Ghada Majadli, Middle East Eye, 30 octubre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Ghada Majadli es investigadora y aspirante a doctorado afincada en Londres, además de analista de políticas en Al-Shabaka. Sus trabajos se han publicado en revistas académicas y han aparecido en medios de comunicación internacionales.
La alta participación de los palestinos en las elecciones de Israel se vio impulsada, en parte, por los recientes intentos de eliminar la representación política palestina en la Knéset.
Esto es así independientemente de lo que pensemos sobre la participación palestina en el Parlamento israelí; Israel y sus aliados han utilizado durante mucho tiempo dicha participación para blanquear el carácter racista del Estado y desestimar las acusaciones de apartheid.
La existencia de representación parlamentaria palestina no anula el régimen de apartheid ni las 50 leyes discriminatorias que rigen la vida de los ciudadanos palestinos de Israel.
Los palestinos en Israel acudieron a votar porque otro mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu —apoyado por una alianza con los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich— habría tenido consecuencias mortales para los palestinos en todas partes.
Esto incluye a los palestinos dentro de Israel, quienes se han enfrentado a una escalada de violencia política e incitación, a crecientes llamamientos a su desplazamiento y expulsión y a esfuerzos cada vez más agresivos para hostigarlos y perseguirlos.
Entre estos actos se incluye el reciente establecimiento de un asentamiento ilegal en tierras de Majd al-Krum, llevado a cabo por un grupo de jóvenes colonos de extrema derecha e impulsado por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich; una acción que replica las mismas prácticas de confiscación de tierras y expansión de asentamientos que tienen lugar en Cisjordania. También se incluyen ataques contra la identidad cultural palestina y restricciones al uso del idioma árabe en los lugares de trabajo.
Por mucho que queramos interpretar el aumento de la participación electoral como una respuesta al genocidio en Gaza, a la acelerada campaña de limpieza étnica en la Cisjordania ocupada y al deterioro de las condiciones de los presos palestinos —y, de hecho, muchos votantes tenían presentes estas preocupaciones, incluidos aquellos que habían boicoteado las elecciones israelíes durante toda su vida—, una parte importante de la motivación residía en la creciente expansión de la violenta represión israelí en los territorios de 1948.
En efecto, los palestinos en Israel votaban por su propia supervivencia.
Una perspectiva más amplia
Al mismo tiempo, albergo ciertas reservas sobre cómo se ha presentado y narrado la participación palestina en estas elecciones, así como sus resultados iniciales. Es importante corregir algunas de estas interpretaciones erróneas y no perder de vista el panorama general.
En primer lugar, la reticencia de los palestinos a participar en las elecciones israelíes tiene una larga trayectoria política, fundamentada en diversas razones. Algunos palestinos boicotean los comicios por principios, rechazando la participación parlamentaria como vía política y negándose a legitimar las instituciones del Estado israelí.
Otros se cuestionan si la representación parlamentaria puede lograr un cambio sustancial en un Estado que se fundó sobre su desplazamiento y desposesión, y que ha continuado perpetuando estos procesos —bajo distintas formas— en todos los territorios palestinos desde 1948.
Para muchos, la experiencia de décadas de participación parlamentaria no ha hecho más que reforzar esta postura. Las condiciones a las que se enfrentan los palestinos no han cambiado de forma fundamental, ni pueden hacerlo, sin desmantelar las estructuras profundas de la dominación sionista y la supremacía judía, y sin transformar las relaciones de poder entre los judíos israelíes y los palestinos.
Esta postura se basa, además, en la premisa de que los derechos civiles de los palestinos en Israel no pueden separarse de sus derechos políticos y nacionales. La representación parlamentaria no ha alterado sustancialmente su posición de subordinación, ni siquiera en lo que respecta a sus derechos civiles.
Sin embargo, en un momento crítico en el que las condiciones se deterioran rápidamente, los palestinos se ven cada vez más acorralados. El ya de por sí estrecho margen para la acción política se restringe aún más. Muchos ven ahora el voto como una de las pocas herramientas que les quedan, aun cuando sus expectativas sobre lo que se puede lograr con él son sumamente limitadas.
Los palestinos en Israel, lo expresen o no en estos términos, conocen la realidad de vivir bajo un sistema en el que los judíos israelíes gozan de los privilegios y derechos que a ellos se les niegan sistemáticamente; un sistema en el que el racismo está arraigado en las leyes, las instituciones y las prácticas cotidianas del Estado.
Por ello, debemos ser cautelosos ante el ambiente de celebración que rodea a los resultados electorales iniciales.
No nos engañemos
En segundo lugar, el hecho de que los ciudadanos palestinos de Israel puedan votar en las elecciones a la Knéset —y que constituyan un bloque electoral significativo, capaz de debilitar la alianza entre Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich— no altera la realidad de que Israel sigue siendo un régimen de apartheid, incluso dentro de los territorios de 1948, tal como han constatado diversas organizaciones de derechos humanos.
No debemos hacernos ilusiones al respecto. Me resulta difícil creer que haya quienes sigan señalando la ciudadanía palestina y la participación en las elecciones israelíes como prueba del carácter «democrático» y «liberal» del Estado de Israel, o como un atisbo de un Israel que, de algún modo, puede ser salvado o restaurado.
La ciudadanía israelí para los palestinos debe entenderse en el marco del proyecto colonial de asentamientos, como un mecanismo mediante el cual el Estado gobierna e incorpora a la población indígena, al tiempo que mantiene estructuras de desposesión y dominación.
La ciudadanía otorga a los palestinos ciertos derechos individuales y políticos, pero, simultáneamente, subordina sus derechos colectivos —así como sus reivindicaciones sobre la tierra y la autodeterminación— al orden colonial de asentamientos. Por tanto, la representación parlamentaria palestina, incluidos los 19 escaños obtenidos en la Knéset, debe comprenderse dentro de estos límites estructurales.
Estas limitaciones estructurales también se reflejan en las instituciones y los partidos políticos de Israel, donde la exclusión de los palestinos no se limita, ni mucho menos, a Netanyahu y a la extrema derecha.
Aunque los votantes palestinos constituyen un bloque político que no puede ser ignorado, su capacidad para transformar los logros electorales en influencia política sigue estando gravemente restringida.
Incluso en el hipotético escenario de que los partidos palestinos estuvieran dispuestos a formar parte de un gobierno de coalición, figuras destacadas del «campo del cambio» ya han descartado tal posibilidad. Gadi Eisenkot, por ejemplo, ha rechazado explícitamente incluir a Ra’am en su gobierno, a pesar de la disposición de dicho partido a participar en coaliciones anteriores.
Esto ilustra cómo la exclusión de los palestinos está arraigada en todo el espectro político israelí, y no es una característica exclusiva de los partidos de extrema derecha. Por consiguiente, tales alianzas políticas no solo son difíciles de alcanzar, sino que están fundamentalmente limitadas por los cimientos racistas y coloniales de asentamientos sobre los que se asientan el Estado y su sistema político.
Así pues, si bien una mayor participación electoral palestina y una representación parlamentaria más amplia podrían desestabilizar la alianza de Netanyahu con el sionismo religioso, no son capaces de superar estos límites estructurales.
Precisamente por esta razón, la representación parlamentaria palestina no debe idealizarse ni considerarse un logro en sí mismo, desvinculado de la estructura política más amplia en la que opera.
Más allá de las urnas
En un plano más fundamental, la participación parlamentaria palestina no puede interpretarse como algo ajeno al genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, ni a la intensificación de la violencia —tanto militar como por parte de los colonos—, el despojo y el desplazamiento en la Cisjordania ocupada.
No se trata de realidades políticas independientes, sino de distintas manifestaciones de un mismo proyecto colonial de asentamientos, que somete a los palestinos a través de diversos regímenes jurídicos y políticos. Cualquier celebración de los logros electorales palestinos que pase por alto esta realidad más amplia corre el riesgo de reproducir, precisamente, la fragmentación del pueblo palestino que el colonialismo de asentamientos israelí ha intentado imponer históricamente.
La cuestión, por tanto, no radica en cuántos escaños pueden obtener los palestinos en la Knéset. Se trata de qué puede lograr la participación parlamentaria dentro de un sistema político que sigue negando a los palestinos, en toda la Palestina histórica, sus derechos colectivos y su derecho a la autodeterminación.
Es perfectamente comprensible el deseo de frenar el rápido deterioro de las condiciones que afrontan los palestinos en todos los territorios.
Desde el inicio del genocidio en Gaza, este deterioro ha sido especialmente grave y —bajo figuras como Ben Gvir— cada vez más teatralizado: desde el abuso sistemático, la tortura y el trato inhumano a los prisioneros palestinos, pasando por las provocadoras incursiones en la mezquita de Al-Aqsa, hasta las muy publicitadas redadas policiales en localidades palestinas dentro de Israel y la demolición de hogares palestinos.
No obstante, es fundamental no confundir estos acontecimientos con una ruptura respecto a la historia de Israel, ni interpretar el genocidio y la intensificación de la violencia contra los palestinos como un mero producto de Netanyahu y sus aliados del sionismo religioso.
A pesar de sus diferencias políticas, los sucesivos gobiernos israelíes han mantenido estas estructuras —incluso mediante la expansión y consolidación de los asentamientos en la Cisjordania ocupada—, las cuales han sido, desde hace mucho tiempo, una parte integral de la política de Estado israelí, y no un proyecto exclusivo de la derecha.
Si bien la destitución de Netanyahu y sus aliados podría ofrecer un alivio inmediato o limitar ciertas formas de violencia, no cambiaría de raíz la realidad política a la que se enfrentan los palestinos; sobre todo porque el genocidio en Gaza continúa, a la par que se aceleran el despojo, el desplazamiento y la violencia en Cisjordania.
Asimismo, la participación palestina en la Knéset —independientemente de los recientes avances electorales— no debería desviar la atención de la cuestión más importante y urgente: cómo pueden los palestinos organizarse y desarrollar estrategias políticas más eficaces para hacer frente a la realidad que impera en todos los territorios palestinos.
Foto de portada: Un ciudadano palestino de Israel deposita su voto en un colegio electoral de la localidad de Umm al-Fahm, el 27 de octubre de 2026 (AFP).