Joseph Massad, Middle East Eye, 13 noviembre 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Joseph Massad es profesor de Política Árabe Moderna e Historia Intelectual en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es autor de numerosos libros y artículos académicos y periodísticos. Entre sus libros figuran Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians y, más recientemente, Islam in Liberalism. Sus libros y artículos se han traducido a una docena de idiomas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Gadi Eisenkot, líder del partido «opositor» Yashar, han sido ambos los principales artífices del genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos de Gaza.
Eisenkot, exjefe del ejército y autor de la genocida «Doctrina Dahiya» —que aboga por la destrucción masiva dirigida contra la población civil—, formó parte del «gabinete de guerra» de emergencia de Netanyahu entre octubre de 2023 y junio de 2024.
Ambos están igualmente comprometidos con la supremacía judía en Israel y en los territorios ocupados en 1967, así como con la exclusión de los llamados partidos «árabes» de cualquier gobierno de coalición.
Por lo tanto, resulta incomprensible por qué algún sector del pueblo palestino —y mucho menos aquellos que son ciudadanos de Israel y que han sufrido durante más tiempo a manos de sus conquistadores sionistas— expresaría preferencia alguna por cualquiera de estas opciones genocidas.
Sin embargo, todos los partidos políticos que representan a los ciudadanos palestinos de Israel han ofrecido sus servicios a Eisenkot con el fin de poner fin al mandato de Netanyahu.
Al actuar así, terminan ayudando a Israel a superar una crisis existencial; una crisis que, según teme el propio Eisenkot, conducirá al colapso definitivo de la colonia judía de asentamiento judía, la cual se tambalea al borde de un «punto de no retorno» a menos que él logre formar un gobierno de «emergencia nacional».
Desde los inicios del movimiento sionista y el posterior establecimiento de Israel, los líderes sionistas han buscado dividir y conquistar al pueblo palestino, debilitando así su resistencia frente al colonialismo de asentamiento judío europeo.
Aquellos sionistas que se creían marxistas (cuando, en realidad, no eran más que socialistas de una «raza superior») insistieron en separar al campesinado palestino de los efendis palestinos, la clase terrateniente que los oprimía.
Por su parte, la principal facción de la organización sionista fomentó fisuras entre los cristianos y los musulmanes palestinos, especialmente tras la ocupación británica de Palestina, que comenzó a finales de 1917. Posteriormente, se llevaron a cabo esfuerzos para cooptar a los líderes de la comunidad drusa palestina, con el objetivo de separarlos de los musulmanes suníes palestinos.
En ese mismo periodo, durante la década de 1920, los sionistas también se aprovecharon de las rivalidades dentro de la élite palestina, aliándose con ciertas familias de Jerusalén frente a otras.
Ellos, junto con los británicos y un sector de esa élite palestina, llegaron incluso a crear una milicia palestina colaboracionista —conocida como las «bandas de la paz»—, la cual acabó con la vida de revolucionarios palestinos durante la Gran Revuelta Palestina de 1936-1939.
De la Nakba a Oslo
Fue tras el establecimiento de Israel cuando los esfuerzos sionistas por fragmentar aún más a los palestinos cobraron impulso. La expulsión de los palestinos en 1948 dio lugar, de la noche a la mañana, a cuatro comunidades palestinas distintas.
Por un lado, estaban aquellos palestinos a quienes Israel no logró expulsar del territorio conquistado —y que permanecieron dentro de las fronteras provisionales de Israel—, junto con los refugiados que quedaron en el resto de Palestina o que terminaron fuera del territorio palestino por completo.
Los otros dos grupos eran los palestinos que quedaron en lo que pasó a ser Cisjordania y los de lo que pasó a ser la Franja de Gaza; los primeros bajo administración jordana, y los segundos, bajo administración egipcia.
Dentro de Israel, los palestinos fueron clasificados en categorías etnorreligiosas, formalizadas por los líderes supremacistas judíos del país. Los drusos fueron definidos como una categoría étnica aparte, y los beduinos también fueron tratados como una categoría poblacional diferenciada; por su parte, los musulmanes y los cristianos han permanecido unidos, a pesar de los constantes intentos —que continúan hasta el día de hoy— de separarlos.
Tras la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza en 1967, surgieron nuevas subdivisiones. Los palestinos que pasaron a estar bajo ocupación quedaron sujetos a la misma legislación de la ocupación, a excepción de los habitantes de Jerusalén Oriental —territorio anexionado ilegalmente por Israel—, cuya población fue sometida a un régimen normativo distinto.
A pesar de estas divisiones, el movimiento de resistencia palestino surgió en las décadas de 1960 y 1970, unificado en la lucha contra los usurpadores sionistas, con el objetivo de liberar a todo el pueblo y el territorio de Palestina del colonialismo de asentamiento europeo.
Sin embargo, este consenso no perduró, ya que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) comenzó a vacilar respecto a la indivisibilidad del pueblo y el territorio palestinos. A mediados de la década de 1970, empezó a plantear la liberación de los palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como una primera fase, previa a la liberación de todos los palestinos.
Esta priorización de los territorios y poblaciones ocupados en 1967 —frente a aquellos que se encontraban en la diáspora o dentro de Israel— condujo a la llamada declaración de independencia que la OLP anunció en Argel en 1988; dicha declaración, junto con el programa político que la acompañaba, abarcaba únicamente Cisjordania y la Franja de Gaza.
Todo esto quedó refrendado más tarde en los Acuerdos de Oslo de 1993, en los que Israel aceptó, simplemente, negociar sobre el estatus de los territorios ocupados en 1967 y sus habitantes.
Todo un grupo de élites e intelectuales de Cisjordania y Gaza se apresuró a separar los intereses del pueblo palestino. Aceptaron el «derecho a existir» de Israel —como Estado supremacista judío y racista— a cambio de la independencia de Cisjordania (así como de Jerusalén Oriental y Gaza).
De esa manera, renunciaron al derecho de retorno de los refugiados y aceptaron la estructura de apartheid de Israel, así como sus decenas de leyes racistas bajo las cuales languidecen los ciudadanos palestinos de Israel.
Esto no tenía precedentes, ya que, antes del periodo 1988-1993, ningún sector del pueblo palestino había intentado obtener sus derechos de Israel a costa de sacrificar los derechos de otros sectores.
Una apuesta contraproducente
Desde los Acuerdos de Oslo, el consenso dentro de la OLP —y más tarde en la Autoridad Palestina (AP)—, en el mundo árabe y en la comunidad «internacional», ha sido que el tercio de los palestinos que vive en los territorios ocupados en 1967 es el único grupo cuyos derechos requieren ser restituidos.
Mientras tanto, Israel insistió en que los palestinos y otros árabes no solo debían reconocer su supuesto «derecho a existir» —un derecho que ningún Estado en el mundo posee—, sino también su «derecho a existir como Estado judío»; una exigencia que fue respaldada por presidentes estadounidenses, desde George W. Bush hasta Barack Obama y Donald Trump.
La apuesta de la OLP, de la Autoridad Palestina y de sus élites e intelectuales palestinos aliados ha resultado contraproducente: ha conducido al genocidio palestino que actualmente tiene lugar en Gaza y a la colaboración formal de la Autoridad Palestina —que actúa hoy de manera análoga a las «bandas de paz» de la década de 1930— en la represión del pueblo palestino.
Asimismo, esto ha supuesto la pérdida de los derechos de todos los palestinos dentro del discurso de la llamada «solución de dos Estados», predominante tanto en Occidente como en el mundo árabe.
Por su parte, Israel ha comenzado a desmoronarse internamente. Las poblaciones mizrajíes y asquenazíes, las comunidades religiosas y seculares, los colonos judíos en los territorios palestinos ocupados en 1967 frente a los colonos judíos en los territorios de 1948, y los supremacistas judíos genocidas —tanto de derechas como de izquierdas— se encuentran enzarzados en una lucha encarnizada.
Los supremacistas judíos genocidas de izquierda comprenden que es necesario unificar a los ciudadanos judíos del país mediante una victoria electoral. Su estrategia, antes de que Israel colapse por completo, consiste en establecer lo que el exministro de Defensa, Yoav Gallant, denominó «gobierno de unidad nacional judío y sionista», que excluye a los ciudadanos árabes palestinos del país.
Cabe recordar que Gallant es uno de los principales responsables israelíes de genocidio —quien calificó a los palestinos de «animales humanos»— y, junto con Netanyahu, es el único israelí actualmente buscado por la Corte Penal Internacional por sus crímenes.
Los partidarios del genocidio de derechas creen que pueden unificar a los ciudadanos judíos aplastando a los partidarios del genocidio de izquierdas mediante una transformación jurídica del país.
En las elecciones israelíes del 27 de octubre, los partidarios del genocidio de derechas obtuvieron 27 escaños para el partido Likud, mientras que los partidarios del genocidio de izquierdas, representados por Yashar, fueron derrotados al conseguir solo 21 escaños.
El apoyo popular sostenido por los ciudadanos judíos que dieron la victoria electoral al Likud se está presentando, de forma engañosa, como una derrota de Netanyahu frente a otros partidos políticos judíos —sin mencionar a los partidos «árabes»—. Se trata de una interpretación sumamente inexacta de los resultados electorales.
La mayoría de los votantes judíos apoyó a los partidarios del genocidio de derechas, otorgando a la coalición liderada por Netanyahu 53 escaños en el parlamento israelí; por su parte, el bloque «opositor» de Eisenkot —compuesto por partidarios del genocidio de izquierdas— solo logró 48 escaños, contando con el respaldo de una minoría de los votantes judíos. A esto se suman los ciudadanos palestinos de Israel, cuyos partidos obtuvieron un total de 19 escaños.
Mejoras insignificantes
La experiencia de los ciudadanos palestinos autóctonos en un Israel de supremacía judía ha sido aterradora desde 1948. Viven bajo la ley marcial y leyes racistas de control de movimiento desde hace casi dos décadas, y todavía hoy deben someterse a decenas de leyes racistas que otorgan privilegios a los colonos judíos por encima de ellos.
Asimismo, sufren el robo de sus tierras por parte del Estado —que las transfiere a colonos judíos—, una vigilancia policial constante, la privación de servicios sociales, el control sobre un sistema educativo crónicamente desfinanciado, una represión absoluta y, de vez en cuando, alguna que otra masacre.
Entre ellas figuran la masacre de Kafr Qasim de 1956, la masacre del Día de la Tierra de 1976 y la masacre de la Segunda Intifada de 2000, por citar algunas de las principales atrocidades a las que siguen viéndose sometidos.
En décadas anteriores, la participación de los ciudadanos palestinos en las elecciones israelíes fue celebrada por los sionistas en Occidente para blanquear la imagen del Estado de supremacía judía, presentándolo como una «democracia» inclusiva. La justificación que ofrecían los palestinos era que, al ser contribuyentes, se les negaban recursos y servicios gubernamentales.
Confiaban en que, mediante la representación política, el gobierno destinara más recursos, redujera la represión, protegiera las escasas tierras que aún conservaban —aquellas que lograron salvarse de la confiscación israelí— y mejorara su situación económica. Sin embargo, tras décadas en las que solo se han logrado mejoras insignificantes, este razonamiento ha perdido su validez.
En términos generales, la grave situación de los ciudadanos palestinos en Israel ha empeorado, a pesar de que ha crecido el número de palestinos de clase media y de que han accedido a una mayor formación académica —en parte, gracias a la financiación del New Israel Fund (NIF), una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos—.
El NIF, fundado en 1979, sostiene que Israel debe seguir siendo un Estado «judío», pero busca suavizar la discriminación contra los palestinos reduciendo las abismales brechas —en todos los indicadores de calidad de vida— entre los colonos judíos privilegiados y los palestinos autóctonos. La organización se financia, en gran medida, gracias a judíos liberales no israelíes.
Aun así, la discriminación y la desigualdad siguen siendo escandalosas; por no hablar de la disparidad de derechos entre los palestinos y los colonos judíos.
Israel, al negarse a controlar a los elementos criminales dentro de la comunidad palestina —cuando no, directamente, fomentándolos—, ha sumido a las comunidades palestinas del país en una ola de delincuencia vinculada a bandas; una dinámica que recuerda a la estrategia empleada por el FBI en las comunidades afroestadounidenses desde la década de 1960.
Si bien, en el pasado, la representación en la Knéset permitió paliar ciertas carencias presupuestarias en los pueblos y localidades palestinas, no ha logrado mellar, ni a nivel legal ni institucional, el compromiso de Israel con la supremacía judía.
Por otra parte, esta participación electoral sigue sirviendo para blanquear el racismo fundacional de Israel, lo que lleva a muchos a cuestionarse si realmente merece la pena.
Prueba de fuego
Las elecciones constituyen una prueba de fuego para los partidos políticos «árabes», cuya participación solo sirve para salvar a Israel, al facilitar la llegada al poder de un gobierno —alternativo al de Netanyahu— que sigue siendo, no obstante, genocida y colonialista.
Esto pasa por alto el hecho de que la situación de los palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental —por no hablar de los que se encuentran en la diáspora— no cambiará ni un ápice; tampoco cambiará la situación de los ciudadanos palestinos de Israel. Los únicos que se beneficiarán serán los partidos israelíes partidarios del genocidio.
En realidad, tanto Netanyahu como Eisenkot no sienten más que desprecio por los ciudadanos palestinos y sus partidos, y han rechazado abiertamente colaborar con ellos en cualquier futuro gobierno.
Aun así, todos los partidos políticos árabes recomendaron oficialmente a Eisenkot para formar gobierno, encargo que el presidente israelí, Isaac Herzog, le confió formalmente el 8 de noviembre.
El papel de Eisenkot en el genocidio y su defensa de la supremacía judía no son desconocidos para los líderes de los partidos palestinos. El dirigente de la Asamblea Nacional Democrática, Sami Abu Shehadeh, deja claro que el apoyo de su partido a Eisenkot no significa que hayan superado sus diferencias.
«Nadie piensa que sea un buen candidato. Nos encontramos en circunstancias históricas excepcionales y tenemos una decisión que tomar dentro del partido —para lo cual la gente nos eligió—: deshacernos del gobierno genocida. No tenemos opciones fáciles», afirmó.
Es una explicación extraña. ¿Cómo puede considerarse que apoyar a Eisenkot —quien participa activamente en el genocidio y lo respalda de forma continuada— equivale a votar en contra de un gobierno genocida?
Por su parte, Yousef Yabarin, líder de la «Lista Conjunta» —una alianza de varios partidos encabezada por ciudadanos palestinos—, se ha pronunciado con dureza contra la persistente campaña racista del gobierno de Netanyahu, destinada a deslegitimar el voto de los ciudadanos palestinos.
Yabarin ha instado al sector de Eisenkot a pronunciarse en contra de dicha campaña racista. Eisenkot, a su vez, ha insistido en que su gobierno sería un gobierno «sionista»; un término que, en este contexto, actúa como sinónimo de supremacismo judío y racismo, o, dicho de forma más precisa, de un gobierno «libre de árabes» —lo que en alemán se denominaría Araberrein—.
Más recientemente, Eisenkot ha parecido moderar su postura, sugiriendo que podría encabezar un gobierno en minoría que contase con lo que la agencia de noticias AFP ha calificado como «votos externos de partidos árabe-israelíes», mientras intenta, al mismo tiempo, formar un gobierno estable con una mayoría parlamentaria.
Estos «votos externos» implican depender del apoyo parlamentario de partidos políticos «árabes» que no se integrarían oficialmente en su coalición de gobierno —exclusivamente judía—, evitando así «contaminar» su composición, reservada únicamente a los judíos.
Un momento decisivo
En 2020, los partidos palestinos propusieron a Benny Gantz —exgeneral israelí— para el cargo de primer ministro —tal como ha recordado el parlamentario palestino saliente Ayman Odeh—; sin embargo, Gantz los rechazó y optó por unirse a un gobierno de «unidad nacional» liderado por Netanyahu.
Posteriormente, Gantz asumió el cargo de ministro de Defensa y lanzó la ofensiva contra Gaza de 2021, que se cobró la vida de más de 250 palestinos. No obstante, cuando los partidos palestinos propusieron a Gantz, Israel no atravesaba la crisis interna que vive en la actualidad.
A diferencia del resto de los líderes de los partidos palestinos —por no mencionar a los islámistas palestinos, que son purgados y perseguidos por Israel—, el islamista Mansour Abbas, líder de la Lista Árabe Unida, actúa como un extremista palestino que promueve la normalización con Israel, cediendo constantemente derechos palestinos.
El 10 de noviembre, los medios de comunicación israelíes informaron que él estaba dispuesto a reconocer a Hamás como organización terrorista a cambio de una «asociación real» con el bloque de Eisenkot.
Al día siguiente, Abbas negó haber hecho tal declaración. Sin embargo, el 10 de noviembre había manifestado ante su facción que su partido había «aceptado en repetidas ocasiones el desmantelamiento de Hamás» y que deseaba «formar parte de la coalición y del próximo gobierno».
El problema, desde el principio, ha sido que dicha participación palestina en las elecciones —y el apoyo a partidos sionistas— nunca ha logrado debilitar el sistema racista bajo el cual sufren los palestinos en Israel.
Ante esta cruda realidad, ¿qué horizonte vislumbran estos líderes políticos en su participación? ¿Qué creen que pueden conseguir, más allá de ayudar a Israel a estabilizarse?
Si los partidos palestinos logran ayudar a Israel a superar la crisis actual, el resto de los palestinos les reprochará haber traicionado sus derechos; de forma similar a como la mayoría de los palestinos sigue despreciando a la Autoridad Palestina, a la que consideran colaboracionista.
Los ciudadanos palestinos de Israel han soportado, durante más tiempo que nadie, el dominio racista y la opresión del sionismo y del Estado de Israel —al igual que sus compatriotas expulsados en 1948, a quienes los sucesivos gobiernos israelíes han impedido siempre regresar—.
Este es un momento decisivo para que los ciudadanos palestinos de Israel y sus partidos políticos planten cara a sus opresores racistas y se nieguen a ayudarles a estabilizar esta colonia de asentamientos.
Dada la desoladora trayectoria de los resultados de su participación electoral, ya es hora de que los palestinos en Israel busquen alternativas políticas que mejoren sustancialmente sus vidas, en lugar de opciones que perpetúen su propia opresión y la del resto del pueblo palestino.
Foto de portada: Yousef Yabarin (a la derecha), líder de la Lista Conjunta, y Ahmad Tibi (en el centro), jefe de su bloque parlamentario, sentados en el Parlamento israelí en Jerusalén el 10 de noviembre de 2026, día de la toma de posesión (Ilia Yefimovich/AFP).