Shuaib Al Mosawa, The Intercept, 16 marzo 2020
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Shuaib Almosawa es un periodista yemení afincado en Saná que trabaja como freelance para el New York Times, The Intercept e IrinNews, entre otros medios.
Biden prometió dejar de apoyar la guerra liderada por Arabia Saudí. Un año después, la crisis humanitaria de Yemen es mucho más grave, según diversos datos, que cuando Trump era presidente.
Dawlat tiene 14 años, pero tiene el rostro de una anciana. Los huesos de su cadera sobresalen como las ramas de un árbol. Durante los últimos tres años, la madre de Dawlat ha intentado ingresar a su hija en todas las clínicas de la provincia central de Dhamar, en Yemen, para tratar su grave desnutrición aguda. Incluso el brujo local se dio por vencido cuando vio a la madre de Dawlat, Fakiha Naji, llevando a la niña en brazos. Le dijo a Naji que se la llevara de vuelta una vez que las piernas hinchadas de Dawlat se recuperaran para poder probar su magia en su cuerpo esquelético.
El otoño pasado Dawlat tuvo vómitos y diarrea severos. Finalmente, en la medianoche del 1 de diciembre, Naji la llevó al hospital Al-Sabin de Sanaa. En la sala para desnutridos, la pequeña se acurrucó sobre su lado derecho con las rodillas dobladas mientras las enfermeras la conectaban a una vía que le suministraba una solución rehidratante. En cuanto salió del coma, se retorció, lloró y musitó: “Me muero de hambre”. Pesaba 20 kilos, el peso de una niña normal de cinco años.
Desde 2015, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, respaldados por Estados Unidos, han librado una guerra implacable contra su empobrecido vecino Yemen en un intento de reinstaurar el gobierno prosaudí derrocado por un levantamiento popular. Los disturbios dieron paso a una rebelión armada liderada por los hutíes, a los que Riad acusa de ser un grupo delegado de Irán. Naciones Unidas ha calificado a Yemen como la mayor catástrofe humanitaria del mundo. El Programa Mundial de Alimentos estima que la mitad de los niños menores de 5 años del país, unos 2,3 millones de niños, están en riesgo de desnutrición aguda, y que 400.000 corren el riesgo de morir si no reciben tratamiento, según un portavoz de la organización que pidió no ser nombrado porque incluso la ONU teme las consecuencias de criticar a Arabia Saudí.
Desde el presidente Barack Obama, las sucesivas administraciones estadounidenses han dado a Arabia Saudí un apoyo crucial para mantener su guerra en Yemen. Joe Biden pretendió cambiar eso. En la campaña electoral, prometió detener el conflicto y acabar con “el ‘cheque en blanco’ de Donald Trump para los abusos de derechos humanos de Arabia Saudí en su país y en el extranjero”.
“Esta guerra tiene que terminar”, dijo Biden en su primer discurso como presidente. Tras señalar que el conflicto había “creado una catástrofe humanitaria y estratégica”, se comprometió a detener todo el apoyo estadounidense a las “operaciones ofensivas” en Yemen, incluidas las pertinentes ventas de armas. Los progresistas acogieron con satisfacción el anuncio, y la nueva administración se deleitó con la cobertura positiva de la prensa. Sin embargo, poco más de un año después, la crisis humanitaria de Yemen es peor, según muchos datos, que cuando Trump era presidente.
Arabia Saudí, durante el último año, endureció un devastador bloqueo de combustible que Riad ha utilizado durante mucho tiempo como táctica de guerra. Mientras Biden entraba en la Casa Blanca, las importaciones comerciales de combustible a Yemen se paralizaron, y no entró combustible alguno en el puerto yemení de Hodeidah durante 52 días, del 28 de enero al 21 de marzo de 2021, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. “Se trata de un acontecimiento alarmante, teniendo en cuenta que más de la mitad de las importaciones comerciales de combustible de Yemen habían estado llegando en los últimos años a través de Al Hodeidah”, señalaba el informe, en referencia al puerto, administrado por el gobierno dominado por los hutíes y a través del cual entra el 70% de las importaciones de Yemen. La agencia calificó el cierre como “un precedente no visto desde el inicio del conflicto en 2015”.
El 4 de febrero de 2021, Biden nombró a Tim Lenderking como enviado especial a Yemen. Poco después, el secretario de Estado Antony Blinken retiró a los hutíes de una lista de terroristas que su predecesor, Mike Pompeo, había elaborado en sus últimos días, y que las Naciones Unidas y muchos grupos de ayuda habían advertido que afectaría gravemente a los aproximadamente 24 millones de yemeníes que viven en el territorio controlado por los hutíes. El gobierno de Biden dejó claro que el levantamiento de tal designación tenía como objetivo principal “aliviar o al menos no empeorar el sufrimiento de los civiles yemeníes que viven bajo el control del grupo hutí”.
No funcionó en tal sentido. En una visita sobre el terreno a Yemen en marzo del año pasado, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, dio la voz de alarma al decir que los efectos nefastos de la escasez de combustible incluían cortes de energía generalizados en los hospitales. “Y ahora, para añadir un poco más a toda su miseria, el pueblo inocente de Yemen tiene que lidiar con un bloqueo de combustible”, dijo. “El pueblo de Yemen merece nuestra ayuda. Ese bloqueo debe ser levantado como acto humanitario. De lo contrario, varios millones más de personas entrarán en la crisis”.
A finales de ese mes, los hutíes rechazaron una propuesta de alto el fuego parcial ofrecida por Arabia Saudí, pidiendo en su lugar el cese total del bloqueo y de la campaña aérea.
Los meses siguientes no supusieron ningún alivio. Los precios de los alimentos aumentaron en las zonas controladas por los hutíes, según Famine Early Warning Systems, un sistema de alerta de seguridad alimentaria creado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las importaciones de mercancías a través del norte de Yemen, controlado por los hutíes, deben someterse a un largo proceso de inspección administrado por la ONU, conocido como Mecanismo de Verificación e Inspección de las Naciones Unidas (UNVIM), para comprobar los envíos en busca de posible contrabando de armas. Pero incluso después de que el UNVIM autorice los envíos de alimentos y combustible, la coalición liderada por Arabia Saudí controla si estas mercancías pueden llegar a Yemen y cuándo. La empresa Yemen Petroleum Company (YPC), con sede en Sanaa, que compra combustible tanto para el sector privado como para uso público, afirma que incurre en cargos de 20.000 dólares al día por los retrasos en el despacho causados por la coalición liderada por Arabia Saudí, que traslada a los consumidores.
En 2020 estos cargos ascendieron a más de 91 millones de dólares, dijo Essam al-Mutawakil, un portavoz de YPC. El año pasado los cargos fueron menores, casi 54 millones de dólares, lo que señala una fuerte caída en la cantidad de combustible que entra en el país, dijo al-Mutawakil. “Trump fue un enemigo explícito y claro que después de todo permitiría la entrada de productos de combustible”, dijo al-Mutawakil a The Intercept en una entrevista telefónica. “La administración de Biden está mintiendo y echando mano de un truco publicitario”.
Lenderking no respondió a la petición de The Intercept de ser entrevistado para este reportaje. Un portavoz del Departamento de Estado dijo en diciembre que Estados Unidos había planteado la cuestión del bloqueo al gobierno de Yemen en el exilio, respaldado por Arabia Saudí, y señaló los “progresos” en las importaciones de combustible autorizadas por el gobierno yemení. Ha habido un “aumento de las importaciones de combustible a través de los puertos del sur, gran parte del cual termina en el norte de Yemen. Sin embargo, se necesita mucho más”, dijo el portavoz. Tanto el Departamento de Estado como Lenderking se han ajustado a la línea saudí de que el combustible está siendo confiscado por los hutíes para utilizarlo en su esfuerzo de guerra. “Se necesita una solución más duradera que anime a más barcos de combustible a llegar a Hodeidah y que aborde la manipulación de los precios por parte de los hutíes, el almacenamiento y la especulación en el mercado negro de los precios del combustible”, dijo el portavoz del Departamento de Estado.
Pero las cifras de la ONU sugieren que la noción de interferencia de los hutíes es en gran medida una pista falsa. Las importaciones de combustible a través del puerto de Hodeidah entre enero y octubre de 2021 se redujeron en un 70% en comparación con el mismo período de 2020, según una actualización del Programa Mundial de Alimentos de noviembre. Las importaciones de combustible permitidas por Arabia Saudí al mes tienen una media de 45.000 toneladas métricas, menos de una décima parte de las necesidades del país antes del conflicto, que el Banco Mundial ha estimado en 544.000 toneladas métricas.
Mientras tanto, la insistencia de Biden en alcanzar una resolución más amplia del conflicto, en lugar de abordar primero la escasez de combustible, parece cada vez más una hoja de parra para el apoyo de su administración a Arabia Saudí y sus aliados. Poco después de su nombramiento, Lenderking dijo que poner fin al bloqueo no funcionaría si se limita a eso, sino solo como parte de una tregua más amplia seguida de negociaciones entre las partes en conflicto, una tarea mucho más complicada y difícil. “De hecho, mientras la guerra continúe, la crisis humanitaria seguirá empeorando”, dijo Lenderking ante un subcomité de Relaciones Exteriores del Senado el pasado abril. “No hay soluciones rápidas. Solo con un final duradero del conflicto podremos empezar a revertir esta crisis”.
Los progresistas en el Congreso presionaron por un enfoque diferente. El congresista Ro Khanna, junto con otros 78 miembros de la Cámara de Representantes, pidió a Biden que pusiera fin al bloqueo “independientemente de las negociaciones”, y la senadora Elizabeth Warren exigió que “Arabia Saudí cese inmediata e incondicionalmente de utilizar tácticas de bloqueo”. Khanna calificó de histórica la promesa de Biden de poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra en Yemen, pero dijo que “el trabajo está sin hacer”, al señalar el continuo apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí. “Poner fin a este apoyo es clave tanto para acabar con la complicidad de Estados Unidos en la guerra como para utilizar la mejor palanca que tenemos para presionar a los saudíes para que levanten el bloqueo a Yemen, que está arrojando a innumerables yemeníes a la inanición”, dijo Khanna a The Intercept el pasado otoño.
Desde diciembre, la coalición liderada por Arabia Saudí ha intensificado los ataques aéreos contra la capital de Yemen tras una larga pausa, apuntando a zonas residenciales y al aeropuerto internacional de Saná, que está bajo control de los hutíes, y destruyendo talleres mecánicos y puentes clave; otro ataque de la coalición cayó cerca de un centro de detención de prisioneros de guerra, que Arabia Saudí identificó después erróneamente como una planta de fabricación de drones. Los ataques de la coalición alcanzaron el departamento de aduanas del aeropuerto, un hangar de Yemen Airways, un edificio de cuarentena de COVID-19 y un instituto de formación de aviación. El 18 de enero, dos ataques saudíes alcanzaron casas al norte de Saná, matando a 14 personas e hiriendo a ocho, de las cuales casi la mitad eran mujeres y niños. El ataque se produjo en aparente represalia por los ataques de los hutíes contra instalaciones petroleras y aeropuertos de EAU en Abu Dabi y Dubai.
En la noche del 21 de enero, en la provincia de Sada, los ataques aéreos de la coalición alcanzaron una prisión preventiva que albergaba a más de 1.000 personas, entre ellas inmigrantes africanos, y causaron 91 muertos y 236 heridos. La ONU y otros grupos de ayuda humanitaria denunciaron el ataque y pidieron una investigación. El portavoz de la coalición saudí dijo que la instalación no estaba en la lista de objetivos prohibidos, y culpó a los hutíes de no haber notificado a los grupos de ayuda que coordinan la ubicación de esos lugares. Sin embargo, la coalición ha atacado varios centros de detención a pesar de estar en la lista de objetivos prohibidos. Blinken, aunque señaló que el ataque era “de gran preocupación para Estados Unidos”, no llegó a condenarlo directamente y pareció equipararlo con un “ataque hutí contra civiles en Abu Dabi que también produjo varias víctimas.»
Desde marzo de 2015, la coalición saudí ha atacado centros de detención en todo Yemen, matando a 417 prisioneros e hiriendo a 484, según el Centro Legal para los Derechos y el Desarrollo (LCRD), un grupo de derechos con sede en Saná que documenta las víctimas de la coalición y ha identificado fragmentos de armas de fabricantes de armas estadounidenses y británicos. Entre los detenidos asesinados había 144 prisioneros de guerra aliados de Arabia Saudí, la mayoría de los cuales habían estado defendiendo las zonas fronterizas de Arabia Saudí con Yemen, según los datos del LCRD compartidos con The Intercept. El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que había visitado una de las prisiones antes de que fuera blanco de un ataque aéreo en 2019, lo que significa que la coalición ya conocía las coordenadas de la instalación y debería haber evitado atacarla.
La coalición afirmó que el aeropuerto y el puerto de Hodeidah son plataformas de lanzamiento de ataques con misiles y drones contra el reino. El portavoz de la coalición, Turki al-Maliki, justificó el bombardeo del aeropuerto de Saná diciendo que los hutíes habían abusado de su condición especial de infraestructura civil en virtud del derecho internacional humanitario, y que los ataques eran legales. La autoridad de aviación de Yemen, sin embargo, denunció la acusación de la coalición como falsa, diciendo que Arabia Saudí buscaba obstaculizar las operaciones de las agencias de ayuda, que son las únicas entidades que utilizan el aeropuerto. Tras el fracaso de las conversaciones de paz en agosto de 2016, la coalición prohibió que los vuelos comerciales utilizaran el aeropuerto. En noviembre de 2017, la coalición bombardeó el sistema de navegación del aeropuerto.
En cuanto al puerto de Hodeidah, por el que entra la gran mayoría de las importaciones de Yemen, la coalición dijo que se utilizaba para almacenar y ensamblar misiles balísticos “iraníes”. En enero, al-Maliki celebró una conferencia de prensa en la que mostró lo que, según él, eran imágenes “exclusivas” de supuestos misiles en el interior de un hangar del puerto. No había audio, y al-Maliki dijo que no podía revelar el lugar exacto donde se había grabado el vídeo. Más tarde se supo que las imágenes eran de una película estadounidense de 2009 y que el lugar que al-Maliki se negaba a revelar parecía estar en Iraq.
El escándalo se hizo viral en las redes sociales, y al-Maliki reconoció más tarde el error, diciendo que “algunas de [nuestras] fuentes nos habían pasado el videoclip por error”. Lo calificó de “error marginal” y dijo que no negaba el hecho de que el puerto y otras zonas civiles estuvieran siendo utilizadas por los hutíes con fines militares. En una visita sobre el terreno, el equipo de la ONU encargado de supervisar los puertos de Hodeidah señaló que son “una línea de vida crucial para millones de yemeníes”.
La escasez de combustible, por su parte, alcanzó un nivel espeluznante este invierno cuando la coalición reforzó aún más su bloqueo. Largas colas de coches se han formado en las estaciones de servicio oficiales de todo el norte de Yemen, y el 1 de marzo, las imágenes de un dron mostraron una fila de coches de más de 3 kilómetros de largo en la estación principal de Yemen Petroleum Company (YPC) en Saná. Cada vehículo solo puede repostar cinco galones a un coste de 4 dólares por galón en una de las dos gasolineras gestionadas por YPC, y solo puede repostar cada cuatro días hasta que las gasolineras se agoten. Las otras estaciones, que obtienen el combustible del sur, cobran 7 dólares por galón. El combustible del mercado negro, que había desaparecido en gran medida en los últimos meses, ha vuelto a venderse a 13 dólares por galón. El precio del gas de cocina del mercado negro, que utilizan la mayoría de los taxistas, también ha subido de 4 a 8 dólares por galón desde enero, pero no ha habido nada que comprar en los últimos seis meses, lo que ha obligado a los conductores a depender del combustible del mercado negro. A partir del 3 de marzo, el coste del billete de autobús alcanzó su tasa más alta desde el inicio de la guerra, lo que refleja el aumento del coste del gas para cocinar.
YPC distribuye gas doméstico por 2 dólares el galón, aproximadamente un dólar más de lo que costaba a finales del año pasado. El 1 de marzo, el UNVIM emitió un certificado de autorización para que un barco llamado Caesar, que transportaba 32.000 toneladas métricas de combustible, atracara en el puerto de Hodeidah. Pero, como en tantos otros casos, la coalición liderada por Arabia Saudí ha detenido y retenido al Caesar en el Golfo de Adén, como muestra MarineTraffic, un servicio de seguimiento online. El certificado de autorización que la UNVIM emitió el 1 de marzo estimaba que el Caesar llegaría a su destino el 2 de marzo. Los yemeníes siguen esperando.
El gobierno de Biden se ha esforzado por condenar los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí y los EAU, que son una represalia por el bloqueo y a menudo no causan víctimas. Cuando se le preguntó a Biden en enero si consideraría una solicitud de los EAU para que Estados Unidos volviera a designar a los hutíes como grupo terrorista, dijo que la medida estaba “considerándose”.
El 24 de enero, los hutíes dispararon dos misiles contra la Base Aérea de Al Dhafra en Abu Dabi, donde están estacionados unos 2.000 soldados y civiles estadounidenses. El ejército estadounidense repelió los ataques con un sistema de defensa antimisiles y no hubo víctimas. En respuesta, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, anunció que enviaría el USS Cole para “realizar una patrulla conjunta con la Armada de los EAU y una escala en el puerto de Abu Dabi” y desplegaría aviones de combate “para ayudar a los EAU contra la amenaza actual y como una clara señal de que Estados Unidos está con los EAU, a los que considera un socio estratégico desde hace mucho tiempo”.
Biden había señalado que para poner fin a la guerra en Yemen sería necesario que “las dos partes se implicaran para hacerlo. Y va a ser muy difícil”. Brett McGurk, la persona de contacto de Biden en Oriente Medio, fue más allá en un acto celebrado el 27 de enero en la Fundación Carnegie: “Se necesitan dos para llegar a un alto el fuego y poner fin a la guerra. Y ahora mismo, la responsabilidad es de los hutíes”.
Randa, una bebé yemení que sufre de desnutrición severa, es sostenida por su padre en un campamento para personas desplazadas que huyeron de los combates entre los rebeldes Houthi y el gobierno respaldado por Arabia Saudí en el distrito de Abs de la provincia noroccidental de Hajjah, Yemen, el 21 de diciembre de 2021. (Foto: Essa Ahmed/AFP vía Getty Images)
Bruce Riedel, investigador principal de la Brookings Institution, calificó el bloqueo saudí a Yemen como la “acción más ofensiva” que llevan a cabo los saudíes.
“El bloqueo es un acto de guerra contra el pueblo yemení y es directamente responsable de la enorme catástrofe humanitaria en Yemen, especialmente de la malnutrición de los niños”, dijo Riedel, que fue analista de la CIA y asesor en temas de Oriente Medio de cuatro presidentes estadounidenses hasta su jubilación en 2006. Biden ha “roto su promesa de hacer de la paz en Yemen una prioridad absoluta”, dijo, y añadió que el bloqueo “debería ser investigado como un crimen de guerra”.
“Los saudíes están empantanados en un costoso atolladero”, dijo Riedel a The Intercept. “El Congreso tiene que intervenir y cortar toda la ayuda militar a Riad”.
Hasta que eso ocurra, más yemeníes se verán abocados a la hambruna. La desnutrición aguda ha aumentado un 284% entre los niños y un 374% entre las mujeres embarazadas desde octubre de 2020, según cifras de la ONU.
El mes pasado, Beasley, del Programa Mundial de Alimentos, estaba de vuelta de Yemen y señaló que “es peor de lo que cualquiera puede imaginar”.
“Yemen ha cerrado el círculo desde 2018, cuando tuvimos que luchar para salir del borde de la hambruna, pero el riesgo hoy es más real que nunca”, dijo al final de una visita de dos días a las provincias de Saná, Adén y Amran. “Y justo cuando crees que no puede ser peor, el mundo se despierta con un conflicto en Ucrania que probablemente causará un deterioro económico en todo el mundo, especialmente para países como Yemen, que dependen de las importaciones de trigo de Ucrania y Rusia. Los precios subirán, agravando una situación ya terrible”.
Fakiha Naji, madre de Dawlat, afirma que la pérdida de medios de vida y el aumento de los precios de los alimentos están “estrangulando” a su hija y al resto de la familia. Subsisten a base de yogur y judías y suelen saltarse la cena. Cuando no hay comida, dice, “no podemos hacer otra cosa que esperar”.
Foto de portada: Fakiha Naji se sienta junto a su hija Dawlat, de 14 años, que sufre desnutrición aguda severa, en el hospital Al-Sabin en Saná, el 1 de diciembre de 2021. (Shuaib Almosowa)
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