Sami Al-Arian, Middle East Eye, 27 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Sami Al-Arian es director del Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul. Originario de Palestina, vivió en Estados Unidos durante cuatro décadas (1975-2015), donde fue académico titular, destacado orador y activista de derechos humanos antes de trasladarse a Turquía. Es autor de varios estudios y libros. Pueden ponerse en contacto con él en: nolandsman1948@gmail.com.
Mientras los israelíes acuden a las urnas para unas elecciones generales, los palestinos no tienen a la vista ninguna posibilidad de votar.
Sus elecciones legislativas, previstas para el 28 de noviembre, habrían sido las primeras desde enero de 2006, cuando Hamás obtuvo una mayoría parlamentaria.
El 10 de octubre, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, pospuso dichos comicios mediante decreto hasta septiembre de 2027, fijando para esa misma fecha las elecciones presidenciales —las primeras desde su propia elección en enero de 2005—. Es la segunda vez en cinco años que Abbas aplaza una votación.
Esa misma cúpula dirigente es la que está estableciendo las condiciones para la unidad palestina. Fatah ha exigido a Hamás que acepte formalmente siete condiciones políticas impuestas por Abás como requisito para la reconciliación nacional.
Durante las conversaciones celebradas en El Cairo el 14 de octubre, una delegación de Fatah —encabezada por Yibril Rayub y que incluía al ex primer ministro Mohammad Shtayyeh— insistió en que Hamás se comprometa con el programa político y los acuerdos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), los cuales contemplan el reconocimiento de Israel.
La delegación también pidió a Hamás que respaldara una solución de dos Estados, basada en las resoluciones de la ONU, y que se limitara a una resistencia popular pacífica.
Las condiciones incluyen, además, la existencia de una única autoridad armada legítima, un gobierno tecnocrático —designado por Abás— para administrar Cisjordania y Gaza, y que la OLP sea la única entidad responsable de las negociaciones con Israel.
Fatah solicitó al buró político de Hamás que suscribiera estos compromisos antes de abordar su representación en la OLP y en el Consejo Nacional Palestino.
Hamás aceptó el documento en principio y señaló que lo analizaría internamente, aunque expresó serias reservas respecto a la cláusula de los dos Estados y al reconocimiento de Israel. La ronda de conversaciones concluyó sin acuerdo, y la siguiente sesión ha sido pospuesta hasta después de las elecciones en Israel, previstas para el 27 de octubre.
El aspecto más preocupante de las exigencias de Fatah es la premisa subyacente de que la reconciliación palestina solo puede producirse una vez que Hamás acepte el programa político de Fatah.
Se trata de una propuesta sorprendente, proveniente de un movimiento cuya propia estrategia no ha logrado garantizar la independencia palestina —ni siquiera unos derechos mínimos— tras más de tres décadas de negociaciones.
La unidad palestina es una necesidad urgente. La división entre Fatah y Hamás ha debilitado a las instituciones palestinas, fracturado la representación nacional y agravado el sufrimiento de los palestinos en Gaza y Cisjordania.
Sin embargo, no es posible alcanzar la unidad exigiendo a una de las partes que renuncie a sus posturas políticas fundamentales como condición previa para participar en la toma de decisiones a nivel nacional.
El genocidio perpetrado por Israel en Gaza, que ha costado la vida a al menos 74.000 palestinos, ha llevado a millones de personas en todo el mundo a cuestionar los fundamentos del sionismo y el orden político impuesto en la Palestina histórica. Pese a ello, Fatah exige a Hamás que reconozca formalmente dicho orden y acepte un marco diplomático que, desde los Acuerdos de Oslo, ha sido un fiasco para los palestinos.
El legado de Oslo
El programa de la OLP no es algo sagrado ni inmutable. Ha experimentado cambios profundos a lo largo del último medio siglo, a menudo sin contar con un mandato democrático del pueblo palestino.
En 1974, la OLP adoptó su «Programa de los Diez Puntos», abriendo la puerta a una autoridad nacional palestina sobre cualquier territorio liberado de la ocupación israelí. La Declaración de Independencia de 1988 y las decisiones políticas que la acompañaron avanzaron hacia una solución basada en las resoluciones de la ONU y en las fronteras de 1967. En septiembre de 1993, la OLP reconoció formalmente a Israel.
Cada concesión se justificó como un paso necesario hacia la independencia; sin embargo, los palestinos no obtuvieron ninguna garantía vinculante de independencia, soberanía o retorno de los refugiados.
Abás firmó los Acuerdos de Oslo en la Casa Blanca el 13 de septiembre de 1993 en nombre de la OLP, junto con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shimon Peres, y en presencia de Yaser Arafat, Yitzhak Rabin y el presidente estadounidense Bill Clinton. Cuatro días antes, Arafat había reconocido a Israel en nombre de la OLP.
A cambio, Israel reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino.
No reconoció un Estado palestino, no acordó poner fin a la ocupación, no aceptó el derecho al retorno de los refugiados ni concedió ningún derecho a los palestinos en Jerusalén Oriental. Treinta y tres años después, los palestinos siguen sin contar con autodeterminación, soberanía ni independencia.
A finales de 1993, alrededor de 116.000 colonos israelíes vivían en Cisjordania y Gaza, sin contar Jerusalén Oriental. Para finales de 2023, más de 511.000 colonos residían solo en Cisjordania. En agosto de 2026, Cisjordania y Jerusalén Oriental albergaban, en conjunto, a cerca de 780.000 personas en asentamientos que son ilegales según el derecho internacional.
Dicho territorio, supuestamente reservado para un Estado palestino, ha quedado fragmentado por asentamientos, puestos de control e infraestructura militar.
El ex secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, quien dedicó años a intentar reactivar las negociaciones, afirmó en diciembre de 2016 que la solución de dos Estados se encontraba «en grave peligro» y que era «la política permanente de construcción de asentamientos la que amenaza con hacer imposible la paz».
Asimismo, señaló que la expansión de los asentamientos y la ocupación prolongada estaban conduciendo hacia una realidad irreversible de un solo Estado. Desde entonces, la expansión de los asentamientos ha continuado sin cesar.
Un mandato caducado
La Autoridad Palestina sigue obstinadamente comprometida con este marco fallido. Sus instituciones, sus relaciones internacionales y sus acuerdos de seguridad se han desarrollado en torno a Oslo, incluso a medida que la posibilidad de alcanzar sus objetivos declarados se ha ido alejando progresivamente.
Abandonar Oslo supondría admitir que la estrategia sobre la cual la Autoridad Palestina construyó su autoridad ha fracasado. Sin embargo, pretende que Hamás respalde esa trayectoria.
Las condiciones, además, van mucho más allá del reconocimiento diplomático. Exigirían a Hamás que aceptara un gobierno designado por Abás y una autoridad armada única, bajo un sistema político configurado por los Acuerdos de Oslo.
Abás, elegido en 2005 para un mandato de cuatro años, lleva ya 22 años en el cargo sin un mandato popular renovado; por su parte, el parlamento en el que Hamás obtuvo la victoria en 2006 no ha vuelto a ser objeto de elecciones desde entonces.
Una cúpula dirigente que no se ha sometido a elecciones nacionales en dos décadas no está en condiciones de imponer la conformidad política como requisito para participar en las instituciones palestinas.
Asimismo, la exigencia de una autoridad armada única y legítima no puede desvincularse de la prolongada coordinación en materia de seguridad que la Autoridad Palestina mantiene con Israel —una colaboración que el propio Abás llegó a calificar de «sagrada»—. En última instancia, las instituciones de seguridad palestinas deben rendir cuentas ante el pueblo palestino y servir a sus derechos nacionales. Aquellos mecanismos diseñados para gestionar una ocupación, en lugar de ponerle fin, no pueden servir para tal propósito.
La OLP afirma ser la única representante legítima del pueblo palestino. Esta afirmación conlleva la obligación de representar todo el espectro de la opinión política palestina, incluidos aquellos movimientos que discrepan fundamentalmente de su actual dirección.
Las condiciones de El Cairo invierten este principio. Fatah exige que Hamás acepte su programa político antes de permitirle integrarse en las instituciones que, supuestamente, representan a todos los palestinos. Eso exige sumisión política, no reconciliación.
Una reconciliación genuina debe comenzar con la reforma de la OLP, de modo que los palestinos puedan elegir a sus representantes y definir su programa nacional sin condiciones impuestas por una sola facción. El programa debería surgir de ese proceso; ninguna facción puede imponerlo como requisito previo para iniciarlo.
Cambio en el debate
El momento en que se plantean las exigencias de El Cairo las hace aún más insólitas. El genocidio ha transformado el debate internacional sobre Palestina.
La destrucción de barrios enteros, la matanza masiva de civiles, el desplazamiento forzoso, la hambruna y la devastación de hospitales, escuelas y universidades han sacado a la luz realidades que los gobiernos occidentales y gran parte de los medios de comunicación dominantes habían ocultado durante décadas.
En diciembre de 2023, Sudáfrica inició un procedimiento contra Israel en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; por su parte, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024. En julio de 2024, el tribunal concluyó, en una opinión consultiva independiente, que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y debe terminar lo antes posible.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Estos acontecimientos jurídicos han coincidido con un cambio más amplio en la conciencia pública. Los estudiantes han cuestionado los vínculos de sus universidades con instituciones israelíes; los sindicatos y las asociaciones profesionales han puesto en tela de juicio la complicidad de gobiernos y empresas; y las manifestaciones masivas han situado a Palestina en el centro del debate público en todos los continentes.
El debate ha comenzado, además, a cuestionar los fundamentos históricos del propio sionismo. Ya no se limita a la ocupación de los territorios arrebatados en 1967. Abarca, cada vez más, la Nakba de 1948 —la expulsión de unos 750.000 palestinos—, la negación del derecho al retorno de los refugiados y los privilegios institucionales que separan a los israelíes judíos de los palestinos.
Para muchos, la cuestión fundamental ha cambiado. Ya no se trata de dónde deberían trazarse las fronteras de un futuro Estado palestino, sino de si un orden político basado en el colonialismo de asentamiento, el despojo y la supremacía étnica puede llegar a ofrecer igualdad, libertad, justicia y dignidad.
Los gobiernos occidentales siguen armando y protegiendo a Israel. Sin embargo, la opinión pública está cambiando, y la legitimidad del proyecto sionista se cuestiona de formas que habrían sido difíciles de imaginar hace una generación.
En un momento así, se pide a los palestinos que reafirmen dicha legitimidad como condición para la unidad nacional. El movimiento nacional debería estar ampliando el debate sobre la liberación, el retorno y la igualdad; en cambio, la dirección de la OLP parece decidida a circunscribirlo a una fórmula que ya ha fracasado.
Las concesiones de Hamás
Hamás también debe examinar su propia responsabilidad a la hora de crear brechas que otros buscan aprovechar.
En mayo de 2017, el movimiento presentó en Doha su «Documento de principios y políticas generales». En él, distinguía acertadamente entre el judaísmo, como religión, y el sionismo, como movimiento político. Sin embargo, el artículo 20 aceptaba un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 —con Jerusalén como capital y el retorno de los refugiados— como una fórmula de consenso nacional.
Hamás insistió en que esto no equivalía ni al reconocimiento de Israel ni a la renuncia a ningún derecho palestino. No obstante, en mi opinión, al aceptar el marco territorial de la solución de dos Estados, abrió la puerta a exigencias para que aceptara el resto de la fórmula.
Las exigencias planteadas en El Cairo ilustran ese peligro, al presionar a Hamás para que reconozca la solución de dos Estados y acepte el programa de la OLP. Hamás debería haber aprendido de la experiencia de Fatah que las concesiones políticas rara vez ponen fin a la presión para obtener más concesiones.
La gestión de la liberación del soldado israelí-estadounidense Edan Alexander en mayo de 2025 ofreció otra advertencia. Hamás se desprendió de un activo de negociación importante tras mantener contactos con intermediarios estadounidenses, sin obtener a cambio ningún compromiso vinculante por parte de Israel para poner fin a sus operaciones militares, liberar a los prisioneros palestinos o acordar un alto el fuego. Como señalé en agosto, la buena voluntad no puede sustituir a los compromisos exigibles.
Las exigencias de El Cairo implican concesiones de una naturaleza mucho mayor y más permanente. El reconocimiento de Israel, la aceptación del programa de la OLP y el abandono de la resistencia armada —un derecho reconocido por el derecho internacional— alterarían la identidad política del movimiento. Una vez plasmados en acuerdos, tales compromisos no podrían revertirse fácilmente.
Hamás y la Yihad Islámica deberían sopesar cuidadosamente las implicaciones, sobre todo porque sus propias decisiones estratégicas requieren un análisis riguroso tras la devastación de Gaza.
La responsabilidad por las matanzas masivas, la hambruna y el castigo colectivo perpetrados por Israel recae en quienes los llevaron a cabo y en los gobiernos que los hicieron posibles. Eso no exime a ningún movimiento de examinar sus propias decisiones y aprender de sus errores.
Pero el sufrimiento de los palestinos nunca debe utilizarse para forzar la renuncia a sus derechos nacionales. La ayuda humanitaria, la reconstrucción, el intercambio de prisioneros y la administración civil requieren, todos ellos, medidas prácticas urgentes. Ninguna de estas cuestiones debe estar condicionada al reconocimiento de un despojo permanente ni al abandono del derecho al retorno.
Reconstruir la unidad
La reconciliación palestina debe ir más allá de un simple acuerdo entre las cúpulas de las distintas facciones. Debe restaurar un movimiento nacional que represente a los palestinos bajo ocupación, en los campos de refugiados y en toda la diáspora, contando con instituciones que rindan cuentas de manera democrática.
Su programa debe proteger los derechos nacionales, sobre los cuales ninguna facción tiene autoridad para poder renunciar a ellos. La liberación de Palestina de la dominación y la supremacía sionistas, el derecho al retorno, la autodeterminación, la igualdad y el rechazo al colonialismo de asentamiento deben constituir sus pilares fundamentales.
Es posible que los palestinos discrepen sobre las estructuras políticas y las estrategias de resistencia; una OLP reformada debería dar cabida a esas diferencias en lugar de suprimirlas. Asimismo, tendría que abordar las consecuencias de los Acuerdos de Oslo, replantear la relación entre la Autoridad Palestina y la ocupación, y establecer mecanismos claros de rendición de cuentas por las decisiones tomadas en nombre del pueblo palestino.
La alternativa que propone Fatah consiste en absorber a Hamás, a la Yihad Islámica y a otras facciones de la resistencia dentro de instituciones cuya dirección ya ha sido predeterminada, lo que socava la independencia política y la legitimidad democrática del movimiento nacional.
El contexto internacional aconseja actuar con cautela. La OLP se adhirió a los Acuerdos de Oslo poco después del colapso de la Unión Soviética —momento en el que la supremacía estadounidense parecía indiscutible— y aceptó un marco definido por Washington e Israel. Aquel cálculo resultó desastroso.
Si bien el poder de Estados Unidos sigue siendo inmenso, su predominio se enfrenta hoy a desafíos crecientes por parte de China, un grupo BRICS ampliado y diversas potencias intermedias en el Sur Global.
En Oriente Medio, la posición estratégica de Irán en el estrecho de Ormuz y la capacidad de los hutíes de Yemen para perturbar la navegación cerca de Bab el-Mandeb han dejado al descubierto las vulnerabilidades de un orden de seguridad regional dominado durante mucho tiempo por Estados Unidos y sus aliados.
Nada de esto garantiza la liberación de Palestina. Sin embargo, pone de manifiesto el peligro de realizar concesiones permanentes bajo la suposición de que el dominio estadounidense y la capacidad de Israel para imponer sus condiciones perdurarán indefinidamente.
La paciencia estratégica exige un trabajo político disciplinado, la reconstrucción de las instituciones nacionales, la formación de una nueva generación y la ampliación de la solidaridad internacional. También requiere preservar la independencia política mientras las consecuencias de los cambios regionales y globales permanezcan aún sin definir.
La tarea más urgente consiste en plantear una visión política que aborde tanto los derechos históricos de los palestinos como la creciente demanda internacional de un futuro sin supremacía étnica o religiosa. Dicha visión debe proteger los derechos de todos los habitantes, al tiempo que rechaza las estructuras políticas que han sustentado el despojo de los palestinos.
Tras 33 años desde los Acuerdos de Oslo, Fatah no ha logrado conseguir la independencia, detener la expansión de los asentamientos ni restaurar los derechos de los refugiados palestinos. Sin embargo, sigue exigiendo el reconocimiento de Israel como precio a pagar por la unidad palestina.
Esta exigencia demuestra hasta qué punto su liderazgo permanece atrapado en las políticas fallidas del pasado. Si Hamás la aceptara, no haría sino agravar ese fracaso.
Los palestinos necesitan unidad para alcanzar la liberación, la libertad y el retorno; no una unidad comprada a costa de renunciar a sus derechos nacionales. Hamás no debe realizar otra concesión histórica, precisamente ahora que los cimientos del viejo orden están siendo cuestionados.
Foto de portada: Un peatón pasa frente al edificio cerrado del Consejo Legislativo Palestino en Ramallah, el 11 de octubre de 2026, un día después de que Mahmud Abás pospusiera las elecciones legislativas hasta septiembre de 2027 (Zain Jaafar/AFP).
