America Institute (EE. UU.), el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái (China) y el EU Center (Singapur). Para más información: puede consultarse https://www.differencegroup.net/
Las elecciones israelíes de 2026 se celebran en un ambiente político altamente polarizado e incendiario que recuerda a 1995. Por aquel entonces, el proceso de Oslo había dividido a la sociedad israelí entre una derecha cada vez más radicalizada y un Gobierno orientado a la paz. Mientras el clima político incendiario era tolerado por Benjamin Netanyahu, del partido de derecha Likud, el primer ministro laborista Yitzhak Rabin fue tildado públicamente de traidor y asesinado por un extremista judío mesiánico.
La analogía tiene sus límites. En 1995, la cuestión política central era si Israel debía negociar con los palestinos. En 2026, el debate tiene lugar tras el 7 de octubre, tres años de genocidio, la destrucción total de Gaza, la intensificación de los asentamientos y los desplazamientos en Cisjordania y las operaciones militares israelíes que afectan al Líbano e Irán.
En los últimos 10-15 años, el centro de gravedad político del país se ha desplazado drásticamente hacia la seguridad y el poder militar, tal y como se documenta en mi libro The Fall of Israel (2024).
Las encuestas recientes sitúan al bloque de Netanyahu y al de la oposición empatados en unos 50 escaños. Ninguna de las partes cuenta con una coalición de gobierno fiable, aunque los partidos árabes israelíes mantenían el equilibrio —hasta que su representación se vio socavada—.
Los medios internacionales especulan sobre las «reñidas elecciones israelíes» entre el actual primer ministro Netanyahu y sus rivales, sugiriendo tácitamente que estos últimos ofrecen «esperanza» y «cambio». En realidad, las elecciones israelíes no son unas elecciones convencionales de izquierda-derecha, sino un referéndum sobre quién controla el Estado israelí tras años de guerra permanente —y qué tipo de Estado surge de ello—.
No es un panorama halagüeño.
Dos grandes bloques y los no alineados
En el Parlamento israelí, la Knesset, compuesto por 120 miembros, ningún partido tiene mayoría. En la práctica, la rivalidad se da entre dos bloques de partidos: la extrema derecha liderada por Netanyahu y el bloque rival, encabezado por el exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Gadi Eisenkot, que se presenta como centrista (aunque también se inclina hacia la derecha).
Las encuestas actuales apuntan a que las elecciones podrían no arrojar un resultado claro. Cada uno de los principales bloques obtendría alrededor de 50 escaños. Se prevé que los grupos más pequeños no alineados, que podrían conseguir hasta 20 escaños, desempeñen un papel decisivo en la próxima coalición de gobierno. O al menos eso es lo que dice la opinión generalizada.
El Likud de Benjamin Netanyahu sigue defendiendo la primacía militar, la oposición a la creación de un Estado palestino y una concepción de la soberanía israelí centrada en la seguridad.
Una vez más, la campaña del Likud lo presenta como el protector indispensable de Israel en una región hostil, a pesar del catastrófico fracaso del 7 de octubre ocurrido bajo su mandato. Esa descripción contrasta totalmente con los crímenes de guerra de los que sigue siendo acusado.
A falta de alternativas efectivas de la oposición, el principal rival de Netanyahu, el bloque centrista-populista Yashar («honesto»), se ha promocionado como una opción más moderada. Sin embargo, su líder, Gadi Eisenkot, es un halcón en materia de seguridad y el artífice de la «Doctrina de la Aniquilación», que se puso a prueba por primera vez en Dahiya (Beirut) en 2006-2007 y se perfeccionó en el genocidio de Gaza de 2023-2026. Eisenkot considera que la creación de un Estado palestino es, en la práctica, «irrelevante».
Sin embargo, informaciones recientes ponen de manifiesto los límites de la alternativa prometida: la oposición afirma que frenaría la violencia de los colonos extremistas, desmantelaría los asentamientos ilegales y restablecería cierta cooperación con la Autoridad Palestina, pero sus principales figuras siguen rechazando la creación de un Estado palestino. Un cambio de gobierno podría modificar los métodos y las relaciones internacionales sin alterar el consenso territorial subyacente.
A continuación se sitúan los partidos laboristas, de extrema derecha, religiosos y árabes, cada uno de los cuales podría obtener entre 7 y 11 escaños.
Liderados por Yair Golan, los demócratas laboristas son la principal fuerza judía-sionista que aboga más claramente por un acuerdo negociado con los palestinos, al tiempo que mantienen una postura firmemente orientada a la seguridad. Desde hace uno o dos años, el popular Golan ha intentado consolidar y ampliar la izquierda israelí. Su sueño es restablecer el amplio frente laborista que gobernó Israel hasta el triunfo electoral del Likud en 1977. Pero esa es una tarea ardua.
Desde mediados de la década de 2010, Israel se ha desplazado hacia la extrema derecha mesiánica, gracias al endurecimiento de la opinión pública nacional y a los miles de millones de dólares estadounidenses en ayuda militar anual y a la financiación de los judíos estadounidenses conservadores. Cuando el país es recompensado sistemáticamente por políticas que el derecho internacional considera delitos, esto no es de extrañar.
La extrema derecha, los laicos y los no tan centristas religiosos
B’Yachad («Juntos») es una alianza política israelí liderada por el ex primer ministro Naftali Bennett en colaboración con el líder de la oposición centrista, Yair Lapid. Bennett es un veterano líder religioso de extrema derecha y millonario del sector tecnológico. Ambos cuestionan el liderazgo de Netanyahu y discrepan en materia de diplomacia, gobernanza y relaciones con Washington, pero la oposición a la creación de un Estado palestino sigue siendo generalizada. El partido de Lapid, Yesh Atid («Hay un futuro»), es un partido político centrista, laico y liberal fundado en 2012, antes de que se desatara la ola de extrema derecha.
En línea con los sionistas religiosos y los extremistas de extrema derecha, Bennett rechaza explícitamente la creación de un Estado por motivos de seguridad. Durante el conflicto de Gaza, defendió el bloqueo total. Cuando se le preguntó por los daños colaterales a la población civil, Bennett respondió: «Estamos luchando contra nazis». Lapid ha apoyado históricamente un marco de dos Estados. Sin embargo, ha estado ausente en votaciones cruciales en Israel.
El partido Yisrael Beiteinu («Israel es nuestro hogar») de Avigdor Lieberman cuenta con el apoyo de la población laica de inmigrantes rusos. Este pequeño partido se presenta a sí mismo como «un movimiento nacional con la clara visión de seguir el audaz camino de Ze’ev Jabotinsky», fundador del sionismo revisionista y héroe de la extrema derecha israelí. En el periodo de entreguerras, Jabotinsky estableció vínculos con la Italia fascista.
Durante el genocidio de Gaza, Lieberman reiteró que «no hay inocentes en Gaza».
También hay dos partidos religiosos: el Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), mayoritariamente ashkenazí, y el Shas, en su mayoría sefardí. Estos son los principales partidos políticos ultraortodoxos (haredi), que representan a comunidades religiosamente practicantes. A pesar de contar con una minoría de escaños, han desempeñado un papel crucial como mediadores de poder en los gobiernos de coalición.
La extrema derecha mesiánica y los racistas kahanistas
A la cabeza de la nueva extrema derecha se encuentra Otzma Yehudit («Poder Judío»), el partido racista y antiárabe de Itamar Ben-Gvir. Como ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir ha abogado por intensificar los asesinatos en Gaza y por políticas que combinan el asedio, la fuerza militar, la emigración palestina y los asentamientos. Recientemente, afirmó que toda Cisjordania «pertenece a Israel», al tiempo que amenazaba con desmantelar la Autoridad Palestina.
Fuera de Israel, Ben-Gvir es despreciado. Es seguidor de las doctrinas violentas, mesiánicas y racistas del difunto rabino Meir Kahane. En la década de 1980, podría haber acabado en la cárcel. Hoy en día, es una figura clave de la extrema derecha.
El Partido Sionista Religioso de Bezalel Smotrich es anexionista, está orientado a los asentamientos y se muestra explícitamente hostil a la creación de un Estado palestino. Smotrich ha defendido el control israelí y la colonización de Gaza.
Fuera de Israel, Smotrich es ampliamente despreciado. En Israel, su partido sigue siendo influyente y su apoyo va en aumento.
Ben-Gvir y Smotrich gozan de popularidad entre los colonos y sus poderosos valedores políticos y financieros.
Lo más llamativo es que la corriente dominante del espectro político se ha desplazado tanto hacia la seguridad militarizada que la oposición a Netanyahu no implica necesariamente una oposición a la lógica territorial y militar subyacente.
Salvo los demócratas, los partidos israelíes aceptarían más o menos de buen grado un Israel exclusivamente judío con Gaza y Cisjordania anexionadas de forma permanente.
Exclusión de los árabes israelíes de las elecciones, de forma democrática
El 21% de la población árabe y palestina de Israel tiene derecho constitucional a votar. Sin embargo, su representación política está siendo suprimida por vía jurídica.
Los principales partidos de mayoría árabe de Israel son:
- Ra’am (Lista Árabe Unida), que hace hincapié en las cuestiones cívicas y el pragmatismo;
- el partido de izquierda conjunto árabe-judío Hadash;
- el partido laico Ta’al, centrado en los derechos civiles y las cuestiones socioeconómicas;
- y el partido nacionalista palestino Balad.
En Gaza y Cisjordania, los árabes palestinos viven en un Estado de apartheid, pero las prácticas abiertamente segregacionistas se están extendiendo al interior del propio Israel. A la luz del objetivo efectivo de un único Estado judío, eso es lógico.
Hasta hace poco, la campaña electoral israelí seguía una rutina habitual. En primer lugar, la Comisión Electoral Central (CEC), un órgano político, descalificaba a los candidatos y listas árabes. A continuación, el Tribunal Supremo (TS) los readmitía en la contienda. Este año, ese ritual ha llegado a su fin. Recientemente, la CEC votó a favor de excluir de las elecciones a las principales listas de mayoría árabe (Ra’am y la Lista Conjunta). Los líderes de los partidos y organizaciones de derechos humanos como Adalah denunciaron estas exclusiones como maniobras racistas, políticas y antidemocráticas, diseñadas para silenciar a los ciudadanos palestinos de Israel e impedir que influyan en el voto.
El Tribunal Supremo anuló las prohibiciones impuestas por la comisión a Ra’am y a la Lista Conjunta, lo que permitió a ambas listas presentarse a las elecciones del 27 de octubre. Sin embargo, se mostró inclinado a inhabilitar al líder de Balad, Sami Abu Shehadeh, quien posteriormente se retiró. Este episodio pone de relieve la creciente politización de los controles judiciales en Israel y la presión constante sobre la representación política palestina.
En la práctica, la sentencia del Tribunal Supremo estableció normas diferentes para árabes y judíos, lo cual es propio de un Estado de apartheid, no de una democracia.
¿A qué se debe esta prisa por negar la representación palestina?
Las encuestas han demostrado sistemáticamente que los partidos árabes podrían actuar como «fabricantes de reyes» en una reñida contienda electoral en la que ninguno de los dos grandes bloques judíos tiene garantizada una mayoría clara. En consecuencia, los principales bloques, en particular los partidarios de Netanyahu, han tratado de marginar a los partidos árabes de las elecciones para asegurar otra victoria de la extrema derecha. Además, incluso los rivales de Netanyahu evitan recurrir a los partidos árabes, aunque eso pudiera garantizarles el liderazgo.
La exclusión tiene una consecuencia política evidente, al margen de sus implicaciones constitucionales. Acerca a Israel un paso más hacia un Estado de apartheid exclusivamente judío, en el que otros grupos étnicos y religiosos no son más que ciudadanos de segunda clase —simbolismos exóticos para mantener la apariencia de una democracia próspera—.
Hacia una democracia de apartheid
Los ciudadanos árabes de Israel se enfrentan a una peculiar paradoja democrática: pueden votar, pero los principales bloques judíos insisten cada vez más en que sus representantes no pueden gobernar.
En The Fall of Israel, describí esta tendencia como la «democracia del Herrenvolk»; es decir, un sistema político que funciona como un Estado democrático para el grupo étnico o racial dominante (la «raza superior»), pero que se convierte en una tiranía severa o en un sistema de apartheid para los grupos minoritarios marginados. Solía caracterizar a los Estados Unidos de la época anterior a la Guerra Civil y de las leyes Jim Crow, a Zimbabue (Rhodesia, 1965-1979) y a la Sudáfrica de la era del apartheid (1948-1994).
Trágicamente, mientras la mayoría de las naciones luchan por avanzar hacia el futuro, Israel está retrocediendo a trompicones hacia el pasado. Con el apoyo efectivo de Washington, está construyendo un régimen de leyes estatales y locales, normas y costumbres que recuerdan a la segregación racial en los Estados Unidos anteriores a los derechos civiles.
De hecho, el discurso político israelí distingue cada vez más entre la legitimidad política judía y la árabe. A una se le da prioridad; a la otra se la suprime.
Esto tiene más consecuencias que la retórica incendiaria de campaña. Se trata de la cuestión institucional de a quién se le permite participar en la determinación de la soberanía. Que uno llame a esto racismo, etnonacionalismo, democracia excluyente o de otra forma depende, en parte, de la definición analítica de cada uno. Pero los hechos subyacentes son difíciles de eludir.
Puede que el mundo no sea blanco o negro. Pero el Estado del apartheid siempre lo es.
El genocidio ausente de Gaza
En otoño de 2023, Israel comenzó a cometer atrocidades genocidas en Gaza. Sin embargo, no es hasta hoy, varios años después, cuando los principales medios de comunicación están empezando, muy lentamente, a utilizar el término que durante demasiado tiempo evitaron, contribuyendo así a estas atrocidades.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó en 2025 que Israel había cometido genocidio contra los palestinos de Gaza y reiteró esa conclusión en junio de 2026. Israel rechaza la acusación.
Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los que se incluye el uso del hambre como método de guerra.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha expresado su preocupación por la limpieza étnica en Gaza y Cisjordania, citando el traslado forzoso, la destrucción y políticas aparentemente encaminadas a un cambio demográfico permanente. En septiembre de 2026, la ONU informó de desplazamientos continuos, la expansión de los asentamientos y una violencia sin precedentes por parte de los colonos en Cisjordania.
En los últimos días previos a la votación, esta violencia se volvió imposible de tratar como una preocupación lejana o abstracta: el 16 de octubre, unos colonos enmascarados golpearon brutalmente a la fotoperiodista del Washington Post Heidi Levine en Cisjordania; al día siguiente, una delegación diplomática europea fue agredida cerca de Taybeh mientras participaba en la cosecha de aceitunas. Los incidentes provocaron la condena de funcionarios israelíes y estadounidenses, mientras que la oficina de Netanyahu subrayó que los hechos aún estaban siendo investigados. Su oportuna intervención ha convertido la impunidad de los colonos en un tema electoral directo.
Por el contrario, el genocidio de Gaza se silencia sistemáticamente en las campañas electorales de Israel. Esto crea una realidad política incómoda: amplios sectores del sistema político o bien apoyan estas políticas, las defienden como medidas de seguridad necesarias o las tratan como algo políticamente marginal.
Como resultado, el debate electoral se ha desarrollado en gran medida dentro de los límites establecidos por una concepción militarizada de la seguridad. Gaza y la limpieza étnica están prácticamente ausentes de las campañas.
La supremacía judía a través de la emergencia permanente
En septiembre de 2026, el secretario general de la ONU volvió a describir un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967 como la vía creíble hacia una paz duradera, al tiempo que advertía de que la expansión de los asentamientos, los desalojos, las confiscaciones de tierras y los desplazamientos están erosionando sistemáticamente su viabilidad territorial.
La comunidad internacional sigue considerando de forma abrumadora la solución de dos Estados como el principal marco diplomático. Sin embargo, la corriente electoral mayoritaria israelí considera que la creación de un Estado palestino es inaceptable, prematura o irrelevante.
Esto tiene consecuencias estratégicas. Si no hay un Estado palestino, la alternativa se convierte en una combinación duradera de ocupación, anexión, autonomía palestina fragmentada, soberanía desigual… o conflicto eterno.
Por lo tanto, las elecciones no solo conciernen a Netanyahu. Se trata de si la política israelí sigue considerando la separación territorial de los palestinos como una posibilidad estratégica.
Para garantizar esta última respuesta, el instrumento electoral más poderoso de Netanyahu no es solo el Likud, sino la política de la emergencia.
La cuestión de la «sorpresa de octubre» se ha hecho ahora explícita. El 14 de octubre, Netanyahu afirmó que no estaba a favor de un ataque preventivo contra Irán antes del día de las elecciones, después de que sus rivales le acusaran de buscar un enfrentamiento militar para obtener ventaja electoral. Esa negación no es prueba de un ataque planeado; sin embargo, el hecho de que la posibilidad haya entrado en la campaña subraya la facilidad con la que una escalada regional podría alterar el resultado de las elecciones.
Mientras Israel siga envuelto en múltiples conflictos, el primer ministro puede hacer campaña presentándose como el hombre que se enfrenta a Irán, Hizbolá, Hamás y un entorno internacional cada vez más hostil. (El cargo de primer ministro es vital para que Netanyahu conserve la inmunidad frente a las persistentes acusaciones de corrupción).
Las actuales elecciones demuestran cómo la política de emergencia puede convertirse en un círculo vicioso. Un gobierno que libra guerras conserva una enorme autoridad en materia de seguridad, ya que las crisis de seguridad potencian el tema preferido del gobernante. El miedo resultante hace que resulte más difícil articular alternativas políticas efectivas.
Una escalada en Irán, el Líbano, Gaza o Cisjordania podría generar otra atmósfera de emergencia nacional durante el período electoral. El primer ministro conservador tiene un historial sombrío a la hora de fabricar o explotar crisis que le convienen, como demuestran las «inconsistencias» en torno al vuelo FZ1073 de Flydubai del 30 de septiembre de 2026.
Washington —y el mundo— notarán las consecuencias
Las elecciones no solo determinarán el próximo Gobierno de Israel. Para Washington, la cuestión central es si la alianza seguirá siendo estratégicamente bipartidista. Ya está dejando de serlo.
Una votación del Senado celebrada en septiembre de 2026 sobre los requisitos de información relativos a los abusos en Cisjordania se dividió casi por completo según las líneas partidistas. Sin embargo, la creciente oposición demócrata a la política israelí y la creciente preocupación de que la estrecha alineación de Netanyahu con los republicanos está convirtiendo a Israel en un tema partidista en Estados Unidos.
Para Europa, la expansión de los asentamientos y la situación en Gaza ya han generado crecientes fricciones diplomáticas. El aislamiento internacional de Israel ya no se limita a sus críticos tradicionales. Varios aliados occidentales de larga data han adoptado sanciones relacionadas con los asentamientos. No obstante, este debate está sujeto a las fricciones mucho más amplias en torno al rearme europeo.
Para Oriente Medio y a nivel internacional, los costes ya se han disparado drásticamente. Peor aún, un Gobierno israelí comprometido con una presencia militar permanente, la expansión de los asentamientos o la anexión haría que la creación de un Estado palestino resultara cada vez más difícil de llevar a cabo, al tiempo que mantendría al Líbano, Siria, Irán y Jordania enredados en la arquitectura de seguridad de Israel.
Y para el propio Israel, la elección fundamental va más allá del enfrentamiento entre Netanyahu y sus oponentes. Se trata de si el país continúa por la senda de la movilización permanente, la consolidación territorial y la disuasión militar.
A falta de presión internacional, cuesta entender por qué el sistema político israelí volvería a plantear la cuestión clave: ¿cómo se podría lograr, en última instancia, la seguridad sin un acuerdo político con los palestinos?
A diferencia de 1995, ahora la respuesta no solo la juzgarán los israelíes, sino también una comunidad internacional cada vez más dispuesta a evaluar la conducta de Israel a la luz del derecho internacional, como debe ser.
Ya no puede haber ningún acuerdo político duradero sin una mayor presión internacional, a menos que se considere que las leyes Jim Crow son el futuro digno de la comunidad mundial en el siglo XXI.
Ilustración de portada de The Palestine Chronicle.
